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Modo: Corpus Pro

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL PERSONAL MÉDICO QUE LABORA EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS E ISSSTE) QUEDA COMPRENDIDA EN EL CONCEPTO DE "ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR" A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LA VÍA IDÓNEA PARA DEMANDAR LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA ACTUACIÓN NEGLIGENTE DEL PERSONAL MÉDICO QUE LABORA EN LOS INSTITUTOS DE SEGURIDAD SOCIAL (IMSS E ISSSTE), ES LA ADMINISTRATIVA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2012. · Registro digital (IUS): 24361
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 1, Pág. 853.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 210/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO Y EL NOVENO TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 17 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO AL FONDO. EL MINISTRO JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO SE RESERVÓ EL DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA. SECRETARIO: MARIO GERARDO AVANTE JUÁREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras que no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo pues, en el caso, fue realizada por **********, quien es autorizada de la parte quejosa en el amparo directo ********** relacionado con el diverso ********** y el ********** relacionado con el diverso ********** de los que surgieron las dos ejecutorias denunciadas, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.(8)

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Para poder resolver el presente asunto, en primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, para lo cual es necesario analizar las ejecutorias que participan en la misma.

I. El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el treinta de septiembre de dos mil diez, el amparo directo DC. **********, del que es necesario conocer los antecedentes que se resumen a continuación:

1. ********** demandó en la vía ordinaria civil del **********, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por negligencia e impericia médica, el pago de daño moral y diversas prestaciones, cuyo conocimiento le correspondió al Juez Quincuagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, quien determinó absolver al demandado de las prestaciones reclamadas.

2. Inconforme, el actor interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó revocar la sentencia recurrida.

3. Inconforme, el apelante promovió juicio de amparo, cuyo conocimiento le correspondió al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el cual determinó sobreseer en el juicio de amparo y conceder el amparo al quejoso, para que la autoridad dejara insubsistente la sentencia reclamada; en su lugar emitiera otra, en la que partiera de la premisa de que el actor aludió al hecho relacionado con la amputación de su pierna izquierda, sólo como un indicativo más de la negligencia que le imputó a la demandada, pero no como base para el pago de las prestaciones económicas que reclamó; y resolviera con plenitud de jurisdicción lo que estimara procedente conforme a derecho.

4. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la Sala responsable dictó nueva sentencia, ejecutada por el Juez natural.

En desacuerdo con los actos de la Sala Civil y del Juez natural, el quejoso promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que determinó conceder el amparo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• El hecho de no haber obtenido una ganancia lícita por la prestación de un servicio del actor, no evidencia la existencia del perjuicio, pues el hecho de que alguna vez haya generado dinero, no se traduce en que necesariamente se tuviera que haber seguido generando, porque no se demostró que el actor tuviera un trabajo fijo en el que recibiera determinada cantidad de manera semanal, quincenal o mensual. Tampoco es exacto que aun en el caso de que no se pruebe el perjuicio, sea la autoridad la que deba cuantificarlo, pues, para la procedencia de la condena por dicha prestación, es necesario acreditarlo. Sirve de sustento la tesis: "DAÑOS Y PERJUICIOS. DEBEN SER REALES, NO HIPOTÉTICOS, Y SER CONSECUENCIA DIRECTA INMEDIATA DEL ACTO QUE LOS GENERE."(9)

• No fue correcto reservar para cuantificar en la etapa ejecutiva, el monto de la condena por el daño material y el daño moral, ya que cuando se reclama el pago de una cantidad líquida por daño material, es obligación de la autoridad que conoce del juicio resolver el monto de la condena dentro de la propia sentencia, ya que el monto de la responsabilidad que se atribuye a la parte demandada constituye materia de litis y de prueba, de ahí que en aras de respetar el principio de congruencia, debe ser objeto de resolución en sentencia, atendiendo a las cuestiones previstas en el artículo 1915 del Código Civil para el Distrito Federal.(10) De igual forma, la Sala responsable debió hacer líquida la condena por daño moral, pues fue incorrecto considerar que no se demostró la capacidad económica del enjuiciado, ni la del actor. En efecto, el demandado es el **********, que al ser un organismo público descentralizado, tiene la presunción de ser solvente, conforme al artículo 255 de la Ley del Seguro Social.(11) Luego, el actor no tenía la obligación de acreditar dicha cuestión.

II. El precitado Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió, el treinta de septiembre de dos mil diez, el amparo directo DC. **********, cuyos antecedentes son casi iguales a los del amparo directo **********, difiriendo en cuanto a la promoción del amparo, el cual, en el presente caso, fue promovido por el **********. En el señalado juicio de garantías el tribunal determinó no conceder el amparo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Son infundados los conceptos de violación, porque no es el Estado el que ocasionó un daño al actor, ni dicho daño fue consecuencia de un acto administrativo irregular, toda vez que el ********** no sujetó su actuación a lo previsto por el numeral 113 constitucional que invoca, porque las reclamaciones del actor derivaron del establecimiento de relaciones de coordinación y no de supra a subordinación con dicho instituto.

• El ********** es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica propia, que forma parte de la administración pública federal paraestatal, que cumple con una función consistente en la prestación del servicio público de seguridad social. Además, es un órgano fiscal autónomo y que tiene el carácter de autoridad o de particular, según el tipo de actuación que despliegue.

• Cuando el instituto presta el servicio de salud a sus derechohabientes establece una relación de coordinación en el que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, cuya nota distintiva es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación.

• En dichas relaciones no es aplicable la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, pues de su análisis se desprende que el ámbito de aplicación de tal normatividad abarca a todos aquellos actos en que el Estado, como ente soberano, despliega una actuación administrativa irregular que provocó un daño en los bienes y derechos de los gobernados, lo anterior con fundamento en los artículos 1 y 2 de la mencionada ley.

• El actor no reclamó la responsabilidad civil al instituto quejoso, por una actuación administrativa irregular, sino que atribuyó impericia y negligencia a los médicos tratantes, lo que le provocó alteraciones graves en su salud además de un daño moral, lo que evidentemente es materia civil.

• El artículo 4o. constitucional consagra el derecho a la protección a la salud y, por otro lado, la reforma del artículo 1287 del Código Civil da cuenta del procedimiento administrativo que el derechohabiente debe agotar para exigir al Estado la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando se trate de un acto administrativo irregular.

• Sin embargo, cuando el motivo de la reclamación deriva de la impericia y negligencia médica en que incurrieron los médicos del citado instituto, dicha prestación no tiene el carácter de administrativa, pues no se imputa un acto u omisión de naturaleza administrativa al Estado, sino que se trata de una reclamación civil.

• Son infundados el segundo, tercero y quinto conceptos de violación formulados por la parte quejosa, en virtud de que los preceptos que citó el inconforme que disponen "... cuando un derechohabiente, por propia decisión y bajo su responsabilidad, sea internado en una unidad hospitalaria que no pertenezca al instituto, éste quedará relevado de toda responsabilidad ...", deben interpretarse partiendo de la premisa de que el instituto proporcionó toda la asistencia médica y tratamientos necesarios en forma adecuada y oportuna al derechohabiente, de ahí que, cuando ese derechohabiente "... por propia decisión y bajo su responsabilidad, sea internado en una unidad hospitalaria que no pertenezca al instituto, éste quedará relevado de toda responsabilidad ...", implica que no existiría motivo para exigirle al instituto una responsabilidad que no tendría, en el caso de que él hubiera cumplido eficazmente con su función, y sólo por decisión del paciente, interviniera diversa institución.

• No se actualiza la hipótesis de exclusión de responsabilidad que el quejoso invoca;(12) máxime que no describe cuáles fueron las pruebas que ofreció y que acreditan que él sí proporcionó la atención debida y oportuna al actor en todos y cada uno de los rubros respecto de los que le imputó negligencia el quejoso, y que se estimaron probados.

• Se estimó infundado lo relativo a la actualización de un litisconsorcio pasivo necesario, en virtud de que se estimó que el hecho de que el quejoso considerara que el ********** tenía alguna responsabilidad en la salud deteriorada del actor, no implicaba que existiera un litisconsorcio pasivo necesario. Señaló que para que se actualizara la figura de referencia era necesario que ambos litisconsortes tuvieran un mismo derecho que defender o hacer valer, de tal manera que no pudiera dictarse una sentencia sin afectar a todos los litisconsortes. Por lo que sostuvo que en la especie no existía un derecho que tuviera el quejoso y que sea igual al que tendría en este caso el **********, por el contrario, apreció que los intereses de ambos en el presente caso serían opuestos.

• Por otro lado, se estableció que si el quejoso se refería a que los médicos tratantes que prestan sus servicios en el propio instituto eran las personas involucradas que debieron ser llamadas a juicio, y sobre las cuales debía actualizarse el litisconsorcio pasivo necesario, dicha afirmación sería inoperante.

• Lo anterior en virtud de que la responsable declaró fundado el agravio que hizo valer el actor en relación con que no era necesario demandar a los médicos que lo trataron en virtud de que, de acuerdo al artículo 1924 del Código Civil para el Distrito Federal, los patrones y dueños de establecimientos mercantiles están obligados a responder por los daños y perjuicios causados por sus obreros o dependientes en el ejercicio de sus funciones, de ahí a que el actor imputaba que debía responder el instituto por la responsabilidad de sus empleados. En razón de ello, la Sala determinó que la responsabilidad del instituto era solidaria y no subsidiaria con sus dependientes, y el quejoso no desvirtuó dicha conclusión.

• Aunado a lo anterior, si el actor no imputó negligencia alguna al ********** en el que fue atendido, éste no tenía por qué demandarlo y, en todo caso, el quejoso no señaló en qué escrito solicitó que se llamara a juicio al citado hospital a efecto de que le parara perjuicio la sentencia que se llegara a dictar en ese juicio y, con independencia de ello, el quejoso no señaló cuáles fueron las pruebas que ofreció para demostrar que él proporcionó un servicio médico eficiente y adecuado para las necesidades del actor.

• Las consideraciones relacionadas al evento de la amputación del actor no podían considerarse para decir que la acción estaba prescrita, y no prosperó esa excepción, porque la reclamación se basó en el deteriorado estado de salud actual del actor; ya no pueden ser nuevamente discutidas en un nuevo juicio de amparo pues, respecto de ellas, se actualiza la cosa juzgada al haber sido ya resuelto en el diverso amparo DC. **********. Sirve de sustento la tesis: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR."

• El simple hecho de haber acudido a diverso hospital por parte del actor, no implica que se actualizara la causa de exclusión de responsabilidad del quejoso, pues, para ello, debió probar que el actor ocurrió a la diversa institución de salud por su propia decisión y responsabilidad; es decir, que el instituto sí le proporcionó el tratamiento adecuado en forma oportuna y eficiente, y no obstante, el actor decidió atenderse en ese diverso hospital. Entonces, no tiene razón el quejoso al mencionar que el actor tenía la carga de probar que sólo fue atendido por médicos del instituto, pues el motivo esencial de su reclamación, fue que se encontró en la necesidad de acudir a diverso nosocomio ante el tratamiento deficiente y negligente del quejoso, y por eso procedieron sus pretensiones.

• En ese orden de ideas, aun cuando es cierto que el hecho de que la amputación de la pierna fue un acto singular, concreto e inmediato, ello no favorece a los intereses del quejoso, pues el actor evidenció esa circunstancia para hacer obvia la indiferencia y deficiente tratamiento que le había otorgado el quejoso, sin que éste mencione cuáles fueron las pruebas que ofreció para acreditar que proporcionó al actor un tratamiento adecuado, oportuno y eficiente para sus necesidades.

III. El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el veintinueve de marzo de dos mil doce el amparo directo **********, relacionado con el diverso **********, del que es necesario conocer los antecedentes siguientes:

1. ********** y **********, por su propio derecho y en representación de sus menores hijas ********** y **********, demandaron en la vía ordinaria civil de **********, el pago de los daños y perjuicios ocasionados por negligencia e impericia médica, el pago de daño moral y diversas prestaciones, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, el cual determinó condenar a la parte demandada respecto de algunas de las prestaciones reclamadas.

2. Inconformes, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación, cuyo conocimiento le correspondió a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la cual determinó confirmar la sentencia reclamada, la cual fue ejecutada por el juzgado de origen.

En desacuerdo con los actos de la Sala y del juzgado, la parte apelante, actora en el juicio natural, promovió juicio de amparo del cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el que determinó sobreseer en el juicio de amparo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• Se sobresee en el juicio de amparo, ya que la sentencia reclamada dejó de tener efectos, en virtud de la ejecutoria amparo DC. **********, resuelto por el mismo Tribunal Colegiado. Sirve de sustento la jurisprudencia: "AMPAROS DIRECTOS RELACIONADOS. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL SEGUNDO JUICIO DE GARANTÍAS, CUANDO EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PRIMERO, LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEJA INSUBSISTENTE EL LAUDO RECLAMADO."(13)

• El sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Juez Décimo Octavo de lo Civil del Distrito Federal, por no reclamarse por vicios propios. Sirve de sustento la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS."(14)

IV. El mismo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió, el veintinueve de marzo de dos mil doce, el amparo directo **********, relacionado con el diverso **********, cuyos antecedentes son casi iguales a los de su relacionado, difiriendo en cuanto a la promoción del amparo, el cual, en el presente caso, fue promovido por el **********, instituto al que el tribunal determinó conceder el amparo de acuerdo con las siguientes consideraciones:

• ********** es sujeto de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado para responder de los daños y perjuicios que cause con motivo de su actividad administrativa irregular, pues conforme a los artículos 3 y 5 de su ley orgánica,(15) es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonios propios, que tiene como obligación, entre otras, prestar los seguros de salud, invalidez y vida. Además, pertenece a la administración pública federal paraestatal, conforme los artículos 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(16) 3o. y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,(17) y 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.(18)

• La vía legal para obtener la indemnización que regula la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, corresponde a la reclamación en la sede administrativa correspondiente, y contra las resoluciones que allí se emitan, procede la contenciosa administrativa ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a los artículos 12, 17 y 18 (en el caso se aplicó el precepto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil nueve, sin embargo, se destaca su reforma para determinar la autoridad competente y la vía idónea para resolver la demanda de la parte actora) de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.(19)

• El concepto de actividad administrativa irregular, previsto en el artículo 113, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no está definido en dicho documento normativo; mientras que la definición establecida en el artículo 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado(20) resulta insuficiente para conceptualizar lo que es propiamente la actividad administrativa, por lo que se recurre a la doctrina jurídica en materia administrativa, a la exposición de motivos de la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a las iniciativas de reformas y a los dictámenes de los mismos, llegando a la conclusión de que la actividad administrativa del Estado comprende todo acto o hecho material (expresado a manera de actos imperativos formales, hechos materiales, actos omisivos y prestación de servicios públicos) realizados por los órganos del Estado -particularmente de la administración pública-, en ejercicio de atribuciones legalmente conferidas, a efecto de llevar a cabo los fines de éste.

• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 4/2004, definió que la irregularidad en la actividad administrativa del Estado, comprende a todos aquellos actos o hechos administrativos realizados sin atender a las condiciones normativas que los regulan o a los parámetros creados por la propia administración, entre los que caben tanto actos positivos u omisiones, o bien, el funcionamiento defectuoso de un servicio.

·

• La seguridad social es un derecho fundamental, una facultad subjetiva para reclamar del Estado una conducta de protección ante las contingencias, implica la satisfacción de diversas necesidades básicas de la población.

• A través de la implementación del seguro social como un derecho constitucional para los trabajadores y sus beneficiarios, la administración pública busca la satisfacción de la seguridad social para este sector de la población; empero, no desatiende el hecho de que esa tarea es una función estatal, pues asume la obligación correlativa en lo que al Estado corresponde, lo cual se constata con los artículos 3 y 5 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Por otra parte, el seguro social respecto a los trabajadores del Estado, se reconoce en el artículo 123, apartado B, fracción XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece determinadas prestaciones, entre ellas, los servicios de salud y demás seguros sociales. Estos derechos laborales de los trabajadores del Estado son asumidos no sólo por los entes públicos en particular, en calidad de patrones, sino también por parte del propio Estado y los trabajadores; pues se sufragan a través de aportaciones tripartitas y son prestados, generalmente, a través de un organismo público específicamente creado para ello: el **********.

• Las tareas que en el área de la seguridad social realizan las dependencias públicas constituyen una función pública, dado que su actuación tiene como objeto, cumplir los fines estatales. Además, esa función está regulada y sujeta a determinada normatividad y a la observancia de parámetros fijados por la propia administración; por ende, los actos o hechos materiales realizados por los servidores públicos en la prestación de tales servicios, tienen el carácter de "actividad administrativa" del Estado.

• El hecho de que diversos sectores de trabajadores afiliados o derechohabientes de esas instituciones públicas, por regla general, tienen acceso al seguro social, en virtud de una prestación laboral pactada en un contrato de trabajo, en la que el Estado ha involucrado a los patrones para satisfacer el derecho social en cita, imponiéndoles constitucionalmente la obligación de contribuir a la satisfacción de este último; no constituye un criterio orientador para definir la naturaleza del servicio que reciben los derechohabientes, cuando éste se presta por una institución pública, sino que lo que determina la naturaleza de dicho servicio es el carácter con que actúa el prestador del mismo, y no la clase de relación jurídica laboral que haya motivado el derecho del particular a acceder a tal servicio.

• Ahora bien, en el caso, la seguridad social se satisface por medio de un organismo público creado con esa finalidad -el **********-, el cual realiza una función estatal pública; puesto que su actividad entraña el cumplimiento de los fines de la administración, por lo que dicha actividad reviste el carácter de actividad administrativa estatal.

• Así, la prestación de servicios de salud que lleva a cabo el citado organismo descentralizado, implica que él mismo, en calidad de entidad estatal, asumió una función pública y, como tal, esa actividad queda sujeta al esquema de responsabilidad objetiva y directa del Estado; esto, con independencia que en ello pudiera estar inmerso el cumplimiento de una obligación patronal.

• Aunado a ello, la labor que todo empleado del Estado realiza, está sujeta a normas de responsabilidad administrativa, conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y tal carácter de servidor público le asiste a las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal.

• De modo que todos los miembros que integran el personal médico, profesional y operativo del **********, en sus hospitales, clínicas y consultorios, tienen la calidad de servidores públicos y la realización de sus funciones está comprendida dentro del ámbito de la administración pública.

• Se concluye que la reclamación de daño patrimonial y moral que la actora atribuye al **********, derivada de la negligencia en la prestación del servicio médico, se adecua al concepto de "actividad administrativa irregular", que recoge el artículo 113, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el precepto legal 1 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

• Cabe señalar, que con la creación de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y, además, en congruencia con los propósitos de la reforma del artículo 113 constitucional, a la cual obedeció, en el decreto por el cual se publicó, también se determinó la derogación de los preceptos correspondientes de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que se oponían con el nuevo sistema de responsabilidad patrimonial del Estado de carácter general, objetivo y directo. Asimismo, con igual finalidad, quedó derogado el artículo 1927 del Código Civil Federal, y reformó el diverso artículo 1927 del Código Civil para el Distrito Federal.(21)

• Aunado a ello, con la supresión y reforma del artículo 1927 de las respectivas codificaciones referidas, también se buscó evitar que hubiera distintas vías legales -civil y administrativa- para hacer esa clase de reclamaciones, dado que ello implicaba la existencia de una doble jurisdicción en esa materia, lo que no es jurídicamente admisible.

• Por tal razón, en la exposición de motivos de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y en el dictamen elaborado por la Cámara de Senadores, el legislador dejó claro que desaparecería el régimen de responsabilidad indirecta y subjetiva del Estado, único regulado por el derecho común, la cual, además, consideró que quedaría subsumida en la objetiva y directa protegida por esa nueva ley, y que las controversias que se suscitaran al respecto, correspondería dilucidarlas en vía contenciosa administrativa y ya no en la civil.(22)

• Ciertamente, el artículo 1916 del Código Civil Federal y del Código Civil para el Distrito Federal, al regular el daño moral,(23) aún conserva en la parte final de su segundo párrafo, la disposición relativa a la responsabilidad del Estado y sus servidores públicos, haciendo una remisión expresa a los artículos 1927 y 1928, ambos de los citados ordenamientos; sin embargo, tal circunstancia se trata de una mera omisión legislativa, la cual se concilia con la simple circunstancia que el citado artículo 1927 ya ha sido derogado y reformado, en forma respectiva; de eso se sigue que el Código Civil Federal y el Código Civil para el Distrito Federal vigentes, sólo regulan ahora la responsabilidad por daño moral entre particulares.

• De esta manera, la acción de daño moral, daño patrimonial y daños y perjuicios en la vía civil, ya sólo es posible entre particulares. De esta manera, el Juez Décimo Octavo de lo Civil y la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, ambos del Distrito Federal, no pueden legalmente conocer y resolver las pretensiones de la parte actora, a través de los cuales pretenden obtener directamente del Estado las indemnizaciones que reclamaron. Sirven de sustento las tesis: "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO OBJETIVA Y DIRECTA. SU SIGNIFICADO EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.",(24) "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE RESPONSABILIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA.",(25) "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. LOS PROCESOS LEGISLATIVOS QUE CULMINARON CON LA ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ASÍ COMO LA EXPEDICIÓN DE LA LEY FEDERAL RELATIVA Y LA DEROGA

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24361-0232582a/responsabilidad-patrimonial-del-estado-la-actuacion-negligente-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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