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PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 352/2012. · Registro digital (IUS): 24500
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Pág. 396.

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE COMERCIO RESPECTO DE ACCIONES DECLARATIVAS COMO LA RESCISIÓN DE UN CONTRATO, CUANDO SE RECLAME CON OTRAS PRESTACIONES DE CARÁCTER PECUNIARIO.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 352/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO Y EL DÉCIMO PRIMER TRIBUNALES COLEGIADOS, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 24 DE OCTUBRE DE 2012. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALEJANDRO CASTAÑÓN RAMÍREZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no se promulgue la ley reglamentaria respectiva y no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y del interés social.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, pues fue realizada por el presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.

I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 324/2012. Los antecedentes relativos, son los que a continuación se sintetizan:

Ver antecedentes 1

En la aludida resolución dictada en el amparo directo 324/2012 el Tribunal Colegiado del conocimiento determinó lo siguiente:

"ÚNICO. No se transcribirán las consideraciones que sustentan el acto reclamado, ni los conceptos de violación expresados por la promovente del amparo, ya que se considera que este tribunal carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en la vía directa, en atención a que el fallo combatido de dieciséis de marzo de dos mil doce no constituye una sentencia definitiva ni una resolución que pone fin al juicio, únicos casos que en la materia civil es procedente el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito.

"...

"Así, este tribunal considera que el fallo reclamado no constituye, lógica y jurídicamente, una sentencia definitiva, porque aun y cuando se decidió el juicio en lo principal, en su contra procedía el recurso ordinario de apelación, que si no se agotó previamente, conduce a este tribunal a concluir que, por tanto, no es una sentencia definitiva.

"En efecto, en contra de la resolución reclamada procedía el recurso de apelación previsto en el artículo 1336 del Código de Comercio, de acuerdo con lo ordenado en el diverso numeral 1339 Bis del mismo Código Mercantil, cuya adición se promulgó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil once, el cual refiere que los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables.

"Lo anterior es así, porque la acción de rescisión del contrato de afiliación, ejercitada por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, contra **********, en la vía ordinaria mercantil, es de naturaleza declarativa, de modo que la cuantía del juicio es indeterminada cuando se ejerce esa clase de acciones.

"Por tanto, la resolución de dieciséis de marzo de dos mil doce emitida por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, que determinó en el juicio principal que la actora no probó la acción rescisoria y absolvió a la demandada de las prestaciones reclamadas, era evidentemente recurrible en apelación.

"Al respecto, tiene fundamento el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que comparte este órgano colegiado, el cual aparece publicado en la página 1231 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, cuyos rubro y texto señalan lo siguiente:

"‘CUANTÍA DEL JUICIO. ES INDETERMINADA EN LOS JUICIOS EN DONDE SE EJERCE LA ACCIÓN DECLARATIVA.’ (se transcribe)

"Asimismo, es aplicable la tesis del mismo tribunal, que está visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo III, Segunda Parte-1, enero a junio de 1989, página 37, con el sumario que dice:

"‘ACCIÓN DECLARATIVA. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN.’ (se transcribe)

"De acuerdo con los criterios que preceden, para determinar si un asunto es de cuantía determinada o indeterminada, hay que atender a la clase de acción que se hace valer, así como a los fines que se persiguen, de manera que la simple cita de una cantidad monetaria en el capítulo de prestaciones no basta para hacer la distinción correspondiente, por lo que para decidir si el negocio tiene una u otra naturaleza, ha de atenderse a lo pedido y a la causa de pedir.

"...

"En el caso, la pretensión principal en el juicio de origen, es de carácter declarativo, en virtud de que la actora reclamó de manera fundamental la rescisión del contrato de afiliación, y si bien, también reclamó como prestaciones accesorias el pago de la cantidad de $********** (**********), por concepto de pagos vencidos, así como el pago de intereses moratorios y gastos de cobranza, lo cierto es que esas prestaciones no sirven de base para determinar la naturaleza de la acción de rescisión intentada que, por cierto, no puede ser tasada en dinero, en atención a que la finalidad principal es dar certeza jurídica a un estado de cosas, a una situación jurídica, como lo es dejar sin efectos el contrato base de la acción, a través de su rescisión.

"En ese sentido, el requisito de interés que debe asistir a quien pretenda obtener el pronunciamiento de una declaración de certeza de un derecho, relación o estado jurídico, previsto en la disposición citada, debe constituir la pauta para delimitar lógicamente los elementos integrantes de la acción declarativa, que son los siguientes:

"1. Un estado de incertidumbre sobre la existencia, eficacia, interpretación, etcétera de un derecho o de una relación jurídica;

"2. El riesgo de un perjuicio o de una lesión actual al actor; y,

"3. La falta de algún otro medio legal distinto al alcance de éste para hacer cesar inmediatamente la referida incertidumbre.

"Ahora bien, en el presente asunto conforme a lo señalado en las prestaciones, así como lo aducido en los hechos que las sustentaron (cuya transcripción se localiza en la parte inicial de este fallo), se advierte que la pretensión formulada por la quejosa, es de índole declarativa, porque lo solicitado fue en el sentido de que se declare la rescisión del contrato de afiliación, y ello es así, aun cuando las prestaciones accesorias puedan tener un contenido pecuniario.

"Así, es de estimarse que el juicio natural es de cuantía indeterminada, pues ha de atenderse a la petición y a la causa de pedir y, en el caso, lo que se advierte es que la pretensión principal de la demandante se reduce a la declaración de que el contrato de afiliación quede rescindido. Asimismo, la causa de pedir que subyace en la acción de prescripción ejecutada no tiene un fin pecuniario en sí mismo, antes bien, involucra aspectos como la seguridad jurídica traducida en que con base en la rescisión del citado instrumento se cubran los pagos vencidos.

"De ese modo la referida acción rescisoria es de carácter declarativo y, por ende, el pago de las cantidades reclamadas no sirven de base para considerar que se trata de un asunto de cuantía determinada, en la medida de que la principal causa de pedir es la declaración de que ha quedado rescindido el contrato fundatorio de la acción y las demás prestaciones son de carácter accesorio.

"Por tanto, las prestaciones reclamadas consistentes en el pago de $**********(**********), por concepto de pagos vencidos; $********** (**********), por concepto de intereses moratorios y $********** (**********), que suman la cantidad de $********** (**********), no constituyen los parámetros para considerar que el juicio de origen es de cuantía determinada, pues se trata de prestaciones accesorias.

"Consecuentemente, es claro que el fallo emitido en la primera instancia es apelable, y como previamente la solicitante del amparo no agotó el recurso ordinario procedente contra el fallo reclamado (que en el caso lo es el recurso de apelación), no constituye una sentencia definitiva, en cuya medida no se concretan las hipótesis en que legalmente procede la vía de amparo directo, competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito y excepcionalmente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (cuando ejerce la facultad de atracción).

"Por tanto, como la resolución reclamada no es definitiva, la competencia para conocer de la demanda relativa corresponde a un Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo, en la vía de amparo indirecto.

"...

"Consecuentemente, este tribunal es incompetente legalmente para resolver en la vía directa del presente juicio de garantías y, por tanto, se ordena la remisión de la demanda de garantías y los autos correspondientes a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, para que la remita al Juez de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, en turno, con el fin de que se avoque al conocimiento integral de este asunto."

II. Criterio del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito al resolver el amparo directo 225/2011. Los antecedentes del mismo, son los que a continuación se sintetizan:

Ver antecedentes 2

En la aludida resolución dictada en el amparo directo 225/2011 el Tribunal Colegiado del conocimiento, en la parte que interesa para efectos de resolver el presente asunto, determinó lo siguiente:

"Por cuestión de método, se analizará en principio la violación procesal que alega el quejoso, por ser de estudio preferente a las cuestiones de fondo.

"... la parte quejosa hace valer como violaciones al procedimiento, las siguientes:

"1. El proveído dictado en la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil diez, a través del cual se negó acordar de conformidad la solicitud de la actora para que se señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado **********.

"2. El auto de veintiséis de octubre de dos mil diez, en el cual no se admitió al recurso de revocación propuesto por la actora, ahora quejosa, en contra del proveído dictado en la audiencia de diecinueve de octubre de dos mil diez.

"... las violaciones procesales propuestas por la parte quejosa reúnen los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, 158 y 161 de la Ley de Amparo, las cuales se hacen consistir en que las violaciones procesales reclamadas afecten las defensas de la quejosa, trasciendan al resultado del fallo definitivo y hayan sido preparadas.

"... se dice que las violaciones procesales fueron preparadas, ya que el quejoso recurrió el proveído de diecinueve de octubre de dos mil diez, a través del cual se negó acordar de conformidad la solicitud de la actora para que se señalara nueva fecha y hora para el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandado **********, a través del recurso de revocación previsto en la ley de la materia, ya que no admite recurso de apelación, por ser el asunto de cuantía inferior a doscientos mil pesos; sin embargo, el citado medio de impugnación fue desechado por el Juez responsable; sin que esta última actuación admita recurso alguno.

"En efecto, el artículo 1335 del Código de Comercio, dispone lo siguiente: (se transcribe)

"Por lo que aplicando por analogía el precepto invocado, en el caso concreto en que se desechó el recurso de revocación, es de concluirse que en contra del referido proveído (veintiséis de octubre de dos mil diez), no se admite recurso alguno, ya que por identidad de razón, se busca que los asuntos no se alarguen indefinidamente.

"En consecuencia, procede al análisis de las violaciones propuestas, a la luz de los argumentos planteados por el inconforme, los cuales resultan fundados pero inoperantes.

"En efecto, son fundados los argumentos que se refieren al indebido desechamiento del recurso de revocación propuesto en contra del auto de diecinueve de octubre de la anualidad pasada. transcritos transcritos

transcritos

"El artículo 1203 del Código de Comercio, establece lo siguiente: (se transcribe)

"Asimismo, el artículo 1334 del ordenamiento en cita, establece: (se transcribe)

"Por su parte, los artículos 1339, 1340 y 1341 del código mercantil, señalan: (se transcriben)

"De los artículos transcritos se aprecia claramente que la procedencia del recurso de apelación en materia mercantil está condicionada a que la suerte principal reclamada exceda de doscientos mil pesos, cantidad que se actualizará en forma anual, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 1340 del Código de Comercio; sin embargo, la citada regla de procedencia no significa que en caso de que el interés del juicio sea menor en cuantía a la especificada en esa disposición, los autos que no fueren apelables, sean inimpugnables, pues en su contra procede el recurso de revocación, conforme lo prevé el artículo 1341 del ordenamiento citado.

"Luego, si conforme al artículo 1203 del Código de Comercio, es apelable el auto que desecha pruebas y según lo prevén los artículos 1339, 1340 y 1341 de ese cuerpo de leyes, los autos sólo son apelables si lo fuere la sentencia definitiva, esto es, si la cuantía del negocio excede de doscientos mil pesos, más su actualizaciones; es inconcuso que era procedente el recurso de revocación contra el proveído dictado en audiencia de diecinueve de octubre de dos mil diez, que negó señalar diversa fecha para el desahogo de la confesional a cargo del codemandado **********, pues el asunto no admite apelación por razón de cuantía, lo que no implica que sean inimpugnables los autos que causen un gravamen, por lo que en su contra sí es procedente el referido recurso.

"En consecuencia, el proveído de veintiséis de octubre de dos mil diez, resulta violatorio de garantías en perjuicio de la parte quejosa, ya que el Juez debió admitir a trámite el recurso de revocación promovido contra el diverso proveído de diecinueve de octubre de ese año, con fundamento en el artículo 1334 del Código de Comercio.

"...

"No se opone a lo anterior, la circunstancia de que la prestación principal reclamada por parte del actor, lo sea la rescisión del contrato de prestación de servicios de seguridad privada, base de la acción, lo cual en sí mismo considerado, no tiene una cuantía.

"Sin embargo, ello no implica que el asunto sea de cuantía indeterminada y que en su contra proceda el recurso de apelación, como pareció entenderlo el Juez de origen.

"Lo anterior en principio, porque en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, para definir el supuesto de procedencia del recurso de apelación por razón de cuantía, utiliza las expresiones: ‘valor’, ‘suerte principal’, distinguiendo ésta de los intereses y accesorios; así como ‘monto’, las cuales evidencian la intención del legislador de que la procedencia del recurso, dependa no del tipo de prestación principal que puede ser de cuantía determinada o indeterminada, sino de que haya una prestación económica que pueda ser estimada como suerte, valor o monto principal, lo que nada tiene que ver con que sea la principal o producto de alguna prestación indeterminada como sería la rescisión o el cumplimiento de un contrato.

"Ello es así, ya que de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 132/2007, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, al respecto, consideró: (se transcriben las consideraciones).

"Esas consideraciones, dieron lugar a la tesis de jurisprudencia que más adelante se transcribirá, y que este Tribunal Colegiado estima aplicable al asunto que nos ocupa, no obstante que se refiera al artículo 1340 del Código de Comercio anterior a las reformas de diecisiete de abril de dos mil ocho, en virtud de que es útil para esclarecer que los asuntos de cuantía determinada no se identifican exclusivamente como aquellos cuya primera prestación o prestación principal sea de cuantía determinada, sino con aquellos en los que el actor reclama una cantidad líquida por concepto de ‘suerte principal’, aun y cuando sea con motivo de una prestación de carácter indeterminado.

"... la suerte principal es la cantidad o numerario principal que el actor reclama, de la cual dependen los accesorios, como intereses o penas convencionales.

"Luego, la suerte principal, monto o valor, necesariamente se identifica con una prestación de carácter pecuniario que esté conformada por un capital, generador de accesorios como intereses o penas convencionales. Por tanto, no necesariamente debe identificarse como el primer reclamo del actor o con la prestación principal, sino sólo con la expresión de ‘suerte principal’, o bien capital principal, como lo es por ejemplo tratándose de un cheque, el monto del mismo, en un contrato de compraventa se identifica con el precio de la compraventa cuya devolución puede ser pretendida con motivo de una rescisión de contrato, o bien cuyo pago puede ser pretendido en caso del reclamo de un cumplimiento de contrato.

"De ahí que se estima procedente aplicar por analogía y en lo conducente, la tesis de jurisprudencia a que se ha hecho referencia, en la parte que resulta útil para esclarecer que la cuantía del negocio se refiere a la prestación líquida principal que reclama el actor, respecto de la cual se causarán los accesorios, aun cuando se refiera al artículo 1340 del Código de Comercio, anterior a las reformas de diecisiete de abril de dos mil ocho y que el texto actual del citado artículo establezca que sólo se debe tomar en cuenta para la procedencia del recurso de apelación, que la suerte principal exceda de doscientos mil pesos, más sus actualizaciones, sin tomar en cuenta accesorios.

"Ese criterio es del tenor siguiente:

"‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO DEBE TENER COMO BASE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA INICIAL Y QUE SEAN DETERMINABLES MEDIANTE UNA OPERACIÓN ARITMÉTICA.’ (se transcribe)

"En consecuencia, si en el escrito de demanda inicial, la parte actora reclamó como suerte principal, en la prestación b), la cantidad de **********; es inconcuso que esa es la cantidad que sirve de base para fijar el monto del negocio para el recurso de apelación, ya que se trata de la suerte principal o la cantidad de la que depende la causación de intereses y demás accesorios reclamados.

"Por ende, si dicha cantidad es menor a doscientos mil pesos, se trata de un asunto que no admite el recurso de apelación, por lo que los autos y decretos son revocables conforme al artículo 1334 del Código de Comercio.

"De ahí que el argumento es fundado, puesto que el Juez debió admitir a trámite el recurso de revocación en contra del proveído dictado en audiencia de diecinueve de octubre de dos mil diez, en el cual, los quejosos hubieran podido hacer valer todos los argumentos que ahora proponen como conceptos de violación y que tienden a impugnar la referida negativa de señalar diversa fecha y hora para que se desahogara la confesional a cargo de **********; y al no hacerlo, transgredió en perjuicio de los quejosos las garantías que invocan; sin que este tribunal pueda ocuparse del análisis de tales argumentos dada la técnica que rige el juicio de amparo, en virtud de que dicho auto quedó firme merced al proveído que desechó el recurso de revocación, por lo que es éste y no aquel, el que debía ser analizado en amparo directo vía conceptos de violación."

De los anteriores argumentos derivó la tesis aislada de rubro y texto siguientes:

"APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL POR RAZÓN DE SU CUANTÍA. DEPENDE DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA QUE PUEDA SER ESTIMADA COMO SUERTE PRINCIPAL, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LA PRESTACIÓN RECLAMADA EN LA DEMANDA. De los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, reformados conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil ocho, para establecer el supuesto de procedencia del recurso de apelación por razón de cuantía, resulta necesario establecer que las expresiones ‘valor’, ‘suerte principal’ y ‘monto’, que se utilizan en tales preceptos, evidencian la intención del legislador de que la procedencia del recurso dependa, no necesariamente de la naturaleza de la prestación principal que puede ser de cuantía determinada o indeterminada, sino de que haya una prestación económica que pueda ser estimada como suerte, valor o monto principal, lo que nada tiene que ver con que sea la principal o producto de alguna prestación indeterminada como sería la rescisión o el cumplimiento de un contrato. Ello es así, ya que de conformidad con la tesis de jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: ‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL. PARA SU PROCEDENCIA, LA CUANTÍA DEL NEGOCIO DEBE TENER COMO BASE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS EN LA DEMANDA INICIAL Y QUE SEAN DETERMINABLES MEDIANTE UNA OPERACIÓN ARITMÉTICA.’, los asuntos de cuantía determinada no se identifican exclusivamente como aquellos cuya primera prestación o prestación principal sea de cuantía determinada, sino con aquellos en los que el actor reclama una cantidad líquida por concepto de suerte principal, definida ésta como el capital de una suma o cantidad que produce interés, de la cual dependen los accesorios, como intereses o penas convencionales; por consiguiente, se considera que no es lo mismo la expresión ‘suerte principal’ que la de ‘prestación principal’, pues mientras aquélla implica la expresión de un capital generador tanto de accesorios como de intereses o penas convencionales, por la segunda expresión sólo entendemos la prestación que en forma primaria se reclamó en una demanda, la cual puede ser o no la suerte principal del negocio, dependiendo de su naturaleza pecuniaria o indeterminada. Por tanto, para establecer la procedencia del recurso, no necesariamente debe atenderse a la primera prestación reclamada por el actor en su demanda, sino a que si hay otras prestaciones subsecuentes que puedan ser consideradas como suerte principal, valor o monto del asunto, de ellas dependerá la procedencia o no del recurso de apelación por razones de cuantía, por ejemplo, cuando se reclama en principio una prestación que no es en sí misma de carácter pecuniario, como lo es la rescisión de un contrato y subsecuentemente otra de carácter económico, como la devolución del monto de dinero objeto del mismo, debe atenderse a esta segunda para el efecto de fijar la procedencia del recurso de apelación, conforme al artículo 1340 del Código de Comercio."(1)

CUARTO. Existencia de la contradicción. Como cuestión previa debe establecerse si en el caso existe mérito para establecer la contradicción de tesis denunciada.

Con la finalidad de definir tal aspecto, es necesario tener presente que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que una contradicción de tesis se actualiza, cuando dos o más órganos jurisdiccionales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.

Lo anterior quedó plasmado en la jurisprudencia emitida por el Pleno de este Alto Tribunal, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

Así, de conformidad con el anterior criterio, la existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

Aunado a lo anterior, cabe señalar que aun cuando los criterios sustentados por los tribunales contendientes no constituyen jurisprudencia debidamente integrada, ello no es requisito indispensable para proceder a su análisis y establecer si existe la contradicción planteada y, en su caso, cuál es el criterio que debe prevalecer, siendo aplicable la tesis L/94, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.",(3) emitida por el Pleno de esta Suprema Corte.

Conforme a lo anterior, debe ahora precisarse si en el caso existe oposición entre los criterios denunciados.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito estimó que carecía de competencia legal para conocer del amparo directo 324/2012, interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia, dictada el dieciséis de marzo de dos mil doce, por el Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal en el juicio ordinario mercantil 59/2011-A, al considerar que el fallo combatido no constituía una sentencia definitiva ni una resolución que pusiera fin al juicio, pues al haberse reclamado la rescisión de un contrato debió interponer el recurso de apelación, en términos del artículo 1339 Bis del Código de Comercio, ya que la prestación principal (rescisión) tenía una naturaleza declarativa y, por tanto, cuantía indeterminada, pues debía atenderse a su finalidad y causa de pedir principal, que no era otra que dejar sin efectos el contrato base de la acción, independientemente que también se reclamaran cantidades monetarias en el capítulo de prestaciones, a las cuales consideró accesorios.

Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el amparo directo civil 225/2011, determinó que el Juez Cuadragésimo Primero de lo Civil del Distrito Federal, al dictar sentencia el catorce de enero de dos mil once, en el juicio ordinario mercantil 1543/2009, había incurrido en una violación procesal en virtud que por auto de veintiséis de octubre de dos mil diez, determinó indebidamente que no era procedente la admisión del recurso de revocación intentado en contra del auto de diecinueve del mismo mes y año, en el que el aludido juzgador se había negado a señalar una nueva fecha para el desahogo de la confesional a cargo de uno de los codemandados.

Lo anterior, pues estimó que los asuntos de cuantía determinada no se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24500-1ebb1970/procedencia-de-los-recursos-previstos-en-el-codigo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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