JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL FIADO O DEUDOR PRINCIPAL COMO TERCERO LLAMADO A ÉSTE, ESTÁ LEGITIMADO PARA OPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 457/2012. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 22 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE HACE A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. SECRETARIO: IGNACIO VALDÉS BARREIRO.
III. Competencia
9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados del mismo circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.
10. No pasa inadvertido que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización, no así respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito.
11. En esa distribución de competencias, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí que dicha competencia constitucional para conocer de las contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.
12. Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que mientras no queden debidamente habilitados y en funcionamiento los Plenos de Circuito, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.
IV. Legitimación
13. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue interpuesta por los Magistrados integrantes del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que emitió -al resolver un amparo directo- uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo vigente antes del tres de abril de dos mil trece.
V. Existencia de la contradicción
14. Como se verá a continuación, el presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:
a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;
b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
15. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD y CONCEPTO."(3) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)
16. A continuación, se demuestra el porqué en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados:
17. Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:
18. El tribunal denunciante, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo **********, analizó un asunto con las siguientes características:
19. **********, por conducto de su apoderado legal, promovió juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva dictada el veinticuatro de octubre de dos mil once, por el Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el toca civil ********** y su acumulado **********, en relación con un juicio especial de fianzas, promovido por **********, en contra de **********, en el cual la quejosa fue llamada a juicio en su carácter de fiada o deudora principal.
20. El mencionado Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el juicio de amparo **********, el treinta de agosto de dos mil doce, determinó conceder el amparo solicitado. Las razones que se sostienen en dicha resolución, en la parte que interesa, son las siguientes:
"La redacción del texto de la normativa cuestionada, en apariencia pone en evidencia ciertas inconsistencias que podrían llevar a los operadores jurídicos por el camino de una interpretación y aplicación contrarias a la Ley Fundamental.
"Empero, la interpretación gramatical, lógica y sistemática de la preceptiva del tercero llamado a un juicio especial de fianzas, contenida tanto en la propia Ley Federal de Instituciones de Fianzas, como en el Código Federal de Procedimientos Civiles, permite conducirla por cauces conformes a la Constitución Federal.
"1) Intervención del fiado en el juicio especial de fianzas. Litisdenunciación.
"La fianza es un acto comercial por medio del cual una parte llamada fiador se obliga subsidiariamente ante otra, denominada acreedor, al cumplimiento de una prestación determinada, o su equivalente, para el caso de que un tercero deudor de aquél no cumpla con la obligación pactada. Mediante ella, una persona, el fiador, se obliga a pagar o cumplir por un tercero, en caso de no hacerlo éste, la obligación que sobre aquél pesaba.
"Se trata de un contrato constitutivo de una garantía personal, en virtud del cual una persona -denominada fiador- se compromete -obligación fideiusoria (sic)- con el acreedor de una obligación -la obligación garantizada- a satisfacer ésta, en el caso de que llegado el vencimiento, el deudor no cumpla.
"El objeto de la fianza es garantizar el cumplimiento de una obligación pactada en otro acuerdo de voluntades, es decir, con este tipo de contrato se crea una obligación subsidiaria a cargo del fiador de pagar por el deudor, si éste no lo hiciera. La accesoriedad es un elemento constitutivo de ese derecho de garantía.
"Constituida válidamente la fianza, produce una serie de efectos entre fiador y acreedor, así como entre fiador y deudor principal. La fianza obliga al fiador a pagar o cumplir la obligación principal en caso de no hacerlo el deudor. Ese es el verdadero efecto del contrato, que deriva directa e inmediatamente de su causa o función económica de garantía.
"De esa manera, en el caso en que el deudor incumpla con sus obligaciones, se actualiza la condición para que la afianzadora cumpla con la obligación pactada, y es en ese momento que el beneficiario tiene derecho a requerir de la afianzadora el pago que ampara la póliza expedida para garantizar su cumplimiento, pues sólo ante el incumplimiento, el beneficiario tendrá la posibilidad de iniciar el procedimiento de reclamación.
"Para llevar a cabo la reclamación del pago de fianza hecha por el beneficiario, derivada de los derechos y obligaciones que consten en la póliza ante la institución afianzadora, la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en su artículo 93, prevé lo siguiente:
"‘Artículo 93. Los beneficiarios de fianzas deberán presentar sus reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva, directamente ante la institución de fianzas. En caso que ésta no le dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección, hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros; o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 94 de esta ley. En el primer caso, las instituciones afianzadoras estarán obligadas a someterse al procedimiento de conciliación a que se refiere el artículo 93 Bis de la misma.
"‘En las reclamaciones en contra de las instituciones de fianzas se observará lo siguiente:
"‘I. El beneficiario requerirá por escrito a la institución el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.
"‘La institución tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de 15 días naturales, contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este caso, el beneficiario tendrá 15 días naturales para proporcionar la documentación e información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la reclamación.
"‘Si la institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por integrada la reclamación del beneficiario.
"‘Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contado a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso, para comunicar por escrito al beneficiario, las razones, causas o motivos de su improcedencia;
"‘II. Si a juicio de la institución procede parcialmente la reclamación podrá hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda, conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la diferencia, en los términos de la siguiente fracción. Si el pago se hace después del plazo referido, la institución deberá cubrir los intereses mencionados en el artículo 95 Bis de esta ley, en el lapso que dicho artículo establece, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, teniendo el beneficiario acción en los términos de los artículos 93 Bis y 94 de esta ley;
"‘III. Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere comunicado la institución, podrá a su elección, acudir ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, a efecto de que su reclamación se lleve a través de un procedimiento conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los tribunales competentes, conforme a lo establecido en los términos de los artículos 93 Bis y 94 de esta ley; y
"‘IV. La sola presentación de la reclamación a la institución de fianzas en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la prescripción establecida en el artículo 120 de esta ley.’
"En ese precepto se advierte que la ley de referencia establece el procedimiento para que el beneficiario tenga la oportunidad de reclamar el pago de la fianza en aquellos casos en que el obligado principal incumpla con sus obligaciones; primeramente, el beneficiario deberá presentar su reclamación ante la institución de fianzas; si ésta fuera omisa en dar contestación dentro del plazo establecido o que se inconforme respecto de la resolución emitida por la misma o ante la denegación de esa petición, el acreedor podrá hacer valer sus derechos ante la Condusef, o bien ante los tribunales jurisdiccionales competentes.
"En cualquiera de esos supuestos, las instituciones de fianzas tienen la obligación de hacer del conocimiento del fiado los requerimientos que les sean presentados por el beneficiario de la póliza por él suscrita y de denunciar el pleito al obligado principal en caso de demanda judicial.
"Así, el artículo 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone lo siguiente:
"‘Artículo 118 Bis. Cuando las instituciones de fianzas reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación ...
"‘Independientemente de lo establecido en los párrafos precedentes, las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes. En caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la institución de fianzas. Lo anterior también será aplicable en el procedimiento conciliatorio y juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 103 Bis de la misma.’
"De la transcripción que antecede, se advierte que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé la institución de la litisdenunciación, al referir que las instituciones de fianzas demandadas podrán denunciar el pleito al deudor principal.
"La llamada en causa del tercero es un medio para llevar al conocimiento del tercero la existencia del proceso (litisdenuntiatio) y permitirle intervenir, lo que se hace posible por la coincidencia del interés del tercero con el de la parte que lo llama. Ese llamamiento coloca al tercero en la situación de asistir al proceso permaneciendo al margen de éste; todo lo que se puede admitir es que la llamada implique la proposición de una demanda de declaración de certeza respecto del tercero, la cual extienda también a él, los efectos de la sentencia que haya de pronunciarse sobre la causa originaria entre las partes principales, de modo que valga también para él la declaración de certeza de los puntos de hecho y de derecho que son comunes también a su relación o que constituye una prejudicial de éste. En tal modo, para el procesalista Liebman, el tercero se convierte, a estos efectos limitados, en parte.
"La intervención procesal de terceros es una institución jurídica que tiene por fundamento el reconocimiento de que la actividad de las partes actora y demandada en el procedimiento puede generar, de modo directo o reflejo, determinadas consecuencias jurídicas, lesivas de los derechos e intereses de otras personas no oídas en juicio por no haber sido parte.
"Cuando posteriormente a la demanda, esto es, al ejercicio por el actor de la facultad de pedir protección jurídica, interviene otro u otros sujetos (fuera del demandado o demandados contra quienes se dirigió la demanda) sustituyendo o coadyuvando o no, con los sujetos principales, existe tercería.
"Hay simple denuncia cuando la parte que, en caso de ser vencida en un proceso, tiene acción reversiva contra un tercero, solicita que se le comunique a éste la pendencia del proceso para facilitarle que comparezca y le ayude así a evitar la excepción negligente de defensa en el proceso que, posteriormente, podrá iniciar contra el llamado, en caso de que pierda.
"Sobre el tema, el Tribunal Pleno de este Máximo Órgano Jurisdiccional emitió la jurisprudencia P./J. 147/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, en el Tomo XII, página diecisiete, de rubro: ‘LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’, en donde se expresaron las consideraciones centrales siguientes:
"Los terceros llamados a juicio son aquellas personas que, sin ser parte en el juicio, se encuentran en cierta posición respecto de los derechos que en el mismo se dirimen. En principio, están protegidos por el principio res iudicata inter partes y la limitación de los efectos de la sentencia a las partes, sin embargo, fuera de los casos en que la cosa juzgada se extiende a terceros por disposición de la ley, la existencia de la sentencia constituye un hecho jurídico producido que puede tener consecuencias en la esfera jurídica de tales terceros, causándoles perjuicio en sus intereses jurídicos. Así, la intervención procesal de terceros supone un proceso ya iniciado por demanda, en que el tercero era inicialmente ajeno por no ser codemandante o no haber sido demandado, pero ingresa posteriormente al proceso adquiriendo de modo más o menos pleno la condición de parte.
"La intervención de los terceros llamados a juicio se clasifica en:
"1) La intervención principal supone que, pendiente el proceso, un tercero se enfrenta a las partes primitivas, demandando al primitivo actor y demandado, y pretende ser titular del derecho sobre el objeto litigioso, derecho conexo e incompatible con el del originario actor. Se trata de un supuesto de intervención espontánea. La expresión más ilustrativa de este tipo de intervención está constituida por lo que comúnmente se conoce como juicio de tercería, donde el tercerista tiene un interés propio y distinto al de las partes contendientes en el juicio al que acude en defensa de dicho interés. La intervención del tercerista ocurre mediante el ejercicio de la acción autónoma de tercería, en virtud de que la ley le concede tal acción con independencia de la voluntad de las partes originarias de llamarlo o no a la controversia.
"2) La intervención litisconsorcial puede definirse como la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes, de un tercero que alega un derecho propio discutido en el proceso, defendido por alguna de las partes. Esta intervención se inscribe en el ámbito de la legitimación propia, porque el tercero afirma ser cotitular de la misma relación jurídica deducida en el proceso y defiende intereses propios, no ajenos.
"Mediante esta intervención, el tercero pretende evitar la extensión de los efectos de la sentencia o eludir los efectos desfavorables de la misma a su posición jurídica. Para el interviniente adhesivo simple, los efectos de la cosa juzgada se reflejan de modo indirecto en la relación jurídica que lo une a la parte con la cual coincide, de modo que trata de evitar el efecto prejudicial positivo de la sentencia precedente, en el posterior proceso que pueda seguirse en su contra o en el que pretenda proponer. La sentencia afecta directamente al tercero interviniente litisconsorcial y de modo indirecto al adhesivo.
"3) La intervención litisconsorcial no comporta el ejercicio de una nueva pretensión ni produce una modificación objetiva en el proceso, a diferencia de la intervención principal; en la adhesiva, el tercero no invoca titularidad sobre la relación material deducida en juicio, pero tiene un interés jurídicamente protegible relacionado con aquélla.
"3) (sic) La intervención adhesiva simple constituye una hipótesis de legitimación extraordinaria en que el tercero afirma ser titular únicamente de una relación dependiente de la debatida en el proceso, es decir, no afirma ser cotitular de dicha relación jurídica.
"La intervención provocada en un proceso pendiente es la que puede ser promovida por una de las partes o por el Juez, con el fin de que el tercero quede vinculado al juicio, haciéndole ingresar al mismo como parte principal y litisconsorte o como interviniente adhesivo.
"La posibilidad o necesidad de provocar la intervención litisconsorcial se actualiza cuando de la naturaleza de la relación jurídica planteada y de las pretensiones de las partes, se deduce que la sentencia que se dicte va a producir efectos directos, ejecutivos o constitutivos en la esfera jurídica del tercero.
"La forma de provocar la intervención es la litisdenunciación, que significa poner en conocimiento del tercero la existencia del litigio, llamándolo al mismo. No se trata de una intervención forzosa ni coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés; no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía; su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia.
"La litisdenunciación no constituye la proposición de una demanda contra el tercero, porque la relación procesal ya está integrada. La llamada puede y debe producirse en los casos previstos por la ley, esto es, cuando exista una comunidad de causa y cuando medie entre las partes una relación jurídico-material de garantía o indemnidad entre el denunciante y el tercero. No debe considerarse como una carga de las partes cada vez que se prevea que la sentencia puede tener efectos prejudiciales o reflejos, ni debe entenderse impuesta, por regla general, cuando se trata de llamar a intervinientes adhesivos.
"Entonces, la litisdenunciación es garantía para el interviniente y la parte contraria; el primero puede evitar el efecto ejecutivo directo o prejudicial de la sentencia; y la segunda evita el posible ulterior examen de defensas del tercero que no hayan sido objeto de conocimiento en el juicio anterior. La cosa juzgada va a desplegarse en el ulterior pleito que se siga a instancia del tercero o contra el tercero, quien sólo podrá esgrimir las defensas propias o comunes acerca de las cuales no se haya juzgado en el pleito anterior, siempre que no haya tolerado o consentido por pasividad o negligencia la defensa del derecho común a ambos, realizada por el anterior litigante.
"De lo antes mencionado, se concluye que la intervención procesal de los terceros llamados a juicio, se funda en el reconocimiento de las partes en el procedimiento (actora-demandada), lo que genera de forma directa o indirecta consecuencias jurídicas que pueden causar un perjuicio a los derechos e intereses de terceros no oídos en juicio, por razón de no haber sido parte formal en un juicio.
"En el caso del llamado a un tercero en un juicio especial de fianzas, éste constituye una intervención adhesiva, pues si bien ese deudor principal o tercero no goza directamente de la titularidad de un derecho material dentro del juicio, lo definitivo es que posee un interés común al de la institución de fianzas, que consiste en evitar un efecto perjudicial de la sentencia, pues de ésta depende que, posteriormente al juicio especial de que se trata, dicha institución pueda ejercer en su contra un proceso para exigir las cantidades garantizadas por las que tenga o pueda tener responsabilidad, tal como lo dispone el artículo 97 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o proceder al secuestro precautorio, en términos de los artículos 98 y 99 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
"Con relación a las anteriores consideraciones, en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que la intervención del tercero llamado a juicio en un juicio especial de fianzas, cabe precisar lo siguiente:
"Para el procesalista Jairo Parra Quijano, el interviniente adhesivo es parte, por cuanto participa en el área del proceso. El interviniente adhesivo tiene un interés tutelado por el derecho implícitamente, al otorgarle legitimación para intervenir, pero menos plena que la que tiene la parte principal.
"La intervención del fiado puede surgir con la denuncia del pleito al fiado en el juicio especial de fianzas entablado contra la institución afianzadora.
"El llamado puede, si así lo quiere a pesar de no tener la carga, contestar la demanda y proponer todas las excepciones que considere, pues por virtud del llamamiento quedará vinculado como parte del proceso.
"Así, no solamente se otorga a ese fiado la facultad legal expresamente establecida (ofrecimiento de pruebas), sino el derecho de defensa que corresponde a las partes, pero conforme a la naturaleza propia de su intervención.
"El concepto de litigio (conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y por la resistencia del otro) es útil para determinar cuándo la actitud de las partes integra el verdadero litigio, que amerita ser sometido al conocimiento y resolución del juzgador a través de un proceso.
"Por el hecho de participar en un proceso, sea porque se propuso una demanda en juicio o por haber sido llamada a éste para hacer frente a una demanda, la persona adquiere la particular ‘calidad de parte’. De ese estatus surgen situaciones subjetivas, activas y pasivas. Las primeras forman el contenido de la relación jurídica procesal. En la parte activa, la parte es titular de poderes jurídicos y de derechos subjetivos procesales. Del lado pasivo, es titular de cargas, obligaciones o deberes.
"En el litigio existen dos partes, una que ejerce la pretensión y otra que la resiste.
"El concepto de parte no se refiere a las personas que las integran, sino a posiciones, esto es, el que pretende y el que resiste.
"Cuando se denuncia el juicio a un tercero, se llama a un sujeto tercero para que fije su posición en el proceso. Si el fiado acude al juicio y conforme al planteamiento de sus posiciones, toma una posición de resistir frente a la pretensión del actor (lo cual constituye una conducta natural y ordinaria del fiado), se le equipara a un coadyuvante voluntario que, por esa misma posición compartida con la parte reo, en su calidad de parte, adquiere el derecho de defensa en toda su amplitud, pero que se circunscribe a su actuar conforme a la propia naturaleza del juicio de fianzas, en el que le puede parar perjuicio la sentencia que en él se dicte.
"Sobre el tema, el procesalista Devis Exhandía (sic) estima que el derecho de defensa se fundamenta en un interés general -como el que justifica la acción-, porque no solamente atiende a la defensa del demandado y a la protección de sus derechos sometidos al proceso, sino que contempla el interés público en el respeto de dos principios fundamentales en la organización social, a saber:
"-El que prohíbe juzgar a alguna persona, sin que ésta haya sido oída y sin que se le hayan dado los medios adecuados para su defensa, en un plano de igualdad de oportunidades y derechos.
"-El que niega el derecho a hacerse justicia por sí mismo.
"La excepción es una de las maneras en las que puede ser formulada la oposición.
"En la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el derecho de defensa se advierte en la parte del artículo que se aduce inconstitucional:
"‘Artículo 118 Bis. ... Independientemente de lo establecido en los párrafos precedentes, las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes. En caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la institución de fianzas. Lo anterior también será aplicable en el procedimiento conciliatorio y juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 103 Bis de la misma.’
"De ese precepto se destaca que realza la actividad de la denuncia al llamado a juicio, esto es, destaca uno de los aspectos más importantes (el de aportar pruebas), pero su lectura no implica el desconocimiento de la totalidad del derecho de defensa.
"Tal consideración se obtiene, asimismo, de una cuestión lógica.
"Según Michele Taruffo, prueba es todo medio de conocimiento incorporado al proceso con el fin de ser utilizado para decidir acerca de la veracidad o de la falsedad de un enunciado, relacionado con un hecho relevante de la controversia.
"En conformidad con los (sic) 1205 del Código de Comercio y los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la función de las pruebas es la de constatar las afirmaciones sobre hechos expuestos por las partes en los escritos que integran la controversia.
"Estos preceptos deben entenderse respecto de puntos controvertidos, esto es, de hechos en los que las partes no estén de acuerdo pues, si no es necesario constatar una afirmación (como sería en el caso de que la sostenida por una de ellas haya sido reconocida por la contra
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24540-ebcb2aec/juicio-especial-de-fianzas-el-fiado-o-deudor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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