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ISSSTE. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. ISSSTE. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL MONTO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2955/2014. · Registro digital (IUS): 25464
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-13
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1497.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2955/2014. 8 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, segundo, fracción III, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c), y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, puesto que no se ubica en los supuestos señalados para el conocimiento del Tribunal Pleno y se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo administrativo, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó por lista el jueves cinco de junio de dos mil catorce, surtiendo efectos el viernes seis siguiente; por lo que el plazo legal de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del lunes nueve al viernes veinte de junio de dos mil catorce, descontándose los días siete, ocho, catorce y quince de junio del presente año, sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el veinte de junio de dos mil catorce, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

TERCERO. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por la propia quejosa **********.

CUARTO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes

a) ********** demandó la nulidad de la resolución de concesión de pensión suscrita por el delegado en la Zona Norte del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la cual determina una cuota diaria de pensión por jubilación por la cantidad de $********** (**********), en la cual no se incluyeron los conceptos de "06 Compensación garantizada, 07 Sueldo base, 38 Ayuda de despensa, 41 Asignación para ayuda alimentaria, 44 Previsión social múltiple, 77 Apoyo para desarrollo y capacitación y A3 Prima quinquenal".

b) La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el veintiocho de febrero de dos mil catorce, en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

c) En su contra, la quejosa promovió amparo directo.

II. Síntesis de conceptos de violación

• Primero. El artículo tercero transitorio del decreto que reformó la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, establece que cuando en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se dé una connotación distinta del sueldo o salario, éste deberá entenderse integrado en términos del artículo 32 de la indicada ley federal, el cual se identifica únicamente con el sueldo base y sueldo bruto, sin considerar prestaciones adicionales o compensaciones previstas en el tabulador regional que se trate.

• El artículo 2, fracciones II y X, del Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, indica que las compensaciones consisten en remuneraciones complementarias al sueldo base tabular, que se cubren a los servidores públicos que corresponda, y que se integran a los sueldos y salario, pero que no forman parte de la base de cálculo para determinar las cuotas y aportaciones de seguridad social.

• Por tanto, resulta claro que los artículos indicados excluyen, por un lado, el concepto de sueldo básico, configurando el sueldo tabular; y, por otro, excluyen de la base del cálculo de las prestaciones de seguridad social a las compensaciones adicionales que se cubren de forma complementaria al sueldo base tabular.

• Las normas aludidas son inconstitucionales e inconvencionales, pues la seguridad social es un derecho humano que se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la Organización de los Estados Americanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", así como en el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; circunstancia que obliga al Estado Mexicano a implementar todas las acciones necesarias para permitir a los gobernados el disfrute y pleno respeto del referido derecho; es decir, procurando que las pensiones garanticen un nivel decoroso y digno de vida.

• Ninguna norma o acto de autoridad que sea emitido en nuestro país, puede mermar, restringir, menoscabar, reducir o afectar los alcances de esas prerrogativas que derivan del derecho humano a la seguridad social, reconocido por la comunidad internacional, conforme al artículo 133 constitucional.

• El artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que el sueldo básico para determinar, retener, enterar, recaudar, cobrar las cuotas y aportaciones de seguridad social, y para asignar las pensiones, está integrado con los conceptos de sueldo presupuestal o sueldo base, el sobresueldo y las compensaciones.

• Por tanto, la sentencia es inconstitucional e inconvencional, porque se funda en los artículos tercero y cuarto transitorios del Decreto por el que se reforma la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, debido a que excluyen el concepto de "sueldo básico", configurando el denominado "sueldo tabular", y excluyen de la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social a las "compensaciones" adicionales.

• Con la aplicación de las normas indicadas, la autoridad responsable impide a la quejosa mantener una vida digna y decorosa, así como el libre desarrollo de la personalidad, el bienestar para ella y su familia, lo que transgrede los principios que se contienen en el derecho fundamental a la seguridad social.

• Segundo. Es inconstitucional el artículo 2, fracciones II y X, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, al contravenir los artículos 1o. y 127, fracción I, de la Constitución Federal; debido a que deben tomarse en consideración la totalidad de las remuneraciones percibidas por un trabajador para la retención y entero de las cuotas obrero-patronales, conforme al artículo 65 del Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social.

• La pensión que se otorga a los trabajadores es una recompensa por su trayectoria laboral, por ello las normas protectoras de dichos sujetos deben ser extendidas a los pensionados, pues resulta inconcebible que la protección otorgada a los trabajadores no sea considerada cuando dejan de serlo, más aún si dicha protección busca salvaguardar en mayor medida los derechos fundamentales.

• Si el artículo 127 de la Constitución Federal protege el salario de los servidores públicos, circunscribiendo todas las percepciones que deben ser tomadas en cuenta para el concepto de sueldo, sería absurdo no extender dicha protección a la retención y entero de las cuotas y aportaciones de seguridad social.

• Al expedir el artículo 2, fracciones II y X, del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, las autoridades limitaron las remuneraciones en cuanto a las cuotas y aportaciones de seguridad social.

• Los artículos aducidos son inconstitucionales e inconvencionales, al no proteger directamente el derecho a la seguridad social, puesto que con el nuevo paradigma constitucional no pretende el estudio de los derechos fundamentales de manera exclusiva, sino de manera armonizada.

• Tercero. Se impugna el contenido del tabulador mensual de sueldos para el Distrito Federal de la Secretaría de Educación Pública, correspondiente al año dos mil diez, por ser contrario al artículo 127, fracción IV, de la Constitución Federal.

• Las remuneraciones que recibió la quejosa resultan incongruentes e insuficientes, en relación con los datos publicados en el tabulador regional, pues no demuestran la totalidad de las percepciones que debe percibir cualquier persona en el puesto que éste ostentó.

• La omisión de no agregar todas las remuneraciones en el tabulador regional, implica que no pueden ser consideradas en las cuotas y aportaciones de seguridad social, lo que trae un detrimento en la seguridad social.

• Cuarto. La autoridad responsable no cumple con su obligación de proteger y garantizar, dentro de su competencia, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1o., párrafo tercero, 14 y 16 de la Constitución Federal.

• Quinto. La responsable no admitió las pruebas que ofreció la quejosa y, por ende, no las valoró, dejándolo en estado de indefensión, al no poder refutar las causas de desechamiento.

• La responsable debió resolver cuestiones de control de constitucionalidad y convencionalidad bajo el nuevo paradigma constitucional, si bien con algunas salvedades exclusivas de los órganos del Poder Judicial.

III. Síntesis de la sentencia de amparo

• El artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" establecen el derecho a la seguridad social; sin embargo, no contienen disposiciones específicas acerca de tal derecho, sino que únicamente lo enuncian como un derecho que permite llevar una vida digna en el retiro.

• La Constitución Federal establece como derecho fundamental de la seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado la jubilación, pero no determinó en forma alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente, por lo que dejó a la ley secundaria establecer las precisiones correspondientes.

• Ahora bien, de conformidad con los artículos 32, tercero y cuarto transitorios de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como 2, fracciones II y X, del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, el sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas. Así, cuando en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otros ordenamientos legales se dé una connotación distinta del sueldo o salario que se cubre a los servidores públicos, deberá entenderse integrado en los términos mencionados.

• El hecho de que el sueldo tabular sirva para determinar el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad social y se excluyan de la base de ese cálculo las compensaciones, no es violatorio del derecho a la seguridad social previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, y los diversos tratados internacionales en la materia.

• En primer lugar, porque los ordenamientos solamente establecen como derecho fundamental de la seguridad social la jubilación, pero no determinan en forma alguna sus bases, presupuestos o cualquier otra cuestión inherente, razón por la que es válido que la ley secundaria establezca que el sueldo tabular es el que sirve para determinar el importe de las cuotas y aportaciones de seguridad social, y excluya de la base de ese cálculo las compensaciones.

• En segundo lugar, debido a que tales ordenamientos no contienen disposiciones específicas acerca del derecho a la seguridad social, sino que únicamente lo enuncian como un derecho que permite llevar una vida digna en el retiro, de tal suerte que el hecho de que para el cálculo de la cuota pensionaria se tome en consideración el salario tabular y se excluyan las compensaciones, no significa que se impida a los pensionados llevar un nivel de vida digno.

• De los artículos 1, 25, 26, 28, 29, 30, 65, 66 y cuadro anexo a la parte XI del Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, deriva que las pensiones que se otorguen por vejez (años trabajados) deberán garantizar la supervivencia más allá de la edad que la legislación nacional regula (edad prescrita).

• Para calcularlas se debe atender a un "beneficiario tipo", que en el caso de vejez corresponde al hombre con cónyuge en edad de pensión y que, en atención a la tabla debe percibir en total, al menos, el cuarenta por ciento del total de sus ganancias anteriores, que deberán ser calculadas de conformidad con reglas prescritas, esto es, conforme a la legislación nacional.

• La legislación mexicana establece que para el cálculo de la cuota diaria de pensión jubilatoria se deben tomar en cuenta el salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, además de los conceptos que, en los casos de excepción, se acredite haber cotizado al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Lo anterior, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 114/2010 y tesis aisladas 2a. LXXVI/2010 y 2a. LXXVII/2010, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, de rubros: "ISSSTE. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL AJUSTE A LA PENSIÓN JUBILATORIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)", "ISSSTE. EL SALARIO ASIGNADO EN LOS TABULADORES REGIONALES ES EL QUE DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA EFECTUAR LAS COTIZACIONES AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)" e "ISSSTE. INTEGRACIÓN DEL SUELDO BÁSICO CONFORME AL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007)."

• De manera que, si la cantidad asignada diariamente a la quejosa por concepto de pensión, corresponde a $********** (**********), la cual multiplicada por treinta días que tiene el mes, resulta a $********** (**********); entonces, se evidencia que la quejosa recibe por concepto de pensión más del cuarenta por ciento que la norma internacional exige para garantizar, al menos, su supervivencia, pues durante el último año de servicios obtuvo percepciones mensuales en promedio de $********** (**********).

• En consecuencia, el hecho de que, conforme a las normas reclamadas, se tome en consideración el salario tabular y se excluyan las compensaciones para el cálculo de la cuota pensionaria, no significa que se impida a los pensionados llevar un nivel de vida digno y, por tanto, tales normas no violan el derecho a la seguridad social previsto en los artículos 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 2 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 43, inciso b), del Protocolo de Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 9, numerales 1 y 2, del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador".

• Cita la tesis jurisprudencial 2a./J. 116/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PENSIÓN JUBILATORIA. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, AL REGULAR LA FORMA DE CALCULAR SU MONTO, NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

• Por otra parte, no es posible emprender el análisis de constitucionalidad relativo a demostrar que el contenido del tabulador mensual bruto de sueldo base y compensación, expedido por el titular de la Procuraduría General de la República respecto del último año de servicio que laboró, es contrario a lo dispuesto por el artículo 127, fracción IV, constitucional, en virtud de que no se surte la condición relativa a que la eventual concesión del amparo contra la sentencia por la aplicación de tabulador controvertido, en caso de que resultara inconstitucional, trascenderá en el acto impugnado de origen.

• La Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 21/2013, explicó que no es lo mismo salario tabular que tabulador regional, pues el sueldo o salario tabular que sirve de base para el pago de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el cálculo de las prestaciones respectivas, no se conforma con el cúmulo de asignaciones descritas en el tabulador regional respectivo, sino que constituye un solo concepto, que suele denominarse sueldo base o sueldo bruto.

• Por tal motivo, aun cuando se reconociera que la totalidad de los conceptos que percibió la quejosa como servidora pública deban preverse en el tabulador regional, ese hecho sería insuficiente para que se tomaran en cuenta para engrosar la base para el cálculo de su pensión, pues de acuerdo con los criterios del Alto Tribunal, lo relevante no es que estén previstos en el tabulador regional, sino que por esos conceptos se hubiera cotizado.

• En términos de lo resuelto en el sentido de que los artículos 32, tercero y cuarto transitorios de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 2, fracciones II y X, del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo del dos mil nueve, son constitucionales, la consecuencia lógica es que el citado manual también lo sea.

• Son inoperantes los argumentos tendentes a evidenciar que el desechamiento de su demanda es ilegal, pues es suficiente con advertir la existencia de la sentencia que resuelve en el fondo el planteamiento de la quejosa para evidenciar que la determinación que controvierte es inexistente.

• Negó el amparo a la quejosa.

IV. Síntesis de agravios

• Primero. Es incorrecto lo sostenido por el Tribunal Colegiado, pues la seguridad social prevista en el título sexto constitucional, denominado "Del trabajo y de la previsión social", no puede interpretarse en forma separada o estricta, sino debidamente armonizada en conjunto con los principios protectores del salario y de irreductibilidad salarial, para realizar el pago de la pensión conforme a la tesis P. XXXVI/2013.

• El Tribunal Colegiado erróneamente consideró que el sueldo o salario para efectos de la seguridad social, debe ser limitado o reducido por las normas secundarias de menor jerarquía que la Constitución Federal, no obstante que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no puede ir en contra de los derechos humanos previstos en el Texto Constitucional ni de los tratados internacionales.

• No puede considerarse que el sueldo del trabajador en activo es uno y que no pueda servir de base para el cálculo de las pensiones que otorga el instituto, bajo la premisa de que el nuevo sueldo pensionario es totalmente diferente, pues, precisamente, este último como prerrogativa del derecho humano a la seguridad social deriva de aquél.

• El legislador federal delimitó cuáles son los elementos que constituyen o integran el salario que habrán de percibir los servidores públicos que laboren en la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, conforme al artículo 127, fracción I, de la Constitución Federal, por tanto, todos los conceptos pagados al ex trabajador en forma adicional y conjunta con su sueldo base, tienen el carácter de estímulo a la luz de la reforma constitucional de referencia y, por ende, acorde a dicho contexto, sí debe considerarse para efecto del cálculo de la cuota diaria de pensión correspondiente.

• Los artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que disponen que el sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, y que dicho sueldo tabular será la base para calcular las pensiones de los trabajadores del Estado, quedaron derogados por disposición expresa de la reforma constitucional al artículo 127.

• La reforma a la Carta Magna no limita su aplicación a situaciones de derechos anteriores a su entrada de vigor, ya que el legislador no estableció alguna limitante al respecto; por tanto, debe aplicarse en beneficio de la quejosa la norma constitucional que otorga mayores beneficios, integrando a su pensión todas las remuneraciones pagadas a su favor, sin limitarse al concepto denominado sueldo tabular.

• De una interpretación armónica de los principios que rigen el derecho del trabajo y seguridad social, se concluye que los elementos que integran el salario son conforme al artículo 127, fracción I, de la Constitución Federal.

• Segundo. El fin de las pensiones es recibir una renta vitalicia con una cualidad específica, que es mantener la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio.

• El principio de irreductibilidad salarial, desde luego opera para las pensiones que otorga el instituto, para el efecto de que en la base para su cálculo se considere el sueldo real del trabajador, aún incluso cuando éste no se haya cotizado al fondo de pensiones, pues ello no es responsabilidad del trabajador, además que debe mantenerse la calidad de vida que tenía al separarse definitivamente del servicio, lo cual va ligado con el ingreso económico.

• Tercero. El Tribunal Colegiado interpretó incorrectamente "el Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social", al establecer que las pensiones deben cuantificarse por lo menos al cuarenta por ciento del total de su salario como trabajador, en relación con el total de las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia, o el total del salario del trabajador, sin advertir que ése es el monto mínimo permitido, y que no se consideró el total del salario del trabajador.

• Cuarto. Al considerar únicamente el sueldo base y el quinquenio para efectos de cuantificar su pensión, se está aplicando una interpretación regresiva de los alcances de la norma nacional que regula el pago de pensiones, violando el derecho humano a la seguridad social reconocido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

• Quinto. La quejosa no alcanza los parámetros de una vida digna, al no considerarse en la integración de su pensión de retiro todos los conceptos que bajo el rubro de percepciones fueron pagados a su favor en el último año laborado, pues conforme a la determinación y asignación de su pensión no se alcanza el fin de las pensiones de retiro, consistente en alcanzar una pensión decorosa violando el derecho humano a la seguridad social contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

QUINTO. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer por la recurrente, resulta necesario determinar si, en la especie, se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión.

En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracción II, de la Ley de Amparo, y 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a precisar:

(Reformado primer párrafo, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

(Reformada, D.O.F. 6 de junio de 2011)

"IX. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de esta Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno. La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras."

"Artículo 81. Procede el recurso de revisión:

"...

"II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del Pleno."

"Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia conocerá funcionando en Pleno:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando habiéndose impugnado la inconstitucionalidad de una ley federal, local, del Distrito Federal o de un tratado internacional, o cuando en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dichas sentencias decidan u omitan decidir sobre tales materias, debiendo limitarse en estos casos la materia del recurso a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales."

"Artículo 21. Corresponde conocer a las Salas:

"...

"III. Del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito:

"a) Cuando habiéndose impugnado la constitucionalidad de un reglamento federal expedido por el presidente de la República, o de reglamentos expedidos por el gobernador de un Estado o por el jefe del Distrito Federal, o en los conceptos de violación se haya planteado la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en estas materias, se haya decidido o se omita decidir sobre la misma inconstitucionalidad o interpretación constitucional."

De lo dispuesto en los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:

1. El recurso de revisión en amparo directo procede cuando:

a) En la sentencia se resuelva sobre la constitucionalidad de normas generales; se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; o se omita decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas; y,

b) El tema de constitucionalidad represente la fijación de un criterio de importancia y trascendencia, conforme a los acuerdos emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. La materia del recurso de revisión, en estos casos, se debe limitar, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

Entonces, para que sea procedente el recurso de revisión, en principio, debe verificarse que en la sentencia recurrida existan los temas de constitucionalidad apuntados y, una vez solventado, determinar si se satisface el requisito de importancia y trascendencia.

El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo Número 5/1999, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos noventa y nueve, en el punto primero, inciso b), párrafo segundo, explicó que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, sí opera la suplencia de la queja deficiente) se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y se entenderá que es trascedente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

Asimismo, se precisó que, por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado, no se hayan expresado agravios o cuando éstos sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, y no se advierta queja deficiente que suplir.

Al respecto, esta Segunda Sala emitió las jurisprudencias que a continuación se identifican:

"Registro: 188101

"Noven

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25464-8fb5185a/issste-los-articulos-tercero-y-cuarto-transitorios-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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