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Modo: Corpus Pro

JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SENTIDO ADVERSO A LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2011. · Registro digital (IUS): 23531
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1, Pág. 471.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 300/2011. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 26 DE OCTUBRE DE 2011. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE Y PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE VOTOS EN CUANTO AL FONDO. SECRETARIA: MIREYA MELÉNDEZ ALMARAZ.

III. Competencia

7. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, y punto segundo del diverso Acuerdo General 4/2002, del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza civil, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

8. No pasa inadvertido que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal fue reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, y actualmente establece que cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito (sin especialización o de una misma especialización) sustenten tesis contradictorias, la denuncia debe hacerse ante el Pleno de Circuito correspondiente, a fin de que sea éste el que decida cuál es la tesis que debe prevalecer y que dicha reforma entró en vigor el cuatro de octubre pasado, por disposición del artículo segundo transitorio del decreto referido. Sin embargo, ello no implica que a la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación carezca de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto.

9. A juicio de esta Primera Sala, las Salas de este Alto Tribunal conservan competencia por disposición expresa del artículo tercero transitorio del decreto aludido, el cual dispone que los juicios de amparo iniciados con anterioridad al decreto de mérito, continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio, salvo por lo que se refiere a las disposiciones relativas al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como el cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo. Si bien es cierto que las contradicciones no constituyen propiamente juicios de amparo, también lo es que los criterios en potencial contradicción se generaron con la resolución de juicios de amparo, por lo que realizando una interpretación armónica, es posible establecer que el artículo tercero transitorio resulta aplicable a las contradicciones de tesis iniciadas con anterioridad al decreto de reforma constitucional, máxime que a la fecha no se ha integrado ni formal ni materialmente el Pleno del Primer Circuito.

10. La anterior interpretación es acorde a la garantía de tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual importa que el poder público no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna que resulte innecesaria, excesiva o carente de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador, en el caso concreto, la seguridad jurídica como consecuencia de la unificación de criterios. Si se considerara que se actualiza una incompetencia constitucional, el conocimiento y la resolución de los asuntos de esa naturaleza estarían supeditados a la creación formal y material de los Plenos de Circuito, con el consecuente estado de indefinición de los criterios potencialmente contradictorios.

11. En tales condiciones, aun cuando el texto del artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal vigente estatuye la competencia exclusiva de los Plenos de Circuito para conocer y resolver sobre contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito (no especializados o especializados en una misma materia), lo cierto es que acorde al artículo tercero transitorio del decreto publicado el seis de junio de dos mil once y ante la inexistencia material y legal de los Plenos de Circuito, específicamente el correspondiente al Cuarto Circuito, es que esta Primera Sala conserva competencia transitoria para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, en tanto que la misma fue denunciada por parte legítima (como se aprecia en el apartado siguiente), se ordenó su trámite e integración conforme con la competencia constitucional que de manera directa preveía el artículo 107, fracción XIII, de la Ley Fundamental, anterior al cuatro de octubre de dos mil once, y con la competencia legal que todavía prevén a su favor los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

IV. Existencia de la contradicción

12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis que ha fijado esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber:

• Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

• Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

• Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 72/2010.(1)

14. A continuación, se explicitan las razones por las cuales se considera que el asunto cumple con los requisitos de existencia:

Primer requisito: Ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala los tribunales contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas sometidas a su consideración, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se advierte en las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis:

15. El tribunal denunciante, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito resolvió el amparo en revisión 115/2011, cuyos antecedentes son los que enseguida se relacionan:

15.1. La quejosa (tercera llamada a juicio) promovió juicio de amparo indirecto contra la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el auto que no admitió el recurso de apelación hecho valer contra la sentencia definitiva dictada dentro de un juicio especial de fianzas.

15.2. El Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito que conoció de la demanda de garantías, dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado.

15.3. Inconforme con dicha resolución, la quejosa interpuso recurso de revisión. El tribunal de mérito revocó el fallo impugnado y concedió el amparo por considerar que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no limita la posibilidad de interposición del recurso de apelación sólo a las partes naturales del juicio. Las consideraciones que apoyaron su decisión son las siguientes:

"En esa guisa y al no existir reenvío en esta vía constitucional, este tribunal federal procede a resolver la cuestión efectivamente planteada en el juicio de garantías, la cual de acuerdo a lo expuesto, en esencia, se constriñe en dilucidar si la parte quejosa en su carácter de tercero llamado al juicio natural, se encuentra legitimada para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva emitida en un juicio especial de fianzas.

"Para resolver lo anterior, debemos apuntar los fundamentos de la figura jurídica de la litisdenunciación, para lo cual es necesario referir los conceptos doctrinarios que tal instituto jurídico involucra, tal como los estableció el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria 6905, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 147/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre de 2000, página 17, con número de registro IUS 190658, de rubro: ‘LITISDENUNCIACIÓN O DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. SU NEGATIVA ES UN ACTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA EL QUE PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).’

"En dicha ejecutoria se estableció que la intervención procesal de terceros en juicio es una institución jurídica que tiene por fundamento el reconocimiento de que la actividad de las partes actora y demandada en el procedimiento, puede generar de modo directo o reflejo determinadas consecuencias jurídicas, lesivas de los derechos e intereses de otras personas no oídas en juicio por no haber sido parte.

"Así, terceros son aquellas personas que sin ser parte en el juicio, se encuentran en cierta posición respecto de los derechos que en el mismo se dirimen, los cuales, en principio, están protegidos por el principio res iudicata inter partes y la limitación de los efectos de la sentencia a las partes; sin embargo, fuera de los casos en que la cosa juzgada se extiende a terceros por disposición de la ley, la existencia de la sentencia constituye un hecho jurídico producido que puede tener consecuencias en la esfera jurídica de tales terceros y con ello afectar sus intereses jurídicos.

"Atento a lo anterior, se estableció la intervención procesal de terceros que supone un proceso ya iniciado por demanda, en que el tercero era inicialmente ajeno por no ser codemandante o no haber sido demandado, pero ingresa posteriormente al proceso en el que adquiere de modo más o menos pleno la condición de parte.

"La intervención procesal de terceros se clasifica en principal, litisconsorcial o adhesiva.

"a) La intervención principal supone que, pendiente el proceso, un tercero se enfrenta a las partes primitivas, primitivo actor y demandado, y pretende ser titular del derecho sobre el objeto litigioso, derecho conexo e incompatible con el del originario actor. Aquí, la intervención del tercerista ocurre mediante el ejercicio de la acción autónoma de tercería, en virtud de que la ley le concede tal acción con independencia de la voluntad de las partes originarias de llamarlo o no a la controversia.

"b) La intervención litisconsorcial se definió como la introducción en un proceso pendiente entre dos o más partes, de un tercero que alega un derecho propio discutido en el proceso, defendido por alguna de las partes. Intervención que se inscribe en el ámbito de la legitimación propia, porque el tercero afirma ser cotitular de la misma relación jurídica deducida en el proceso y defiende intereses propios, no ajenos. Con esta tercería, el tercero pretende evitar la extensión de los efectos de la sentencia o eludir los efectos desfavorables de la misma a su posición jurídica. Cabe señalar, que esta intervención no comporta el ejercicio de una nueva pretensión ni produce una modificación objetiva en el proceso, a diferencia de la intervención principal.

"c) La intervención adhesiva simple constituye una hipótesis de legitimación extraordinaria en que el tercero afirma ser titular únicamente de una relación dependiente de la debatida en el proceso, es decir, no afirma ser cotitular de dicha relación jurídica. Para este tercero los efectos de la cosa juzgada se reflejan de modo indirecto en la relación jurídica que lo une a la parte con la cual coincide, de modo que trata de evitar el efecto perjudicial positivo de la sentencia precedente, en el posterior proceso que pueda seguirse en su contra o en el que pretenda proponer. Entonces, en este tipo de intervención el tercero no invoca titularidad sobre la relación material deducida en juicio, pero tiene un interés jurídicamente protegible relacionado con aquélla.

"Ahora, la forma de provocar cualquiera de estos tres tipos de intervenciones es la litisdenunciación, que significa poner en conocimiento del tercero la existencia del litigio, al llamarlo al mismo. No se trata de una intervención forzosa ni coactiva, pues el tercero sólo tiene el derecho y la carga de comparecer en su interés; no tiene la obligación de hacerlo ni incurre en rebeldía, su actuación es voluntaria, aunque ha de aceptar los perjuicios que le ocasione su ausencia.

"Por tanto, la litisdenunciación no constituye la proposición de una demanda contra el tercero, porque la relación procesal ya está integrada. La llamada puede y debe producirse en los casos previstos por la ley, esto es, cuando exista una comunidad de causa y cuando medie entre las partes una relación jurídico-material de garantía o indemnidad entre el denunciante y el tercero. Es por ello que no debe considerarse como una carga de las partes cada vez que se prevea que la sentencia puede tener efectos perjudiciales o reflejos, ni debe entenderse impuesta por regla general cuando se trata de llamar a intervinientes adhesivos.

"Así, tenemos que la litisdenunciación es garantía para el interveniente y la parte contraria, ya que el primero puede evitar el efecto ejecutivo directo o perjudicial de la sentencia; y la segunda evita el posible ulterior examen de defensas del tercero que no hayan sido objeto de conocimiento en el juicio anterior, pues la cosa juzgada va a desplegarse en el ulterior pleito que se siga a instancia del tercero o contra el tercero, quien sólo podrá esgrimir las defensas propias o comunes acerca de las cuales no se haya juzgado en el pleito anterior, siempre que no haya tolerado o consentido por pasividad o negligencia la defensa del derecho común a ambos, realizada por el anterior litigante.

"Ahora, el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé la figura jurídica de la litisdenunciación en los términos siguientes: (lo transcribe).

"Del precepto transcrito se advierte que la llamada del tercero al juicio de fianzas constituye una intervención adhesiva simple, pues el fiado no tiene la titularidad sobre la relación material deducida en juicio, pero tiene un interés jurídicamente protegible relacionado con aquélla, consistente en evitar el efecto perjudicial positivo de la sentencia precedente en el posterior proceso que pueda seguirse en su contra o en el que pretenda proponer, atento a que si no sale al juicio le perjudicará la sentencia que en él se dicte.

"Ello, al establecerse en el artículo 97 de dicha legislación, lo siguiente: (lo transcribe).

"De ahí el interés del fiado, contrafiador u obligado solidario de acudir a juicio en defensa de su propio interés como coadyuvante de la afianzadora, pues de resultar condenada en el juicio seguido contra ella, indirectamente le causaría agravio a cualquiera de éstos.

"En ese orden, es evidente que al integrarse el tercero interesado a la litis natural como parte en la relación jurídico sustancial, la cual le puede deparar perjuicio, deben respetarse sus garantías de audiencia y de tutela judicial efectiva prevista en los artículos 14 y 17 constitucionales. De otro modo, su llamamiento a juicio en cuyo resultado tiene indudable interés, no tendría ninguna utilidad práctica, pues lo reduciría al papel de un simple espectador del litigio entre la parte actora y la demandada, sin posibilidad alguna de defender el interés jurídico que motivó su citación.

"Ahora, el respeto de dichas garantías no sólo se debe entender como la posibilidad del tercero de ofrecer las pruebas que considere convenientes para defender sus intereses, sino de que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento, que de acuerdo a lo establecido por este órgano colegiado, consisten en que el particular pueda ser notificado del inicio del procedimiento y sus consecuencias; de ofrecer y desahogar las pruebas en que se sustenta su defensa; alegar; que se dicte una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, atento a la trascendencia de la garantía de la tutela judicial efectiva, la posibilidad del error humano y la necesidad de fiscalizar la actividad judicial, ejercer el derecho de impugnación que subsane aquéllos o vigile que la administración de justicia sea óptima y garantice los fines tutelados por la ley.

"Ello, tal como se desprende de la tesis aislada I.3o.C.106 K, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2001, página 2401, con número de registro IUS 162506, de rubro y texto siguientes:

"‘PRINCIPIO DE IMPUGNACIÓN DE LAS SENTENCIAS. CONSTITUYE UNA FORMALIDAD ESENCIAL DEL PROCEDIMIENTO.’ ...

"Ahora, el diverso 94, fracción IV, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece: (transcribe).

"Entonces, si la propia Ley Federal de Instituciones de Fianzas no limita la posibilidad de interposición del recurso de apelación sólo a las partes naturales del juicio, dicha selección no tiene por qué realizarse ante una interpretación literal de lo señalado en el artículo 118 bis aludido pues, como ya se dijo, al integrarse el fiado como tercero interesado al juicio natural, se le debe considerar parte formal y material del mismo y, por ende, se le debe respetar su garantía de defensa prevista en los artículos 14 y 17 constitucionales, aun cuando la ley establezca que su llamado es con la finalidad de ofrecer pruebas.

"Razonamientos los anteriores por virtud de los cuales este tribunal no comparte el criterio sustentado en las tesis aislada emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: ‘JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO LLAMADO A ÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PASIVA PARA CONTROVERTIR LA SENTENCIA PRONUNCIADA CONTRA LA INSTITUCIÓN ENJUICIADA.’

"En tal virtud, ante tal contradicción de criterios sobre la misma materia, este tribunal considera procedente, de conformidad con los artículos 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, hacer la correspondiente denuncia de contradicción de tesis, a efecto de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación fije el criterio que debe prevalecer.

"Y por lo que hace al criterio sostenido también por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis aislada, de rubro: ‘JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL ARTÍCULO 118 BIS DE LA LEY RELATIVA QUE CONCEDE A LOS TERCEROS EL DERECHO A OFRECER PRUEBAS, PERO NO A OPONER DEFENSAS Y EXCEPCIONES, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL.’

"En virtud de que en la misma se realizó un pronunciamiento de constitucionalidad del artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tema en que dicho Tribunal Colegiado sólo se encuentra facultado para pronunciarse sobre la constitucionalidad como órgano de primera instancia, pues se trata de la sentencia emitida en un amparo directo respecto de una ley federal que no se encuentra contemplado dentro de los temas que en materia civil fueron delegados a los Tribunales Colegiados de Circuito por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el acuerdo quinto, inciso C), del Acuerdo General 5/2001.

"De ahí que ese criterio sólo se debe considerar como una opinión técnica jurídica de dicho órgano colegiado y no así una tesis susceptible de formar jurisprudencia.

"Por otra parte, cabe señalar que si bien la legitimación para la interposición del recurso de apelación se encuentra condicionada a que el acto impugnado genere un perjuicio o agravio, para su satisfacción sólo se requiere que este requisito sea evidenciado, pues su existencia constituirá materia de análisis del fondo del asunto, que de ser considerado como requisito para su procedencia, se correría el riesgo de incurrir en una petición de principio en contra de la parte que se considera afectada.

"En apoyo a lo anterior, se cita la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Cuarta Parte, tomo LVII, página 18, con número de registro IUS 270180, de rubro y texto siguientes:

"‘APELACIÓN, LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA LA.’ (transcribe)

"Con base en lo anterior, es que se concluye que el acto reclamado es violatorio de las garantías de la parte quejosa. En consecuencia, se impone revocar la resolución apelada para conceder el amparo solicitado por la quejosa a efecto de que el tribunal responsable:

"1. Deje insubsistente el acto reclamado; y,

"2. Emita una nueva resolución en la que, atento a los razonamientos expuestos, declare fundado el recurso de reposición interpuesto, en consecuencia, ordene la admisión del recurso de apelación interpuesto por la quejosa."

16. Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito externó su punto de vista sobre el tema que se trata, al resolver el juicio de amparo 4536/2005. Este asunto tiene los antecedentes siguientes:

16.1. En la vía especial de fianzas, la actora demandó de la afianzadora el pago de una cantidad con cargo a la póliza de fianza expedida para garantizar la amortización o devolución del anticipo otorgado dentro de un contrato de obra pública; el pago de otra suma con cargo a la póliza de fianza expedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de obra publicada; y, los intereses legales. Al contestar la demanda, la afianzadora solicitó el llamamiento a juicio del fiado, petición que se acordó en sus términos.

16.2. Seguido el juicio por su cauce legal, la Juez de Distrito en Materia Civil, a quien correspondió el conocimiento del asunto, dictó sentencia en la que condenó a la demandada al pago de la cantidad con cargo a la póliza de fianza que garantizaba la amortización del anticipo, así como al pago de intereses moratorios generados. La absolvió del pago de la suma que amparaba la fianza expedida respecto del cumplimiento del contrato de obra pública.

16.3. Inconformes con esa resolución, la actora y el tercero llamado a juicio interpusieron sendos recursos de apelación, de los cuales tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito quien, al resolver el recurso interpuesto, ordenó la modificación de la sentencia.

16.4. En desacuerdo con el fallo emitido, el tercero llamado a juicio promovió amparo directo. El tribunal de mérito sostuvo que dicho inconforme carece de legitimación pasiva para impugnar la sentencia dictada en el juicio especial de fianzas porque, de acuerdo a lo dispuesto con el artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, el legislador le reservó sus derechos para que los hiciera valer en vía de acción o excepción, según se trate. En lo atinente al tema que se analiza, después de analizar la constitucionalidad del artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (que, en opinión de dicho tribunal, reduce la intervención del fiado en el juicio especial de fianzas al ofrecimiento de pruebas, aunque no por eso es inconstitucional), dicho órgano colegiado expuso las consideraciones siguientes:

"... en principio, se estima necesario tener presente el texto del artículo 118 bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que es del tenor siguiente:

"‘Artículo 118 bis. Cuando las instituciones de fianzas reciban la reclamación de sus pólizas por parte del beneficiario, lo harán del conocimiento del fiado o, en su caso, del solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la ley, en las pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación. Por su parte, el fiado, solicitante, obligados solidarios y contrafiadores, estarán obligados a proporcionar a la afianzadora oportunamente todos los elementos y documentación que sean necesarios para determinar la procedencia y, en su caso, la cuantificación de la reclamación o bien su improcedencia, incluyéndose en este caso las excepciones relacionadas con la obligación principal que la afianzadora pueda oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la reclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer a la institución de fianzas, las cantidades necesarias para que ésta haga el pago de lo que se reconozca al beneficiario. En caso de que la afianzadora no reciba los elementos y la documentación o los pagos parciales a que se refiere el párrafo anterior, podrá decidir libremente el pago de la reclamación presentada por el beneficiario y, en este caso, el fiado, solicitante, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a reembolsar a la institución de fianzas lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato respectivo o de esta ley, sin que puedan oponerse a la institución fiadora, las excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833 del Código Civil para el Distrito Federal y los correlativos de los Estados de la República. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, el fiado conservará sus derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la improcedencia del pago hecho por la afianzadora y de los daños y perjuicios que con ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la afianzadora fueren el solicitante o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva. Independientemente de lo establecido en los párrafos precedentes, las instituciones de fianzas, al ser requeridas o demandadas por el acreedor, podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes. En caso de que no salga al juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra la institución de fianzas. Lo anterior, también será aplicable en el procedimiento conciliatorio y juicio arbitral a que se refiere esta ley así como en los procedimientos convencionales que se establezcan conforme al artículo 103 bis de la misma. El texto de este artículo se hará saber de manera inequívoca al fiado, al solicitante y, en su caso, a los obligados solidarios o contrafiadores y deberá transcribirse íntegramente en el contrato solicitud respectivo. La institución de fianzas en todo momento tendrá derecho a oponer al beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor hubiere renunciado previa y expresamente a ella.’

"Conforme a lo dispuesto en la transcrita disposición legal, en lo que al caso interesa, debe destacarse que el fiado -en la especie, la empresa constructora quejosa- conserva sus derechos para hacer valer a través de una demanda o en vía de excepción al contestar la demanda que se instaure en su contra, frente a la institución afianzadora o en su caso contra el acreedor de que se trate, la improcedencia del pago que estos últimos hayan realizado y de los daños y perjuicios que se le hubieren ocasionado con motivo del reclamo del pago de la póliza de fianza que la afianzadora expidió para garantizar las obligaciones contraídas por su fiado.

"Igualmente, acorde con el texto del numeral transcrito, se llega a la conclusión de que se legitima a las instituciones de fianzas -al ser requeridas o demandadas por el acreedor- para que denuncien el pleito al deudor principal para que éste rinda las pruebas que crea convenientes, sancionando a este último para el caso de que sea omiso en relación con ello, al establecer que le parará perjuicio la sentencia que se pronuncie en el juicio de que se trate contra la institución de fianzas.

"Lo expuesto, obliga a abordar el tema de la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial, pasiva, que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada contra la persona obligada por la ley para satisfacerlo.

"Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que este tribunal comparte, publicada en la página 993, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:

"‘LEGITIMACIÓN PASIVA. ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN, NO UN PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE ÉSTA Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO. No son lo mismo los presupuestos para el ejercicio de la acción, que las condiciones para la procedencia de ésta. Los primeros son los requisitos para ejercer la acción y necesarios para la admisión de la demanda y la validez del procedimiento, mientras que las segundas constituyen las condiciones necesarias para el acogimiento de la acción en la sentencia definitiva. Una de esas condiciones es la legitimación en la causa o relación jurídica sustancial (activa o pasiva) que se refiere a la calidad de las partes en el juicio e implica que la acción debe ser intentada por el titular del derecho y contra la persona obligada por la ley para satisf

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/23531-c6c06550/juicio-especial-de-fianzas-el-tercero-llamado-a · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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