ALEGATOS EN EL JUICIO LABORAL. LA OMISIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE OTORGAR A LAS PARTES UN PLAZO PARA SU FORMULACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, AUN CUANDO AQUÉLLOS NO SE TRANSCRIBAN NI SU PONDERACIÓN SE REFLEJE EN EL LAUDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO).
AMPARO DIRECTO 130/2013 (CUADERNO AUXILIAR 394/2013). 25 DE ABRIL DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN MANUEL SERRATOS GARCÍA. SECRETARIA: BEATRIZ ADRIANA MARTÍNEZ NEGRETE.
CONSIDERANDO:
SEXTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, se reseñarán brevemente los antecedentes del caso que dieron origen al acto reclamado, de los cuales se advierte que:
1. Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil ocho,(1) ante la Junta Especial Número Cincuenta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en Tijuana, Baja California, **********, demandó del **********, el pago de diversas prestaciones.
2. Mediante proveído de veinte de mayo de dos mil nueve, la Junta laboral admitió a trámite la demanda; señaló día y hora para la celebración de la audiencia trifásica, y ordenó emplazar a juicio a la parte demandada.(2)
3. En audiencia trifásica de veintinueve de agosto de dos mil ocho,(3) y en razón de que las partes no llegaron a ningún arreglo conciliatorio, la parte actora ratificó su escrito inicial de demanda y el ********** dio contestación a la demanda, haciendo valer diversas defensas y excepciones.
Una vez agotada la etapa de réplica y contrarréplica, se procedió a la de ofrecimiento y admisión de pruebas; ambas partes ofrecieron los medios de convicción que consideraron pertinentes, los cuales fueron admitidos y desahogados en su momento oportuno.
4. Mediante proveído de veintiocho de septiembre de dos mil nueve,(4) previa certificación de que no existían pruebas pendientes de desahogar, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo.
5. El veintiocho de mayo de dos mil doce,(5) la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, cuyos puntos resolutivos son:
"Primero. La parte actora ********** probó parcialmente su acción y la demandada ********** acreditó parcialmente sus excepciones y defensas. Segundo. Se condena al ********** a que cubra a la parte actora **********, la cantidad de $********** m.n. (********** m.n.) por concepto de vacaciones, periodos ordinarios y extraordinarios y su prima; la cantidad de $********** (********** m.n.) por concepto de fondo de ahorro, cantidad anterior computada salvo error u omisión de carácter aritmético y por las razones y consideraciones de derecho expuestos en el considerando último de la presente resolución. Tercero. Se absuelve a la demandada de las prestaciones reclamadas bajo los incisos A), B), E), F), G) por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución. Cuarto. Se concede a la demandada un término de setenta y dos horas para que cumpla voluntariamente con la presente resolución ..."
Resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo.
SÉPTIMO. Este Tribunal Colegiado, en suplencia de la queja deficiente, en términos de la fracción IV del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo,(6) advierte una violación procesal, consistente en que la autoridad responsable omitió abrir el periodo de alegatos en el citado juicio laboral, por lo que no concedió el término legal para que las partes estuvieran en posibilidad de formularlos.
Circunstancia que resulta violatoria de lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), y los artículos 840, fracción V, 841, 842, 884, fracción IV, 885, fracción IV, y 888 de la Ley Federal del Trabajo.
En efecto, la Junta responsable omitió abrir el periodo de alegatos antes de dictar el laudo, toda vez que según puede apreciarse de los autos que conforman el juicio laboral **********, ocurrió lo siguiente:
• El diecinueve de mayo de dos mil ocho, se presentó la demanda laboral,(7) la cual fue admitida por auto de veinte de mayo de la misma anualidad.(8)
• El veintinueve de agosto de dos mil ocho,(9) se llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas.
• El veintiocho de septiembre de dos mil nueve, se acordó que las pruebas ya se encontraban desahogadas, se declaró cerrada la instrucción y turnaron los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo.(10)
• El catorce de mayo de dos mil doce, se emitió el proyecto de laudo que fue entregado a cada uno de los integrantes de la Junta responsable.(11)
• El veintitrés de mayo de dos mil doce, se citó a los integrantes de la Junta a la audiencia de discusión y votación del laudo.(12)
• El veinticinco de mayo de dos mil doce, se realizó el acta de discusión y votación del laudo, el cual se emitió el día veintiocho del mismo mes y año.(13)
De lo narrado puede advertirse que la Junta responsable no dictó ningún acuerdo mediante el cual aperturara el periodo de alegatos para que las partes pudieran manifestar lo que a su derecho conviniera, ya que sin más, ordenó el cierre de la instrucción y la formulación del dictamen de ley (proyecto de laudo) y no permitió que las partes pudiesen alegar.
Lo anterior se considera suficiente para otorgar la protección constitucional, en virtud de que dicha actuación conlleva una clara afectación a las formalidades esenciales del procedimiento, previstas en el artículo 14 constitucional.
Cierto, conforme al precepto constitucional invocado, las autoridades tienen la obligación de respetar, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento".
Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada de las partes, antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos:
1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias.
2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa.
3) La oportunidad de alegar.
4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.
En caso de no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de las formalidades esenciales del procedimiento, que es evitar la indefensión a las partes en el juicio.
Sin embargo, en el presente asunto no se cumplió con la formalidad precisada en el inciso 3), relativa a la oportunidad de alegar.
Encuentra aplicación al respecto, la jurisprudencia(14) que a continuación se reproduce:
"FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado.
"Amparo directo en revisión 2961/90. Ópticas Devlyn del Norte, S.A. 12 de marzo de 1992. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
"Amparo directo en revisión 5113/90. Héctor Salgado Aguilera. 8 de septiembre de 1994. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Raúl Alberto Pérez Castillo.
"Amparo directo en revisión 933/94. Blit, S.A. 20 de marzo de 1995. Mayoría de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Amparo directo en revisión 1694/94. María Eugenia Espinosa Mora. 10 de abril de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veintitrés de noviembre en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 47/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, Distrito Federal, a veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco."
Aunado a lo anterior, la violación de referencia propicia contravención a lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) suscrita en el año de mil novecientos sesenta y nueve, con relación a las garantías judiciales que tiene toda persona, específicamente las contenidas en el artículo 8.1 de dicho instrumento legal, que dispone lo siguiente (énfasis añadido):
"Artículo 8. Garantías Judiciales.
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."
Asimismo, la omisión de abrir la etapa de alegatos, implica una ilegalidad, al vulnerar lo establecido en los artículos 840, fracción V, 884, fracción IV, 885, fracción IV, y 888, todos de la Ley Federal del Trabajo.
De los artículos 884, fracción IV, y 885, fracción IV, de la legislación del trabajo,(15) que regulan el procedimiento laboral a partir del desarrollo de la audiencia de desahogo de pruebas, se aprecia que el legislador previó como una etapa del procedimiento ordinario laboral, precisamente la de alegatos, misma que debe tener lugar después del desahogo de las pruebas y antes del cierre de instrucción.
Lo anterior, con el propósito de que las partes puedan hacer valer las manifestaciones que estimen conducentes a efecto de generar convicción en el tribunal resolutor; además, se desprende que el órgano legislativo estimó conducente que el laudo contenga, entre otros aspectos, las consideraciones fundadas y motivadas que se deriven de lo "alegado" y probado por las partes.
Para sustentar que los alegatos deben tenerse en consideración al dictarse el laudo, conviene traer a cuenta la contradicción de tesis 11/91, en la cual la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que con la demanda y su contestación se integran los términos de la litis, asimismo, que las alegaciones vertidas en vía de réplica y contrarréplica formuladas verbalmente asentadas en el acta, son consideraciones relacionadas con la litis.
En ese sentido, dijo la referida Cuarta Sala, las alegaciones de las partes en el juicio laboral ratifican la litis y deben tenerse en consideración al dictarse el laudo, atento a lo establecido en los numerales 885, fracción I y 840, fracción V, de la ley laboral.
En efecto, en dicha contradicción(16) textualmente se señaló (énfasis añadido):
"... En efecto, la ampliación de demanda y la reconvención se distinguen de la réplica y contrarréplica, porque éstas se formulan con el propósito de precisar los alcances de la litis. En cambio, la figura procesal mencionada en primer lugar, no tiene dicho propósito, pues a través de ella, el actor puede ejercitar nuevas acciones, y la mencionada en segundo término, o sea la reconvención, se traduce en una demanda que formula el demandado en contra del actor, y por tanto, en ese supuesto, se estaría frente a otra acción, distinta a la que dio origen al establecimiento de la relación procesal.
"Así entendida la réplica y contrarréplica, es claro que no se contraponen con las fracciones II, III y IV del propio artículo 878 de la ley laboral aludida, pues si bien es cierto que con la demanda y su contestación se integran los términos de la litis, también lo es que aquéllas son consideraciones relacionadas con ésta, que las partes pueden formular verbalmente y, si así lo solicitan, deben asentarse en el acta correspondiente.
"Si a todo ello se agrega que tales figuras procesales están expresamente previstas en la fracción VI, del artículo 878 de la ley mencionada, debe concluirse que son alegaciones que ratifican la litis y, si están asentadas en el acta relativa, deben de tenerse en consideración al dictarse el laudo, atento lo establecido por los artículos 885, fracción I y 840, fracción V, de dicha ley."
Conforme a lo determinado en dicha contradicción, si las manifestaciones de las partes vertidas en vía de réplica y contrarréplica deben tomarse en consideración al dictarse el laudo, igualmente deben considerarse las manifestaciones que formulen las partes en la etapa de alegatos, en tanto que los citados numerales 885, fracción I y 840, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo, que sustentan esa premisa no limitan tal circunstancia.
Es decir, debe adoptarse una interpretación en forma amplia de los citados numerales que nos lleva a determinar que las manifestaciones vertidas por las partes en la etapa de alegatos también deben considerarse en el laudo siempre que obren en el juicio.
Sobre este mismo aspecto, se estima oportuno citar las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 67/2001-SS, que son del tenor siguiente (énfasis añadido):
"... En ese orden de ideas, se advierte que de una manera muy general puede decirse que los alegatos son las argumentaciones verbales o escritas que formulan las partes una vez concluidas las fases postulatoria y probatoria; en una acepción general, se traduce en el acto realizado por cualquiera de las partes mediante el cual se exponen las razones de hechos y de derecho en defensa de sus intereses jurídicos, pretendiendo demostrar al juzgador que las pruebas desahogadas confirman su mejor derecho y no así los argumentos y probanzas de su contraparte.
"Lo anterior se conoce también como ‘alegato de bien probado’, o sea, el acto mediante el cual, en forma escrita u oral, una parte expone en forma metódica y razonada los fundamentos de hecho y de derecho sobre el mérito de la prueba aportada, y el demérito de las ofrecidas por la contraparte.
"En este sentido, alegar de bien probado significa el derecho que le asiste a cada parte en juicio, para que en el momento oportuno recapitule en forma sintética las razones jurídicas, legales y doctrinarias que surgen de la contestación de la demanda y de las pruebas rendidas en el juicio.
"Este instituto jurídico, de antecedente en el derecho español, ha sido legislado no sólo en los Códigos de Procedimientos Civiles y Penales, sino también en la Ley de Amparo y en el Código Fiscal de la Federación, en el que se le dio una connotación muy particular de la que más adelante se hará el examen correspondiente.
"Así, la exposición de alegatos, común en los juicios ordinarios, no tiene una forma determinada en las leyes procesales, pero se debe tener en cuenta que se configura con la exposición metódica y razonada de los hechos afirmados en la demanda, las pruebas aportadas para demostrarlos, el valor de esas pruebas, la impugnación de las pruebas aportadas por el contrario, la negación de los hechos afirmados por la contraparte, las razones que se extraen de los hechos probados, las razones legales y doctrinarias que se aducen a favor del derecho invocado, etcétera.
"Resulta importante destacar, que si bien es cierto que como regla general se acepta que dentro de algunos procedimientos como el civil, el penal y el amparo los alegatos no forman parte de la litis, dicha conclusión es diferente en el procedimiento contencioso ante las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues el código que lo rige es claro al respecto por cuanto establece los plazos y forma de notificar el periodo para formular alegatos y que éstos deben tomarse en cuenta en el fallo que se dicte.
"En efecto, el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir del quince de enero de mil novecientos ochenta y ocho, establece lo siguiente:
"Código Fiscal de la Federación.
"‘Artículo 235. El Magistrado instructor, diez días después de que haya concluido la sustanciación del juicio y no existiere ninguna cuestión pendiente que impida su resolución, notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos por escrito. Los alegatos presentados en tiempo deberán ser considerados al dictar sentencia.
"‘Al vencer el plazo de cinco días a que se refiere el párrafo anterior, con alegatos o sin ellos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de declaratoria expresa.’
"Del primer párrafo del precepto legal transcrito, se advierte que en él se ordena que diez días después de concluida la sustanciación del juicio contencioso administrativo, el Magistrado instructor notificará por lista a las partes que tienen un término de cinco días para formular alegatos y que si éstos se presentan oportunamente deben ser considerados al dictar sentencia, es decir, deben ser motivo de análisis en ella.
"Lo anterior evidencia que los alegatos formulados por las partes en el referido juicio de nulidad deberán ser considerados al dictar sentencia; sin embargo, a falta de alusión alguna en la exposición de motivos de dicho precepto, debe entenderse que el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación se refiere a los alegatos de bien probado, cuya omisión de análisis puede trascender en el sentido del fallo y dejar en estado de indefensión a la parte alegante y que, como quedó apuntado, son aquellos razonamientos que tienden a ponderar las pruebas ofrecidas frente a las de la contraparte, así como los argumentos de la negación de los hechos afirmados o derecho invocado por la contraparte y la impugnación de sus pruebas, que son los únicos aspectos cuya omisión de estudio puede trascender al resultado de la sentencia.
"En esa tesitura, debe precisarse que de ninguna manera pueden considerarse como alegatos de bien probado aquellos que constituyen una reiteración de los conceptos de anulación o de las pruebas ofrecidas en la demanda de nulidad, dando como consecuencia que la falta de examen de ellos no afecte el resultado del fallo y, por ende, no cause perjuicio alguno a las partes, ya que esto será materia de examen en la sentencia al estudiar el concepto de violación que se reitera o al valorar las pruebas cuya existencia se insista en los alegatos.
"De lo anterior se sigue que si los alegatos no son propiamente tales, sino que reiteran conceptos de invalidez o pruebas, la Sala Fiscal no tiene la obligación de repetir dicho análisis cuando ya se ocupó de tales aspectos, bajo el capítulo que se plantee en la demanda (concepto de anulación o prueba), pues sería ocioso, impráctico y contrario al principio de economía procesal pretender que examinara dos veces los mismos elementos o se exigiera la referencia formal de que el estudio se refiere al argumento o prueba invocados tanto en la demanda como en los alegatos, pues lo importante es que se realice el análisis y pronunciamiento correspondiente ..."
Luego, partiendo de lo expuesto con antelación, es dable aplicar analógicamente el criterio sostenido por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, pues, como se demostró, la legislación laboral también prevé una regulación especial para los alegatos y establece la obligación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de tomar en consideración las manifestaciones vertidas por las partes.
Lo anterior es así, dado que del contenido del numeral 885 transcrito, se desprende -como se anunció- que los laudos deben contener, entre otros aspectos, las consideraciones que deriven de los hechos probados y de lo alegado por las partes, lo que permite concluir que, en caso de que proceda, las consideraciones de los tribunales laborales deberán partir de lo manifestado por las partes.
Ahora bien, no pasa inadvertido para este órgano colegiado que, a priori, el texto legal aludido, podría interpretarse en el sentido de que el término "lo alegado" se refiere únicamente a las expresiones vertidas en los escritos de demanda y contestación, réplica y contrarréplica, con los que se fija la litis y que, por tanto, la Junta no está obligada a considerar las manifestaciones emitidas en etapas posteriores a las señaladas.
Sin embargo, partiendo de una interpretación congruente con los derechos humanos y con las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano, se estima que la acepción jurídica en examen ("de lo alegado"), también incluye las exposiciones que formulen las partes en la etapa de alegatos.
Lo expuesto se afirma, toda vez que tratándose de derechos protegidos, como ocurre en la especie (debido proceso), a efecto de lograr su debida salvaguarda, es necesario acudir a la norma más amplia o a la interpretación extensiva, en términos de lo previsto en los artículos 29(17) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5(18) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entonces, como se anticipó, conforme a la interpretación armónica, sistemática y acorde a los estándares internacionales de derechos humanos, el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo debe ser interpretado en el sentido de que las Juntas de Conciliación y Arbitraje, al momento de pronunciar el laudo, deben tomar en cuenta además de lo vertido por las partes en los escritos de demanda y contestación, las manifestaciones expresadas en vía de alegatos, pues todo ello constituye "lo alegado" en el juicio.
De ahí la importancia de que se respete y otorgue el plazo que la ley establece para realizar alegaciones, sin que lo anterior implique necesariamente que en el laudo deba reflejarse la ponderación relativa a ellos, ni mucho menos transcribirse.
Sin embargo, el laudo sí debe contener un extracto de los alegatos, como uno de sus requisitos esenciales.
Efectivamente, en el artículo 840, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo,(19) se establece que el laudo contendrá, entre otros requisitos, un extracto de los alegatos, como una de sus partes esenciales.
Es por ello que en el diverso artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo,(20) se establece que el proyecto de laudo se formulará sólo hasta que se tengan los alegatos (en caso de que se hayan expresado una vez brindada a las partes la oportunidad para tal efecto).
Circunstancia por la que, como ya se vio, los alegatos son necesarios como parte del contenido de laudo y deben tomarse en cuenta no sólo en la emisión de dicha resolución, sino desde la formulación de su proyecto que sólo puede realizarse hasta que acontezcan los alegatos, como una parte de los diversos aspectos procesales que, en el orden de prelación que el citado artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo les atribuye, deben cumplirse y se precisan enseguida:
I) Desahogo de las pruebas.
II) Formulación de los alegatos de las partes (en el supuesto de que existan ante la apertura del periodo atinente).
III) Certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar.
IV) Declaratoria del cierre de la instrucción.
Máxime que, conforme al artículo 888 de la Ley Federal del Trabajo, los alegatos son necesarios para la discusión y votación del proyecto de laudo, ya que en la fracción I del citado artículo(21) se establece la norma en el sentido de que debe darse lectura a los alegatos formulados por las partes; por lo que es menester, se insiste, que se brinde la oportunidad de expresarlos.
Por lo tanto, conforme a las consideraciones expuestas, la omisión de la Junta de abrir el periodo de alegatos afecta el contenido del laudo; provoca el incumplimiento de las formalidades previas al cierre de instrucción y la formulación del proyecto del laudo; y propicia el incumplimiento de las normas conforme a las cuales debe llevarse a cabo la discusión y votación del proyecto de laudo.
En ese orden de ideas, es dable colegir que la omisión de la Junta laboral de otorgar a las partes un plazo para formular alegatos constituye una violación a las normas esenciales que rigen el procedimiento, en términos de la fracción VI(22) del artículo 159 de la Ley de Amparo, que contempla como tal cuando no se concedan al quejoso los términos a que tuviere derecho con arreglo a la ley.
En tal tesitura, este órgano colegiado considera oportuno destacar que la omisión en que incurrió la autoridad responsable en el caso concreto, implica una violación que trasciende al resultado del fallo, pues al no haberse concedido el plazo a las partes para la formulación de alegatos y, por ende, no haberse recibido los mismos, no es factible determinar con exactitud si la Junta cumplió o no con la obligación de tomarlos en consideración al momento de pronunciar el laudo y si éstos pudieron haber generado o no convicción en los integrantes de la Junta laboral y lograr, en el caso concreto, un laudo en el que no acontecieran las violaciones que alega la parte quejosa.
Sobre todo, porque deben respetarse todas y cada una de las fases del procedimiento establecidas por el legislador, de manera que si el operador jurídico desatiende alguna etapa, ello no puede quedar a su arbitrio, pues entonces definiría qué etapas respetar y cuáles no, bajo el argumento de que no trasciende al resultado del fallo, como en el caso que se trata de la etapa de alegatos.
Sin que sea obstáculo para las conclusiones reseñadas, que la Junta responsable no esté constreñida a transcribir en su resolución los alegatos formulados por las partes, toda vez que ello no releva a la autoridad laboral de la obligación precisada en párrafos precedentes (de realizar un extracto de los alegatos y tomarlos en cuenta al momento de emitir el laudo) ni de las contenidas en los artículos 841(23) y 842(24) de la Ley Federal del Trabajo de pronunciar una resolución congruente, a verdad sabida, buena fe guardada y observando los hechos a conciencia; obligaciones que únicamente pueden ser cumplidas cabalmente, acatando las reglas esenciales que rigen el procedimiento, en el caso concreto, al respetar el plazo que tienen las partes para realizar manifestaciones que pueden generar convicción en el tribunal laboral y lograr así sus pretensiones.
Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia(25) cuyos datos de localización, epígrafe y sinopsis textuales disponen lo siguiente (énfasis añadido):
"AUDIENCIA, RESPETO A LA GARANTÍA DE. DEBEN DARSE A CONOCER AL PARTICULAR LOS HECHOS Y MOTIVOS QUE ORIGINAN EL PROCEDIMIENTO QUE SE INICIE EN SU CONTRA. La garantía de audiencia consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone, obviamente, la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica.
"Séptima Época:
"Amparo en revisión 2592/85. Luis Salido Quiroz. 13 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Amparo en revisión 1487/85. Arcelia Velderráin de Chacón. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Amparo en revisión 1558/85. Olivia Melis de Rivera. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Amparo en revisión 1594/85. Ricardo Salido Ibarra. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Amparo en revisión 1598/85. Dinora Toledo de Ruy Sánchez. 25 de noviembre de 1985. Unanimidad de cuatro votos.
"Nota:
"Tesis 1, Informe 1985, Segunda Parte, pág. 5."
Asimismo, es aplicable la tesis XXVI.5o.(V Región) 14 L (10a.) emitida por este Tribunal Colegiado, pendiente de publicarse, de contenido:
"ALEGATOS EN EL JUICIO LABORAL. LA OMISIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE OTORGAR A LAS PARTES UN PLAZO PARA SU FORMULACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 159, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO, AUN CUANDO AQUÉLLOS NO SE TRANSCRIBAN NI SU PONDERACIÓN SE REFLEJE EN EL LAUDO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO). Conforme al artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo los laudos deben contener, entre otros aspectos, las consideraciones que deriven de los hechos probados y de lo alegado por las partes; por tanto, en caso de que proceda, las consideraciones de los tribunales obreros deberán partir de lo manifestado por los contendientes. Ahora bien, aun cuando a priori, la última parte del referido
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24519-587eb910/alegatos-en-el-juicio-laboral-la-omision-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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