PRUEBA PERICIAL MÉDICA EN EL JUICIO LABORAL OFRECIDA POR LA PARTE DEMANDADA SOBRE EL ESTADO DE SALUD DEL ACTOR. NO PROCEDE APLICAR MEDIDAS DE APREMIO PARA LOGRAR SU DESAHOGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 394/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SALTILLO, COAHUILA Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO. 6 DE FEBRERO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MARÍA ENRIQUETA FERNÁNDEZ HAGGAR.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis.(2)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, en razón de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, el cual sustentó uno de los criterios denunciados como opositores.
TERCERO. Con el fin de verificar la posible existencia de la contradicción de criterios denunciada, es menester señalar los antecedentes de los casos concretos, así como las consideraciones sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito en las ejecutorias respectivas.
I. Amparo directo laboral ********** y su respectivo expediente auxiliar **********.
Trámite ante la Junta responsable
• Mediante escrito presentado el veinte de abril de dos mil siete, ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número Diecinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, **********, demandó al ********** y a la empresa ********** (empresa respecto de la cual la actora se desistió en la audiencia trifásica de siete de abril de dos mil diez), por el otorgamiento de la pensión por invalidez definitiva, asignaciones, ayudas asistenciales, pago de las mensualidades derivadas de la pensión relativa, atención médica, clínica, farmacéutica y demás prestaciones, pago de aguinaldo vencido y por vencer, otorgamiento y pago de la pensión por incapacidad parcial permanente para trabajar derivada de la enfermedad profesional denominada ********** conforme al porcentaje que quede firme al desahogarse la prueba pericial médica en el asunto, y al salario diario que se encuentre vigente al momento en que se gradúe la incapacidad permanente, así como el aguinaldo que se vence en lo sucesivo, pago de ayudas asistenciales y familiares, finalmente, reconocimiento del accidente de trabajo conocido como ********** de diecinueve de diciembre de dos mil cinco.
• La Junta referida admitió la demanda y registró el asunto bajo el número ********** y durante el procedimiento la actora, por conducto de su apoderado jurídico, ofreció, entre otras pruebas, la pericial médica para efecto de acreditar su pretensión y que se le otorgara la pensión por invalidez definitiva, para lo cual solicitó a la Junta designara un perito oficial.
• Por su parte, el instituto demandado también ofreció dicha probanza y nombró, en audiencia de diez de agosto de dos mil diez, como su perito a **********.
• Posteriormente, por proveído dictado en audiencia de veinte de septiembre de dos mil once, relativa al desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por la parte demandada, la Junta señaló las nueve horas con treinta minutos del nueve de noviembre para que la actora fuera presentada por el actuario adscrito al local del Hospital de Traumatología y Ortopedia número veintiuno del instituto demandado, a fin de que el perito designado por éste le practicara los exámenes y auscultación necesarios, con la precisión de que la accionante debía comparecer cuando menos con sesenta minutos de anticipación a la hora señalada, en el edificio que ocupa dicho tribunal laboral con el apercibimiento que de no presentarse se declararía la deserción de la probanza.
• Por razón actuarial levantada a las ocho horas con treinta minutos del nueve de noviembre de dos mil once, la actuaria adscrita a la Junta responsable hizo constar que la actora no se presentó para acudir con la perito de la parte demandada, no obstante encontrarse notificada para ello.
• Como consecuencia de lo anterior, por proveído de dieciséis de diciembre de dos mil once, la Junta responsable hizo efectivo el apercibimiento planteado a la actora y se decretó la deserción de la pericial médica de su intención, señalando que aun y cuando se le impusieran los medios de apremio que prevé el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta no podía obligarla a presentarse con los peritos de las partes, en específico con el de la demandada y, en consecuencia, dejó sin efectos la fecha previamente señalada para que tuviera verificativo la audiencia de desahogo de prueba pericial médica a cargo de **********, así como las diversas fechas fijadas para que la actora fuera presentada con el perito oficial y para que éste rindiera su respectivo dictamen.
• Posteriormente, previos los trámites legales correspondientes, el treinta y uno de enero de dos mil doce dictó el laudo respectivo, en donde determinó absolver a la demandada **********, considerando que la parte actora no probó sus acciones.
Trámite del juicio de amparo directo
• Inconforme con la determinación anterior, la actora en el juicio natural, después quejosa, promovió juicio de amparo directo, en donde señaló como tercero perjudicado al **********.
• El Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, lo admitió a trámite registrándolo bajo el número **********.
• Previos los trámites legales correspondientes, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo Coahuila, en auxilio de las funciones del tribunal aludido, dictó sentencia en el cuaderno auxiliar **********, al tenor de las siguientes consideraciones:
"... Pues bien, tomando en consideración el marco contextual antes señalado, así como los argumentos que sustentan los motivos de agravio expresados por la quejosa, se obtiene que la litis constitucional en el presente asunto consistirá en determinar si la Junta de Conciliación y Arbitraje puede hacer uso de las medidas de apremio que tiene a su disposición para hacer cumplir sus determinaciones, cuando el accionante que pretende que se le dictamine un estado de invalidez, no acude a practicarse los estudios médicos necesarios para tal efecto ante el perito de la demandada, esto es, si puede coaccionarlo a que acuda ante el experto designado por su contraparte para la realización del dictamen materia de la prueba pericial médica, o si por el contrario, ante la incomparecencia del actor ante el perito, en una prueba ofrecida por él mismo, debe declararse la deserción de la probanza.
"Para dilucidar lo anterior, conviene también precisar que en torno a la naturaleza y procedencia de la prueba pericial en el procedimiento laboral, los artículos 780 y del 821 a 825 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: (se transcriben).
"El artículo citado en primer término es claro en señalar que las partes deben ofrecer sus pruebas acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo.
"Los preceptos restantes establecen las reglas conducentes para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial; en primer lugar, la materia sobre la que versará, los requisitos que debe reunir tanto ésta como los especialistas que la practiquen, así como el deber de las Juntas de nombrar los peritos del trabajador en determinados supuestos y las normas de desahogo de dicha probanza.
"Dentro de estas últimas, es menester comentar que cada parte deberá ofrecer su perito, enseguida deben protestar su nombramiento y rendirán de inmediato su dictamen; lo que implica entonces que el desahogo de dicho medio de convicción deba llevarse a cabo necesariamente en forma colegiada.
"Ahora, respecto al tema de los medios de apremio, se estima pertinente precisar que su imposición surge de la necesidad de contar con alguna especie de herramienta con la cual los titulares de los diversos órganos jurisdiccionales, estén en aptitud de hacer que sus mandatos sean obedecidos, dado el carácter de autoridad con que aquéllos se encuentran investidos.
"De esta forma, puede decirse que constituyen los instrumentos jurídicos mediante los cuales el órgano jurisdiccional puede hacer cumplir sus determinaciones que tengan que ver directamente con la tramitación del proceso, como puede ser la citación de una persona a una audiencia, la orden girada hacia una de las partes para que presente testigos, la comparecencia de un perito o el requerimiento para que se aporte algún dato.
"En ese tenor, en el ámbito del derecho procesal laboral, el artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo dispone lo siguiente: (se transcribe).
"Atento al contenido del precepto antes transcrito, y acorde a lo expuesto con antelación, tenemos que la imposición de medidas de apremio en el juicio laboral serán legalmente aplicables al caso en que la autoridad requiera la presencia de personas cuya participación en el juicio resulte indispensable, o bien cuando pretenda hacer efectivas sus determinaciones, esto es, asegurar su cumplimiento cabal.
"Así, puede decirse que la admisión de una prueba pericial, constituye una cuestión de hecho que podría encuadrarse en los supuestos de aplicación de la norma en mención, precisamente porque se relaciona con la tramitación del proceso y, por tanto, la Junta tendría la posibilidad de hacer uso de dichas medidas para lograr su correcto desahogo, por ejemplo, para lograr la comparecencia de un perito, como se vio en supralíneas.
"Sin embargo, frente a esa posibilidad, no puede dejarse de atender al factor de eficacia o idoneidad de esas medidas de coacción, dependiendo del efecto que se pretenda con su imposición.
"Por otra parte, es verdad que en los preceptos que regulan la prueba pericial (821 a 826 de la Ley Federal del Trabajo), no se establece expresamente sanción alguna para el caso de que el actor no se presente ante el perito médico para que se le practiquen los exámenes correspondientes.
"Sin embargo, el numeral 780 del código obrero es categórico al establecer que las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios para su desahogo.
"De modo que si el actor ofreció la prueba pericial médica a fin de que se determine su estado de invalidez definitiva, uno de los elementos indispensables para ese fin es, ineludiblemente, la presencia del interesado con el galeno.
"Además, el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo otorga a las Juntas la posibilidad de tomar todas las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, de lo que debe concluirse que éstas tienen atribuciones para remover cualquier obstáculo que impida el desarrollo normal de los procesos, entre las que se debe contar la de desechar la prueba pericial cuando se ofrece sin los elementos necesarios que para su desahogo exige la ley, como en el caso de que el actor no se presente ante el perito para la práctica de los exámenes médicos cuando demanda el otorgamiento de pensión por invalidez definitiva, en la medida de que tal actitud omisa revela ausencia de interés; sin que se pueda dejar a merced de las partes la debida continuación del proceso.
"Sobre el tema de las facultades de la Junta para desechar la pericial cuando falte algún elemento necesario para su desahogo, es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción de tesis 18/91 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ‘PRUEBA PERICIAL. LAS JUNTAS TIENEN FACULTAD PARA DESECHARLA CUANDO NO SE APORTA CON LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU DESAHOGO, COMO LO SON EL CUESTIONARIO RESPECTIVO O SUS COPIAS.’ (se transcribe)
"Sobre ese orden de ideas, ante la negativa del accionante para cumplir con la determinación de la autoridad, esto es, para acudir ante el perito de su contraparte a efecto de que se le practiquen los estudios médicos necesarios para dictaminar su estado de invalidez, se estima que aun con su aplicación, no se lograría vencer dicha contumacia, ya que ello atentaría contra su derecho fundamental a la intimidad e integridad personal (en sus tres ámbitos, físico, psíquico y moral) al implicar o permitirse una interferencia con la autonomía del individuo, en la medida en que sólo este tiene la cualidad de decidir respecto a su persona, en especial sobre la preservación y cuidado de todas las partes del cuerpo, sin que el Estado tenga en principio, la facultad de impedírselo.
"En todo caso, ante ese panorama en que es posible vulnerar de manera preponderante el derecho de la accionante a decidir sobre la conservación del estado físico de su cuerpo, mismo que puede verse afectado a través de la práctica de los estudios médicos que resulten pertinentes, por ejemplo, mediante la toma de muestras de sangre, o bien, invadirse su intimidad al obligarle a permitir la auscultación en su persona; lo único que podría lograrse mediante el uso de tales medidas de apremio, es la presentación de la actora en el lugar en que deben practicarse dichos estudios, mas no para que éstos se le realicen a través de exámenes médicos y la auscultación necesaria en su cuerpo, y en ese tenor, en caso de apercibirse y hacerse efectiva la medida que pudiera imponerse, ello únicamente tendría tintes de castigo como consecuencia de una conducta rebelde, pues difícilmente se le conminaría a acatar las órdenes de la autoridad rectora del juicio, en este específico caso.
"En otras palabras, la medida impuesta cumpliría más con fines represivos, que coactivos.
"Tampoco debe perderse de vista que de decretarse medidas de apremio en contra del rebelde a comparecer ante el perito, como pudieran ser multa o arresto, implicarían agudizar su situación económica, que es lo que se pretende evitar con el otorgamiento de la pensión, dado que tendría que cubrir el monto de una multa, cuando se considera que no cuenta con dinero suficiente para hacer frente a esa sanción; y en caso de arresto hasta por treinta y seis horas, impediría que durante ese lapso no pudiera conseguir sustento para él y los suyos, que es lo que generalmente se pretende con el otorgamiento de la pensión.
"Además, se insiste, no puede soslayarse que en términos del artículo 780 de la legislación laboral aplicable, las partes deben ofrecer sus pruebas acompañadas de los elementos necesarios para su desahogo, por lo que aun y cuando corresponda a la Junta velar por el correcto desahogo de las pruebas una vez admitidas, para lograrlo se requiere lógicamente que su oferente favorezca su desenvolvimiento y se aprecie su interés por beneficiarse del medio probatorio.
"En ese sentido, si lo que pretende la actora en el juicio es el otorgamiento de una pensión por invalidez, es evidente que a ella le corresponde la carga de la prueba para demostrar ese estado, y ese tenor deberá allegar los elementos necesarios para su desahogo, siendo insoslayable su presentación ante los peritos designados que tendrán la encomienda de practicarle los estudios médicos correspondientes para lograr tal fin.
"Consecuentemente, si la propia oferente entorpece u obstaculiza el desenvolvimiento de dicho medio probatorio, tal actitud omisa debe tener consecuencias legales en su perjuicio, como es su deserción, porque no debe quedar a voluntad de una de las partes el legal desarrollo y culminación del proceso y, en ese sentido, deviene inútil la imposición previa de medidas de apremio en su contra, si éstas no resultan del todo eficaces para lograr el diagnóstico pretendido.
"Sin que obste que se trate de la obligación de acudir ante el perito de la contraparte, pues debe recordarse que la prueba que nos ocupa es de naturaleza colegiada, lo que implica que la accionante tenga que sujetarse al análisis pericial por parte de los médicos designados en el juicio, incluso al dictamen de un tercero en discordia.
"Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia 13/91 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: ‘PERICIAL MÉDICA. DEBE OFRECERSE CON TODOS SUS ELEMENTOS A FIN DE EVITAR SU DESERCIÓN.’ (se transcribe).
"Por todo lo expuesto, es que a juicio de este órgano de control constitucional, no le asiste razón a la quejosa en cuanto a que previo a la deserción de la prueba pericial médica ofrecida en el juicio, la Junta responsable debió apercibirla con la imposición de los medios de apremio correspondientes señalados en la Ley Federal del Trabajo, en caso de no comparecer ante la perito designado por el instituto demandado.
"En ese tenor, tampoco se comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco ..." (énfasis añadido)
II. Amparo directo laboral ********** y su expediente auxiliar **********.
Trámite ante la Junta responsable
• Por escrito presentado el ocho de marzo de dos mil cinco, ante la Oficialía de Partes de la Junta Especial Número Veinte de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Guadalupe, Nuevo León, **********, demandó al ********** las prestaciones relativas al otorgamiento de la pensión por invalidez definitiva, pago de las mensualidades derivadas de dicha pensión, atención médica, clínica, farmacéutica y demás prestaciones en especie, así como pago de los aguinaldos vencidos y por vencer.
• Durante el trámite del asunto, el actor ofreció la prueba pericial médica solicitando que la Junta le designará perito oficial, lo cual se hizo por acuerdo de seis de septiembre de dos mil diez al señalar como perito oficial a **********.
• Por su parte, el instituto demandado, por conducto de su apoderado legal, también ofreció la prueba pericial señalando como perito a **********, quien en audiencia de once de enero de dos mil once aceptó y protestó el cargo conferido.
• Por acuerdo emitido en la audiencia de siete de marzo de dos mil once la Junta señaló hora y fecha para que el actor se presentará en el edificio del tribunal laboral y en compañía del actuario adscrito se trasladaran al domicilio de la perito del demandado, con el apercibimiento que de no presentarse se le declararía la deserción de la probanza, no obstante en el día y hora señalado, el actor no se presentó a pesar de encontrarse debidamente notificado.
• Previos los trámites legales conducentes, el catorce de octubre de dos mil once dictó laudo absolviendo al instituto demandado de todas las acciones intentadas en su contra.
Trámite del juicio de amparo directo
• Inconforme con la determinación anterior, el actor en el juicio laboral, después quejoso, promovió juicio de amparo directo, del que conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, bajo el número **********.
• Previos los trámites legales correspondientes, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, en auxilio de las funciones del tribunal aludido, dictó sentencia en el cuaderno auxiliar **********, bajo consideraciones en esencia similares a las vertidas en el amparo directo referido con anterioridad, esto es, el amparo directo laboral ********** y su expediente auxiliar **********.
III. Amparo directo ********** y su auxiliar **********.
Trámite ante la Junta responsable
• **********, por conducto de su apoderado legal promovió demanda ante la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal Local de Conciliación y Arbitraje, en contra del **********, así como contra su patrón **********, reclamando prestaciones consistentes en el reconocimiento de padecimientos correspondientes a ********** y problemas en las vías ********** del orden **********, derivadas de las actividades que efectuó en la empresa en donde laboró como **********, así como la pensión por incapacidad permanente o, en su caso, pensión por invalidez.
• Durante el trámite del juicio natural el actor ofreció la pericial médica y el demandado hizo lo propio al respecto, pero el demandante no acudió ante el perito de su contraparte, como consecuencia de lo cual se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y por proveído de nueve de octubre del mismo año fue declarada desierta la prueba.
• La Junta dictó el laudo correspondiente considerando que la parte actora no acreditó sus acciones y las demandadas sí justificaron sus excepciones, por lo que absolvió al demandado ********** de las prestaciones que le fueron reclamadas, sin que resultara procedente condenar al patrón codemandado, ya que no le resultó ninguna responsabilidad.
Trámite del juicio de amparo directo
• Inconforme con la determinación anterior el actor en el juicio natural promovió demanda de amparo directo, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, con el número **********.
• Previos los trámites legales correspondientes el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en auxilio del anterior Tribunal Colegiado, por sesión de veintitrés de junio de dos mil once dictó sentencia, al tenor de las siguientes consideraciones:
"... Delimitado lo anterior, corresponde analizar en principio si fue válido el apercibimiento de veinticinco de mayo de dos mil seis, hecho al actor, aquí quejoso, al igual que la respectiva consecuencia procesal asignada (deserción de la prueba pericial médica de la parte actora), para el caso de que no acudiera ante el perito del demandado **********, a ser examinado y éste rindiera su dictamen.
"O bien, cuál habría de ser la consecuencia procesal permisible para el caso señalado, donde no se trata de la hipótesis de que el actor, en calidad de oferente de su prueba pericial médica admitida, hubiere dejado de asistir ante el perito que le fue asignado dejando de proveer los elementos necesarios para el desahogo de su prueba, sino que tal inasistencia fue ante el experto de la contraparte para el desahogo de la pericial médica admitida a la propia demandada.
"En este sentido, corresponde precisar que la Ley Federal del Trabajo no contiene una solución expresa del presente caso, sino que es necesario allegar a una respuesta a través de la interpretación jurídica.
"Efectivamente, los artículos del 821 a 826 de la Ley Federal del Trabajo, que regulan la prueba pericial, son los que se reproducen a continuación: (se transcriben)
"Los preceptos transcritos regulan la prueba pericial, que es uno de los medios probatorios admisibles en el proceso laboral conforme al artículo 776 de la Ley Federal del Trabajo. Esta prueba versa fundamentalmente sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica o arte, para lo cual el numeral 822 condiciona a los peritos a que tengan conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre la cual deba versar su dictamen y, si la profesión o arte relativa se encuentra reglamentada legalmente, los peritos deben acreditar estar autorizados conforme a la ley para su ejercicio.
"Así que entre las reglas conducentes para el ofrecimiento y desahogo de la prueba pericial; en primer lugar está la materia sobre la que versará, para lo cual, quien la ofrece habrá de exhibir el cuestionario respectivo, para cada una de las partes. Luego, las partes de un juicio laboral están en posibilidad de ofrecer cada una la prueba pericial sobre aquel aspecto del que se requieren conocimientos especiales o cualificados por determinados sujetos denominados peritos. Igualmente estos preceptos informan de los requisitos que cada oferente de la prueba debe reunir y los especialistas que la practiquen, así como el deber de las Juntas de nombrar los peritos del trabajador en determinados supuestos (artículo 824) y las normas de desahogo de dicha probanza (artículo 825).
"Dentro de estas últimas, es menester comentar que de acuerdo con el artículo 825 cada parte deberá nombrar su perito; enseguida, deben protestar su nombramiento y rendir de inmediato su dictamen, existiendo la posibilidad de solicitar que se les fije otra fecha para hacerlo. Igualmente, que las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que juzguen conveniente; y, en caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito tercero.
"Lo cual permite observar que cada oferente de la prueba cuenta con determinadas ‘cargas procesales’ en relación al medio de convicción cuyo desahogo pretende; sin embargo, la Ley Federal del Trabajo no determina explícitamente las consecuencias jurídicas que pueden acarrear el incumplimiento de tales cargas del oferente de una pericial.
"De modo que este tema ha sido objeto de atención de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, la que ha dado lugar a diversos criterios de hasta dónde llegan las cargas procesales de las partes de aportar los elementos necesarios para el desahogo de las pruebas que ofrecen, como es la pericial ante el imperativo de que las pruebas se ofrezcan acompañadas de los elementos indispensables para su desahogo (regla general prevista en el artículo 780 en relación con el diverso 823 de la Ley Federal del Trabajo).
"Entre dichas cargas procesales del oferente de la prueba pericial, están como ejemplos, la de allegar el cuestionario respectivo o sus copias para su desahogo, la de acreditar que las personas designadas como peritos cuentan con constancia o documento que avalen sus conocimientos técnicos suficientes, cuando no provengan de las listas oficiales de peritos, la presentación insoslayable del oferente ante el experto designado para la práctica de los exámenes conducentes a la pericial que ha ofrecido, y, en general, allegar todos los elementos necesarios para el desahogo del material probatorio que ofrece y que pretenda aportar al sumario, con el fin de evitar su deserción.
"Lo anterior se comprende de mejor manera si se tiene presente que existen diferencias entre ‘cargas procesales’ y ‘obligaciones procesales’, respecto de lo cual orienta la tesis aislada 1a. CLVIII/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dispone: ‘OBLIGACIONES Y CARGAS PROCESALES. DISTINCIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO DE UNAS Y OTRAS.’ (se transcribe)
"De ahí que igualmente mediante jurisprudencia se ha determinado que si el trabajador ofrece en el juicio laboral la prueba pericial cuyo desahogo implica que se le tenga que someter a examen médico, pero no se presenta a su práctica de modo injustificado pese a tener conocimiento de la diligencia y de ser apercibido, la Junta debe declarar la deserción de la prueba, claro está, en la medida que esté probado fehacientemente ese desacato, porque con esta clase de proceder el oferente incumple una carga procesal que constituye una condición para que consiga los fines que satisfacen su propio interés (desahogo de su prueba), pues es evidente que la insatisfacción de esa condición tiene como consecuencia que el interesado no alcance dichos fines (allegar el dictamen pericial ofrecido por su parte).
"En relación con este punto resulta aplicable la jurisprudencia 4a./J. 13/91 de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: ‘PERICIAL MÉDICA. DEBE OFRECERSE CON TODOS SUS ELEMENTOS A FIN DE EVITAR SU DESERCIÓN.’ (se transcribe)
"De lo anterior, puede observarse que este criterio orienta a que la deserción de la prueba pericial médica puede ser la consecuencia jurídica para el caso de que el oferente de la prueba -trabajador, en el supuesto que aborda dicha jurisprudencia-, incumpla con la carga procesal de acudir ante el perito que habrá de desahogar la prueba de su parte, dado que esa presentación para ser sujeto de examinación es un presupuesto insoslayable para que pueda emitirse el correspondiente dictamen que ha ofrecido y que es en beneficio de su pretensión.
"Por lo que la referida incomparecencia (incumplimiento de la carga procesal de proveer los elementos necesarios para el desahogo de la prueba del oferente), es lo que llevó a considerar al Alto Tribunal que es indicativo de un desinterés de que sea allegado ese medio de convicción del oferente; sin que sea obstáculo para esta conclusión la facultad que tiene la Junta de emplear medios de apremio, porque ninguno de ellos será apto en contra del oferente (en el asunto señalado, trabajador) si éste niega someterse a la práctica de los exámenes conducentes.
"Sin embargo, en el caso, no se trata de establecer la consecuencia jurídica que deba recaer al incumplimiento de una carga procesal del oferente de la prueba pericial médica respecto de haber dejado de asistir ante su perito, para obtener el desahogo de su prueba, sino se trata de la repercusión jurídica con la cual podía apercibir el órgano jurisdiccional para el caso de no asistir ante el galeno de la contraparte para permitir su dictaminación y, por ende, el desahogo de la prueba pericial de la parte demandada, que le fue admitida a ésta y que ofreció en su momento para justificar los hechos (excepciones y defensas relativas) que anotó en su contestación de demanda.
"Bajo la acotación de que ciertamente se trata de pruebas periciales de diferentes partes, en función de lo cual esta prueba suele ser calificada de colegiada, porque la Junta aprecia sobre cada cuestión controvertida dictámenes de peritos que son nombrados por cada una de las partes y, si éstos no coinciden o son divergentes, el tribunal se ve en la necesidad de designar a un perito tercero en discordia, que viene a ser un perito que entraña un elemento de equilibrio entre los otros dos peritos designados por las partes (artículo 825, fracción V).
"Así las cosas, en la especie no es acertado el apercibimiento de veinticinco de mayo de dos mil seis, en el cual la autoridad responsable previno al aquí quejoso
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24357-8e40b965/prueba-pericial-medica-en-el-juicio-laboral-ofrecida · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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