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Modo: Corpus Pro

INSUMISIÓN AL ARBITRAJE. EL ARTÍCULO 31 BIS DEL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN IX, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 787/2013. · Registro digital (IUS): 24491
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 627.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 787/2013. 15 DE MAYO DE 2013. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS. DISIDENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V y 84, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos segundo y tercero, fracción III, en relación con el punto cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c), y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, puesto que no se ubica en los supuestos señalados para el conocimiento del Tribunal Pleno y se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo de trabajo, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.

No pasa inadvertido el hecho de que el tres de abril de dos mil trece entró en vigor la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos del mes y año en comento; sin embargo, en el presente asunto se seguirá aplicando la anterior Ley de Amparo, de acuerdo con el artículo tercero transitorio(1) del ordenamiento jurídico citado en primer término, debido a que el juicio de amparo directo en revisión inició con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley.

SEGUNDO. El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó por oficio a la autoridad recurrente el viernes quince de febrero de dos mil trece, surtiendo efectos el lunes dieciocho siguiente, por lo que el plazo legal de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del martes diecinueve de febrero al lunes cuatro de marzo del presente año, descontándose los días veintitrés y veinticuatro de febrero, dos y tres de marzo de dos mil trece, por ser sábados y domingos, días inhábiles en términos de lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el uno de marzo de dos mil trece, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

TERCERO. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por **********, secretario de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, tercero perjudicado, quien acredita su personalidad con copia certificada del nombramiento expedido a su favor por el Gobernador Constitucional del Estado de Aguascalientes, de fecha veintiuno de febrero de dos mil trece.

CUARTO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes

• El veintiséis de marzo de dos mil doce, ********** demandó de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, la reinstalación y el pago de salarios caídos por despido injustificado. Manifestó, en esencia, que se desempeñó como promotor del "Programa supérate", puesto de base, y que fue despedido injustificadamente.

• El catorce de mayo de dos mil doce, la secretaría demandada planteó incidente de insumisión al arbitraje, negándose a someter sus diferencias al arbitraje y solicitando se declarara la terminación de la relación de trabajo con el actor.

• El Tribunal de Arbitraje responsable emitió resolución el siete de agosto de dos mil doce, mediante la cual declaró procedente el incidente de insumisión al arbitraje, con fundamento en el artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, y dio por terminada la relación laboral entre las partes.

• Inconforme con dicho laudo, ********** promovió juicio de amparo directo.

II. Síntesis de conceptos de violación

• Primero. Si bien el Congreso del Estado de Aguascalientes reforma los artículos 4o., 5o., 6o., 11, 12, 14, 14 Bis, 27, 28, 28 Bis, 28 Ter, 29, párrafo cuarto, 31, 31 Bis, 58 Bis, fracciones IV, V y VI, y 107, fracción III, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, para implementar la figura de la insumisión (artículo 31 Bis), lo cierto es que ésta es contraria al artículo 123, apartado B, párrafo IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que con ella se eliminan los derechos laborales consagrados en el dispositivo constitucional que se invoca.

• El artículo 31 Bis del mencionado Estatuto Jurídico establece la figura de la insumisión al arbitraje, pero no está prevista en el ordenamiento burocrático que rige las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, por lo que ese incidente de insumisión es inconstitucional.

• La reforma al artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico es contraria a la Norma Fundamental, porque contraviene lo establecido por los artículos 1o., 115, fracción VIII, párrafo segundo y 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, toda vez que la Legislatura Local limita a los trabajadores del Estado de Aguascalientes, al pago de tres meses de salario, más salarios caídos, cuyo monto no podrá exceder de seis meses, siendo que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no limita el pago de salarios caídos; además de que la insumisión podrá ser planteada independientemente de cualquier acción que ejercite el trabajador, razón por la cual es inconstitucional.

• Segundo. La autoridad responsable se aparta del derecho de seguridad jurídica contenido en el artículo 14 de la Constitución Federal, debido a que dejó de advertir que después de plantear incidente de insumisión al arbitraje, la demandada contestó la demanda y ofreció el trabajo al actor, lo que hace improcedente el incidente de insumisión al arbitraje.

• La responsable contraviene los derechos de audiencia, de exacta aplicación de la ley y de seguridad jurídica, porque al emitir la resolución del incidente de insumisión, dejó de resolver a verdad sabida y buena fe guardada; no analizó los hechos en conciencia, ni dictó su decisión de manera fundada y motivada; tampoco valoró las pruebas ofrecidas por las partes, como lo prevé el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo.

• El Tribunal de Arbitraje, al momento de resolver el incidente de insumisión, debió analizar las pruebas para pronunciarse sobre la procedencia del incidente de insumisión.

• La autoridad responsable omitió fundamentar y motivar la resolución, como lo exigen los artículos 16 de la Constitución Federal y 841 de la Ley Federal del Trabajo.

• La autoridad responsable omitió considerar que el quejoso ingresó a laborar para la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, el día uno de diciembre del año mil novecientos noventa y ocho, prestando sus servicios de forma ininterrumpida hasta el pasado veinte de marzo del año dos mil doce, por lo que, en términos del artículo 11 del Estatuto Jurídico, tenía la calidad de trabajador de base; tampoco considera el salario real integrado, ni el horario de trabajo.

• Tercero. La autoridad responsable viola en su perjuicio las garantías de audiencia y seguridad jurídica, ya que valoró incorrectamente las pruebas en relación con el salario que percibía el quejoso.

• La autoridad responsable se apartó de las garantías de audiencia y seguridad jurídica, ya que en el juicio principal se reservó a acordar el escrito de contestación de demanda de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Aguascalientes, no obstante que con éste se sometió al procedimiento laboral instaurado por el quejoso con motivo del despido injustificado del que fue objeto.

• Cuarto. La autoridad responsable omitió considerar los artículos 12 y 27 del Estatuto Jurídico mencionado, en tanto prevén que los trabajadores de base serán inamovibles y que "ningún trabajador de base podrá ser cesado o despedido, sino por causa justificada", hipótesis que no ocurrió; por lo contrario, el quejoso fue despedido de forma injustificada, porque no fue sometido al procedimiento previsto en el tercer párrafo del último de los numerales citados.

• La autoridad responsable no puede aplicar el artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico, porque el quejoso fue trabajador de base; en todo caso debió aplicar el artículo 27 del referido Estatuto Jurídico; esto debido a que el incidente de insumisión al arbitraje aplica para los trabajadores eventuales o accidentales.

• Quinto. Al momento de dictar la resolución incidental, la autoridad responsable viola los artículos 49, 50 y 947 de la Ley Federal del Trabajo, que reglamentan la excepción a la estabilidad en el empleo prevista en el artículo 123, apartado A, fracción XXI, de la Constitución Federal.

• La autoridad responsable se limitó a valorar si la demandada se encontraba en el estado de excepción regulado por el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo, sin analizar las causas por las cuales la demandada interpone el incidente de insumisión; es decir, no toma en cuenta las condiciones para que el demandado no quiera someterse a la potestad de la Junta, como que el trabajador tenga carácter de confianza, o una antigüedad menor de un año, o sea eventual, o doméstico, o que tenga contacto directo con el patrón.

• Si el patrón demandado se acoge al artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico indicado, procesalmente tiene la obligación de probar que el trabajador tiene la calidad de confianza, o es eventual, o accidental, o tiene una antigüedad menor a un año.

III. Síntesis de sentencia

• Resultan infundados los argumentos que pretenden evidenciar la inconstitucionalidad del artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, con sustento en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, sobre la base de que dicho ordenamiento no prevé la figura jurídica de la insumisión al arbitraje, ni tampoco establece ninguna restricción en el pago de los salarios caídos.

• Lo anterior, porque si bien la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado no establece un límite sobre el importe de los salarios caídos, ni regula la figura jurídica de insumisión al arbitraje, ello no hace inconstitucional el Estatuto Jurídico que prevé un monto menor a los salarios caídos (tope de seis meses) y la insumisión al arbitraje, pues el Constituyente permite al legislador, dentro del ámbito de su competencia y fuero, desarrollar esos aspectos, al señalar y dar competencia en el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, a las Legislaturas de los Estados para expedir las leyes conforme a las cuales se regirán las relaciones entre los Estados y sus trabajadores.

• Cita la tesis XVIII.4o.5 L, del Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, de rubro: "LEY DEL SERVICIO CIVIL DEL ESTADO DE MORELOS. EL ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD DEBE HACERSE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y NO CON BASE EN LAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO."

• En cambio, asiste razón al quejoso en cuanto afirma que, al implementar la insumisión al arbitraje en el artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, se contraviene el artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque se eliminan los derechos laborales previstos en el dispositivo constitucional invocado.

• Esto, debido a que la citada fracción XI de la norma constitucional estatuye como garantía social para los trabajadores, que sólo podrán ser suspendidos o cesados en su trabajo por causa justificada, agregando que para los casos en que dicha separación sea injustificada, aquéllos tendrán derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o a la indemnización de ley; esta fracción se funda en el principio de estabilidad en el empleo, como un derecho fundamental del trabajador, al prever el derecho de reinstalación para el caso de separación injustificada.

• Por otra parte, el artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados prevé como derecho del Estado, en su calidad de patrón, el negarse a someter sus diferencias al arbitraje; que podrá plantear la insumisión al arbitraje independientemente de cualquier acción ejercitada por el trabajador, antes de contestar la demanda del trabajador, dándosele vista a la parte trabajadora para que vea y reciba las cantidades que por este concepto se le depositan por la terminación del conflicto laboral o, en su caso, para que manifieste lo que a su derecho corresponda.

• De modo que, a través de la insumisión al arbitraje, se dará por terminado el contrato de trabajo y el Estado estará obligado a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario, más los salarios caídos que se sujetarán a las limitaciones que se establecen en el propio estatuto.

• Lo que implica que la insumisión procede respecto de cualquier sujeto que tenga la calidad de trabajador, entendiéndose, por éste conforme al artículo 2o. del propio ordenamiento, a toda persona física que presta un servicio personal subordinado de carácter material, intelectual o de ambos géneros, mediante el pago de un salario a los Poderes Legislativo, Ejecutivo, Judicial, a los Municipios y a los organismos públicos descentralizados; por lo que no establece ninguna diferencia en cuanto al tipo de trabajadores, y también procede independientemente de cuál sea la acción ejercitada por el trabajador, es decir, que comprende aun los casos en que el Estado sea demandado por despido injustificado.

• La que resulta un beneficio para el patrón, debido a que no se someterá al arbitraje en relación con la demanda entablada en su contra; se dará por terminado el conflicto sin la reinstalación del trabajador, pues su obligación en ese caso se circunscribe a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario, más salarios caídos con las limitaciones que se establecen en el propio estatuto.

• Esta regulación se aparta del principio de estabilidad en el empleo que se privilegió por el Constituyente como un derecho de los trabajadores pues, efectivamente, hace nugatorio el derecho del trabajador de ser reinstalado en el caso de un despido injustificado.

• Cabe indicar, que la insumisión al arbitraje y el no acatamiento del laudo se encuentran establecidos constitucionalmente en el apartado A del artículo 123, como un derecho a favor del patrón, pero armonizado con el principio de estabilidad en el empleo, tal cual lo precisó la Segunda Sala en la tesis aislada «2a. XLIX/20011», de rubro: "INSUMISIÓN AL ARBITRAJE Y NO ACATAMIENTO DEL LAUDO. EL CONSTITUYENTE PERMANENTE ESTABLECIÓ, EN LA FRACCIÓN XXI DEL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, UN DERECHO A FAVOR DEL PATRÓN, ARMONIZADO CON EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO."

• Así, la génesis de la insumisión al arbitraje y el no acatamiento al laudo, derechos patronales, es de carácter excepcional al principio de estabilidad en el empleo que, en el caso del apartado A, es la Ley Federal del Trabajo en su artículo 49, donde se establecen los casos en que limitativamente procede, como son los relativos a trabajadores que tengan antigüedad menor a un año, los que tengan contacto directo e inmediato con el patrón que imposibilite el desarrollo normal de la relación laboral, los de confianza, los domésticos y los eventuales. De esta forma, el Constituyente garantizó la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, sin desconocer los casos que en la realidad pueden llevar a hacer fácticamente imposible la continuación de la relación laboral.

• Cita la jurisprudencia 2a./J. 163/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DESPIDO INJUSTIFICADO. CUANDO LA ACCIÓN DERIVADA DE AQUÉL SEA LA REINSTALACIÓN, LA REGLA GENERAL ES QUE NO PROCEDE LA INSUMISIÓN AL ARBITRAJE NI LA NEGATIVA DEL PATRÓN A ACATAR EL LAUDO, SALVO EN LOS CASOS DE EXCEPCIÓN REGLAMENTADOS EN EL ARTÍCULO 49 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO."

• Si bien es cierto que, en el caso del apartado B del artículo 123 constitucional, no se prevé la insumisión al arbitraje, con lo cual se entiende, acorde al sistema de facultades de los Estados para emitir leyes en materia del trabajo, que se permitió al legislador ordinario desarrollar el contenido sustancial del derecho patronal en cuestión, en cuanto a los sujetos que procede y los casos en que aplica, al regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores; no es menos cierto que esto es con la condición de no eliminar el principio constitucional de estabilidad en el empleo, o derecho del trabajador de obtener su permanencia en el trabajo ante el despido injustificado, ante lo cual sólo podría ser permisible regular supuestos de excepción a la regla general que justifique el derecho del patrón de no someterse al arbitraje, a efecto de dar por terminada la relación laboral, privilegiando esa regla general; de modo que la norma que prevé la insumisión con carácter general y no excepcional, es inconstitucional.

• Como la resolución incidental se apoya en una norma inconstitucional, concede el amparo para el efecto de que el tribunal deje insubsistente la resolución reclamada, y considere que es inconstitucional el artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, por lo cual no podrá ser aplicado en perjuicio del quejoso, determinando lo que en derecho proceda.

IV. Síntesis de agravios

• Único. La declaratoria de inconstitucionalidad que se hace del artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, carece de fundamentos y motivos, porque se deja de apreciar el acto reclamado y se aparta de las consideraciones que debieron ser atendidas.

• El citado precepto legal, que prevé la insumisión al arbitraje, guarda armonía legislativa y es compatible con el texto del artículo 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Federal, pues es una institución optativa de la patronal, para no dirimir las controversias e indemnizar al trabajador conforme a derecho, la cual es opuesta como excepción al principio de estabilidad en el empleo previsto en esa norma constitucional.

• El principio de estabilidad en el empleo a nivel constitucional no es absoluto, tiene dos excepciones fundamentales: trabajadores de confianza y la figura de insumisión.

• Si el Constituyente previó estas excepciones, corresponde a las Legislaturas dentro de su esfera de facultades desarrollar las características y lineamientos que habrán de considerar estas "figuras", incluso, delimitar los alcances, puestos y cualidades especiales de los trabajadores para efecto de ubicarse en los supuestos señalados; es decir, las legislaturas deben regular los supuestos normativos sobre los cuales procede oponerse a dirimir las controversias en juicio y optar por indemnizar al trabajador.

• Las reformas y adiciones al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Gobiernos del Estado de Aguascalientes, sus Municipios y Organismos Públicos Descentralizados, relativas a la insumisión al arbitraje, se ajustan a lo preceptuado en el artículo 123, apartado A, fracción XXI, constitucional, que prevé la institución de insumisión al arbitraje.

• De la interpretación literal del citado precepto constitucional se colige, que es permisible la insumisión en todos los casos y en relación con todos los trabajadores que realizan actividades de carácter permanente; por tanto, para efectos de la insumisión al arbitraje, la ley no exige que el trabajador tenga cualidad o nombramiento específico, sino que engloba a las cuatro categorías en las que se clasifica a los trabajadores, a saber: de base, temporales, accidentales y de confianza.

• El artículo 31 Bis del Estatuto Jurídico citado, no viola el principio de estabilidad en el empleo, ya que se encuentra ante dos supuestos diversos: los derechos jurídico-laborales con los que cuenta un trabajador para desempeñar sus labores para un empleador, los cuales le son protegidos y tutelados por la norma jurídica laboral; y una situación diversa es la potestad que tiene el patrón (Estado) de no someter a juicio una controversia laboral presentada por un trabajador que se dice despedido de sus labores.

• El legislador estatal tiene facultades para dictar normas que rijan las relaciones laborales del Estado con sus trabajadores, como lo dispone el artículo 116, fracción VI, de la Constitución Federal, pero apegándose a los principios rectores contenidos en el artículo 123 constitucional y sus disposiciones reglamentarias.

QUINTO. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, resulta necesario determinar si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión:

En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a precisar:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

(Reformada, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 83. Procede el recurso de revisión:

"...

"V. Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, o cuando establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución.

"La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencia que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

De lo dispuesto en los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:

1. Por regla general, las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso alguno;

2. La excepción a la regla anterior, se da cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una norma general, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se haya decidido o se omita decidir sobre la materia de constitucionalidad; y,

3. La materia del recurso de revisión, en estos casos, se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Entonces, para que sea procedente el recurso de revisión en este caso, necesariamente debe estarse en el supuesto expresado en el punto 2 (dos) anterior, ya que de otra manera, el medio de defensa resulta improcedente, por quedar comprendido dentro de la regla general de las sentencias dictadas en amparo directo por los Tribunales Colegiados de Circuito.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuyo punto primero establece que para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los supuestos siguientes:

a) Que en la sentencia recurrida se haya hecho pronunciamiento sobre la constitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento, o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o que, habiéndose planteado alguna de esas cuestiones, en la demanda de amparo se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Sala respectiva o del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En relación con el segundo de los requisitos antes mencionados, el propio punto primero del acuerdo citado señala que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, no se hayan expresado agravios o cuando éstos sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, y no se advierta queja deficiente que suplir.

Los anteriores lineamientos se recogen en las jurisprudencias de la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se identifican:

"Registro: 188101

"Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XIV, diciembre de 2001

"Materias: constitucional y común

"Tesis: 2a./J. 64/2001

"Página: 315

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo, 10, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo 5/1999, del 21 de junio de 1999, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, permiten inferir que un recurso de esa naturaleza sólo será procedente si reúne los siguientes requisitos: I. Que se presente oportunamente; II. Que en la demanda se haya planteado la inconstitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal y en la sentencia se hubiera omitido su estudio o en ella se contenga alguno de esos pronunciamientos; y III. Que el problema de constitucionalidad referido entrañe la fijación de un criterio de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva de la Suprema Corte; en el entendido de que un asunto será importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente) se advierta que los argumentos o derivaciones son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en materia de constitucionalidad; por el contrario, deberá considerarse que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir y en los demás casos análogos a juicio de la referida Sala, lo que, conforme

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24491-dba54c27/insumision-al-arbitraje-el-articulo-31-bis-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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