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Modo: Corpus Pro

PENSIÓN JUBILATORIA. SI AL INTERPRETAR LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN EL JUICIO DE NULIDAD, SE LLEGA A LA CONVICCIÓN DE QUE UN PENSIONADO NO COTIZÓ POR DIVERSOS CONCEPTOS QUE PRETENDE SEAN INTEGRADOS A LA BASE DE COTIZACIÓN PARA SU CÁLCULO, AUN CUANDO ARGUMENTE TRANSGRESIÓN A TRATADOS INTERNACIONALES, NO SE VULNERA DERECHO ALGUNO QUE TENGA RECONOCIDO NI SE MENOSCABAN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 64/2013 (CUADERNO AUXILIAR 222/2013). · Registro digital (IUS): 24411
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: —
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 2, Pág. 1308.

AMPARO DIRECTO 64/2013 (CUADERNO AUXILIAR 222/2013). 22 DE MARZO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN. SECRETARIO: ROBERTO CARLOS HERNÁNDEZ SUÁREZ.

CONSIDERANDO:

SEXTO. La parte quejosa expresa como conceptos de violación, los siguientes:

En un primer momento, señala que con base en las reformas constitucionales, en particular al artículo 1o., la responsable dejó de considerar que la quejosa tiene derecho a una jubilación digna, como parte del derecho humano a la seguridad social, consagrado en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), constitucional.

Asimismo, ese derecho se encuentra comprendido en el artículo 9, punto 1, del Protocolo de San Salvador, firmado por México el diecisiete de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, ratificado el ocho de marzo de mil novecientos noventa y seis, que dispone que "Toda persona tiene derecho a la Seguridad Social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de Seguridad Social serán aplicadas a sus dependientes."

Otro derecho humano que debió atender la responsable, es el que se ubica en la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, suscrita por México el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, que en su artículo 25, señala: "1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales."

De esta manera, si la pretensión de la quejosa es lograr el cálculo correcto de su pensión integrando diversas prestaciones a que tiene derecho, por haberlas recibido periódicamente cuando estuvo en activo, la Sala responsable debió atender a la citada reforma constitucional, y aplicar los derechos humanos superiores a las diversas legislaciones nacionales y, en consecuencia, otorgarla con base en el salario integrado que percibió durante su último año de labores, comenzando desde su otorgamiento.

En relación al argumento relativo a la supuesta conculcación de los diversos instrumentos internacionales a que alude el quejoso, el concepto de violación es ineficaz.

Para demostrar la ineficacia del motivo de desacuerdo anterior, debe precisarse que el principio de supremacía constitucional supone que la Constitución es superior en jerarquía a las leyes y a cualquier otra norma de derecho interno. Si se analiza la Constitución desde un punto de vista material, la supremacía constitucional es una exigencia.

En ese sentido, para que la Constitución pueda desempeñar su papel de elemento clave en el orden jurídico, es preciso que se le reconozca cuando menos dos principios, el de supremacía constitucional y el de inviolabilidad.

La supremacía constitucional debe considerarse el principio básico de todo sistema jurídico, ante la necesidad de una jerarquía normativa indispensable y el fundamento de validez de todo ordenamiento jurídico, mismo que se encuentra en las disposiciones de carácter constitucional.

El principio de supremacía, por tanto, descansa en la idea de que por representar la Constitución la unidad del sistema normativo y estar situada en el pináculo de éste, contiene las normas primarias que deben regir para todos dentro de un país, sean gobernantes o gobernados; dichas normas primarias constituyen al propio tiempo la fuente de validez de todas las demás normas que por eso se han llamado secundarias y que componen el derecho positivo en general.

Si reflexionamos, desde el punto de vista formal, la supremacía de la Constitución se explica en función de que la Ley Suprema es creada por un órgano específico, en tanto que la legislación ordinaria deriva de los órganos creados por la Constitución. Es más, esta última queda sujeta a un procedimiento especial de reformas más riguroso que el de la legislación ordinaria.

Desde este punto de vista, además de la razón lógico-material antes enunciada, la supremacía constitucional se funda en un poder Constituyente, que en última instancia da origen a los órganos creadores y aplicadores de leyes y en la fuerza legal aumentada de la Constitución de la que carece la legislación ordinaria. Si la legislación ordinaria pudiera contravenir la Constitución, el órgano constituido iría más allá de lo que le fijó su creador y podría derogarla en cualquier momento, sustituyendo al pueblo como ente soberano y negando el Estado de Derecho.

El principio de "supremacía constitucional", establece al menos dos escalones jerárquicos en el orden jurídico de cualquier estado:

a) La normatividad "constitucional";

b) La normatividad "infraconstitucional", subordinada a la primera.

El principio de supremacía constitucional es casi siempre formulado de manera expresa por el mismo texto constitucional.

En México, el aludido principio se consagra de manera expresa en el artículo 133 constitucional, el cual textualmente dispone:

"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."

La lectura del precepto transcrito permite advertir con claridad que fue intención del Constituyente establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentran apegadas a lo previsto en la Constitución General de la República, constituyen la "Ley Suprema de la Unión".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido al principio de supremacía constitucional en el sentido de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales, entendiéndose por éstas no las federales que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino las emitidas por el Congreso de la Unión con base en cláusulas constitucionales que lo obligan a dictarlas, de manera que una vez promulgadas y publicadas, deben aplicarse por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estatuyó que la lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la "Ley Suprema de la Unión". En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales.

Del mismo modo, nuestro Más Alto Tribunal determinó que a partir de la interpretación del normativo 133 constitucional, si aceptamos que las leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de "supremacía constitucional" implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la "Ley Suprema de la Unión", esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual, la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.

Apoya a lo anterior, la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. VIII/2007, visible en la página 6, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice:

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de ‘supremacía constitucional’ implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la ‘Ley Suprema de la Unión’, esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales."

Asimismo, es aplicable al caso la tesis aislada, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P. VII/2007, consultable en la página 5, Tomo XXV, abril de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen:

"LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La lectura del precepto citado permite advertir la intención del Constituyente de establecer un conjunto de disposiciones de observancia general que, en la medida en que se encuentren apegadas a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituyan la ‘Ley Suprema de la Unión’. En este sentido, debe entenderse que las leyes del Congreso de la Unión a las que se refiere el artículo constitucional no corresponden a las leyes federales, esto es, a aquellas que regulan las atribuciones conferidas a determinados órganos con el objeto de trascender únicamente al ámbito federal, sino que se trata de leyes generales que son aquellas que pueden incidir válidamente en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano. Es decir, las leyes generales corresponden a aquellas respecto a las cuales el Constituyente o el Poder Revisor de la Constitución ha renunciado expresamente a su potestad distribuidora de atribuciones entre las entidades políticas que integran el Estado Mexicano, lo cual se traduce en una excepción al principio establecido por el artículo 124 constitucional. Además, estas leyes no son emitidas motu proprio por el Congreso de la Unión, sino que tienen su origen en cláusulas constitucionales que obligan a éste a dictarlas, de tal manera que una vez promulgadas y publicadas, deberán ser aplicadas por las autoridades federales, locales, del Distrito Federal y municipales."

También resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 1a./J. 80/2004, visible en la página 264, Tomo XX, octubre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor:

"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE. En el mencionado precepto constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto."

Ahora bien, se puede entender que como el artículo 133 constitucional dispone que los tratados internacionales comparten, junto con la Constitución y las leyes que de ella emanen, la naturaleza de ser la Ley Suprema de toda la Unión.

En esa línea de pensamiento, tanto las leyes como los tratados deben guardar congruencia y armonía con la Constitución.

Establecidas las premisas anteriores, si el principio de supremacía constitucional supone que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está en el pináculo del derecho mexicano, es patente que resulta ineficaz el concepto de violación referente a que se violó éste en la sentencia reclamada, por haberse transgredido pactos internacionales; lo anterior es así, atento a que para referir que se vulneró el aludido principio debió partirse de la base de que se violentó la ley suprema y no un pacto internacional.

En su caso, podría acontecer que, de violarse los pactos de referencia en la sentencia, se considerará transgredido el principio de jerarquización normativa; ahora bien, nuestro Más Alto Tribunal ha precisado que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales.

La tesis aislada de la que se ha dado noticia, es la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número LXXVII/99, consultable en la página 46, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya sinopsis dice:

"TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión ‘... serán la Ley Suprema de toda la Unión ...’ parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de ‘leyes constitucionales’, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que ‘Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’. No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: ‘LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.’; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal."

Establecidas las premisas anteriores, debe destacarse que en el caso no es verdad que la Sala, al interpretar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, transgredió los diversos tratados internacionales que se aluden, en tanto que no es exacto que la Sala en su determinación haya vulnerado algún derecho reconocido de la jubilada, ni menoscabado algún derecho fundamental de ésta, pues aun cuando es verdad que la actora tiene derecho esencialmente a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia, así como a que no se le vulnere ninguno de éstos, la sentencia combatida no violentó lo anterior, pues la actora continuará gozando de su pensión de jubilación, pero dentro del marco legal que rodea a la citada prestación, debiendo precisarse que la mejora continua en las condiciones de existencia y el nivel adecuado de vida, no supone que se les otorgue a los jubilados prestaciones respecto de las que no cotizaron o que no encuadran en el sistema de jubilación mexicano, pues se podría llegar al absurdo de considerar que deben pagárseles incluso prestaciones que no hubieran devengado, siendo esto contrario a las citadas normas jurídicas internacionales, pues se reitera no se ha restringido logro alguno de la pensionada, ya que no se puede estimar que sea un derecho reconocido el atinente a que se integre en su pensión jubilatoria conceptos que no forman parte de la mencionada prestación.

Además, en el caso se aplicó correctamente la norma especial sobre la norma general, de ahí lo ineficaz del concepto de violación.

Lo anterior encuentra sustento en la siguiente tesis aislada de este órgano colegiado que dice:

"Décima Época

"Registro: 2002589

"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

"Tesis Aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: Libro XVI, Tomo 3, enero de 2013

"Materia(s): Constitucional, Administrativa, Laboral

"Tesis: II.8o.(I Región) 16 A (10a.)

"Página: 2108

" El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis P. VIII/2007 y P. VII/2007, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, páginas 6 y 5, de rubros: ‘SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’ y ‘LEYES GENERALES. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.’, respectivamente, consideró que el principio de supremacía constitucional se traduce en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales, los cuales deben guardar congruencia y armonía con aquélla. En este contexto, si al interpretar la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en el juicio de nulidad, se llega a la convicción de que un pensionado no cotizó por diversos conceptos que se pretende sean integrados a la base de cotización para el cálculo de su pensión jubilatoria, aun cuando argumente transgresión a tratados internacionales, no se vulnera derecho alguno que tenga reconocido ni se menoscaban sus derechos fundamentales, ya que continuará gozando de dicha prestación dentro del marco legal aplicable, pues aun cuando los órdenes jurídicos nacional e internacional reconocen el derecho a la seguridad social, a un nivel de vida adecuado y a una mejora continua de las condiciones de existencia, así como a que no se vulnere ninguno de éstos, ello no supone que se otorguen a los jubilados prestaciones respecto de las que no cotizaron o que no encuadran en el sistema de jubilación mexicano, pues podría llegarse al absurdo de considerar que deben pagárseles incluso aquellas que no devengaron, siendo esto contrario a las normas jurídicas internacionales."

Por otra parte, la quejosa hace valer en esencia, lo siguiente:

a) La Sala Fiscal vulneró en su perjuicio el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con las garantías de legalidad y seguridad jurídica, establecidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

Para justificar lo razonado alega que las jurisprudencias 2a./J. 126/2008, 2a./J. 100/2009, 2a./J. 41/2009 y 2a./J. 114/2010 que la Sala responsable invocó para sustentar su decisión no son aplicables, en virtud de que si bien el salario base para la determinación de la cuota diaria de pensión es el establecido en los tabuladores regionales, y a los jubilados y pensionados correspondería acreditar que cotizaron al fondo de jubilaciones y pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por los conceptos distintos al salario tabular, prima de antigüedad y/o quinquenios, lo cierto es que éste se integra por el sueldo total que recibió el trabajador por la prestación de sus servicios.

Lo anterior, comenta el quejoso, obedece a que para integrar el salario jubilatorio, se debe estar a lo establecido en el artículo 15 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, porque sobre su contenido se emitieron diversos criterios de jurisprudencia, que concluyeron en que el pago de las jubilaciones y pensiones debían incluirse todas las prestaciones que se hubieran percibido durante el último año de prestación de sus servicios, sin importar la denominación que se hubieran dado a los conceptos como compensaciones.

En otro orden de pensamiento, agrega que del artículo 17 se deduce que el sueldo básico establecido en la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, establece que el sueldo básico no debe ser menor al sueldo básico establecido en la ley abrogada; por ende, para integrarlo deben tomar en consideración todas las prestaciones que haya percibido durante el último año de servicios.

Por otra parte, indica que los tabuladores regionales son importantes para determinar el salario base para integrar el salario jubilatorio, por eso, afirma que corresponde al instituto demandado ofrecer los tabuladores regionales, aunque desconoce que se hayan aplicado durante su relación laboral.

b) Acorde con lo dispuesto por los artículos 123, apartado B, fracción IV, y 127 constitucionales, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, se cambió la disposición de los artículos 32, 33, 34 y 35 de la ley burocrática, esto es, no señalan los tabuladores regionales para integrar las percepciones, sino que ahora se considera que el salario es toda remuneración o retribución que se percibe en dinero o en especie, incluyendo en tales percepciones las dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra cosa, por lo que las percepciones que percibió durante el último año son las que comprenden los ordenamientos analizados, por tanto, no se puede integrar el salario tabular conforme al artículo 35 de la ley burocrática. Esto, en razón de que las reformas constitucionales tienen mayor jerarquía que los criterios de jurisprudencia.

Situación que implica que el cálculo de las pensiones ya no se debe entender referido al sueldo tabular, sino al concepto de salario mencionado, por lo que las jurisprudencias invocadas por la Sala responsable se encuentran superadas y resultan inaplicables.

c) El hecho de que los conceptos solicitados no hubieran sido objeto de cotización no puede constituir un obstáculo para la determinación de su pensión por jubilación, y en el peor de los casos descontar la diferencia de las cuotas omitidas por causas imputables a la dependencia donde trabajó, acorde con lo estipulado en la siguiente tesis de jurisprudencia:

"Registro No. 162521

"Localización: Novena Época

"Instancia: Segunda Sala

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXIII, marzo de 2011

"Página: 792

"Tesis: 2a./J. 29/2011

"Jurisprudencia

"Materia(s): laboral

"PENSIÓN JUBILATORIA. PARA PAGAR DIFERENCIAS DERIVADAS DEL INCREMENTO DIRECTO DE LA ORIGINALMENTE OTORGADA (QUE OBEDECEN A CONCEPTOS POR LOS CUALES NO SE COTIZÓ), EL ISSSTE ESTÁ FACULTADO PARA COBRAR A LOS PENSIONADOS EL IMPORTE CORRESPONDIENTE AL DIFERENCIAL DE LAS CUOTAS QUE DEBIERON APORTAR CUANDO ERAN TRABAJADORES (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE MARZO DE 2007). Conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., 15, 54, 57, 58, 60 y 64 de la abrogada Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 31 de marzo de 2007, las pensiones y demás prestaciones en especie y en dinero que paga el instituto a sus beneficiarios se cubren con recursos provenientes de las aportaciones y las cuotas que el Gobierno y los trabajadores enteran a la mencionada institución, por lo que para pagar las diferencias derivadas del incremento directo de la pensión originalmente otorgada (que obedecen a conceptos por los cuales no se cotizó), al amparo de los artículos 16 y 54 de la referida ley abrogada, el ISSSTE requiere que los pensionados por dicho organismo cubran el importe diferencial correspondiente a las cuotas que debieron aportar cuando eran trabajadores y por el monto que a ellos correspondía conforme al salario que devengaban."

Asevera que los conceptos demandados constituyen prestaciones ordinarias que formaron parte de su sueldo, tal como lo demostró al ofrecer y exhibir los comprobantes de pago, por lo que afirma que se debe presuponer que la dependencia para la cual laboró efectuó las retenciones correspondientes y enteró las cuotas y aportaciones de seguridad social al fondo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado sin alguna intervención de la quejosa; entonces, si existe omisión en el entero de esos conceptos no es responsabilidad del pensionado, por lo que la demandada es quien se encuentra obligada a acreditar respecto de qué conceptos recibió cotizaciones.

Por ende, considera que debe condenarse a la autoridad demandada al incrementar el salario pensionario por todos y cada uno de los conceptos que percibió en el último año de prestaciones de sus servicios.

d) El tribunal, de conformidad con el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe suplir la queja deficiente.

De inici

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24411-dcb0afd7/pension-jubilatoria-si-al-interpretar-la-ley-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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