CADUCIDAD DE TRES AÑOS DE FIANZAS NO FISCALES OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), ESTADOS O MUNICIPIOS. DICHO PLAZO, SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 174, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL PRECEPTO 282 DE TAL LEGISLACIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO DEL TERCER CIRCUITO Y PRIMERO DEL SÉPTIMO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 8 DE JUNIO DE 2022. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, LORETTA ORTIZ AHLF, JAVIER LAYNEZ POTISEK Y YASMÍN ESQUIVEL MOSSA. PONENTE: LORETTA ORTIZ AHLF. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.
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Ciudad de México. Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al ocho de junio de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve la contradicción de tesis suscitada entre el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.
El problema jurídico a resolver por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si resulta o no aplicable la figura de la caducidad prevista en el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando derivado de un requerimiento efectuado conforme a lo dispuesto por el artículo 282 de dicho ordenamiento legal, se exija el pago de fianzas no fiscales a cargo de terceros, otorgadas en favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios.
ANTECEDENTES DEL ASUNTO
1. Denuncia de la contradicción. Mediante oficio número 003/2022 de veintiocho de enero de dos mil veintidós, suscrito electrónicamente por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitido a través del MINTERSCJN por dicho tribunal, registrado con el número de folio electrónico 5441 en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, denunciaron una posible contradicción de tesis entre el emitido por dicho Tribunal Colegiado, al resolver el amparo directo 252/2021, y el emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al fallar el amparo directo 191/2020, así como con lo considerado en la tesis III.6o.A.23 A (10a.), con el rubro: "FIANZAS NO FISCALES OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), ESTADOS O MUNICIPIOS. AL PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS LE ES APLICABLE LA CADUCIDAD DE TRES AÑOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 174, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS.",(1) emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 146/2019.
2. Trámite de la denuncia. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintidós el Ministro presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación dio cuenta con el oficio de denuncia, admitió a trámite la contradicción de tesis suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Tercer Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito; asimismo, ordenó turnar el asunto a la Ministra Loretta Ortiz Ahlf adscrita a la Segunda Sala, para la formulación del proyecto de resolución respectivo.
3. Por lo que hace a la parte de la denuncia entre el Tercero y el Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se determinó que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, carece de competencia legal para conocer de contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialización. Y toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se ordenó remitir por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias señaladas en la cuenta y del proveído, al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que diera el trámite que corresponda a la contradicción de tesis suscitada entre tales Tribunales Colegiados, al resolver los amparos directos 252/2021 y 146/2019, respectivamente.
4. Avocamiento por la Segunda Sala. Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, la presidenta de esta Segunda Sala determinó que ésta se avocara al conocimiento del asunto.
I. Competencia
5. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(2)
II. Legitimación
6. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima en términos del artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo,(3) debido a que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito que sustenta uno de los criterios contendientes.
III. Criterios denunciados
7. Criterio del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. El referido órgano colegiado resolvió el amparo directo 252/2021, presentado en contra de la sentencia emitida por la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad 2079/21-07-03-3.
8. Con la finalidad de precisar algunos antecedentes relevantes, se desprende que la demanda contencioso administrativa atinente al juicio de nulidad referido, se presentó en contra de un requerimiento de pago emitido por el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas.
9. Requerimiento en el que se le exigió a la afianzadora quejosa el pago con cargo a una póliza de fianza, expedida para garantizar a favor del fiado, la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado para la ejecución de la obra pública a base o precios unitarios y tiempo determinado.
10. Al resolver el juicio de nulidad, la Sala administrativa, en lo que al caso nos ocupa, en esencia consideró:
- Que en el caso en concreto, de la póliza de fianza se desprende que se expidió para garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del importe del anticipo otorgado para la ejecución de la obra pública a base o precios unitarios y tiempo determinado; es decir, cauciona obligaciones diversas de las fiscales en materia federal a cargo de terceros, por tanto, resulta inaplicable lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- Los diversos numerales 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, establecen los procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza expedidas por instituciones autorizadas, y de su contenido se observa que la efectividad de las pólizas de fianzas expedidas por instituciones autorizadas, está sujeta a distintos tratamientos y procedimientos, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas.
- Indicó que, tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Estados o Municipios, que garanticen obligaciones diversas de las fiscales federales, únicamente les resulta aplicable el plazo de la caducidad establecido por el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando el beneficiario haya optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en el numeral 279 de ese ordenamiento.
- Que, en el caso, la autoridad requirió de pago a la afianzadora actora, en términos del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo que resulta inaplicable la figura jurídica de caducidad prevista en el artículo 174 del cuerpo de leyes en cita. Consideró aplicable al caso la tesis de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS."(4)
11. En contra de tal determinación la afianzadora quejosa promovió el juicio de amparo 252/2021, que fue resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quien en sentencia de fecha doce de enero de dos mil veintidós, en lo que interesa, calificó como infundado el primer concepto de violación propuesto por la afianzadora quejosa mediante el cual proponía que la sentencia reclamada viola los derechos de seguridad jurídica y legalidad, al considerar que la caducidad no es aplicable cuando el beneficiario de la fianza haya optado por seguir el procedimiento establecido en el numeral 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
12. Las consideraciones que sustentan el criterio de dicho Tribunal Colegiado, en síntesis, son las siguientes:
a. Hizo referencia a las consideraciones por él sostenidas a propósito de una fianza de naturaleza penal, al resolver el amparo directo 124/2021.
b. Que de tal precedente se desprendía que es criterio del tribunal que las fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales, se harán efectivas a elección de los acreedores de la obligación principal, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 279 (escrito de reclamación que puede culminar en un procedimiento conciliatorio) y 280 (vía judicial).
c. Así como que la figura de caducidad se evita mediante la reclamación presentada por el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo que la institución de la caducidad es inaplicable al cobro de una fianza penal, al ser propia del procedimiento de reclamación previsto en el referido artículo 279.
d. Indicó que tales consideraciones eran acordes a lo expresado por la Sala responsable en la sentencia reclamada con relación a que cuando los beneficiarios de una fianza son distintos de la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los Estados o los Municipios, el procedimiento previo a la efectividad de la fianza, está regulado en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en el cual debe vencerse a la afianzadora, y comienza con la "reclamación" a la institución garante, que tiene el objeto de satisfacer un requisito previo necesario, en virtud de que hace nacer el derecho para hacer efectiva la fianza, así como evitar la caducidad en favor de las instituciones afianzadoras, en términos del artículo 174 de la citada ley.
e. Asimismo, que tratándose de fianzas otorgadas a favor de la Federación, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Estados o Municipios, que garanticen obligaciones diversas de las fiscales federales, únicamente les resulta aplicable el plazo de la caducidad establecido por el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, cuando el beneficiario haya optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en el numeral 279 de ese ordenamiento.
f. Por lo que al haber optado la autoridad por requerir de pago a la afianzadora actora, en términos del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, resultó inaplicable al caso concreto la figura jurídica de caducidad.
13. Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. El referido órgano colegiado resolvió el amparo directo 191/2020, presentado en contra de la sentencia emitida por la Sala Regional del Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Xalapa, Veracruz en el juicio contencioso administrativo número 3477/19-13-01-3.
14. Como antecedente relevante se desprende de autos, que tal juicio contencioso administrativo se presentó en contra de un requerimiento de pago emitido por la Procuraduría Fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, en el que se le requirió a la afianzadora quejosa las liquidaciones relativas a dos pólizas de fianza.
15. Tales pólizas de fianza se emitieron para garantizar la debida inversión o devolución parcial o total del anticipo recibido a cuenta de un contrato de obra pública, y el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a cargo de la fiada, así como la correcta ejecución de las obras, buena calidad de los materiales empleados en la misma, penas convencionales pactadas derivadas de dicho contrato, así como para responder de los defectos y vicios ocultos.
16. Al resolver el juicio de nulidad, la Sala administrativa, en lo que al caso nos ocupa, en esencia consideró:
- Del contenido del artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se obtiene que la institución quedará libre de su obligación por caducidad si el beneficiario no presenta la reclamación de la fianza, entre otros, dentro de los 180 días siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado. Así como que el plazo para que opere la caducidad, será de tres años tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios.
- Que los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, establecen distintos procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza expedidas por instituciones autorizadas, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas.
- Cuando los beneficiarios son distintos de la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los Estados o de los Municipios, el procedimiento está regulado por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dentro del cual debe vencerse a la afianzadora, y comienza con la "reclamación" a la institución garante, que tiene el objeto de satisfacer un requisito previo necesario en virtud de que hace nacer el derecho para hacer efectiva la fianza, así como evitar la caducidad a favor de las instituciones afianzadoras, en términos del artículo 174 de la ley citada.
- Por otra parte, que el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece el procedimiento cuando los beneficiarios de la fianza son la Federación, el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), los Estados o los Municipios, siempre que tratándose de la Federación no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros, que en esta hipótesis es opcional para los beneficiarios seguir el trámite previsto en el artículo 279 de la misma ley, o hacer efectiva la fianza conforme al artículo 282 de la propia ley.
- En el caso, las pólizas de fianza garantizan obligaciones diversas a las fiscales en materia federal a cargo de terceros, por tanto, resulta inaplicable lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- Indica que para que dicho numeral 174 fuere aplicable, era necesario que el beneficiario hubiera optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en los numerales 279 y 280 de la ley invocada; sin embargo, se advertía que la actora aceptó que el procedimiento de ejecución de las fianzas sería el previsto en el numeral 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, es decir, el establecido ahora en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
- Consideró aplicable al caso la tesis de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS."(5)
17. En contra de tal determinación la afianzadora quejosa promovió el juicio de amparo 191/2020, que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, quien en sentencia de fecha cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en lo que interesa, calificó como fundados los conceptos de violación mediante los cuales la afianzadora quejosa sostuvo que la Sala incorrectamente consideró inaplicable la figura de la caducidad prevista en el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, al procedimiento previsto por el diverso numeral 282 de ese mismo ordenamiento legal.
18. Las consideraciones que sustentan lo fundado de los conceptos de violación referidos y que constituyen el criterio del órgano colegiado contendiente, en síntesis, son las siguientes:
a. Del texto de los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se desprenden tres procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas por las instituciones autorizadas:
• El primero, designado como ordinario o general, que se presenta cuando los beneficiarios son personas diversas de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios, esto es, se trata de sujetos en general que no requieren calidad específica o distintiva alguna. Dicho procedimiento está previsto en el artículo 279 (reclamación) y al que optativamente pueden acudir esas entidades.
• El segundo, de carácter privilegiado o especial, cuando los beneficiarios son las entidades descritas, siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales cuando se trate de la Federación. El procedimiento está contenido en el numeral 282 (requerimiento).
• Y el tercero, es el procedimiento excepcional, en el caso de que el motivo de la garantía sea precisamente un deber tributario de carácter federal.
b. En el caso, el asunto se ubica en el segundo supuesto, debido a que la quejosa (afianzadora), promovió juicio contencioso administrativo en contra del requerimiento que se le efectuó para el pago de dos fianzas otorgadas en favor de un Estado, con motivo de un contrato de obra pública.
c. De acuerdo con las disposiciones referidas, cuando los beneficiarios son la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios (siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales), éstos tienen la opción de escoger el procedimiento establecido en el artículo 279 (reclamación), o bien, de acuerdo con las disposiciones del diverso numeral 282 (requerimiento).
d. En torno a la caducidad de ambos procedimientos, el artículo 174 de la misma Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, dispone que por regla general debe computarse en tres plazos:
I. Si el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esa ley, no presenta la reclamación de la fianza, dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza;
II. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza;
III. O, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.
e. Refirió que el propio artículo 174 de la referida legislación establece una regla especial en torno a fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios, y se precisa que, tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de tales entidades, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.
f. Así, concluyó que, tratándose de requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios, que son las entidades a las que les corresponde el procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, resulta aplicable la figura de la caducidad prevista en el numeral 174 del mismo ordenamiento, porque así está expresamente previsto.
g. Consideró aplicable la tesis de rubro: "FIANZAS NO FISCALES OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), ESTADOS O MUNICIPIOS. AL PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS LE ES APLICABLE LA CADUCIDAD DE TRES AÑOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 174, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS."(6) h. No es óbice a lo anterior, que la Sala Regional responsable invocó para sustentar el fallo reclamado, la tesis de número P./J. 121/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS."
i. Lo anterior, ya que al margen de que la Sala Regional responsable no expone los razonamientos que justifiquen su aplicabilidad al caso concreto, su emisión partió del análisis de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, principalmente el artículo 120 del indicado ordenamiento, que regulaba las figuras de la caducidad y prescripción en términos distintos de lo previsto en los artículos 174 y 175 de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
j. En efecto, la regulación de las figuras de la caducidad y prescripción contenidas en el artículo 120 de la abrogada Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y la prevista en los artículos 174 y 175 de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, es distinta, pues en aquella legislación no se preveía el supuesto del "requerimiento" (relativo al procedimiento privilegiado o especial), al regularse la caducidad, pues en los primeros dos párrafos únicamente se aludía a la "reclamación" (relativa al procedimiento ordinario o general); en tanto que, como se ha evidenciado, el texto del artículo 174 de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que prevé la figura de la caducidad, sí hace alusión a los dos procedimientos (reclamación y requerimiento), al señalar en el segundo párrafo lo siguiente: "Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años."
IV. Existencia de la contradicción
19. Existencia de la contradicción de tesis. Procede ahora dilucidar si en el caso existe o no la contradicción de tesis denunciada.
20. La existencia de la contradicción de tesis está condicionada a que los órganos jurisdiccionales terminales, en las sentencias que pronuncien, sostengan decisiones contradictorias, esto es, que se advierta la existencia de argumentos lógico-jurídicos discrepantes que irradien en una conclusión diversa sobre el mismo punto jurídico. Esto es, la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan posturas jurídicas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales.
21. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis de jurisprudencia P./J. 72/2010,(7) cuyo tenor es el siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001, de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."
22. De acuerdo con lo anterior, la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no incida o sea determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos jurisdiccionales, sino que sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.
23. Esta Segunda Sala considera que sí existe la contradicción de tesis, ya que ambos Colegiados partieron del análisis de elementos similares, en virtud de los cuales abordaron el estudio de un mismo punto jurídico respecto del cual arribaron a conclusiones diversas.
24. En efecto, tal como se desprende de los antecedentes de los casos estudiados tanto por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, como por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, los juicios contenciosos administrativos de los que derivaron las sentencias contradictorias –y cuyas resoluciones constituyeron los actos reclamados–, fueron promovidos por afianzadoras autorizadas.
25. A las cuales les realizaron un requerimiento conforme al procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, mediante el cual les fue solicitado el finiquito de las fianzas no fiscales a cargo de terceros, otorgadas en favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios.
26. En lo que al caso interesa, la litis que se propuso en ambos juicios contenciosos, radicó en determinar si había caducado o no la obligación de pago de las afianzadoras para lo cual, las Salas administrativas que conocieron de ambos juicios, examinaron si resultaba aplicable o no dicha figura de la caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, en los casos en los que el pago de la fianza no fiscal se haya solicitado mediante el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 282 de dicha ley.
27. Ante dicha problemática, ambas Salas administrativas concluyeron de manera idéntica, en el sentido de que para que dicho numeral 174 fuere aplicable, era necesario que el beneficiario hubiera optado por exigir su pago mediante el procedimiento de reclamación regulado en los numerales 279 y 280 de la ley invocada; sin embargo, como advertían que las actoras aceptaron el procedimiento de ejecución establecido en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, entonces, resultaba inaplicable la caducidad.
28. Ante tal situación, dentro de los juicios de amparo de los que conocieron los tribunales contendientes, el tema a dilucidar consistió en si había sido correcto o no el pronunciamiento efectuado por las Salas contenciosas administrativas, atinente a si la figura de la caducidad resulta aplicable dentro del procedimiento de requerimiento de pago de las fianzas no fiscales a cargo de terceros, emitidas a favor de la Federación, Distrito Federal (hoy Ciudad de México), Estados o Municipios, previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
29. Punto jurídico respecto del cual los tribunales contendientes arribaron a
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30881-671221b7/caducidad-de-tres-anos-de-fianzas-no-fiscales · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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