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Modo: Corpus Pro

JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. LA PARTICIPACIÓN DEL FIADO EN EL JUICIO ES DE CARÁCTER CONTINGENTE. JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONDENE A LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS AL PAGO DE LA FIANZA, SÓLO PUEDE PERJUDICAR AL FIADO CUANDO LA AFIANZADORA LE HAYA DENUNCIADO EL JUICIO. JUICIO ESPECIAL DE FIANZAS. LOS ARTÍCULOS 280 Y 289 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS NO CONTRAVIENEN LOS DERECHOS DE AUDIENCIA Y DE DEFENSA DEL FIADO POR EL HECHO DE NO CONTEMPLAR SU PARTICIPACIÓN OBLIGATORIA EN EL JUICIO. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE FIANZAS. LA PARTICIPACIÓN DEL FIADO ES IMPERATIVA PARA SU SUSTANCIACIÓN.

Tipo de asunto: AMPARO EN REVISIÓN 196/2022. · Registro digital (IUS): 32283
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2024-03-22
Promovente: —
Localización: Undécima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Marzo de 2024, Tomo III, Pág.2426.

AMPARO EN REVISIÓN 196/2022. 31 DE AGOSTO DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA Y DE LA MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. DISIDENTE: MINISTRA NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: ANA MARGARITA RÍOS FARJAT. SECRETARIO: EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ.

ÍNDICE TEMÁTICO

Hechos: Dos empresas suscribieron un contrato de prestación de servicios, en el que una de ellas (la prestadora de los servicios) se comprometió con la otra (la proveedora de los productos) a la prestación de diversos servicios relacionados con la distribución y venta de cigarros. Para garantizar el cumplimiento del contrato, la prestadora de los servicios (fiada) suscribió un contrato de fianza con una institución afianzadora, quedando como beneficiaria la proveedora de los productos.

Alegando incumplimiento del contrato, la beneficiaria inició un procedimiento de reclamación ante la afianzadora para requerir el pago de la fianza, la cual fue declarada improcedente por la afianzadora. Ante ello, la beneficiaria promovió juicio especial de fianzas en contra de la afianzadora, al cual no fue llamada la fiada. El Juez de Distrito condenó a la afianzadora al pago de la fianza y determinó que, en términos del artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la sentencia le deparaba perjuicio a la fiada.

La fiada promovió amparo indirecto en el que alegó diversas cuestiones de legalidad, así como la inconstitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. El Juez de Distrito negó el amparo.

Inconformes con la resolución anterior, la beneficiaria y la fiada interpusieron recursos de revisión, en los que ésta última insistió en la inconstitucionalidad de los referidos artículos. Asimismo, el Presidente de la República interpuso recurso de revisión adhesiva alegando la constitucionalidad de los artículos impugnados.

Al advertir que se surtía competencia originaria, el Tribunal Colegiado remitió el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver la cuestión sobre la constitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

Ver índice temático

Ciudad de México. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al día treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 196/2022, interpuesto por ********** (en adelante "**********"), por conducto de su apoderado **********; y por ********** (en adelante "**********"), por conducto de su apoderado **********; al cual se adhirió el Presidente de la República, por conducto de Manuel Eduardo Mendoza Jiménez, Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; en contra de la resolución dictada el veintiséis de enero de dos mil veintidós por el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en el juicio de amparo **********.

El problema jurídico a resolver por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas son constitucionales o no.

I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. De las constancias que obran en autos del juicio de amparo ********** del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se desprenden los siguientes antecedentes:

2. Contrato de prestación de servicios. El primero de noviembre de dos mil diecisiete, ********** y ********** suscribieron un contrato de prestación de servicios, que tuvo por objeto que la primera se comprometiera a realizar los servicios de almacenaje, manejo de inventario, preventa, venta, reparto, cobro, recolección, cambio o retiro de determinadas marcas de cigarros en diversas rutas de operación.

3. Fianza. Para garantizar el cumplimiento de los servicios contratados, las partes convinieron que ********** contratara una fianza cuyo monto quedó estipulado en $********** (********** pesos, 00/100 moneda nacional).

4. En cumplimiento de lo anterior, ********** suscribió un contrato de fianza con ********** (en adelante "**********") por la referida cantidad, el cual quedó plasmado en la póliza de fianza número ********** de fecha dos de enero de dos mil diecinueve, cuyo último endoso es del catorce de febrero de dos mil diecinueve.

5. Reclamación. El nueve de agosto de dos mil diecinueve, ********** presentó una reclamación a ********** en la que le solicitó el pago de la póliza y el endoso, alegando el incumplimiento de obligaciones contractuales de **********, que representaban un adeudo superior al monto de la fianza contratada. El ocho de octubre de dos mil diecinueve ********** comunicó por escrito a ********** que la reclamación era improcedente.

6. Juicio especial de fianzas. El veinticinco de junio de dos mil veinte, **********, por conducto de su apoderado, promovió juicio especial de fianzas en contra de **********, en el cual demandó el reconocimiento judicial de que la demandada había incumplido su obligación derivada de la póliza de fianza **********, así como el pago de la cantidad de $********** (********** pesos, 00/100 moneda nacional), de la indemnización por mora prevista en el artículo 283 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas,(1) y de los gastos y costas del juicio.

7. El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México conoció del referido juicio, le asignó el número de expediente ********** y el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno dictó sentencia en la cual condenó a ********** al pago de la cantidad de $********** (********** pesos, 00/100 moneda nacional) y de la indemnización por mora, pero no condenó a costas.

8. Además, en el resolutivo Cuarto de la sentencia estableció lo siguiente: "Esta sentencia sí depara perjuicio a la fiada ‘**********’, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, para los efectos legales a que haya lugar". Ello, no obstante que de las constancias de autos no se desprende que se hubiese emplazado a ********** al juicio especial de fianzas.

9. Demanda de amparo. El diecisiete de agosto de dos mil veintiuno **********, por conducto de su apoderado **********, solicitó el amparo y protección de la justicia de la Unión en contra de actos del Juez, Secretario y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, consistentes en la falta e ilegal emplazamiento de ********** al juicio especial de fianzas **********.

10. ********** manifestó en su escrito de demanda que no fue emplazada al referido juicio y que tuvo conocimiento de la existencia de éste el dieciséis de agosto de dos mil veintiuno al realizar una consulta al sistema de consultas de demandas conocido como "BUHO LEGAL". Adicionalmente, planteó los conceptos de violación que se resumen a continuación:

• Primero. La falta e ilegal emplazamiento supuestamente realizado por el personal del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, puesto que jamás ha sido emplazada a juicio, y el supuesto citatorio y cédula de emplazamiento que deben obrar dentro del expediente **********, resultan contrarios a los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, 1086 Bis del Código de Comercio, así como a los artículos 1, 14, 16, 17 y 28 de la Constitución Política del país.

• Segundo. De acuerdo con el artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en caso de que las instituciones de fianzas sean requeridas éstas denunciarán el juicio a tercero o deudor principal, con el objetivo de que éstos rindan las pruebas que consideren pertinentes para demeritar la demanda.

Al momento de ser emplazada a juicio ********** debió denunciar el juicio a **********; pero aún ante la ausencia de dicha denuncia el juzgador debió haber advertido que para integrar debidamente la litis tenía que llamar a juicio a **********.

La denuncia de juicio al principal obligado es de radical importancia en razón de que es la única persona o parte que tiene en su poder los elementos de convicción para que se determine la procedencia o improcedencia de la demanda interpuesta por la parte beneficiaria, ya que la fianza depende de la actualización del incumplimiento a las obligaciones en el contrato origen de la fianza, por lo que el Juez debe tener los elementos de prueba relacionados con dicho contrato para la demanda.

La ausencia y falta de llamamiento a juicio causa un grave y flagrante perjuicio porque origina que exista una sentencia aparentemente condenatoria, que no contó con los elementos de prueba suficientes para emitir un fallo congruente, y que perjudica económicamente a **********, al facultar a la institución financiera para ejercer los cobros de reembolso que correspondan.

• Tercero. El acto reclamado vulnera los derechos esenciales de **********, toda vez que no se le hace parte en un juicio donde se dirimen consecuencias económicas directas que afectan su patrimonio.

El artículo 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé la figura legal de deudor principal como tercero en el juicio especial de fianza. Por la particular posición de conocimiento de las obligaciones y hechos para con la parte beneficiaria, la ley los considera de esencial importancia para allegar pruebas al juicio, para que la afianzadora tenga los medios suficientes de defensa y no se encuentre en un estado de desventaja, que perjudique tanto a ella como a la fiada.

Incluso, dicho numeral contempla una sanción, donde si como tercero no salen a juicio para cumplir el objeto de allegar pruebas, les perjudicará la sentencia que se emita en el juicio especial de fianza. Por lo que ********** no sólo tenía el derecho de acudir al juicio, sino que además existe una obligación de allegar pruebas, cuyo incumplimiento trae una sanción.

Sin embargo, el juzgador no requirió a las partes para que se cumpliera con el artículo 289, sino que se limitó a cumplir con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual regula el proceso especial de fianzas, sin embargo, no contempla la obligación de llamar a tercero en calidad de deudor principal, lo que es inconstitucional.

El juzgador debió tomar en cuenta todas las disposiciones de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, particularmente el artículo 289, el cual está íntimamente relacionado con los artículos 79 y 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.(2)

• Razonamientos de inconstitucionalidad. Los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas resultan incongruentes con la legislación aplicable, así como contrarios al respeto de la garantía de audiencia y defensa, toda vez que ambos en su conjunto olvidan y afectan los derechos de los terceros en los juicios especiales de fianzas.

El artículo 280 lo olvida en su totalidad, ya que en ninguna de las fracciones contenidas en el mismo hace mención de que existe la obligación de llamar a juicio esencialmente al deudor principal.

Por otro lado, el artículo 289 si bien establece la necesidad de llamar a juicio a dicho deudor principal, imponiéndole una obligación de rendir pruebas y una sanción para el caso de no hacerlo, no redacta dicha necesidad de forma categórica. Los juzgadores evaden esta disposición legal ya que en su redacción no es clara ni imperativa en dicha situación jurídica.

El problema de redacción en dicho dispositivo legal radica en que señala textualmente "podrán denunciar el pleito al deudor principal", cuando en realidad, de una lectura a todo el párrafo, es evidente que no es una potestad, sino una obligación el llamar a juicio al deudor principal.

La necesidad radica en que sólo esta parte es la que puede rendir pruebas suficientes para conocer la verdad jurídica sobre la obligación garantizada por medio de la fianza. Es imposible que la afianzadora tenga el conocimiento pleno de la obligación garantizada, y solo es en el momento de que se le requiere el pago de la fianza cuando nace la necesidad de enterarse si la obligación garantizada es exigible o no para determinar sobre la procedencia o no de su reclamo, y la forma de hacerlo es exclusivamente a través del fiado o parte fiada, por lo que tanto en la instancia de reclamación interna ante la afianzadora, como en la instancia judicial, es necesario que se involucre a la parte fiada.

Entonces, la inconstitucionalidad de los artículos radica en que afectan la igualdad de las partes en el litigio porque la demandada no tiene los medios de prueba suficientes para defenderse, así como que olvidan señalar la obligación de involucrar al deudor principal.

11. El Juzgado Décimo Tercero en Materia Civil de la Ciudad de México conoció de la demanda de amparo, le asignó el número de expediente ********** y la admitió a trámite el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, teniendo por autoridades responsables únicamente al Juez y Actuario adscritos al Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, a los cuales requirió el informe correspondiente.

12. Ampliación de la demanda de amparo. Después de que tuvo conocimiento de los informes justificados de las responsables, el ocho de octubre de dos mil veintiuno, ********** presentó ampliación de la demanda de amparo en la que señaló como actos reclamados distintas actuaciones concretas ocurridas en el juicio especial de fianzas **********, y formuló los conceptos de violación que se resumen a continuación:

• Primero. En el auto donde se previno a la actora a corregir o complementar su escrito de demanda, se le debió prevenir para señalar como parte o tercero a **********, para que ésta pudiera defender sus derechos, toda vez que económica y obligacionalmente es a ella a quien termina perjudicando la contienda jurídica que se dirima.

De los artículos 2794 y 2814 del Código Civil Federal se desprende que la fianza es un contrato que impone obligaciones a tres partes y respecto del cual existe la obligación de agotar la intervención y patrimonio del deudor para efecto de proceder a reclamar la deuda al fiador.(3)

Por otra parte, el artículo 1380 del Código de Comercio establece la obligación del Juez de revisar la demanda e identificar si existe obscuridad o irregularidad en la misma, así como mandar prever a la promovente para que la subsane.(4)

El auto señalado afecta la esfera jurídica de ********** porque al revisar las pretensiones de la actora el Juez debió advertir la irregularidad de no haberla señalado como parte en el juicio, siendo que le compete el conocimiento de la situación real de la obligación, además de que tanto con la ejecución de las garantías como con la inminente orden de embargo de bienes se afecta su patrimonio.

• Segundo. Es violatorio de los derechos de ********** el auto en el que se admitió la demanda del juicio especial de fianzas sin considerar la necesidad de llamarla como parte. Al participar en el documento fundatorio de la acción, el Juez tenía que involucrarla en el juicio toda vez que es a quien termina perjudicando lo que se decida en el juicio.

El Juez debió advertir que para integrar debidamente la litis tenía que considerar como requisito involucrar a ********** para que ésta pudiera ejercer sus derechos como parte del contrato de fianza del cual se exige el cumplimiento.

• Tercero. Violenta los derechos de ********** el auto en el que el Juez tuvo a ********** por contestando la demanda, sin que se le haya señalado como parte o tercero. Siendo necesario jurídicamente darle intervención a ********** era obligación del Juez advertir tal situación y prevenir a la demandada o de oficio llamarla a juicio, para efectos de integrar la litis y el caudal probatorio y respetar sus derechos a ofrecer pruebas e interponer defensas y excepciones.

• Cuarto. Vulnera los derechos de ********** el auto en el que Juez cierra la litis y abre el periodo probatorio sin darle intervención bajo ninguna figura, limitando la obtención de pruebas. Ello no sólo era obligación o facultad de la demandada sino que, a su vez, es obligación del juzgador verificar la intervención de la parte fiada pues sólo así se cumple con la debida diligencia de allegarse de las pruebas suficientes y necesarias para dirimir el litigio.

• Quinto. Es ilegal la sentencia en la que se condena a la demandada al pago de la póliza de fianza y además señala que la sentencia le depara perjuicio a **********, sin que se hubiesen respetado sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso. Aun en el proceso de dictado de la sentencia el Juez debió analizar que la litis estuviera debidamente integrada y advertir que faltaba la intervención de **********.

La sentencia misma considera que existe una deficiencia de pruebas y de argumentos por parte de la demandada para defenderse, sin embargo, se equivoca en señalar que ello fue deficiencia exclusiva de la demandada, pues es compartida por el propio juzgador, porque si hubiera analizado la acción, los documentos fundatorios y el proceso especial de fianza, forzosamente se hubiera convencido de que era necesario llamar a juicio a **********.

Si en la sentencia el juzgador está obligado a verificar que se cumplan los requisitos esenciales para su dictado, como lo es la debida integración de la litis y la oportunidad de defensa de los derechos de las partes, tenía obligación se proveer que no podía dictar el fallo siendo que faltaba la integración como parte de **********.

• Sexto. Es ilegal la sentencia en la que se condena que le depare perjuicio a ********** sin que se hubiesen respetado sus derechos de audiencia, defensa y debido proceso.

Para que le perjudique la sentencia al deudor principal forzosamente se le tiene que denunciar el pleito para que pueda entonces rendir las pruebas convenientes, y solo sí se otorga la oportunidad, es que le perjudicará a la deudora principal, como lo dispone el segundo párrafo del artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

• Inconstitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas. En este apartado se reiteran los argumentos sobre la inconstitucionalidad de estos preceptos que se exponen en la demanda.

13. Mediante auto de fecha once de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito admitió la ampliación únicamente respecto de los conceptos de violación, pero no respecto de los actos reclamados al no encuadrar éstos en alguno de los supuestos previstos en el artículo 111 de la Ley de Amparo.(5) Además, por diverso proveído de fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, le requirió a ********** que precisara las autoridades a las que reclamaba la inconstitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y, en su caso, acompañara las copias de traslado correspondientes.

14. ********** cumplió con el requerimiento y señaló como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, al Presidente de la República, al Diario Oficial de la Federación y al Juez Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Con base en ello, la juzgadora de amparo les solicitó a dichas autoridades los informes correspondientes.

15. Sentencia de amparo. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, previa celebración de la audiencia constitucional, la Secretaria en funciones de Jueza de Distrito dictó sentencia en el juicio de amparo **********, en la cual, por un lado, negó el amparo respecto de los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, al Presidente de la República y al Diario Oficial de la Federación; y, por otra parte, otorgó el amparo respecto de los actos reclamados al Juez y a los Actuarios del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México. Por lo cual, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio especial de fianzas ********** y ordenó que se reponga el procedimiento y se emplace a juicio a **********. Dicha resolución la sustentó en las consideraciones que se resumen a continuación: • Los conceptos de invalidez en los que se alega la inconstitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas son inoperantes pues en ellos se ataca la interpretación y aplicación de los preceptos por parte del Juez responsable, no así la esencia de la inconstitucionalidad invocada en su demanda. La parte quejosa no refiere precepto constitucional en específico con el cual deban ser confrontadas las normas jurídicas reclamadas, además de que no se expresa un razonamiento claro y preciso sobre de qué manera los artículos impugnados transgreden algún precepto constitucional.

• Los argumentos de que los artículos 280 y 289 referidos afectan la igualdad de las partes dado que la demandada no tiene los medios de prueba para defenderse, por lo que debería ser obligatorio involucrar al deudor principal son infundados. De una interpretación sistemática se concluye que estos preceptos no colisionan con la garantía de audiencia y el debido proceso.

• El planteamiento de que debió llamarse a juicio a ********** porque la sentencia reclamada le depara perjuicio es fundado. Si el artículo 289 prevé que en caso de ser demandadas las instituciones afianzadoras por sus beneficiarios puedan llamar al obligado principal o fiado, aunado al hecho de que el Juez responsable al resolver el juicio especial de fianzas manifestó dicha circunstancia, es evidente que la quejosa sí debía ser llamada a ese contradictorio a deducir sus derechos, máxime si le paró perjuicio; por lo cual, procede conceder el amparo.

16. Recurso de Revisión de **********. Mediante escrito presentado el once de febrero de dos mil veintidós, ********** interpuso recurso de revisión, en el que expuso, en esencia, los siguientes agravios:

• Único (sic). La sentencia recurrida es incongruente y se encuentra indebidamente motivada pues se basa en la premisa equivocada de que ********** tenía que ser llamada a juicio.

Las afianzadoras tienen una carga u oportunidad procesal (que pueden aprovechar o no) para llamar a juicio a los fiados con el propósito de que presenten pruebas, de tal suerte que si dicha oportunidad no es aprovechada se entiende precluida y el juicio se sigue sin la comparecencia del fiado.

Las consideraciones del A Quo contravienen abiertamente el texto literal del artículo 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas que expresamente utiliza el término "podrá" para señalar la alternativa o posibilidad de ejercer un derecho y no contempla una expresión imperativa que indique obligación o mandato. Por lo tanto, la interpretación del A Quo es equivocada pues no existe disposición alguna que obligara a ********** a denunciar el juicio a **********.

Los tribunales de la Federación ya han reconocido que no se actualiza un litisconsorcio pasivo necesario entre el obligado principal y el fiador, como se desprende de las tesis: "ARRENDAMIENTO, LITISCONSORCIO EN EL." y "LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO EN EL JUICIO MERCANTIL, NO SE ACTUALIZA ENTRE EL DEUDOR PRINCIPAL Y LOS AVALISTAS, POR EXISTIR ENTRE ELLOS UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA."

La sentencia es incongruente, por un lado, al analizar la constitucionalidad de los artículos 280 y 289 sostiene que no existe obligación de llamar a juicio a la fiada, sino que es facultad de la afianzadora, pero por otro lado, concluye que sí se le debió llamar a juicio.

El hecho de que el Juez determinara que la sentencia debía pararle perjuicio a ********** no significaba que se tendría que reponer todo el procedimiento para que se le llamara a juicio. El A quo tendría que haber concedido el amparo para el efecto de que la sentencia no le deparara perjuicio a **********, de tal suerte que dicha resolución no tuviera efectos de cosa juzgada para dicho fiador, justamente porque ********** omitió denunciarle el pleito. Este descuido del Juez no debe derivar en una terrible afectación para **********.

• Segundo. La sentencia recurrida no puede dejar insubsistente lo actuado en el juicio de origen y ordenar el emplazamiento de **********. El único efecto de conceder el amparo debiera ser la reposición del procedimiento para el efecto concreto de que se le permita hacer efectivos los derechos que le concede el artículo 289 para rendir pruebas; sin embargo, deberían quedar intocadas las actuaciones practicadas por **********, incluyendo su contestación a la demanda, así como el ofrecimiento, desahogo de pruebas y presentación de alegatos, pues dado el principio de relatividad en el juicio de amparo sólo podría beneficiarle a ********** pero no a **********. Al no actualizarse en el presente caso un litisconsorcio necesario los efectos del amparo no se extienden a **********.

17. Recurso de Revisión de **********. Por su parte, el catorce de febrero de dos mil veintidós, ********** interpuso diverso recurso de revisión, en el que expresó que la sentencia de amparo le generaba los siguientes agravios:

• Primero. Causa agravio que se califique como inoperante el concepto de violación relativo a la inconstitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando sí se señaló el precepto constitucional con el cual debían ser confrontadas las normas reclamadas, que se vulneraban los derechos de audiencia y defensa, y sí se realizan razonamientos en términos claros y precios sobre cómo se transgreden estos derechos.

• Segundo. Causa agravio que el Juez omite su obligación constitucional de realizar el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas, pese a que, tanto en la demanda de amparo como en su ampliación, se hizo la petición de que se ejercieran las facultades de control difuso, haciendo valer argumentos claros y procesos sobre la vulneración a los derechos de audiencia y defensa, además que en el caso era procedente la suplencia de la queja.

18. Revisión adhesiva. El seis de abril de dos mil veintidós, el Presidente de la República, a través del Director General de Amparos contra Actos Administrativos de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, interpuso recurso revisión adhesiva, en el cual expresó los siguientes agravios:

• Primero. El juzgador no estaba obligado a realizar un estudio oficioso de los derechos humanos o preceptos constitucionales o convencionales que se le transcribieron o que de manera genérica se invocan en la demanda de amparo, por no contar con elementos mínimos para poder determinar si la ley reclamada es violatoria de algún derecho humano.

• Segundo. En el supuesto no concedido de que emprenda un análisis de constitucionalidad de los artículos reclamados, el artículo 280 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas no vulnera la garantía de audiencia en tanto que contempla un procedimiento específico para las que las afianzadoras puedan hacer valer sus derechos con la debida anticipación a un acto condenatorio. Si bien dicho artículo no establece de manera específica que deberá emplazarse al fiado ello se debe a que este artículo no va dirigido a él, por lo que los argumentos de la quejosa son inoperantes.

Por lo que hace al artículo 289, éste también respeta la garantía de audiencia porque establecen la obligación de las afianzadoras de comunicarle al fiado la presentación de una reclamación para que proporcione oportunamente los elementos y documentación necesarios para determinar la procedencia de la reclamación, previamente a que se inicie un procedimiento jurisdiccional, con lo cual se garantiza el derecho de audiencia del fiado. Contrario a lo que alega la quejosa no es imperativo que este artículo contemple la obligación de llamar a juicio al deudor principal, puesto que su participación es previa a dicha instancia y, en caso de resolverse procedente la reclamación, éste podrá ejercer acción contra el acreedor, además de que se prevé la posibilidad de que participe en el juicio.

19. Sentencia del Tribunal Colegiado. Los anteriores recursos de revisión fueron del conocimiento del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito a los que correspondió el número de expediente **********. Dicho órgano colegiado emitió sentencia el veintiuno de abril de dos mil veintidós en la que sobreseyó en el juicio de amparo respecto del Director General Adjunto del Diario Oficial de la Federación y remitió los autos a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ejerza su competencia originaria respecto del análisis de constitucionalidad de los artículos 280 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

20. Trámite ante la Suprema Corte. El diez de mayo de dos mil veintidós, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que este alto tribunal asuma competencia originaria para conocer el presente asunto y admitió los recursos de revisión.

21. Mediante acuerdo de fecha veintiocho de junio de dos mil veintidós, la Ministra Presidenta de la Primera Sala determinó que la Sala se avocara al conocimiento del presente asunto y lo envió a su ponencia para la elaboración del proyecto correspondiente.

II. COMPETENCIA

22. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; y 21, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con los puntos primero, tercero y cuarto, fracción I, inciso b), del Acuerdo Gener

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/32283-ff578c02/juicio-especial-de-fianzas-la-participacion-del-fiado · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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