FIANZA. LA PREVIA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, NO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO ESPECIAL DONDE SE RECLAME SU PAGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 18/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO, SEXTO, DÉCIMO, DÉCIMO PRIMERO Y DÉCIMO TERCERO, TODOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 6 DE MARZO DE 2018. UNANIMIDAD DE DOCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS FRANCISCO JAVIER SANDOVAL LÓPEZ, MAURO MIGUEL REYES ZAPATA, EDITH E. ALARCÓN MEIXUEIRO, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ELISA MACRINA ÁLVAREZ CASTRO, JOSÉ JUAN BRACAMONTES CUEVAS, ANA MARÍA SERRANO OSEGUERA, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, QUIEN ASISTIÓ EN SUSTITUCIÓN DEL MAGISTRADO J. JESÚS PÉREZ GRIMALDI, J. REFUGIO ORTEGA MARÍN, MARÍA CONCEPCIÓN ALONSO FLORES, CARLOS ARELLANO HOBELSBERGER Y NEÓFITO LÓPEZ RAMOS. AUSENTES: JOSÉ RIGOBERTO DUEÑAS CALDERÓN Y LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ. PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA. SECRETARIO: CÉSAR DE LA ROSA ZUBRÁN.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia.
El Pleno Civil es competente para conocer de la denuncia de contradicción de tesis, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y demás aplicables de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación.
La denuncia proviene de parte legítima, al haberse formulado por la Magistrada presidenta de un Tribunal Colegiado de este Circuito, de conformidad con lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, en virtud de que el tribunal que integra emitió uno de los criterios contendientes.
TERCERO.-Posturas de los Tribunales de Circuito.
a. Criterio sustentado por el Sexto Tribunal.
El Sexto Tribunal conoció del amparo directo DC. 6446/2003, promovido por **********, Sociedad Anónima, Grupo Financiero **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de uno de septiembre de dos mil tres, pronunciada por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), en el toca **********, deducido del juicio ordinario mercantil tramitado ante el Juzgado Cuadragésimo de lo Civil de esta ciudad.
El órgano colegiado negó el amparo sobre la base de las siguientes consideraciones:
• Consideró infundados los argumentos de la impetrante de garantías, en los que adujo, en esencia, que el juicio de donde emana el acto reclamado debió tramitarse en la vía que al efecto prevé la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, porque el hecho de que ése se haya tramitado en la vía ordinaria y no en la especial prevista en el artículo 94 de dicho ordenamiento, no causó perjuicio a la quejosa, en virtud de que la vía ordinaria otorga a las partes mayor posibilidad de defensa, porque los periodos procesales en los juicios ordinarios son más amplios, hay mayor oportunidad de allegar pruebas, de obtener documentos, de conseguir testigos, etcétera. Además, la demandada se acogió a esos beneficios, al ejercer sus derechos y obligaciones en los plazos establecidos para la vía ordinaria.
• El proceso ordinario y el sumario o especial son dos tipos de procesos generales, pero diferentes en la amplitud de sus plazos. En el primero, se observa un orden de los actos y términos prescritos por la ley para todas las causas en general; a él se sujetan todos los litigios que no tengan señalada una tramitación especial; se caracterizan por tener amplios periodos de prueba y de plazos deliberatorios. El especial se caracteriza por la simplificación y rapidez, por la reducción de los periodos de prueba y términos deliberatorios. Citó en apoyo a su consideración, la tesis sustentada por la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "VÍA, PROCEDENCIA DE LA."(1) y la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada con el rubro: "VÍA EJECUTIVA CIVIL. AUN CUANDO SEA LA QUE ESTABLECE LA LEY PROCESAL PARA TRAMITAR UN JUICIO, NO DEBE DECLARARSE IMPROCEDENTE LA VÍA ORDINARIA EN QUE SE PROMOVIÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ)."(2)
• En el caso, no se violó el principio de estricto derecho, por la tramitación del juicio en la vía ordinaria, pues ello no perjudicó a la demandada ni se alteraron o se modificaron las normas esenciales del procedimiento.
• No existe el pretendido conflicto normativo entre la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el Código de Comercio, por la tramitación del juicio en la vía ordinaria y no en la especial, al no haber sufrido perjuicio la quejosa por esa circunstancia.
• En la sentencia reclamada, la Sala responsable revocó la sentencia de primer grado, debido a que el Juez natural no valoró en forma integral el caudal probatorio aportado por el enjuiciante, y al valorarlo acogió las pretensiones del actor, por incumplimiento de la tercera llamada a juicio, fiada.
• Conforme al artículo 2794 del Código Civil Federal, la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Es un contrato de garantía que encuentra su base en el crédito personal. El fiador se compromete con el acreedor a cumplir por el deudor, si éste no lo hace, dicho contrato es un negocio jurídico accesorio, que supone necesariamente una deuda principal, cuyo cumplimiento el fiador asegura y garantiza. Éste no se obliga a título personal, con el acreedor, sino solamente ante la previsión del incumplimiento del deudor.
• El fiador contrae un compromiso personal; empero, su obligación surgida del contrato de fianza es distinta de la que une al acreedor y al deudor principal, pues procede de otra fuente. El reclamo de la prestación de declaración de incumplimiento del contrato garantizado fue para actualizar la hipótesis prevista en el artículo 2794 del Código Civil Federal, es decir, acreditar el incumplimiento de la contratista de la obligación contenida en la cláusula quinta y, en consecuencia, la procedencia del pago de la póliza de fianza, que se otorgó para garantizar el pago de la tercera parte de la pena convencional, en caso de incumplimiento en la fecha de entrega de la obra.
• De la recta interpretación de ese precepto legal, se llega a la convicción de que, para el reclamo del pago de una póliza de fianza expedida con motivo de la celebración de un contrato de fianza, no es requisito indispensable la declaración judicial previa de incumplimiento del fiado de la obligación que se garantiza con la expedición de la póliza respectiva, sino que basta la demostración del incumplimiento de esa carga del obligado principal, para que sea exigible el cumplimiento de la responsabilidad de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva.
• Lo anterior se corrobora con lo estipulado en la condición marcada con el número 6 del capítulo de "Condiciones generales para fianzas en los ramos I, II, III", de la póliza de fianza.
• Además, en ninguna de las disposiciones contenidas en el Código Civil, atinentes al contrato de fianza, ni en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se exige, para el acogimiento del pago de una póliza de fianza, la previa declaración judicial respecto al incumplimiento de la obligación principal.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal.
Sobre la base de las anteriores consideraciones se emitió la tesis aislada siguiente:
"PÓLIZA DE FIANZA. PARA EXIGIR SU PAGO NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA CON SU EXPEDICIÓN, SINO QUE BASTA CON LA DEMOSTRACIÓN DE ÉSTE.-De una sana y precisa interpretación del artículo 2794 del Código Civil Federal se llega a la convicción de que en términos generales, para exigir el pago de una póliza de fianza, no es requisito indispensable la declaración judicial previa de incumplimiento del fiado de la obligación que se garantiza con la expedición de la póliza correspondiente, sino que basta con la demostración del incumplimiento de esa carga del obligado principal para que sea exigible el cumplimiento de la responsabilidad de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva."(3)
b. Reiteración del criterio sustentado por el Sexto Tribunal.
El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el Sexto Tribunal concedió la protección constitucional, al resolver el juicio de amparo directo DC. 777/2016, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de treinta de agosto de dos mil dieciséis, pronunciada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, auxiliado por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el toca civil **********, derivado del juicio especial de fianzas **********, seguido por la quejosa contra **********, Sociedad Anónima, ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• Conforme al artículo 2794 del Código Civil Federal, sobre la fianza, se concluye que en términos generales, para el reclamo del pago de una póliza emitida con motivo de un contrato de fianza, no es requisito indispensable la declaración judicial previa de incumplimiento del fiado respecto de la obligación garantizada, sino que basta la demostración de tal incumplimiento, para que sea exigible la responsabilidad de los derechos y obligaciones que consten en la póliza respectiva.
• Ninguna de las disposiciones sustantivas que regulan al contrato de fianza, ni la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, exige la declaración judicial expresa de incumplimiento de la obligación principal, como elemento para que proceda el pago de una póliza de fianza.
• Además, en el caso, en las carátulas de las pólizas de fianza, tampoco se estipuló que para su pago, previamente debía existir una declaración judicial, en tanto que en esos documentos y en los contratos de prestación de servicios garantizados, las partes estipularon la causa por la que se podían hacer efectivas las pólizas.
• Se invocó la tesis I.6o.C.309 C, sustentada por ese Sexto Tribunal, publicada con el rubro: "PÓLIZA DE FIANZA. PARA EXIGIR SU PAGO NO ES REQUISITO INDISPENSABLE LA DECLARACIÓN JUDICIAL PREVIA DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE SE GARANTIZA CON SU EXPEDICIÓN, SINO QUE BASTA CON LA DEMOSTRACIÓN DE ÉSTE."
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del referido tribunal.
c. Criterio sustentado por el Décimo Primer Tribunal.
El Décimo Primer Tribunal conoció del juicio de amparo directo D.C. 4/2010, promovido por **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en el que reclamó la sentencia definitiva de veintitrés de noviembre de dos mil nueve, pronunciada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el toca civil **********, deducido del juicio especial de fianzas **********, tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad.
El órgano colegiado negó el amparo.
De las consideraciones expuestas para sustentar ese sentido, se hará mención únicamente a las relacionadas con el tema de la contradicción de tesis:
• El Tribunal Unitario responsable consideró que la pretensión de la actora, hoy quejosa, era hacer efectiva la fianza y sus endosos, emitidos por la afianzadora demandada, para garantizar que la empresa fiada hiciera la debida aplicación, inversión y/o devolución de los anticipos que recibió de la actora, con motivo del contrato de obra a precio alzado; y determinó que los elementos constitutivos de la acción eran: que la institución afianzadora se haya obligado a pagar, total o parcialmente, las sumas contenidas en la póliza y sus endosos, para el caso de que la fiada incumpliera con esas obligaciones, y que al momento de presentar la demanda, en la vía especial de fianzas, el importe pendiente de amortizar que amparaba la póliza, fuera exigible.
• La autoridad responsable apreció correctamente cuál era la póliza materia del juicio. Tal responsable razonó que aun cuando dicho contrato se encontraba vigente, la póliza de fianza aún no era exigible, hasta en tanto las partes lo dieran por terminado, o bien, ello se declarara por resolución judicial o laudo arbitral. Este razonamiento no implica que la responsable se haya referido a una póliza distinta.
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó el contenido del artículo 2842 del Código Civil aplicable en esta ciudad, en el sentido de que la obligación del fiador se extingue al mismo tiempo que la obligación principal, de lo que se colige que la fianza es accesoria de la obligación que le da origen, como se sostiene en la tesis de jurisprudencia publicada, con el rubro: "FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARÁCTER ACCESORIO QUE GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL."(4)
• Aun cuando el quejoso no reclamara el pago de la fianza, la póliza se expidió para garantizar la debida inversión, aplicación y amortización de los anticipos entregados a la fiada, con motivo del contrato de obra a precio alzado, por lo que guarda un carácter accesorio respecto de éste y su exigibilidad no puede desligarse del cumplimiento o incumplimiento de ese contrato, como consta en el texto de la póliza.
• El hecho de que, al analizar la exigibilidad de la garantía, el Magistrado responsable refiera el contrato de obra a precio alzado, no implica alguna ilegalidad, pues si la fianza es accesoria de aquél, necesariamente debía analizarla en función del mismo.
• Asistió razón al Tribunal Unitario, al considerar, que el contrato principal continúa vigente, por lo que no cabe determinar la exigibilidad de la póliza de fianza, porque si el contrato de obra a precio alzado no ha concluido, no es dable apreciar si existe una indebida aplicación de la inversión, aplicación y amortización de los anticipos entregados al contratista para la ejecución de la obra, conforme a los artículos 2616, 2625, 2630 y 2636 del Código Civil Federal, conforme a los cuales, el contrato concluye cuando se ha logrado su objeto, es decir, la ejecución de la obra y el pago del precio al contratista, o bien, por voluntad de las partes.
• Sin embargo, cuando cualquiera de las partes incumple con sus obligaciones, surge un conflicto de intereses, por lo que es necesaria la intervención de la autoridad judicial a fin de dirimir la controversia y dar por terminado el contrato fuente de las obligaciones, con la correspondiente declaración acerca de la parte que incumplió, o bien, que ambas incumplieron y en qué medida, con las consecuencias legales que ello implica. En este supuesto, la resolución o rescisión no se resuelve de pleno derecho, sino judicialmente, pues lo contrario implicaría violar el principio según el cual, nadie puede hacerse justicia por su propia mano.
• Por tanto, aun cuando tiene razón la quejosa, en cuanto a que el incumplimiento no se produce cuando la autoridad lo declara, sino cuando una de las partes no hace lo que le corresponde, para que ese incumplimiento surta consecuencias jurídicas, incluso, de forma retroactiva, debe ser reconocido por autoridad judicial. Estimar lo contrario, violentaría el estado de derecho, al aceptar que los contratos pueden ser rescindidos unilateralmente cuando una de las partes estime que la otra ha incumplido con las obligaciones contraídas, lo que implicaría hacerse justicia por propia mano; contrario al artículo 17 constitucional. Citó como apoyo la tesis del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada con el rubro: "JUSTICIA DE PROPIA MANO. CONTENIDO DE LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL."(5)
• Sobre el incumplimiento del fiado existe contienda entre los contratantes, y el procedimiento instaurado al respecto no había concluido, conforme a las constancias aportadas hasta ese momento, ni había constancia de la rescisión voluntaria del contrato, ni de la satisfacción del objeto, por lo que dicho contrato continuaba vigente.
• Lo anterior se corroboró porque ********** demandó, en la vía ordinaria civil, de la quejosa, entre otras prestaciones, la declaración de suspensión o rescisión del contrato de obra a precio alzado, tramitada en el Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Ensenada, expediente **********, el cual continuaba en trámite, de acuerdo con las pruebas allegadas al juicio de origen, en donde se atribuyen a la quejosa diversos incumplimientos en torno al contrato de obra a precio alzado.
• Sin que sea óbice la circunstancia de que, a decir de la quejosa, los plazos para la entrega de los trabajos hayan concluido, así como que el contratista de manera injustificada suspendiera los trabajos, ya que si bien eso podría dar lugar a la rescisión del contrato, también lo es que no implica que la autoridad judicial quede excluida para declararlo de ese modo; sin que exista impedimento para que cualquiera de las partes pudiera exigir el cumplimiento forzoso del contrato, de conformidad con el artículo 1949 del Código Civil Federal, que establece que la facultad para rescindir la obligación, se entiende implícita en las recíprocas, así como que el perjudicado pueda escoger entre exigir su cumplimiento o la resolución (rescisión) de la obligación, con el resarcimiento de los daños y perjuicios en ambos casos, lo que implicaría que el anticipo podría continuar amortizándose de los trabajos que tuviera que ejecutar la fiada, de ser condenada a ello.
• Consecuentemente, no es posible anticipar que exista una indebida inversión, aplicación y amortización de los anticipos entregados por la quejosa a la empresa fiada para la ejecución de los trabajos, o bien, que proceda su devolución; sino hasta que el contrato culmine, y se formule el finiquito correspondiente para poder advertir el importe que no se amortizó con la ejecución de los trabajos. Citó en apoyo a sus consideraciones la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "CONTRATOS."(6)
• Existe la posibilidad de solicitar la devolución de determinada cantidad entregada con motivo de la obligación contraída en un contrato, como consecuencia de la rescisión por incumplimiento; pero esto no cabe hacerlo en un juicio especial de fianzas. Esta clase de juicio es un procedimiento breve y especial, que las partes deben sustanciar ante los tribunales competentes a fin de exigir el pago de la fianza, por lo cual, se requiere que ésta sea exigible a la fecha de su presentación, dado el incumplimiento del fiado, lo cual debe estar determinado previamente.
• Por tanto, la declaración de terminación del contrato de obra a precio alzado no puede ser materia de litis en el juicio especial de fianzas, sino que corresponde a un diverso contradictorio, en el que las partes deben allegar las pruebas necesarias para demostrar el cumplimiento de lo que les incumbe y, en su caso, que se declare la terminación del contrato y, como consecuencia, la exigibilidad del anticipo, cuyo monto no se amortizó con los trabajos ejecutados.
• En este orden de ideas, es irrelevante que la quejosa haya ofrecido pruebas para acreditar que la fiada suspendió los trabajos, ya que éstas no pueden ser objeto de análisis para determinar la existencia del incumplimiento y, por ende, que procede declarar rescindido o terminado el contrato y, por consiguiente, la devolución del anticipo, ya que esas cuestiones son ajenas a la vía especial de fianzas.
• Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SON EXIGIBLES AUN CUANDO EN EL MEDIO IMPUGNATIVO CORRESPONDIENTE NO SE HAYA RECONOCIDO, POR RESOLUCIÓN FIRME, LA VALIDEZ DE LA RESCISIÓN DECRETADA POR INCUMPLIMIENTO DEL OBLIGADO PRINCIPAL, SALVO CUANDO EL DEUDOR PRINCIPAL OBTENGA LA SUSPENSIÓN O CUANDO EN LA PÓLIZA SE PACTE LO CONTRARIO Y LA LEY PERMITA CONVENIR SOBRE ESE ASPECTO.",(7) toda vez que el criterio es aplicable sólo a contratos de obra pública, pues al emitirlo, el Alto Tribunal partió de la base de que el aviso de rescisión es emitido por una autoridad administrativa, cuyos actos están dotados de una presunción de validez juris tantum, mientras que en el caso analizado por el Colegiado, existe un conflicto de intereses entre particulares, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones del contrato que dio origen a la póliza de fianza, por lo que es menester que dicho contradictorio culmine con la declaración de la autoridad jurisdiccional de la rescisión del contrato para que pueda determinarse la exigibilidad de la póliza de fianza.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes del tribunal.
Las consideraciones anteriores dieron origen a los siguientes criterios:
"FIANZA. EXIGIBILIDAD DE LA OTORGADA ENTRE PARTICULARES. AL SER UN PRESUPUESTO PARA LA VÍA ESPECIAL, EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE LA HACE PROCEDENTE, DEBE ESTAR DETERMINADO JUDICIALMENTE PREVIO A LA INSTAURACIÓN DEL JUICIO, CUANDO EXISTE CONFLICTO DE INTERESES ENTRE AQUÉLLOS.-Cuando cualquiera de las partes incumple con las obligaciones contraídas merced a la celebración de un contrato entre particulares y con motivo de ello, surge un conflicto de intereses, es necesaria la intervención de la autoridad judicial a fin de dirimir la controversia y dar por terminado el contrato fuente de las obligaciones, con la correspondiente declaración de quién de las partes incumplió, o bien, que ambas partes incumplieron y en qué medida, con las consecuencias legales que ello implica. Estimar lo contrario violentaría el estado de derecho, al aceptar que los contratos pueden ser rescindidos unilateralmente, cuando una de las partes estime que la otra ha incumplido con las obligaciones contraídas, lo que implicaría hacerse justicia por propia mano, lo que resulta contrario al artículo 17 constitucional. En este orden de ideas, la acción de rescisión prevista en el artículo 1949 del Código Civil Federal establece, la posibilidad de que la parte que estime que se ha incumplido con el contrato, no obstante el cumplimiento que ella le ha dado, lo exija a su contraria, o bien, solicite la devolución de lo que entregó con motivo de obligaciones asumidas con motivo de aquél, como consecuencia de la rescisión por incumplimiento. Mientras que la vía especial de fianzas, es un procedimiento breve y especial que las partes deben substanciar ante los tribunales competentes a fin de exigir el pago de la fianza, por lo cual, se requiere que ésta sea exigible a la fecha de su presentación, dado el incumplimiento del fiado, lo cual debe estar determinado previamente. Por tanto, la declaración de terminación del contrato, del que deriva la póliza de fianza base de la acción, que permita advertir el incumplimiento en que incurrió la fiada, no puede ser materia de litis en el juicio especial de fianzas, sino que corresponde a un diverso contradictorio, en el que las partes deben allegar las pruebas necesarias para demostrar que cumplieron con lo que les incumbe, mientras que su contraparte no lo hizo, y en su caso, que se declare la terminación del contrato. Esto es, que el presupuesto en que descansa la exigibilidad de la fianza, no puede ser materia de prueba directa en la vía especial, sino que éste debe estar previamente determinado a la fecha de presentación de la demanda en que se exija la garantía."(8)
"FIANZA. OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE PARTICULARES. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE SE DECLARA JUDICIALMENTE LA RESCISIÓN DEL CONTRATO QUE DA ORIGEN A LA OBLIGACIÓN QUE GARANTIZA.-La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: ‘FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. SU CADUCIDAD DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA NOTIFICA LA RESCISIÓN POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA.’, consideró que la caducidad de la fianza para garantizar obligaciones derivadas de un contrato de obra pública, comienza a computarse a partir de que se notifica la rescisión del contrato por causas imputables al contratista y no del momento en que el contratista incurrió en incumplimiento, o cuando se extinguió la póliza de fianza, pues previamente a dicha notificación, las autoridades estaban impedidas legalmente para exigir a la afianzadora el pago del monto correspondiente. Ese criterio es aplicable por analogía a los contratos celebrados entre particulares, toda vez que el incumplimiento de la obligación que hace exigible la póliza de fianza, cuando existe conflicto de intereses entre particulares, debe estar previamente determinado a la instauración del juicio en la vía especial, al ser un presupuesto de la acción. Consecuentemente, es hasta el momento en que la autoridad judicial declara la rescisión del contrato, en que se está en posibilidad de determinar si existió o no incumplimiento de las obligaciones garantizadas con la póliza de fianza, y por tanto, que ésta es exigible, por lo que la caducidad y en su caso, la prescripción, se computarán a partir de ese supuesto, ya que previo a que se declare la rescisión del contrato, el beneficiario estará impedido legalmente para exigir a la afianzadora el pago del monto correspondiente, pues no existe dato certero que permita advertir el incumplimiento en que descansa la exigibilidad de la garantía."(9)
d. Criterio sostenido por el Décimo Tribunal.
El seis de agosto de dos mil quince, el Décimo Tribunal negó la protección constitucional, al resolver el juicio de amparo directo DC. 226/2015, promovido por **********, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, por conducto de su apoderado **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de treinta de enero de dos mil quince, pronunciada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, en el toca civil ********** y su acumulado **********, derivados del juicio especial de fianzas **********, seguido por la quejosa contra **********, ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• En el juicio especial de fianzas no deben examinarse las pruebas aportadas sobre el incumplimiento de la fiada, así como la rescisión unilateral del contrato principal, pues la relación contractual, tanto en el contrato principal como en las fianzas y su endoso de aumento, es entre particulares, por lo que conforme al artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, desde el momento en que el beneficiario solicita a la institución de fianzas el pago de una fianza expedida a su favor debe demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación.
• Si se reclama la garantía ante la autoridad jurisdiccional, el demandante debe aportar los documentos idóneos que justifiquen la exigibilidad de la obligación, en este caso, la rescisión decretada con motivo del incumplimiento del fiado de las obligaciones contraídas en el contrato principal y la no inversión correcta de los anticipos otorgados.
• En términos del citado artículo 93 referido (sic), el juicio especial de fianzas no tiene como finalidad acreditar el incumplimiento de la obligación garantizada, de manera que, para la procedencia de la reclamación, se requiere que la fianza sea exigible.
El criterio anterior fue emitido por unanimidad de votos de los Magistrados integrantes.
e. Criterio sostenido por el Décimo Tercer Tribunal.
El doce de julio de dos mil diecisiete, el Décimo Tercer Tribunal negó la protección constitucional, al resolver el juicio de amparo directo DC. 258/2017, promovido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero **********, representada por su apoderada **********, en el que reclamó la sentencia definitiva de ocho de febrero de dos mil diecisiete, pronunciada por el Tercer Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, auxiliado por el Segundo Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en el toca civil **********, derivado del juicio especial de fianzas **********, seguido por **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por **********, contra la quejosa, ante el Juez Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Las consideraciones que sustentaron su resolución, son las siguientes:
• La póliza de fianza base de la acción tiene su origen en un contrato de comodato de maquinaria y el suministro de productos, celebrado entre la actora y la fiada, regulada por los artículos 178, 279, 288 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
• La Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé de forma expresa, que las fianzas otorgadas por instituciones de seguros no se extinguen, aun cuando el acreedor no requiera judicialmente al deudor por el cumplimiento de la obligación principal y, por otra parte, reglamenta un procedimiento para que el beneficiario reclame la fianza ante la afianzadora, en donde deben aportarse todos los documentos y elementos necesarios para demostrar la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.
• Incluso, dicha normatividad autoriza que las instituciones de fianzas y el solicitante, fiado, obligado solidario o contrafiado, puedan pactar libremente procedimientos convencionales ante tribunales o árbitros, para resolver sus controversias, exigir el cumplimiento de sus obligaciones y la forma de hacer efectivas las garantías de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27744-154a42d1/fianza-la-previa-declaracion-judicial-de-incumplimiento-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
Precedentes relacionados
- JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. LA PARTICIPACIÓN DEL FIADO EN EL JUICIO ES DE CARÁCTER CONTINGENTE. JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONDENE A LA INSTITUCIÓN DE (AMPARO EN REVISIÓN)
- JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL FIADO O DEUDOR PRINCIPAL COMO TERCERO LLAMADO A ÉSTE, ESTÁ LEGITIMADO PARA OPONER EXCEPCIONES Y DEFENSAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 118 BIS DE LA L (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- FIANZAS NO FISCALES. RESULTA APLICABLE EL PLAZO DE CADUCIDAD DE TRES AÑOS CUANDO LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL ESTADO OPTAN POR HACERLAS EFECTIVAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESPE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
- JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. EL TERCERO LLAMADO A JUICIO TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN SENTIDO ADVERSO A LOS INTE (CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS))
Tesis y jurisprudencia relacionadas
- FIANZAS. EL FIADO NO PUEDE OPONER EN JUICIO A LA AFIANZADORA LAS EXCEPCIONES QUE TUVIERA FRENTE A SU ACREEDOR, INCLUIDA LA DEL PAGO DE LO INDEBIDO, CUANDO OMITIÓ PROPORCIONARLE LOS (I.3o.C.419 C)
- FIANZA. LA PREVIA DECLARACIÓN JUDICIAL DE INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN GARANTIZADA, NO ES UN REQUISITO DE PROCEDENCIA EN EL JUICIO ESPECIAL DONDE SE RECLAME SU PAGO. (PC.I.C. J/67 C (10a.))
- FIANZA. LA AFIANZADORA PUEDE DECIDIR SI PAGA O NO LA RECLAMACIÓN, AUN EN EL CASO DE QUE EL FIADO ALEGUE QUE LA OBLIGACIÓN PRINCIPAL SE ENCUENTRA SUB JÚDICE POR EXISTIR UN JUICIO AR (I.11o.C.67 C)
- FIANZAS. LA CERTIFICACIÓN QUE EXIGE EL ARTÍCULO 96 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS DEBE DIRIGIRSE A ESTABLECER QUE LA AFIANZADORA PAGÓ AL BENEFICIARIO. (IV.1o.C.17 C )
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis