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Modo: Corpus Pro

ISSSTE. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIONES IV Y VI, Y 127, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ISSSTE. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL. ISSSTE. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984, NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL RESPECTO AL MONTO DEL SALARIO DE COTIZACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2689/2014. · Registro digital (IUS): 25486
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-20
Promovente: —
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1462.

ISSSTE. EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 123, APARTADO B, FRACCIONES IV Y VI, Y 127, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 2689/2014. 15 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIO: LUIS JAVIER GUZMÁN RAMOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resulta legalmente competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión, de conformidad con los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II y 96 de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, segundo, fracción III, en relación con el punto tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en relación con el punto primero, fracción II, inciso c) y punto segundo, fracciones IV y V, del Acuerdo Plenario Número 5/1999, puesto que no se ubica en los supuestos señalados para el conocimiento del Tribunal Pleno y se interpone en contra de una sentencia dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito en un amparo directo administrativo, cuya materia corresponde a la especialidad de esta Sala.

SEGUNDO. El recurso se presentó en tiempo, dado que la sentencia recurrida se notificó personalmente el miércoles veintiocho de mayo de dos mil catorce, surtiendo efectos el jueves veintinueve siguiente; por lo que el plazo legal de diez días para la interposición del recurso de revisión transcurrió del viernes treinta de mayo al jueves doce de junio de dos mil catorce, descontándose los días treinta y uno de mayo; uno, siete y ocho de junio del presente año, sábados y domingos, inhábiles en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En esas condiciones, si el recurso de revisión fue presentado el doce de junio de dos mil catorce, es inconcuso que se hizo valer oportunamente.

TERCERO. El recurso de revisión se interpuso por parte legítima, debido a que el escrito de expresión de agravios fue firmado por el quejoso **********.

CUARTO. Los elementos necesarios para la resolución del presente asunto, son los siguientes:

I. Antecedentes.

a) **********, demandó la nulidad de la resolución de concesión de pensión suscrita por el delegado en la Zona Oriente del Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la cual determina una cuota diaria de pensión por jubilación por la cantidad de $********** (**********), en la cual no se incluyeron los conceptos de "38 ayuda de despensa, 39 material didáctico, 44 previsión social múltiple, 46 ayuda por servicios, E9 asignación docente genérica, SC asignación de servicios cocurriculares y E5 asignación docente específica".

b) La Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dictó sentencia el veinticinco de febrero de dos mil catorce, en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.

c) En su contra, el quejoso promovió amparo directo.

II. Síntesis de conceptos de violación.

• Primero. La autoridad responsable emite una resolución sin valorar y tomar en cuenta lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, toda vez que está aplicando normas que son totalmente violatorias a la protección de derechos humanos contemplados en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales.

• Que la totalidad de las remuneraciones percibidas por un trabajador debe ser tomada en consideración para la retención y entero de las cuotas obrero-patronales, conforme al artículo 65 del Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social.

• Si las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con base en las cuotas y aportaciones de seguridad social, tienen como objeto recompensar al trabajador su trayectoria laboral y por el desgaste natural de sus funciones orgánicas derivadas de sus servicios al Estado, resulta inconcuso que las normas protectoras de dichos sujetos deben ser extendidas a los pensionados.

• Las normas en que se apoya la Sala para resolver, sólo consideran el sueldo base tabular para efectos de la determinación, y cobro de las cuotas y aportaciones de seguridad social y, por orden, expresa, no se consideran las restantes percepciones integrantes del sueldo o salario del trabajador, violando el derecho humano del quejoso.

• Segundo. Las normas en que se apoya la Sala para resolver excluyen, por un lado, el concepto de sueldo básico, configurando el sueldo tabular; y por otro, excluyen de la base del cálculo de las prestaciones de seguridad social a las compensaciones adicionales que se cubren de forma complementaria al sueldo base tabular.

• La Sala responsable fundó su resolución en normas que son violatorias al derecho humano del quejoso, pues la seguridad social es un derecho humano que se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Carta de la Organización de los Estados Americanos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador", así como en el numeral 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal; circunstancia que obliga al Estado Mexicano a implementar todas las acciones necesarias para permitir a los gobernados el disfrute y pleno respeto del referido derecho; es decir, procurando que las pensiones garanticen un nivel decoroso y digno de vida.

• Ninguna norma o acto de autoridad que sea emitido en nuestro país puede mermar, restringir, menoscabar, reducir o afectar los alcances de esas prerrogativas que derivan del derecho humano a la seguridad social, reconocido por la comunidad internacional conforme al artículo 133 constitucional.

• El artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que el sueldo básico para determinar, retener, enterar, recaudar, cobrar las cuotas y aportaciones de seguridad social, y para asignar las pensiones, está integrado con los conceptos de sueldo presupuestal o sueldo base, el sobresueldo y las compensaciones.

• Por tanto, la sentencia es ilegal porque se funda en normas que en ninguna de sus partes benefician al quejoso, al contrario, le causan violación a su derecho humano, a la seguridad social, debido a que excluyen el concepto de "sueldo básico", configurando el denominado "sueldo tabular", y excluyen de la base de cálculo de las prestaciones de seguridad social a las "compensaciones" adicionales.

• Con la aplicación de las normas indicadas, la autoridad responsable impide al quejoso mantener una vida digna y decorosa, así como el libre desarrollo de la personalidad, el bienestar para él y su familia, lo que transgrede los principios que se contienen en el derecho fundamental a la seguridad social.

• Tercero. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 123 y 127, fracción I, constitucionales, se considera como remuneración toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra.

• De las jurisprudencias números 2a./J. 41/2009 y 2a./J. 100/2009, emitidas por la Segunda Sala se estableció que la base salarial que se tomará en cuenta para fijar la cuota diaria de pensión, se realizaría tomando en consideración únicamente el sueldo, sobresueldo y la compensación establecida en el tabulador regional aplicable, y que sólo los conceptos cotizados al fondo de pensiones pueden integrar la cuota diaria de pensión.

• Las normas que aplicó la Sala responsable son ilegales al no considerar la totalidad de los conceptos del sueldo integrado del trabajador, por lo que se inobservan las medidas protectoras del salario contenidas en el artículo 123, apartado B, fracción VI, de la Constitución Federal, mismas que inciden en el sueldo de la pensión que se asigna.

• La Sala responsable no aplicó la jurisprudencia P./J. 27/2012, que señala que los haberes de retiro o pensiones de los servidores públicos gozan del principio de irreductibilidad salarial reconocidos en la Constitución Federal, el cual refiere que la pensión de retiro debe cuantificarse y asignarse a partir de todas las remuneraciones que le fueron pagadas en el último año laborado al trabajador y que estuvieron vigentes al momento de su baja del servicio activo.

• Cuarto. La pensión de retiro se determinó sin considerar el sueldo o salario real vigente en la fecha de su baja laboral, actualizando un hecho regresivo respecto de sus derechos de seguridad social.

• La autoridad responsable debió calcular la pensión de retiro que le fue asignada a partir de todas las remuneraciones que le fueron pagadas en el último año laborado y que estuvieron vigentes al momento de su baja del servicio activo, en atención al principio de irreductibilidad salarial, el cual beneficia indirectamente al titular de dicho salario en situación de retiro.

• Se actualiza la violación al derecho de progresión de los derechos económicos y sociales, pues la determinación de su pensión es un acto regresivo siendo violatorio de las obligaciones contraídas por el Estado Mexicano a nivel internacional, pues al dejar fuera de la base pensionaria dichas remuneraciones, no se alcanza el fin de las pensiones de retiro, consistente en alcanzar una pensión decorosa que permita al adulto mayor en su etapa de vejez, llevar una vida digna.

• Quinto. La Sala responsable dejó de observar los artículos 46, 50 y 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y 81, 86, 129, 130, 202 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues no valoró las pruebas ofrecidas, toda vez que los únicos conceptos por los que cotizó son "sueldo cotizable, quinquenios y asignación de servicios cocurriculares".

III. Síntesis de la sentencia de amparo.

• Conforme a la jurisprudencia 2a./J. 114/2010, así como a las tesis aisladas 2a. LXXVI/2010 y 2a. LXXVII/2010 de la Segunda Sala, es suficiente para considerar que, contrario a lo afirmado por el quejoso, no tiene derecho a que se incluyan en la base salarial para el cálculo de su cuota diaria pensionaria, las cantidades relativas a los conceptos identificados como ayuda de despensa, material didáctico, previsión social múltiple, ayuda por servicios, asignación docente genérica, asignación por servicios cocurriculares y asignación docente específica, puesto que no forman parte del salario tabular ni corresponden a la prima de antigüedad y/o quinquenios.

• Entonces, es intrascendente el hecho de que las hubiera recibido durante el último año inmediato anterior a su fecha de baja, o bien, que en su opinión, tales percepciones tengan la naturaleza de compensaciones, pues el salario que debe tomarse en cuenta para la cuantificación de la pensión es el tabular, de lo que se sigue, que todas las demás prestaciones recibidas deben entenderse pagadas al servidor público, en tanto se encuentre en activo, pero sin que legalmente puedan ser objeto de cotización al instituto, motivo por el cual, no pueden integrar la base para el cálculo de la cuota diaria de pensión.

• Por tanto, es irrelevante que las cantidades correspondientes a las percepciones que la parte quejosa asegura debieron tomarse en cuenta para calcular el monto de su pensión de retiro hayan sido cotizadas o no al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado pues, se reitera, sólo el salario tabular, los quinquenios y/o la prima de antigüedad, se pueden tomar en consideración para la cuantificación de la pensión, salvo que el trabajador justifique que se encuentra en uno de los supuestos de excepción, lo que en la especie no acontece, ya que el promovente laboró en la Secretaría de Educación Pública.

• También queda demostrado, que la integración del sueldo básico (tabular) queda a cargo de la autoridad y se paga como un solo concepto, con base en los lineamientos establecidos en la normas generales aplicables, por lo que, contrario a lo afirmado por el demandante, no puede estimarse que se deben sumar otras cantidades para efectos del cálculo de la pensión.

• Además, tomando en cuenta que el financiamiento de las prestaciones que se otorgan a las personas en retiro, deriva de las aportaciones al instituto de seguridad social, si se resolviera vincularlo a otorgar un aumento al que el beneficiario no ha demostrado fehacientemente tener derecho, se pondría en riesgo la estabilidad financiera de la entidad, por lo que resulta irrelevante que se hayan efectuado periódicamente descuentos al quejoso, si no se identifica a qué conceptos correspondieron.

• De ahí que carece de importancia, si la juzgadora valoró debidamente las pruebas ofrecidas por el accionante, toda vez que, por una parte, no omitió su análisis, ya que consideró que ni los recibos de pago, ni la pericial acreditan que se haya cotizado por los rubros solicitados y, por otra, el Alto Tribunal claramente estableció que la intención legislativa al crear el concepto de sueldo tabular fue integrar todas las percepciones que se pagan de manera uniforme a los trabajadores de un mismo sueldo y nivel, y por las que tienen derecho a cotizar.

• Asimismo, el promovente interpreta en forma errónea la frase "sin perjuicio de otras prestaciones ya establecidas" contenida en el artículo 32 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues no implica que los trabajadores tengan posibilidad de cotizar por todos aquellos pagos adicionales al sueldo tabular que, al momento de la reforma, recibieran cotidianamente, sino que debe entenderse en el sentido de que el establecimiento de un salario uniforme y que compactara todas las prestaciones mínimas para los servidores públicos de un mismo puesto, no impide que siguieran percibiendo cantidades adicionales a él.

• Aun cuando es cierto que el salario contenido en los tabuladores regionales se integra con el sueldo, sobresueldo y compensaciones que la autoridad competente estimó que deben conformar la base para el cálculo de la pensión, también lo es que, esa compactación ya fue efectuada desde el momento de la emisión de dicho instrumento, por lo que, se reitera, todas las demás prestaciones recibidas en activo deben entenderse tácitamente excluidas de las que pueden ser cotizadas y, posteriormente, sumadas a la cuota diaria.

• Si bien es verdad que en algunos casos se realizan enteros adicionales al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como el que corresponde al concepto de compensación garantizada, el cual se añade al salario básico y, consecuentemente, forma parte del monto final de pensión, ello únicamente acontece en los supuestos de excepción descritos por la Suprema Corte, esto es, los trabajadores de los Poderes Legislativo o Judicial, o de entes autónomos.

• Incluso, de tomarse en cuenta el instrumento gubernamental "Comunicación de las partidas sujetas a las cuotas y aportaciones por concepto de seguridad social, para el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, aplicables para las dependencias y entidades de la administración pública federal", como acertadamente resolvió la Sala, el primero tiene la carga de demostrar que las cantidades cuya integración demanda, fueron objeto de cotizaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

• Debe desestimarse el argumento relativo donde el quejoso afirma que las jurisprudencias que explican la compactación de percepciones y el cálculo de pensiones basado en el sueldo tabular no son aplicables, sobre la consideración de que fueron emitidas bajo un marco constitucional distinto al actual; esto porque su obligatoriedad no depende de la ponderación que realicen los órganos jurisdiccionales, sino que así lo ordena el artículo 217 de la Ley de Amparo, aunado a que la práctica de inaplicar jurisprudencia vigente no está prevista para los Tribunales Colegiados de Circuito.

• Son inoperantes los alegatos del quejoso, pues sólo es factible resolver con base en legislación supletoria de la Ley Federal del Trabajo en los casos en que no exista regulación expresa o suficiente sobre un tema, lo que en la especie no ocurre, ya que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, contienen normas específicas que son plenamente aplicables y aptas para dar solución a la controversia.

• Finalmente, cabe aclarar que resulta inviable estimar, como lo hace el demandante, que la exposición de motivos que precedió a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, revela que el legislador federal pretendió que el monto de las cuotas diarias sea equivalente al del salario en activo, si se tiene en cuenta que la creación del concepto "salario tabular" es posterior (la ley burocrática se reformó en mil novecientos ochenta y cuatro).

• Agotados los temas de legalidad, queda definido que las pensiones se cuantifican a partir del sueldo básico que aparece en los tabuladores regionales, adicionado con los quinquenios y/o primas de antigüedad, motivo por el que procede resolver si ese esquema es contrario a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos que refiere el agraviado.

• Por otra parte, de la interpretación sistemática del artículo 127 constitucional se desprende que el salario comprende las diversas formas de retribución o remuneración que reciben los servidores públicos en activo por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión; en cambio, lo relativo al derecho de una pensión por edad y tiempo de servicios, como prerrogativa mínima de seguridad social, se encuentra regulado en el diverso 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Norma Fundamental; precepto que no precisa el monto a cubrir por cada uno de esos conceptos, reservando su regulación al legislador ordinario.

• Lo anterior se corrobora con la fracción IV del artículo 127 constitucional, en tanto establece que no se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro sin que se encuentren asignados por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo; asimismo, excluye a tales percepciones de lo previsto como concepto de remuneración.

• Por tanto, el hecho de que la norma constitucional establezca el derecho que tienen los servidores públicos a recibir una remuneración adecuada y la defina, no significa que la base salarial para obtener la cuota pensionaria diaria, deba integrarse de esa forma, en virtud de que dicha norma constitucional se refiere únicamente a la remuneración o salario de los trabajadores, y no al derecho, ni a la forma en que deba determinarse la cuota de pensión.

• Es decir, un aspecto es el derecho al salario total que surge por el desempeño de un trabajo, el cual puede comprender diversas prestaciones como estímulos o bonos, y otro, la base y forma para calcular la cuota pensionaria, para lo que solamente se toma en cuenta el sueldo básico, mas no las percepciones netas; de ahí que no asiste razón al quejoso, al afirmar que debe tomarse en cuenta lo dispuesto por el artículo 127, fracción I, de la Constitución, para efecto de determinar qué rubros deben engrosar su pensión.

• En consecuencia, se estima acertada la decisión de la Sala, al considerar que son las leyes de la materia -y no el referido precepto constitucional- las normas que definen la integración del salario cotizable para efectos de pensiones.

• Por ende, si el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, no tiene como finalidad detallar a profundidad los alcances de los derechos económicos, sociales y culturales que prevé, sino solamente, reconocerlos e indicar sus bases mínimas, no existe razón para estimar que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado lo contravienen, ya que estos ordenamientos son los que precisan el modo de cuantificar el derecho a una pensión que el primer precepto prevé.

• De la jurisprudencia P./J. 27/2012 se advierte que, al contrario de lo que propone el quejoso, el Alto Tribunal resolvió que el principio constitucional de irreductibilidad salarial se refiere, únicamente a los rubros que representan la contraprestación directa por el trabajo en activo, mientras que la irreductibilidad beneficia indirectamente a las pensiones, cuando se cuantifican a partir de la remuneración de los trabajadores que aún están en servicio.

• En tales condiciones, la jurisprudencia que cita el promovente no le beneficia, pues deja en claro que, debe distinguirse la cantidad que se obtiene con motivo del servicio prestado de la cuota diaria que se adquiere al pasar a situación de retiro. Por tanto, al tener naturaleza distinta ambas prestaciones, el hecho de que la cuantía de la pensión llegue a ser menor que la del sueldo en activo, no supone una reducción al salario, ya que, se reitera, aquel beneficio no es un sueldo, sino una prerrogativa para quien ya no está en funciones.

• El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo San Salvador", establece el derecho a la seguridad social; sin embargo, no contiene disposiciones específicas acerca de esa prerrogativa, sino que únicamente lo enuncian, como un derecho que permite llevar una vida digna en el retiro.

• De los artículos 1, 25, 26, 28, 29, 30, 65, 66 y cuadro anexo a la parte XI, del Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social, de la Organización Internacional del Trabajo, deriva que las pensiones que se otorguen por vejez, deberán garantizar la supervivencia más allá de la edad que la legislación nacional regula (edad prescrita).

• Para calcularlas, se debe atender a un "beneficiario tipo", que en el caso de vejez corresponde al hombre en edad de pensión, con cónyuge, y que en atención a la tabla debe percibir, al menos, el cuarenta por ciento del total de su salario como trabajador.

• De manera que si la cantidad asignada diariamente al quejoso por concepto de pensión, corresponde a $********** (**********), la cual multiplicada por treinta días que tiene el mes resulta a $********** (**********); entonces, se evidencia que el quejoso recibe por concepto de pensión más del cuarenta por ciento que la norma internacional exige para garantizar, al menos, su supervivencia, pues durante el último año de servicios obtuvo percepciones mensuales en promedio de $********** (**********).

• Tampoco existe vulneración alguna al derecho a la seguridad social previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, ya que se respetan los principios de progresividad y no regresividad al otorgar una pensión dentro de la cuantía permitida por los estándares de la materia.

• Es ineficaz el alegato del quejoso consistente, en que la forma de integrar la pensión vulnera su derecho al "mínimo vital", ya que, por una parte, no existe prueba alguna de la cual deducir, objetivamente, que el monto diario que recibe lo deja en condiciones en que no puede satisfacer las necesidades mínimas para su supervivencia y, por otra, no debe olvidarse que el numerario que percibe es incluso superior al porcentaje mínimo del sueldo que percibía en activo.

• Negó el amparo al quejoso.

IV Síntesis de agravios.

• Primero. Es incorrecto lo sostenido por el Tribunal Colegiado, pues la seguridad social prevista en el título sexto constitucional denominado "del trabajo y de la previsión social", no puede interpretarse en forma separada o estricta, sino debidamente armonizada en conjunto con los principios protectores del salario y de irreductibilidad salarial, para realizar el pago de la pensión conforme a la tesis P. XXXVI/2013.

• El Tribunal Colegiado, erróneamente consideró que el sueldo o salario para efectos de la seguridad social, debe ser limitado o reducido por las normas secundarias de menor jerarquía que la Constitución Federal, no obstante que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no puede ir en contra de los derechos humanos previstos en el Texto Constitucional ni de los tratados internacionales.

• No puede considerarse que el sueldo del trabajador en activo es uno y que no pueda servir de base para el cálculo de las pensiones que otorga el instituto, bajo la premisa de que el nuevo sueldo pensionario es totalmente diferente, pues precisamente este último como prerrogativa del derecho humano a la seguridad social deriva de aquél.

• El legislador federal delimitó cuáles son los elementos que constituyen o integran el salario que habrán de percibir los servidores públicos que laboren en la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, conforme al artículo 127, fracción I, de la Constitución Federal, por tanto, todos los conceptos pagados al ex trabajador en forma adicional y conjunta con su sueldo base, tiene el carácter de estímulo a la luz de la reforma constitucional de referencia y, por ende, acorde a dicho contexto sí debe considerarse para efecto del cálculo de la cuota diaria de pensión correspondiente.

• Los artículos 32, 33, 35 y 36 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; y 17 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que disponen que el sueldo o salario que se asigna en los tabuladores regionales para cada puesto, constituye el sueldo total que debe pagarse al trabajador a cambio de los servicios prestados, y que dicho sueldo tabular será la base para calcular las pensiones de los trabajadores del Estado, quedaron derogados por disposición expresa de la reforma constitucional al artículo 127.

• La reforma a la Carta Magna no limita su aplicación a situaciones de derechos anteriores a su entrada de vigor, ya que el legislador no estableció alguna limitante al respecto; por tanto, debe aplicarse en favor del quejoso la norma constitucional que otorga mayores beneficios, integrando a su pensión todas las remuneraciones pagadas a su favor, sin limitarse al concepto denominado sueldo tabular.

• De una interpretación armónica de los principios que rigen el derecho del trabajo y seguridad social, se concluye que los elementos que integran el salario son conforme al artículo 127, fracción I, de la Constitución Federal.

• Segundo. El Tribunal Colegiado no advierte correctamente los alcances del principio de la irreductibilidad salarial, por medio del cual, se impide reducir el salario base de la pensión, pues ésta deriva del salario pagado al trabajador en activo, y considerando que el fin del salario consiste en alcanzar una vida digna y decorosa tanto al trabajador como a su familia, tales principios deben hacerse extensivos al momento de su retiro.

• Tercero. El Tribunal Colegiado interpretó incorrectamente "el Convenio relativo a la Norma Mínima de la Seguridad Social", al establecer que las pensiones deben cuantificarse por lo menos al cuarenta y cinco por ciento del total de su salario como trabajador, en relación con el total de las ganancias anteriores del beneficiario o de su sostén de familia, o el total del salario del trabajador, sin advertir que ese es el monto mínimo permitido, y que no se consideró el total del salario del trabajador.

• Cuarto. Al considerar únicamente el sueldo base y el quinquenio para efectos de cuantificar su pensión, se está aplicando una interpretación regresiva de los alcances de la norma nacional que regula el pago de pensiones, violando el derecho humano a la seguridad social reconocida en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

• Quinto. El quejoso no alcanza los parámetros de una vida digna al no considerarse en la integración de su pensión de retiro todos los conceptos que bajo el rubro de percepciones fueron pagados a su favor en el último año laborado, pues conforme a la determinación y asignación de su pensión no se alcanza el fin de las pensiones de retiro consistente en alcanzar una pensión decorosa violando el derecho humano a la seguridad social contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.

• Sexto. El Tribunal Colegiado realizó una incorrecta interpretación del caso de cinco pensionistas vs Perú y de la jurisprudencia derivada del mismo emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues argumenta que el derecho a las pensiones no está contemplado en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, ni en el derecho a que las pensiones tengan relación con el salario real que se percibió en activo.

QUINTO. Antes de abordar el estudio de los agravios hechos valer por el recurrente, resulta necesario determinar, si en la especie se satisfacen los requisitos de procedencia del recurso de revisión.

En primer lugar, es pertinente tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracción II, de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a precisar:

(Reformado prim

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25486-8960d774/issste-el-articulo-15-de-la-ley-relativa · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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