CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS CELEBRADO ENTRE UN TRABAJADOR Y EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DEBE REQUERIRSE EN EL DOMICILIO DEL DEUDOR ANTES DE QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE INCURRIÓ EN MORA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 32/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y TERCERO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: MERCEDES VERÓNICA SÁNCHEZ MIGUEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor a partir del día tres de abril de dos mil trece, 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que si bien en la Constitución y en la nueva Ley de Amparo esa competencia se otorga de manera específica a los Plenos de Circuito, mientras éstos no queden debidamente habilitados y en funcionamiento, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
Lo anterior se corrobora en virtud de que en sesión pública de trece de febrero de dos mil doce, por mayoría de 10 votos el Pleno de este Alto Tribunal determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer las contradicciones de tesis suscitadas incluso entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la posible contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo en vigor al momento de que se hizo la denuncia, pues fue realizada por un Magistrado integrante del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que es uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada y, en su caso, poder establecer el criterio que debe predominar, se estima conveniente precisar el origen de los asuntos en que se emitieron los criterios contendientes, así como las consideraciones y argumentaciones en que se basaron los Tribunales Colegiados de Circuito al emitirlos, lo que se realiza de la siguiente manera:
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, refiere que sustentó el mismo criterio al resolver los amparos directos **********, **********, ********** y **********; sin embargo, esta Primera Sala estima que sólo será necesario hacer referencia al criterio contenido en el amparo directo civil **********, por ser el más reciente, y porque además en éste se reitera el criterio sostenido en los diversos juicios de amparo mencionados.
Del mismo modo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito refiere que sustentó el mismo criterio al resolver los juicios de amparo directo ********** y **********, de manera que por economía procesal se hace referencia únicamente al último de los mencionados, por ser el más reciente.
1. Origen del amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que **********, demandó de **********, diversas prestaciones entre las que destaca el vencimiento anticipado del contrato de otorgamiento de crédito con garantía hipotecaria.
Lo anterior, porque en dicho contrato se pactó que el crédito sería destinado a la adquisición de una vivienda y que los pagos se efectuarían dentro de descuentos salariales, pero si se dejaban de cubrir por causas imputables al deudor dos o más pagos consecutivos en el curso de un año, se daría por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito y que en el caso se dejaron de pagar oportunamente las amortizaciones en distintos meses de los años 2001, 2003, 2006, 2007 y 2008, por lo que resultaba procedente el vencimiento anticipado.
Además, señaló que un apoderado del instituto demandante acudió al domicilio de los demandados a notificarles los lugares en donde podían efectuar el pago de sus amortizaciones vencidas, así como el número de cuenta bancaria, requiriéndoles en ese acto el pago de las amortizaciones no cubiertas y los intereses respectivos, levantando acta circunstanciada, pero los demandados hicieron caso omiso.
El Juez de primera instancia tuvo por contestada la demanda en sentido negativo respecto de ********** y a **********, por presuntamente confesa de los hechos de la misma.
Posteriormente, seguido el juicio en sus trámites legales, el Juez del conocimiento dictó sentencia, en la que se estimó infundada la acción, por lo que se absolvió a los demandados de las pretensiones reclamadas, sin efectuar condena en costas.
Lo anterior, por considerar que como en el contrato base no se advertía designación del lugar de pago de la obligación adquirida, la parte deudora debió ser requerida en su domicilio a fin de que se constituyera en mora, lo que no se acreditó; pues no obstante que fue exhibida como prueba una notificación de requerimiento de pago, al tratarse de un escrito privado, carece de eficacia probatoria por no estar adminiculado con algún otro medio de prueba.
En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación del cual tocó su conocimiento a la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien resolvió confirmar la sentencia de primera instancia.
Inconforme con esa resolución el **********, promovió juicio de amparo del que tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo radicó con el número ********** y resolvió en el sentido de conceder la protección federal solicitada.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, sostuvo lo siguiente:
"... atento a la causa de pedir, se estima fundado el argumento en donde se aduce que no tenía por qué requerirse a la parte enjuiciada para hacerla incurrir en mora, debido a que se convino el pago del crédito a través de descuentos salariales, tal como lo hizo valer en los agravios y, como finalmente fue estimado por este Tribunal Colegiado al resolver el amparo directo **********.
"Es fundado lo anterior.
"Ciertamente, la acción fue declarada improcedente básicamente porque en el contrato fundatorio no se advierte señalamiento de lugar de pago, de ahí que debió requerirse a los deudores para hacerlos incurrir en mora.
"De tal manera, que el aspecto a dilucidar estriba en determinar si es o no necesario dicho requerimiento a fin de evidenciar la mora en que incurrió la parte deudora.
"Al respecto cabe señalar que la mora, en estricto sentido, constituye el retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento de una obligación, de ahí que para que se actualice se requiere necesariamente, que el retardo en el cumplimiento de la obligación se deba o sea responsabilidad del deudor y que el acreedor haya reclamado de aquél el cumplimiento.
"Por otro lado, la mora automática es aquella en que se incurre sin necesidad de requerimiento del acreedor, se presenta en los casos en los que el retraso en el cumplimiento de la obligación de pago sea contrario a lo convenido por los contratantes o a las circunstancias o naturaleza de la obligación o a la ley.
"El Código Civil del Estado de México, abrogado, el cual resulta aplicable, en virtud de que el acto jurídico tuvo verificativo el once de octubre de dos mil, fecha en la cual se encontraba vigente, en su artículo 1911 establecía que por regla general el pago debe hacerse en el domicilio del deudor, salvo que las partes convinieran otra cosa, o que lo contrario se desprenda de las circunstancias, de la naturaleza de la obligación o de la ley.
"Por tanto, si en la cláusula cuarta se estipularon amortizaciones para liquidar el crédito otorgado a **********, con la autorización de su cónyuge y codemandada **********, las cuales se efectuarían mediante descuento directo al salario del trabajador y acreditado, en términos del artículo 97, fracción III, en relación con el numeral 110 de la Ley Federal del Trabajo, entonces es dable sostener que en cuanto al lugar de pago, en el caso particular se actualiza una excepción a la regla establecida en el precepto 1911 antes citado, debido a que las partes convinieron el pago a través de amortizaciones por descuentos directos al salario; debiendo resaltar que también en el contrato se estipuló otro mecanismo para el caso de que el titular del crédito quede sin trabajo, pues en esa hipótesis otorga al acreditado prórroga en los pagos de las amortizaciones hasta por un plazo máximo de doce meses, terminando anticipadamente cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo, resultando necesario que el acreditado lo informe por escrito al instituto dentro del mes siguiente al en que deje de prestar sus servicios, tal como se advierte de lo estipulado en la cláusula sexta del consenso de que se trata.
"En ese tenor, la omisión del lugar específico de pago, no da margen a considerar el requerimiento al deudor para constituir la mora, al operar la excepción derivada del régimen legal específico establecido en el contrato, el cual fue creado en beneficio de los trabajadores, para darles mayores facilidades a fin de apoyarlos en el cumplimiento de sus obligaciones de pago, al establecer ese mecanismo de pago que impide su atraso.
"En consecuencia, en el asunto particular no era indispensable el requerimiento de pago al deudor para hacerlo incurrir en mora, ya que atento al contenido del contrato fundatorio, la mora opera automáticamente."
2. Origen del amparo directo **********, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito y criterio que en él se sostiene.
Origen. El asunto deriva de un juicio ordinario civil, radicado en el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en el que **********, demandó de **********, el cumplimiento de diversas prestaciones entre las que destaca el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito con garantía hipotecaria.
Para sustentar su pretensión señaló que el vencimiento anticipado deriva de la falta de pago de las parcialidades acordadas.
El Juez de primera instancia tuvo por precluido el derecho de los demandados al no haber dado contestación a la demanda, haciendo efectivo el apercibimiento de tener por contestada en sentido negativo la demanda instaurada en su contra.
Posteriormente, seguido el juicio en sus trámites legales, el Juez del conocimiento dictó sentencia, en la que se estimó que la parte actora en su calidad de acreedora no justificó los extremos de sus pretensiones; consecuentemente, absolvió de las mismas a los demandados, dejando a salvo sus derechos.
Para sustentar esa determinación, el Juez señaló que la actora omitió acreditar que los demandados incurrieron en mora, ya que no demostró haberle requerido el pago en su domicilio, ello porque no obstante que el actor exhibió diversos documentos para demostrar el requerimiento de pago, al ser documentos privados elaborados de manera unilateral, su eficacia es nula para demostrar el requerimiento.
En contra de esa determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación, del cual tocó su conocimiento a la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien resolvió confirmar la sentencia apelada.
Inconforme con la resolución de la Sala responsable el **********, promovió juicio de amparo, del que tocó conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien lo radicó con el número ********** y resolvió en el sentido de negar el amparo solicitado.
Criterio. En lo que al tema interesa, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, sostuvo lo siguiente:
"... Es importante señalar, que respecto al tema de la necesidad del requerimiento al deudor para el cumplimiento de la obligación que le atañe, cuando no se señala lugar de pago, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia del rubro: ‘ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR.’ (se transcribe), sostuvo que en los contratos de compraventa en donde no se haya designado lugar de pago, para que el deudor se constituya en mora, debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, hecho que por constituir una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria del contrato debe ser estimado de oficio por el juzgador.
"La ejecutoria que dio vida a la jurisprudencia referida, en la parte que interesa, es como sigue:
"‘... En efecto, la mora del deudor significa, en estricto sentido, el retraso jurídicamente relevante en el cumplimiento de una obligación, pero precisamente, para que ese retraso sea jurídicamente relevante y, por tanto, se actualice la mora, se requiere, necesariamente, que el retardo en el cumplimiento de la obligación se deba o sea responsabilidad del deudor y que el acreedor haya reclamado de aquél el cumplimiento, sólo en este caso puede afirmarse válidamente que el deudor ha incurrido en mora.
"‘Por otra parte, la mora automática, es decir, aquella en que se incurre sin necesidad de requerimiento del acreedor, se presenta únicamente en los casos en los que el retraso en el cumplimiento de la obligación de pago sea contrario a lo convenido por los contratantes o a las circunstancias o naturaleza de la obligación o a la ley.
"‘Además, tratándose de obligaciones bilaterales derivadas de un contrato sinalagmático del que surgen obligaciones recíprocas e interdependientes, no basta con que se cumpla el plazo en que debió haberse efectuado el pago y que el acreedor haya requerido por el cumplimiento al deudor, sino que, además, es necesario que, salvo pacto en contrario, el acreedor haya cumplido con su correspondiente obligación, o si ésta aún no es exigible, se allane a cumplirla debidamente; sólo a partir de este cumplimiento o allanamiento y del respectivo requerimiento de pago al deudor es cuando comienza la mora para el obligado que no cumplió.
"‘Los casos que en su origen motivaron la presente denuncia de contradicción de tesis y según consta en los antecedentes, se trató de contratos de compraventa de inmuebles, en los que los vendedores habían cumplido con su parte entregando los respectivos inmuebles a los compradores, quienes habían sido omisos en efectuar el pago ante la falta de requerimiento, carga legal que, ante la falta de señalamiento de lugar de pago en los respectivos contratos, correspondía a los acreedores, en términos de los artículos 2082 del Código Civil Federal y 1911 del Código Civil para el Estado de México.
"‘Así pues, queda establecido que tratándose de un contrato de compraventa de inmueble en el que no se estableció lugar de pago, no obstante que el vendedor haya hecho entrega de la cosa al comprador y que se haya cumplido el plazo para efectuar el pago, el deudor no se constituirá en mora si no es previamente requerido en su domicilio por el acreedor.
"‘De lo hasta aquí dicho, es dable concluir que en términos de la legislación sustantiva aplicable, ante la falta de señalamiento de lugar de pago en el contrato, el deudor solamente incurrirá en mora o incumplimiento de pago si previamente es requerido en su domicilio por el acreedor, y que el incumplimiento en la obligación de pago por parte del deudor es un elemento o requisito constitutivo de la acción rescisoria de contrato.
"‘Ahora bien, si como se concluyó anteriormente, el incumplimiento de pago o mora del deudor es un elemento constitutivo de la acción rescisoria de contrato, no resta sino precisar si su estudio puede ser hecho de oficio por el juzgador, o si ello debe ser necesariamente invocado por el demandado en vía de excepción.
"‘Al respecto debe señalarse que la legislación aplicable en materia procesal a los casos de los que deriva la presente denuncia de contradicción de tesis, dispone que es obligación del juzgador examinar si se ha probado la acción y, aún más, lo facultan para que en caso de que no se haya acreditado ésta se absuelva al demandado.
"‘En efecto, los artículos 1194 y 1326 del Código de Comercio, así como los respectivos 212 y 269 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, señalan textualmente:
"‘Del Código de Comercio
"‘«Artículo 1194. El que afirma está obligado a probar. En consecuencia, el actor debe probar su acción y el reo sus excepciones.»
"‘«Artículo 1326. Cuando el actor no probare su acción, será absuelto el demandado.»’
"‘Del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México
"‘«Artículo 212. Cuando el actor no pruebe su acción será absuelto el demandado.»
"‘«Artículo 269. El actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones.»
"‘Del texto de los artículos anteriormente transcritos, de igual contenido conceptual, se desprende que el juzgador deberá estudiar, en primer término, la acción, en virtud de que quien la ejerce es el primero que afirma y, por tanto, quien también debe probar en primer término. Pero además, el hecho de que la ley procesal determine que si la acción no queda probada, sea absuelto el demandado, permite inferir que es obligación del juzgador estudiar de oficio los requisitos para la procedencia de la acción, independientemente que haya o no alegación de la parte demandada.
"‘Así las cosas, al existir criterio firme establecido por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis jurisprudencial anteriormente citada, respecto al tema genérico de si es dable al Juez natural estudiar oficiosamente las condiciones del ejercicio o procedencia de la acción, debe concluirse que tratándose de la acción rescisoria de contrato, referida específicamente a un contrato de compraventa en el que no se estableció lugar de pago, el acreditamiento de que el deudor incumplió con el pago, no obstante habérsele requerido del mismo en su domicilio, es un elemento constitutivo de dicha acción y, por tanto, debe ser estimada aun de oficio por el juzgador.
"‘En efecto, siendo de orden público el cumplimiento de los requisitos que establece la ley para hacer procedente una acción, la actuación del órgano jurisdiccional está condicionada a que dichos requisitos estén debidamente acreditados, con independencia de que haya o no alegación de la contraparte a ese respecto, de donde se infiere que es obligación del juzgador examinar, aun de oficio, si se ha probado o no la acción. ...’
"De lo transcrito, se colige que en los contratos de compraventa de inmuebles en el que no se estableció lugar de pago, aun cuando se haya cumplido el plazo para efectuarlo, el deudor no se constituirá en mora si no es previamente requerido en su domicilio por el acreedor.
"Asimismo, se advierte de ese criterio, que tratándose de la acción rescisoria de contrato, específicamente en un contrato de compraventa en el que no se estableció lugar de pago, el acreditamiento de que el deudor incumplió con el pago, no obstante habérsele requerido en su domicilio, es un elemento de la acción, y debe ser estudiada aun de oficio por el juzgador.
"Lo expuesto, justifica el proceder de la autoridad al considerar que correspondía al instituto quejoso demostrar el hecho del requerimiento a los deudores al constituir un elemento de la acción rescisoria, cuya inexistencia redunda en lo infundado de esa pretensión, como esa autoridad lo determinó.
"En el tercer concepto de violación, el peticionario del amparo estima ilegal lo resuelto por la Sala, pues señala, en la cláusula décima del contrato base de la litis, no se pactó la obligación de requerir el pago a la parte reo, sino que ese acuerdo era optativo.
"Tales inconformidades son infundadas, pues con independencia de la interpretación que el quejoso realiza de la aludida cláusula, al estimar que el requerimiento al deudor era optativo y no obligatorio, lo cierto, es que con esa forma de razonar no evidencia la ilegalidad que atribuye a la sentencia reclamada.
"En efecto, la cláusula décima del contrato fundatorio de la acción, en la parte que interesa es como sigue:
"‘Décima. Causales de rescisión. El «Infonavit», sin necesidad de declaración judicial dará por rescindido el contrato de otorgamiento de crédito que concede al «trabajador» por este acto; por vencido anticipadamente el plazo para el pago del crédito y, en su caso, hará efectiva la garantía hipotecaria en los supuestos siguientes: 1) Si el «trabajador» deja de cubrir, por causas imputables a él, dos pagos consecutivos o tres no consecutivos en el curso de un año, de las cuotas de amortización del crédito, hecha la salvedad de la prórroga prevista en la cláusula sexta del presente capítulo. Sin perjuicio de lo anterior, el «Infonavit» requerirá al «trabajador» el pago de las amortizaciones omisas, más intereses moratorios en los términos que han quedado precisados en las estipulaciones tres y cuatro de la cláusula cuarta de este capítulo.’
"De lo transcrito se advierte, que contrariamente a lo que el quejoso estima, en esa cláusula, no se estableció una obligación optativa para el acreedor, concebida como la facultad de elegir la realización de una opción para alcanzar el fin de la rescisión, esto es, decidir respecto de una u otra posibilidad; puesto que, la lectura e interpretación de ese consenso, pone de relieve que las partes establecieron lo que la doctrina denomina como pacto comisorio expreso, pues a través de lo ahí estipulado, es posible que el acreedor rescinda la relación contractual sin responsabilidad para él, derivado de la falta de dos pagos consecutivos, o tres no consecutivos en el curso de un año.
"Es decir, el pacto rescisorio se hizo depender de la falta de pago de dos cuotas consecutivas o tres no consecutivas en el curso de un año, lo que también generaría el vencimiento anticipado del crédito y, en su caso, que se hiciera efectiva la garantía hipotecaria.
"Empero, de ese acuerdo no se deriva que el requerimiento fuere opcional, pues lo que ahí se contempló fue el pacto rescisorio sin necesidad de la intervención judicial, cuya participación sólo se generaría, cuando, como ocurre en el caso, esa autoridad tendría que verificar el hecho del incumplimiento, que fue el argumento básico para que el quejoso demandara la rescisión.
"Bajo esa perspectiva, al invocarse el hecho del incumplimiento como causa para hacer efectivo el pacto rescisorio, corresponde a la autoridad examinar los elementos que integran esa acción y como en la especie no se estableció lugar de pago, era necesario realizar el requerimiento en el domicilio del deudor para hacerlo incurrir en mora, ya que además, en esos términos se obligó el acreedor como se desprende de la cláusula transcrita.
"Por tanto, como de esa forma se convino, el instituto debería requerir de pago al deudor, incluso la conjugación que se utilizó en el verbo ‘requerir’ indica una obligación, lo que válida y jurídicamente permite concluir que si el deudor omitió cubrir las amortizaciones, entonces el instituto debió requerirlo de pago, y como no se señaló domicilio para realizar el pago del requerimiento, el instituto debió hacerlo en el domicilio del deudor, por así disponerlo el artículo 1911 del Código Civil del Estado de México, abrogado y que se estimó aplicable al caso.
"En esa tesitura, si del contenido de la cláusula transcrita, se deriva que la accionante hoy quejosa, se comprometió a requerir al demandado del pago de las cuotas de amortización que hubiere dejado de cubrir y al ser ello un elemento de procedencia de la acción rescisoria, resulta evidente que tenía la obligación de demostrar que había cumplido con dicho requerimiento, para efecto de acreditar que el enjuiciado incurrió en mora al no cumplir con el pago de dichas cuotas, aspecto que al no evidenciarse produjo la improcedencia de dicha pretensión.
"Ello se corrobora, con lo convenido por las partes en el contrato base de la litis, pues en la cláusula cuarta, en la parte relativa a las ‘estipulaciones’, en el punto ‘3’ acordaron:
"‘3. Si el «trabajador» deja de cubrir por causas imputables a él, algún pago para la amortización de su crédito, hecha la salvedad de la prórroga a que se refiere la cláusula sexta de este capítulo, el «Infonavit» la requerirá y el «trabajador» se obliga a pagarle las amortizaciones omisas ...’
"En las condiciones apuntadas, la responsable al concluir que era necesario el requerimiento de pago para que el deudor incurriera en mora, no infringió el principio de congruencia, contemplado en el artículo 1.195 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, ni en el diverso 1.369 del mismo ordenamiento, pues en los agravios, que son el límite y medida de la apelación y además, se proporcionaron las bases para realizar en la alzada el estudio de la acción que se comenta.
"Por lo demás, resultan intrascendentes las diversas argumentaciones del quejoso, en las que realiza una interpretación de la citada cláusula décima del contrato, apoyado en las reglas de la interpretación de tales actos jurídicos; empero, parte de un falso supuesto, al considerar la efectividad del pacto rescisorio, por sí mismo, sin necesidad del requerimiento de pago, pero como se dijo, cuando no se señala lugar de pago, ese hecho (requerimiento), es indispensable ya que constituye uno de los elementos de la acción.
"Es pertinente mencionar, que del examen de las pruebas, no es factible advertir que fue realizado el requerimiento al deudor mediante interpelación judicial o fedatario público, puesto que lo que se exhibió en ese aspecto fueron documentos privados, que elaboró unilateralmente, por lo cual tales medios convictivos no resultan útiles para las pretensiones de la accionante, por lo que, independientemente de que hubieran sido o no objetadas, carecían de eficacia probatoria para justificar el aludido requerimiento de pago, como se alude en el criterio de rubro: ‘DOCUMENTOS. CARECEN DE VALOR PROBATORIO SI SÓLO CONTIENEN DECLARACIONES UNILATERALES.’ (se transcribe).
"‘... Aunado a lo anterior, como ya se vio, en el caso no se autoriza la excepción prevista en el artículo 1911 del Código Civil abrogado, ya que la mecánica de descuento efectuada al deudor para el pago de las amortizaciones respectivas, no puede entenderse como lugar de pago, precisamente porque ello únicamente se constituye como la forma en que al existir una relación laboral, se efectuarían los cobros al deudor, pero no puede estimarse como un lugar propiamente dicho.
"Lo anterior es así, si se considera que la fracción III del artículo 97, de la Ley Federal del Trabajo, sólo hace referencia a una de las hipótesis en que se puede hacer descuentos a los salarios mínimos, en tanto que la diversa fracción III del artículo 110 de ese mismo ordenamiento, prevé la posibilidad de descuentos al salario de los trabajadores, por lo que se insiste, no es posible considerar que si en el caso el trabajador autorizó se efectuara descuento a su salario, al encontrarse sujeto a una relación obrero-patronal, para cubrir
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24527-c577fc6e/contrato-de-mutuo-con-interes-celebrado-entre-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- CONTRATO DE CRÉDITO OTORGADO POR EL INFONAVIT PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA. LA ACCIÓN DE RESCISIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEBE EJERCERSE EN LA VÍA PROCESAL CIVIL. (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES Y ESTOS ÚLTIMOS. LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE AQUÉL DEBEN DIRI (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS CELEBRADO ENTRE UN TRABAJADOR Y EL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DEBE REQUERIRSE EN (1a./J. 64/2013 (10a.))
- INFONAVIT. CORRESPONDE A DICHO ORGANISMO LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DEMOSTRAR QUE EL BENEFICIARIO DE UN CRÉDITO DE VIVIENDA QUE PRETENDE OBTENER LA LIBERACIÓN DE SU PAGO CON MOTIVO (VII.2o.(IV Región) 3 L)
- CADUCIDAD. LAS REGLAS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 29 Y 30 DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES NO SON APLICABLES TRATÁNDOSE DE AMORTIZAC (VII.2o.A.2 A (10a.))
- JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PLAZO DEL CONTRATO DE MUTUO CON INTERÉS Y GARANTÍA HIPOTECARIA CELEBRADO CON EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES (I.4o.C.110 C (10a.))
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis