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Modo: Corpus Pro

FIANZAS NO FISCALES. RESULTA APLICABLE EL PLAZO DE CADUCIDAD DE TRES AÑOS CUANDO LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS DEL ESTADO OPTAN POR HACERLAS EFECTIVAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE REQUERIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY DE LA MATERIA).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS (ANTES CONTRADICCIÓN DE TESIS) 1/2022. · Registro digital (IUS): 30692
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2022-06-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Undécima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Junio de 2022, Tomo VI, Pág.5436.

CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS 1/2022. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y SEXTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 25 DE ABRIL DE 2022. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MOISÉS MUÑOZ PADILLA, JESÚS DE ÁVILA HUERTA, RENÉ OLVERA GAMBOA Y ROBERTO CHARCAS LEÓN. AUSENTES: SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y OSCAR HERNÁNDEZ PERAZA. DISIDENTE: JACOB TRONCOSO ÁVILA, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: RENÉ OLVERA GAMBOA. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco. El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en sesión ordinaria (virtual) correspondiente al veinticinco de abril de dos mil veintidós, emite la siguiente:

1. SENTENCIA, mediante la cual se resuelve la denuncia de contradicción de tesis 1/2022, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 252/2021, frente al criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 146/2019;(1) y,

RESULTANDO:

2. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de criterios.

3. Mediante oficio **********, remitido vía MINTERSCJN, la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó la determinación de presidencia emitida el ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante la cual admitió a trámite la contradicción de tesis 19/2022, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 252/2021, frente al diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el amparo directo 191/2020; en dicho acuerdo se precisó que ese asunto, al derivar de la materia administrativa, la competencia le correspondería a la Segunda Sala de ese Alto Tribunal.

4. No obstante lo anterior, en el propio acuerdo, la superioridad declaró carecer de competencia para conocer y resolver de la posible contradicción de tesis suscitada por los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por lo siguiente:

"... en términos de lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, décimo primero transitorio, párrafos segundo y tercero, del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, por el que se expide la vigente Ley de Amparo, así como el primero transitorio del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en dicho medio oficial el veintisiete de febrero de dos mil quince, así como lo determinado por el Tribunal Pleno en sesiones privadas de tres y veintisiete de junio de dos mil trece, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en Salas carece de competencia legal para conocer de contradicciones de tesis suscitadas entre Tribunales Colegiados del mismo Circuito y especialización, y toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debe remitirse por conducto del MINTERSCJN la versión digitalizada de las constancias señaladas en la cuenta, así como del presente proveído al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito para que dé el trámite que corresponda a la contradicción de tesis suscitada entre los Tribunales Colegiados Tercero y Sexto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver los amparos directos 252/2021 y 146/2019, respectivamente."

5. Consecuentemente, la superioridad remitió a este Pleno de Circuito, a través del MINTERSCJN, la versión digitalizada de las constancias correspondientes al expediente de contradicción de criterios 19/2022, específicamente la denuncia formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como la sentencia dictada en el amparo directo 252/2021 de su índice. En la determinación de referencia, el Alto Tribunal Constitucional precisó como punto de divergencia, el siguiente:

"Fianzas no fiscales otorgadas en favor de la Federación, de la Ciudad de México, de los Estados y/o de los Municipios. Determinar si es aplicable el plazo de tres años para que opere la caducidad prevista en el artículo 174, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas al procedimiento para hacerlas efectivas."

6. SEGUNDO.—Admisión y trámite de la contradicción de criterios (antes contradicción de tesis).

7. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, la presidencia de este Pleno de Circuito admitió a trámite el asunto, con el número de expediente de contradicción de tesis 1/2022 (actualmente contradicción de criterios), de conformidad con los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en congruencia con el numeral 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

8. En el propio auto de admisión, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la documentación necesaria para integrar este asunto y, asimismo, con fundamento en el artículo 6, fracción VI, y 14, segundo párrafo, del Acuerdo General 17/2019 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se ordenó dar aviso a la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara a este Pleno de Circuito sobre la existencia de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción de criterios.

9. Por acuerdos de veintidós y veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se recibieron las constancias solicitadas, esto es, la sentencia reclamada dentro de los autos del amparo directo 252/2021, del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, así como la sentencia reclamada dentro de los autos del amparo directo 146/2019 de la estadística del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y la ejecutoria que recayó en ese asunto. De igual manera, en los acuerdos de referencia, se tuvo a la presidencia de dichos órganos jurisdiccionales, informando que el criterio sustentado en esos asuntos, sigue vigente.

10. Finalmente, por acuerdo de presidencia de cuatro de marzo del año en curso, se tuvo al director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informando por oficio **********, que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos, tanto en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, como en los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente durante los últimos seis meses, no se advirtió la existencia de algún asunto que guardara relación con la temática que aquí se plantea; y, en el mismo proveído se ordenó turnar los autos de la presente contradicción de criterios al Magistrado René Olvera Gamboa, adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que en términos del artículo 28 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, procediera a la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.(2)

11. CUARTO.—Sesión virtual.

12. Este Pleno de Circuito en Materia Administrativa del Tercer Circuito sesionará y resolverá el presente asunto de conformidad con los artículos 1, 2, 20 y 27 del Acuerdo General 21/2020 reformado por el diverso Acuerdo General 1/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19.

13. La resolución de este asunto se llevará a cabo de manera remota, por videoconferencia, mediante el uso de medios electrónicos autorizados por el Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracciones I, III y V, del referido Acuerdo General 21/2020; y

CONSIDERANDO:

14. PRIMERO.—Competencia.

15. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en la fracción segunda del artículo primero transitorio(3) del Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, así como el diverso tercero transitorio(4) del Decreto publicado en dicho medio oficial el once de marzo de dos mil veintiuno, por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al Poder Judicial de la Federación, toda vez que aún no se surte la competencia de los Plenos Regionales prevista en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que el trámite y resolución del presente asunto se rige por los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, vigentes hasta el once de marzo y siete de junio de dos mil veintiuno, respectivamente, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito.

16. Asimismo, se surte la competencia de este órgano colegiado para conocer de la presente contradicción de criterios conforme a lo dispuesto en el punto de Acuerdo 26/2021 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las "Consultas sobre el funcionamiento de los Plenos de Circuito en relación con la reforma constitucional en materia de justicia federal, publicada el once de marzo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación", cuya parte conducente establece lo siguiente:

"PRIMERA. En acatamiento a los artículos 94 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y segundo, tercero y quinto transitorios del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2021 y al Acuerdo General 1/2021 de 8 de abril de 2021, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, los Plenos de Circuito continuarán operando en los términos en que lo venían haciendo. Asimismo, los órganos del Consejo de la Judicatura Federal continuarán ejerciendo sus atribuciones relativas a su integración, funcionamiento y vigilancia, hasta en tanto entran en funciones los Plenos Regionales, en los términos precisados en el AG 8/2015 y la demás normatividad aplicable."(5)

17. SEGUNDO.—Legitimación.

18. La denuncia de contradicción de que se trata proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo,(6) puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

19. TERCERO.—Criterios contendientes.

20. Por cuestión de metodología, en principio resulta oportuno dar a conocer los antecedentes y consideraciones sustanciales en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes para emitir sus respectivas resoluciones.

Primera postura: Amparo directo 146/2019 del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Juicio de nulidad.

• El representante de una persona moral denominada **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio con número de clave ********** de **********, emitido por el director de Notificación y Ejecución Fiscal de la Dirección de Ingresos, dependiente de la entonces Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco, mediante el cual le requirió por el pago de ********** (**********), con cargo a la póliza de fianza **********, expedida para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por una diversa persona moral, relativo a la ejecución total de una obra de rehabilitación de caminos en la propia entidad, derivado de un contrato público a precios unitarios y tiempo determinado.

• El conocimiento del asunto le correspondió a la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien admitió a trámite la demanda de nulidad, bajo el número de expediente **********. Una vez agotada la instrucción, el asunto se resolvió el **********, en donde se determinó que la parte actora probó los hechos de su acción y, por ende, se declaró la nulidad de la resolución impugnada. Lo anterior, desestimando el planteamiento de caducidad por un lado y, por otra parte, considerando fundada una diversa violación formal consistente en que al requerirse la fianza no se exhibió la póliza de manera completa.

Juicio de amparo directo

• No conforme con lo anterior, y con el objetivo de obtener un mayor beneficio, la propia afianzadora, por conducto de su representante, promovió juicio de amparo en la vía directa, el cual le tocó conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándose con el número de expediente 146/2019; y seguido el procedimiento por sus trámites legales, el asunto se resolvió en sesión ordinaria de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve,(7) en donde se decidió otorgar el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones medulares:

• En principio, el Tribunal Colegiado de Circuito declaró fundado el único concepto de la parte quejosa, en donde se adujo que, contrario a lo resuelto por la Sala responsable, en la especie sí cobraba vigencia la caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, ya que dicha figura jurídica es aplicable, tanto para la reclamación (procedimiento previsto en el artículo 279), como para el requerimiento (procedimiento regulado en el artículo 282).

• Para calificar de fundado el anterior argumento, el órgano jurisdiccional luego de estudiar los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, razonó lo siguiente:

"Como se ve, de los preceptos transcritos se desprenden los procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas por las instituciones autorizadas, que pueden clasificarse de la siguiente forma:

"a) El primero, designado como ordinario o general, que se presenta cuando los beneficiarios son personas diversas de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios, esto es, se trata de sujetos en general que no requieren calidad específica o distintiva alguna. Dicho procedimiento está previsto en el artículo 279 (reclamación) y al que optativamente pueden acudir esas entidades.

"b) El segundo, de carácter privilegiado o especial, cuando los beneficiarios son las entidades descritas, siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales cuando se trate de la Federación. El procedimiento está contenido en el numeral 282 (requerimiento); y

"c) El tercero, el procedimiento excepcional, en el caso de que el motivo de la garantía sea precisamente un deber tributario de carácter federal.

"En torno a lo anterior, cabe precisar que el asunto en análisis se ubica en el segundo supuesto, debido a que, como ha quedado previamente evidenciado, de los antecedentes del asunto y la sentencia reclamada destaca que la ahora quejosa (afianzadora), promovió juicio contencioso administrativo en contra del requerimiento que se le efectuó para el pago de una fianza otorgada en favor de un Municipio, con motivo de un contrato de obra pública.

"Así, de las disposiciones transcritas, también se advierte que en el caso del segundo procedimiento –que es el que aquí interesa– en el que los beneficiarios son la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios (siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales), éstos tienen la opción de optar por el procedimiento establecido en el artículo 279 (reclamación), o bien, de acuerdo con las disposiciones del diverso numeral 282 (requerimiento).

"En caso de optar por el primer procedimiento (reclamación), deberá formularse por escrito la ‘reclamación’ ante la institución de fianzas respectiva, como acto previo y necesario, para que, en caso de inconformidad con la improcedencia del pago que comunique la afianzadora, el beneficiario ocurra ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos previstos por el artículo 280 de esa ley.

"De optar por el segundo procedimiento (requerimiento), deberá comunicarse la exigibilidad de la garantía a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; con los documentos relativos a la fianza y a la obligación por ella garantizada, para que sea requerida de pago, con el apercibimiento de que, de no efectuarse, se rematarán valores de la institución mediante la solicitud respectiva que se envíe a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siempre que no se compruebe el pago relativo o la impugnación del requerimiento ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que corresponda.

"Con lo anterior se explica por qué al primer al primer (sic) procedimiento se le puede denominar ‘reclamación’, y al segundo ‘requerimiento’."

• Ahora bien, respecto de la caducidad en ambos procedimientos, el Tribunal de Control Constitucional analizó el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, para realizar las siguientes acotaciones:

"Como es posible advertir, la disposición transcrita prevé la figura de la caducidad, que por regla general debe computarse en tres plazos:

"I. Si el beneficiario en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de esa ley, no presenta la reclamación de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la póliza;

"II. O bien, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la expiración de la vigencia de la fianza;

"III. O, en este mismo plazo, a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible por incumplimiento del fiado.

"Luego, el segundo párrafo establece una regla especial en torno a fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios, y se precisa que tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de tales entidades, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años."

• En ese orden de ideas –expresó el tribunal contendiente–, es válido colegir que, tratándose de requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios, que son a las entidades que les corresponde el procedimiento previsto en el artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, resulta aplicable la figura de la caducidad prevista en el numeral 174 del mismo ordenamiento, porque así está expresamente previsto. Ello es así, si se toma en consideración que el propio artículo 174, en su segundo párrafo, da la pauta para arribar a dicha conclusión, al establecer que tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de esas entidades, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años, es decir, refiere al "requerimiento", lo cual es propio del procedimiento especial establecido por el artículo 282 de la ley de la materia. • El Sexto Tribunal indicó que la anterior interpretación encontraba sentido, al atenderse el contenido del diverso artículo 175 del ordenamiento en cita, de cuyo estudió coligió que el legislador federal hizo manifiesta su intención de que la figura de la prescripción sea aplicable al procedimiento especial (previsto en el artículo 282) previsto para hacer efectivas las fianzas no fiscales que se otorguen a favor de la Federación, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios; y derivado de lo anterior, razonó:

"En tales condiciones, se insiste que es de arribarse a la conclusión de que la figura de caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, es aplicable al procedimiento especial que establece el diverso numeral 282 de la citada ley, para hacer efectivas las fianzas no fiscales que se otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), de los Estados y de los Municipios."

• Finalmente, el tribunal contendiente consideró fundado el diverso argumento del quejoso, en el sentido de que los criterios citados en la sentencia reclamada no resultaban aplicables al caso en estudio; porque su emisión partió del análisis de la abrogada Ley Federal de Fianzas (sic), principalmente el artículo 120 del indicado ordenamiento, que regulaba las figuras de la caducidad y prescripción en términos distintos a lo previsto en los artículos 174 y 175 de la vigente Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; y que además, en aquella legislación no se preveía el supuesto del "requerimiento" (relativo al procedimiento privilegiado o especial), al regularse la caducidad, pues en los dos primeros párrafos únicamente se aludía a la "reclamación" (relativa al procedimiento ordinario o general), en tanto que, como se ha evidenciado: "...el texto del artículo 174 de la vigente de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, que prevé la figura de caducidad, sí hace alusión a los dos procedimientos (reclamación y requerimiento), al señalar en el segundo párrafo lo siguiente ‘Tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas a favor de la Federación del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo a que se refiere el párrafo anterior será de tres años.’"

• Consecuentemente, el órgano jurisdiccional otorgó la protección constitucional solicitada, para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente:

"1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de **********.

"2. Dicte otra en la que prescindiendo de las consideraciones que se estimaron inexactas, reexamine el concepto de impugnación en el que se planteó la caducidad prevista en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, partiendo de la premisa de que esa figura sí es aplicable tratándose del procedimiento previsto en el artículo 282 del ordenamiento en cuestión.

"3. Con libertad de jurisdicción resuelva lo que estime apegado a derecho."

• Las consideraciones jurídicas del anterior criterio se plasmaron de manera sintetizada en la tesis III.6o.A.23 A (10a.), que se transcribe a continuación:

"FIANZAS NO FISCALES OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL (ACTUALMENTE CIUDAD DE MÉXICO), ESTADOS O MUNICIPIOS. AL PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS LE ES APLICABLE LA CADUCIDAD DE TRES AÑOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 174, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS. De los artículos 279 y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se advierten los procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas por las instituciones autorizadas, los cuales pueden clasificarse de la forma siguiente: a) ordinario o general (reclamación), previsto en el primer precepto, aplicable cuando los beneficiarios son personas diversas de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios, esto es, se trata de sujetos que no requieren calidad específica o distintiva alguna; b) privilegiado o especial (requerimiento), contenido en el segundo artículo, el cual debe llevarse a cabo cuando las fianzas se otorgan en favor de las entidades descritas, siempre que, tratándose de la Federación, no se hayan garantizado obligaciones fiscales; y, c) excepcional, en el caso de que el motivo de la garantía sea un deber tributario de carácter federal. Por su parte, el artículo 174, segundo párrafo, del mismo ordenamiento, establece que tratándose de reclamaciones o requerimientos de pago por fianzas otorgadas en favor de la Federación, Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), Estados o Municipios, el plazo de caducidad será de tres años. En consecuencia, como el procedimiento especial para hacer efectivas las fianzas no fiscales es relativo al ‘requerimiento’, le es aplicable la figura de la caducidad mencionada."(8)

Segunda postura: Amparo directo 252/2021 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Juicio de nulidad.

• El representante de una persona moral denominada **********, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio con folio (sic) ********** de **********, a través de la cual el secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, le requirió por el pago de ********** (**********), con cargo a la póliza de fianza **********, expedida como garantía de un contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado.

• El conocimiento del asunto le correspondió a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, previo requerimiento, la demanda se admitió a trámite bajo el número de expediente **********. Una vez agotada la instrucción, el asunto se resolvió el **********, en donde de (sic) determinó que la parte actora no probó su acción y, por ende, se declaró la validez de la resolución impugnada, por las siguientes razones medulares:

A. La póliza de fianza se expidió para garantizar a una persona, respecto de la debida inversión o devolución total o parcial del importe anticipado otorgado para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado; es decir –expresó la Sala–, cauciona obligaciones diversas de las fiscales en materia federal a cargo de terceros, por tanto, resulta inaplicable lo previsto en el artículo 174 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

B. La Sala añadió que, tratándose de fianzas otorgadas en favor de la Federación, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), los Estados o Municipios, que garanticen obligaciones diversas a las fiscales, el aludido numeral 174 sólo resulta aplicable cuando el beneficiario haya optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en el numeral 279 del propio ordenamiento legal. Sin embargo, de la resolución impugnada se obtiene que la autoridad requirió el pago a la afianzadora-actora, en términos del diverso artículo 282 de la legislación en consulta; consecuentemente, la Sala insistió en la inaplicabilidad de ese numeral 174.

Juicio de amparo directo.

• No conforme con esa decisión, la propia parte actora promovió ante la Sala de origen juicio de amparo en la vía directa, respecto del cual le correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrándose con el número de expediente 252/2021. Seguidos los trámites correspondientes, el asunto se resolvió en sesión ordinaria remota de doce de enero de dos mil veintidós,(9) en donde se decidió negar la protección constitucional solicitada, bajo los siguientes fundamentos jurídicos:

• El Tribunal Colegiado de Circuito, de entrada, calificó de acertada la determinación de la Sala responsable, basándose en el diverso precedente del propio por el órgano jurisdiccional, al resolver el amparo directo 124/2021, en donde a propósito de una fianza penal, razonó lo siguiente:

"...es criterio de este tribunal que las fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales, se harán efectivas a elección de los acreedores de la obligación principal, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 279 (escrito de reclamación que puede culminar en un procedimiento conciliatorio) y 280 (vía judicial), así como que la figura de caducidad se evita mediante la reclamación presentada por el beneficiario, en términos de lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, por lo que la institución de la caducidad es inaplicable al cobro de una fianza penal, pues sería propia del procedimiento de reclamación, previsto en el citado artículo 279 y que dicha figura no es aplicable en el cobro de una fianza penal, debido a que el procedimiento para hacerla efectiva es el de ejecución, descrito en el referido artículo 282, mas no el de reclamación."

• En ese contexto, el Tribunal Colegiado razonó que esas consideraciones resultaban acordes con lo resuelto por la Sala responsable, tratándose de los beneficiarios de una fianza, distintos de la Federación, el Distrito Federal (actualmente Ciudad de México), los Estados o los Municipios, puesto que el procedimiento previo a la efectividad de la fianza se encuentra regulado por el artículo 279 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, el cual comienza con una "reclamación" y debe vencerse a la afianzadora, e

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30692-f6907eb6/fianzas-no-fiscales-resulta-aplicable-el-plazo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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