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Modo: Corpus Pro

PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ABROGADA. ES APLICABLE AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 95 DE LA PROPIA LEY, PARA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS NO FISCALES OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DEL DISTRITO FEDERAL, DE LOS ESTADOS Y DE LOS MUNICIPIOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 316/2015. · Registro digital (IUS): 26293
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2016-05-20
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DEL OC
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Pág. 1216.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 316/2015. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, PRIMERO DEL OCTAVO CIRCUITO, ACTUALMENTE PRIMERO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Y SEXTO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 6 DE ABRIL DE 2016. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS EDUARDO MEDINA MORA I., JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y ALBERTO PÉREZ DAYÁN. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, fracción VII y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de criterios suscitada entre Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que, por ser de naturaleza administrativa, corresponde a la materia de su especialidad.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, ya que fue formulada por los integrantes de la Sala Regional del Pacifico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en su carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, atento a lo establecido por el artículo 227, fracción II, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal.

TERCERO.-Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar los antecedentes y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias de las que provienen los criterios materia de contradicción.

I. Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Conoció del amparo directo **********, promovido por **********, contra la sentencia dictada el veintitrés de mayo de dos mil catorce, por la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad **********.

Los antecedentes del caso, son los que a continuación se resumen:

1. **********, a través de sus apoderados legales, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 401-SG-1-78613, a través del cual el director general adjunto de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación, le requirió de pago por una cantidad líquida con cargo a la póliza de fianza número **********, folios ********** y **********, del catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve.

2. Por razón de turno le correspondió conocer del asunto a la Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el número de expediente **********, la cual -una vez sustanciado el procedimiento- dictó sentencia en la que determinó reconocer la validez de la resolución impugnada.

3. Inconforme con lo anterior, la parte actora del juicio natural promovió el amparo directo **********, el cual fue resuelto por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de conocer el amparo para el efecto de que la autoridad responsable se pronunciara con respecto a los conceptos de impugnación en los que se planteó lo relativo a la prescripción de la acción intentada.

4. En cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el veintitrés de mayo de dos mil catorce, la autoridad responsable emitió una nueva sentencia en la que volvió a reconocer la validez de la resolución impugnada.

5. Contra dicha determinación, **********, promovió el amparo directo **********, en el que el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó negar el amparo.

Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, para lo que aquí interesa, fueron las siguientes:

"Una vez realizado lo anterior, este Tribunal Constitucional, en primer término, atenderá la litis compendiada en los incisos a), b), c) y d), consistente en dilucidar si al caso concreto es aplicable la figura de la prescripción como lo señala la quejosa, o no, como lo determinó la Sala responsable.

"A ese efecto, es pertinente citar lo que establecen los artículos 93, 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas: (se transcribe)

"Un análisis sistemático de estos artículos se desprende, que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé en ellos dos procedimientos distintos atendiendo a la naturaleza de los beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas.

"Un primer procedimiento es cuando los beneficiarios son la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios; este procedimiento se encuentra contenido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"Un segundo procedimiento es aquel en el que el beneficiario puede ser distinto a las entidades antes aludidas (Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios); este procedimiento se encuentra contenido en el artículo 93 de la referida ley.

"Cabe hacer la aclaración que, las entidades citadas en el referido artículo 95, también pueden elegir el procedimiento previsto en el artículo 93.

"Es importante magnificar que la figura de la prescripción contenida en el artículo 120 citado, alude al concepto de ‘reclamación’, en el sentido de que una vez presentada ésta dentro del plazo que corresponda, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción.

"Dicho artículo 120, también hace la distinción entre fianzas en las que la institución se hubiere obligado por tiempo determinado e indeterminado.

"De esta regulación de la figura de la prescripción, se desprende que evidentemente está en relación con la ‘reclamación’ que deberá presentar el beneficiario de la fianza.

"La reclamación de mérito solamente se encuentra contemplada en el procedimiento contenido en el artículo 93 de la citada ley de fianzas.

"Es así, porque en este artículo es en el que se contempla el procedimiento previo a la efectividad de la fianza, que comienza con la ‘reclamación’ ante la institución de fianzas; dicho procedimiento tiene la finalidad de agotar una instancia sumaria preliminar en la que se escuche a la institución de fianzas y a la beneficiaria de la fianza; por ende, dicho procedimiento constituye un requisito previo para provocar el nacimiento del derecho de hacer efectiva la fianza ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o por la vía judicial, y sirve también para hacer patente la pretensión de la beneficiaria con la finalidad de evitar la caducidad de su reclamo.

"Dicha reclamación da inicio a ese procedimiento previo y sumario que culmina con el pago que realice la institución de fianzas, o en su caso, con una comunicación por escrito dirigida al beneficiario que explique las razones, causas o motivos de su improcedencia, parcial o total, o bien, con una omisión de dar contestación dentro del término legal por parte de la institución de fianzas.

"Cuando la institución de fianzas procede al pago de la fianza correspondiente, lógicamente no sobreviene ninguna inconformidad por parte del beneficiario; pero cuando surge cualquiera de las diversas hipótesis planteadas, el beneficiario podrá hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o bien, ante los tribunales competentes en términos del procedimiento previsto en el artículo 94 de la misma ley, como lo señala el citado artículo 93.

"Por su parte, el artículo 95 contempla dos vías para que las entidades beneficiarias hagan efectivas las fianzas expedidas a su favor, a saber: i) siguiendo el procedimiento del artículo 93, o bien, ii) el procedimiento especial previsto en dicho artículo 95 tramitado ante la autoridad ejecutora correspondiente quien procederá a requerir de pago a la institución de fianzas con el apercibimiento de que de no efectuarse el pago se rematarán en bolsa los valores en propiedad.

"Entonces, es evidente que el concepto de ‘reclamación’, como ya se dijo, sólo se encuentra dirigido al procedimiento contenido en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas como inicio de ese procedimiento, el cual debe ser previo a que se instaure un diverso procedimiento ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros o ante tribunales competentes; pero no se encuentra previsto en el procedimiento especial que se tramita ante la autoridad ejecutora correspondiente, contemplado en el artículo 95 de la referida ley.

"De lo anterior se sigue que, si la prescripción a que se refiere el artículo 120 es una figura que sólo opera dentro del procedimiento previsto en el artículo 93, en el que debe vencerse a la institución afianzadora antes de hacer efectiva la fianza, ha de concluirse que no puede válidamente operar en el procedimiento de ejecución contenido en el artículo 95 en el que la entidad beneficiaria hubiera elegido el procedimiento contenido en ese mismo artículo, no el del 93, el cual empieza con un requerimiento de pago, no con una ‘reclamación’, puesto que en el procedimiento especial conferido en el artículo 95, no se tiene necesidad de vencer previamente a la institución afianzadora.

"En consecuencia, se puede concluir que, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que contempla la figura de la prescripción, será aplicable a las fianzas que garanticen obligaciones diversas a las fiscales otorgadas en favor de la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios, solamente cuando la entidad beneficiaria haya optado por exigir su pago mediante el procedimiento regulado en el artículo 93, pero resulta inaplicable cuando haya acudido al procedimiento especial previsto en el artículo 95 de la propia ley.

"Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 121/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, Tomo XII, diciembre de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto, son los siguientes:

"‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.’ (se transcribe)

"Todo lo considerado en líneas precedentes gira en torno de la figura de la prescripción que opera o no, en los procedimientos que intenta el beneficiario de la fianza contra la institución afianzadora.

"Precisado lo anterior, cabe señalar que en el presente asunto, la demanda que dio origen al juicio natural fue promovida por la institución **********, por conducto de sus apoderados **********, mediante el cual demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio número 401-SG-1-78613 dictada el cuatro de abril de dos mil trece, por el director general adjunto de Garantías y Procedimientos Legales de la Tesorería de la Federación quien le requirió el pago en cantidad total de $(**********) con cargo a la póliza de fianza número **********, folios ********** y ********** de fecha catorce de mayo de mil novecientos noventa y nueve, las cuales tienen su fundamento en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"Asimismo, es importante señalar que la beneficiaria de la fianza que constituye el origen de la litis, es una de las entidades previstas en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; la cual estuvo en aptitud de elegir entre el procedimiento contemplado en el artículo 93 de la citada ley, o el contenido en el propio artículo 95.

"De las constancias que obran en autos, en particular del requerimiento efectuado a la institución afianzadora, se advierte que el procedimiento que eligió el beneficiario de la fianza, fue el especial contenido en el citado artículo 95, ajeno al previsto en el diverso 93.

"Lo anterior, con base en que el citado requerimiento se efectuó a través de la Tesorería del Distrito Federal, es decir, la autoridad ejecutora correspondiente a la que se refiere la fracción II del multicitado artículo 95; incluso el requerimiento de pago y el acta de notificación, se fundaron en el referido artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"Por tanto, se concluye que el procedimiento que intentó el beneficiario de la fianza para obtener de la institución afianzadora el pago de la garantía, no fue el previsto en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sino el especial contemplado en el artículo 95 (a través de la autoridad ejecutora correspondiente).

"En ese sentido, es inconcuso que resulta infundado lo alegado por la hoy quejosa en cuanto a que en el presente asunto operó la figura de la prescripción (con la cual la institución financiera se habría liberado de su obligación de pago y en vía de consecuencia ya no podría reclamarse a la fiada, hoy quejosa, la Constitución de garantías); porque el procedimiento en el que se pretendió el pago de la fianza fue el especial contenido en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y no el previsto en el artículo 93 de la misma ley; lo cual ya ha sido materia de interpretación por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: ‘FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.’, ya citada, sin que sea óbice que se refiere a la figura de la caducidad, pues el núcleo esencial de dicho criterio consiste en la aplicabilidad o inaplicabilidad de la sanción que conlleva la omisión de la acción para hacer efectiva una fianza.

"De manera tal que, son ineficaces los argumentos propuestos por la quejosa, en el sentido de que la Sala Fiscal no acató lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas respecto a la prescripción alegada, puesto que como se demostró en líneas anteriores, dicha figura no opera en tratándose del procedimiento de ejecución a que se refiere el artículo 95 de la misma legislación ..."

II. Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán.

Conoció del amparo directo administrativo ********** (**********), en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

Los antecedentes del caso, son los que a continuación se resumen:

1. **********, demandó la nulidad del oficio **********, de cuatro de junio de dos mil catorce, por el que el director de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, le requirió de pago por una cantidad líquida con cargo a las pólizas de fianza número ********** y **********, las que se otorgaron para garantizar las obligaciones de la empresa Constructores Unidos del Mundo, Sociedad Anónima de Capital Variable.

2. Por razón de turno, le correspondió conocer del asunto a la Sala Regional del Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el número de expediente **********; una vez sustanciado el procedimiento, dictó sentencia en la que determinó reconocer la validez de la resolución impugnada.

3. Inconforme con lo anterior, la parte actora del juicio natural promovió el amparo directo **********, que le correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito.

4. Posteriormente, en apoyo del referido órgano jurisdiccional, en sesión de quince de julio de dos mil quince, el Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Morelia, Michoacán, resolvió conceder el amparo.

Las consideraciones que dieron sustento a dicha determinación, para lo que aquí interesa, fueron las siguientes:

"SEXTO.-Análisis de los conceptos de violación.

"Es importante destacar que en el caso que nos ocupa, la moral actora, reclamó la nulidad del requerimiento de pago contenido en el oficio **********, de cuatro de junio de dos mil catorce, emitido por el director de Administración de Fondos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, por la cantidad de $(**********), respecto de la póliza de fianza **********, y la cantidad de $(**********), respecto de la póliza de fianza **********, las que se otorgaron para garantizar las obligaciones de la sociedad Constructores Unidos del Mundo, Sociedad Anónima de Capital Variable; en los conceptos de nulidad, se alegó que en el caso operó la prescripción a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"La Sala del conocimiento declaró infundados los argumentos del actor, y reconoció la validez de la resolución impugnada, pues consideró que en el caso no cobra aplicación el citado numeral, ya que la prescripción a que se refiere el citado artículo, se actualiza únicamente cuando la beneficiaria ha presentado la reclamación a la institución de fianzas o ha efectuado por sí misma algún requerimiento de pago por escrito, esto es cuando la beneficiaría actúa de manera directa contra la afianzadora, pero como en el procedimiento a que se refiere el artículo 95 del mencionado ordenamiento legal, la beneficiaria no hace tal reclamación, sino que el requerimiento de pago lo efectúa una entidad distinta, como en este caso, la autoridad ejecutora, no opera la prescripción por falta de pago.

"Al respecto, la parte quejosa en el único concepto de violación, alega que lo resuelto por la Sala es ilegal y contrario a los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues resolvió que es inaplicable la prescripción del pago a que se refiere el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, pues hace una incorrecta interpretación del diverso 95 del citado ordenamiento legal, pues en ninguna parte de ese precepto se establece que sea improcedente la figura de la prescripción, ya que ni el término reclamación o requerimiento están exentos de la aplicación del artículo 120 en cuestión.

"Agrega que, la Sala se apartó de la litis, porque en el caso no fue motivo de reclamo si la prescripción aplica para el beneficiario y no para la autoridad ejecutora, toda vez que del análisis de los artículos 95 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, al emitir un requerimiento de pago opera la prescripción, y si en el caso, las pólizas de fianza se otorgaron a favor de una entidad federativa, siendo el Gobierno del Estado de Michoacán, por medio de las cuales se garantizó el contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios número **********, tanto por el anticipo otorgado como por el cumplimiento de dicho contrato.

"Que por ello -dice el inconforme-, el beneficiario para hacerse exigibles podía elegir entre los procedimientos previstos en los artículos 93 o 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; y si en el caso, se eligió el que prevé el último de los citados numerales, pues al efecto se le notificó el requerimiento el cuatro de junio de dos mil catorce; sin embargo, esa notificación se realizó fuera del plazo que establece el artículo 120 de la ley de comento y, por ello, había prescrito, pues aun cuando el requerimiento sea por autoridad ejecutora de igual forma aplica el término de la prescripción a que se refiere el citado numeral.

"Añade que, al resolver en la forma que lo hizo la Sala, restringe los derechos de la quejosa, puesto que no se aplicó exactamente y conforme a la letra de la ley el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que establece la figura de la prescripción para todo tipo de fianzas, que no sea fiscal, con independencia del procedimiento de efectividad que se intente (artículo 93 o 95), pues como se puede leer, el citado numeral, el legislador estableció la figura de la prescripción, la cual queda sujeta al plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o al de tres años lo cual resulte menor, esto es, se reconoce y distingue dos obligaciones, la principal y la obligación fiadora, pues ese precepto se compone de cuatro párrafos y en el último se establece claramente la distinción entre requerimiento de pago y reclamación con independencia de quién ejecute la fianza, considerando que ambos actos tienen el alcance de interrumpir la prescripción.

"Que por lo tanto, las acciones que nacen de las fianzas están extintas a partir del treinta de junio de dos mil diez, fecha en que se emitió el finiquito del contrato previo desahogo del procedimiento de rescisión establecido en la ley, por lo que la beneficiaria de la fianza, ya estaba en posibilidad de realizar los trámites de efectividad contando con un lapso de tres años para ello y, por ende, la Sala debió analizar que la prescripción que se invoca es independiente del procedimiento que se elija al momento de realizar el cobro de una fianza.

"Aduce también el inconforme, que diversos Tribunales Colegiados de Circuito que han resuelto asuntos con agravios similares a los que ahora se exponen, se han inclinado por afirmar que la figura de la prescripción en términos del artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, resulta aplicable cuando el procedimiento de efectividad se inicia con un requerimiento de pago, y se trata de una fianza administrativa y no fiscal, considerando que ese precepto aplica, tanto en el procedimiento ordinario que inicia con la reclamación, como en el procedimiento privilegiado que se inicia con el requerimiento de pago.

"Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha interpretado el contenido de los artículos 93, 93 Bis y 95 de la citada ley de fianzas, y concluyó, que el precepto 120 de la ley de referencia, que contempla la figura de la caducidad, será aplicable a las fianzas que garanticen obligaciones diversas de las fiscales federales otorgadas en favor de las entidades descritas, solamente cuando el beneficiario haya optado por exigir el pago mediante el procedimiento regulado en los artículos 93 y 93 Bis del citado ordenamiento legal; empero, analizó la caducidad, pero no la prescripción con respecto al artículo 95 de la ley invocada, por ello, no se puede invocar la razón de la caducidad para decir que no aplica la prescripción, porque donde la ley no distingue no lo puede hacer el juzgador.

"El citado motivo de inconformidad es fundado.

"Primeramente, es necesario resaltar, que en el presente asunto, la demanda que dio origen al juicio natural fue promovida por la institución afianzadora **********, por conducto de sus apoderados, mediante el cual demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio 540/2014 de cuatro de junio de dos mil catorce, emitida por el director de Administración de Fondos, de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, quien le requirió el pago por la cantidad de $(**********), respecto de la póliza de fianza **********, y la cantidad de $(**********), respecto de la póliza de fianza 995214, las que se otorgaron para garantizar las obligaciones de la sociedad **********.

"De lo anterior se advierte que, la beneficiaria de las fianzas que constituyen el origen de la litis, es una de las entidades previstas en el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

"Asimismo, que el requerimiento efectuado a la institución afianzadora que eligió la beneficiaria, fue el especial o privilegiado contenido en el citado artículo 95 de la citada legislación.

"Dicho precepto, así como el 93 y 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establecen: (se transcribe contenido)

"Los artículos 93 y 95 transcritos, en lo que interesa, establecen los procedimientos para hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas por las instituciones autorizadas, mismos que han sido clasificados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente forma:

"a) El primero, designado como ordinario o general, que se presenta cuando los beneficiarios son personas diversas de la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios, esto es, se trata de sujetos en general que no requieren calidad específica o distintiva alguna. Dicho procedimiento está previsto en el artículo 93 de la ley de comento.

"b) El segundo, de carácter privilegiado, cuando los beneficiarios son las entidades descritas, siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales cuando se trate de la Federación y, el procedimiento está contenido en el numeral 95 de la misma legislación invocada.

"c) El tercero, procedimiento excepcional, en el caso de que el motivo de la garantía sea precisamente un deber tributario de carácter federal.

"En el caso del segundo procedimiento en el que los beneficiarios son la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios (siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales), éstos tienen la opción de optar por el procedimiento establecido en el artículo 93, o bien, de acuerdo con las disposiciones del diverso numeral 95.

"En caso de optar por el primer procedimiento, deberá formularse por escrito la ‘reclamación’ ante la institución de fianzas respectiva, como acto previo y necesario, para que, en caso de inconformidad con la improcedencia del pago que comunique la afianzadora, el beneficiario ocurra ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, o bien, a los tribunales ordinarios.

"De optar por el segundo procedimiento, deberá comunicarse la exigibilidad de la garantía a través de un ‘requerimiento de pago’ a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, con los documentos que justifiquen la exigibilidad de la póliza y el apercibimiento de que, de no efectuarse el pago, se rematarán valores de la institución mediante la solicitud respectiva que se envíe a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siempre que no se compruebe el pago relativo o la impugnación del requerimiento ante la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que corresponda.

"Por su parte, el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece las figuras jurídicas de la caducidad y de la prescripción.

"Es decir, se establece en esencia la manera en que las instituciones de fianzas quedarán liberadas de sus obligaciones si los beneficiarios no presentan oportunamente sus reclamaciones, según sea el caso.

"Respecto a la figura jurídica de la prescripción, se destaca que cualquier requerimiento de pago hecho a la institución de fianzas, o la presentación de la reclamación, la interrumpirá, salvo que resulte improcedente.

"Ahora, la palabra prescripción según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, Vigésima segunda edición, deriva del término latino prescribiere que significa adquirir un derecho real o extinguirse un derecho o acción de cualquier clase por el transcurso del tiempo en las condiciones previstas por la ley.

"Doctrinalmente, las distintas formas en que los derechos procesales se pierden o extinguen han sido clasificadas en activas y pasivas. Las primeras suponen la voluntad del interesado de renunciar a los derechos que la ley adjetiva les otorga -lo que refleja la disponibilidad de las partes sobre el proceso- y las segundas se traducen en una actitud omisa por parte del interesado cuya sanción jurídica consiste, precisamente, en la pérdida de esos derechos.

"Las formas activas consisten en la renuncia y el desistimiento de alguna de las partes, mientras que las segundas comprenden, entre otras instituciones, a la prescripción, a la preclusión y a la caducidad.

"La prescripción tiene su origen en el derecho civil, pudiendo definirse como el medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley. La adquisición de bienes se llama prescripción positiva o usucapión y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa.

"La prescripción negativa se ha establecido en la mayoría de los sistemas jurídicos a fin de evitar que por el no ejercicio de los derechos exista la incertidumbre de su efectividad en las personas que están obligadas. En esa virtud, a los derechos de contenido patrimonial, principalmente, se les ha fijado un término para su ejercicio, transcurrido el cual, el deudor puede excepcionarse válidamente y sin responsabilidad de cumplir con la obligación a su cargo.

"En el caso concreto, opuesto a lo que se considera en la sentencia, la figura jurídica de la prescripción prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es aplicable tanto para la ‘reclamación’ que se realice en términos del numeral 93 de la propia ley (procedimiento ordinario), como para el ‘requerimiento de pago’ previsto en el artículo 95 del mismo ordenamiento (procedimien

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26293-e56731fd/prescripcion-prevista-en-el-articulo-120-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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