FIANZAS. EL PLAZO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS ABROGADA, TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 95 DEL ORDENAMIENTO REFERIDO, INICIA A PARTIR DEL REQUERIMIENTO ESCRITO DE PAGO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 287/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO, Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO. 18 DE ENERO DE 2017. MAYORÍA DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JAVIER LAYNEZ POTISEK, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS; VOTÓ CON SALVEDADES MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. DISIDENTE: EDUARDO MEDINA MORA I. PONENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. SECRETARIA: MARÍA ANTONIETA DEL CARMEN TORPEY CERVANTES.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de posible contradicción de criterios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, vigentes estos últimos a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos primero, segundo, fracción VII, y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, vigente a partir del veintidós siguiente, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis en materia administrativa especialidad de esta Sala, entre Tribunales Colegiados de diferente Circuito, resultando innecesaria la intervención del Tribunal Pleno.
SEGUNDO.-Cabe destacar que no procede al estudio de la contradicción de tesis respecto del criterio hecho valer por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en apoyo del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo directo administrativo 1032/2015, relativo al amparo directo auxiliar 99/2016, pues aun cuando el Primer Tribunal Colegiado Auxiliar mencionado sustentó un criterio diverso al Tribunal Colegiado de Circuito al que auxilia, esta Segunda Sala ha sostenido que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito Auxiliar asume la jurisdicción del auxiliado, los dos quedarían en el mismo Circuito, por lo que no se actualiza el presupuesto de procedencia establecido en el artículo 226 de la Ley de Amparo, que dispone, entre otros supuestos normativos, que las contradicciones de tesis serán resueltas, entre otros, por el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se trate de Tribunales Colegiados de diferente Circuito, lo que no sucede en la especie.
En consecuencia, procede que en torno del criterio sustentado por el Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, se remita la presente contradicción de tesis al Tribunal Pleno de Circuito para que resuelva lo que en su caso corresponda.
Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia que enseguida se reproduce:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción." [Décima Época. Registro digital: 2008428. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, materias constitucional y común, tesis 2a./J. 3/2015 (10a.), página 1656 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas»]
TERCERO.-La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, toda vez que fue formulada por los Magistrados integrantes de la Sexta Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que fue parte en uno de los criterios en contradicción como autoridad responsable, en términos de lo dispuesto en el artículo 227, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor.
CUARTO.-Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, la revisión fiscal 18/2014, el once de septiembre de dos mil catorce, sostuvo, en esencia, en la parte que interesa, lo siguiente:
• El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas (vigente al momento de los hechos) sólo establece expresamente el momento en que da inicio el plazo de la prescripción para las fianzas, cuyo pago se requiere mediante el procedimiento ordinario previsto en el artículo 93, a saber, cuando se presenta la reclamación ante la afianzadora, ya que este último es un requisito previo e ineludible para acudir a los tribunales ordinarios a exigir el cobro de la fianza.
• No sucede lo mismo con las fianzas sujetas al procedimiento especial previsto en el artículo 95, ya que en este caso, para lograr el cobro de las pólizas, no es necesario que los beneficiarios (Federación, Distrito Federal, Estados y Municipios) acudan previamente a los tribunales ordinarios a ejercer una acción, debido a que se trata de un procedimiento de cobro coactivo en el que se faculta a la autoridad ejecutora requerir directamente a la afianzadora el pago de las fianzas, con el apercibimiento que, de no hacer el pago dentro del plazo de treinta días, se rematarán valores de su propiedad, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado, según lo dispuesto por el artículo 95, fracciones II, III y IV, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
• Así, al tratarse el procedimiento especial previsto en el artículo 95 de un procedimiento de cobro forzoso, no es necesario que los beneficiarios de las fianzas acudan previamente ante los tribunales ordinarios a ejercer su acción de cobro.
• Por ese motivo, el derecho para cobrar las fianzas en el procedimiento especial no nace cuando se notifica el requerimiento de pago (como lo pretende hacer valer la recurrente), sino cuando la obligación garantizada se hace exigible, en este caso, cuando se rescindió el contrato de obra pública por incumplimiento del fiado, pues a partir de ese momento, la autoridad (beneficiaria) tuvo la posibilidad de requerir directamente a la afianzadora el pago de las fianzas, como accesorio de la obligación garantizada (cumplimiento del contrato).
• Así, la naturaleza accesoria de la fianza acarrea diversas consecuencias importantes, como son: la extinción de la obligación principal conlleva la extinción de la fianza; la prescripción de la obligación principal hace que, al mismo tiempo, prescriba la acción del acreedor contra el fiador; el carácter accesorio de la fianza determina también que el fiador no pueda obligarse en términos más gravosos que el deudor principal.
• Al ser la fianza un contrato accesorio, cuando el contrato principal de obra pública es rescindido por la entidad de la administración pública correspondiente, ante el incumplimiento del fiado, la fianza se vuelve también exigible, porque es una consecuencia de la rescisión, la cual, surte plenamente sus efectos mientras no se declare su invalidez.
• Luego, si el artículo 95, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Instituciones de Fianzas establece que la base para que la beneficiaria de la fianza pueda exigir el pago de la garantía es, precisamente, la comprobación de la "exigibilidad" de la obligación garantizada, entonces, tratándose de contratos de obra pública, dicha "exigibilidad" se da indudablemente cuando el fiado incumple con el contrato de obra, que da lugar a la rescisión administrativa y al otorgamiento del finiquito correspondiente, requisitos para hacer exigibles las garantías otorgadas.
• En ese sentido, contrario a lo aseverado por la autoridad recurrente y como lo sostuvo la Sala Fiscal, el plazo de tres años previsto en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas para que opere la prescripción, no debe computarse a partir de que se notificó a la afianzadora el requerimiento de pago impugnado, pues como se ha evidenciado, el derecho de la beneficiaria para cobrar las pólizas de fianzas nació cuando se rescindió el contrato de obra pública, previo otorgamiento del finiquito correspondiente, iniciando en ese momento simultáneamente el plazo de la prescripción, porque dicha figura extingue precisamente la obligación de pago de las fianzas por el transcurso del tiempo y ante la inactividad de la beneficiaria de exigir su cobro.
• No es óbice para lo anterior lo aseverado por la inconforme, de que la rescisión del contrato de obra pública da lugar a que inicie el plazo de la caducidad y no de la prescripción.
Es cierto que, en términos del artículo 120, segundo párrafo, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, si la afianzadora se obligó por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento del fiado.
Esto es, el plazo de la caducidad también inicia a partir de que la obligación garantizada se tornó exigible ante el incumplimiento del fiado.
Sin embargo, el hecho de que ambas figuras (caducidad y prescripción) coincidan en cuanto al momento de inicio de su operación, ello no significa que el plazo de la prescripción no pueda iniciar a partir de que la obligación garantizada se torna exigible, por incumplimiento del fiado, porque como se precisó, la fianza constituye un accesorio del contrato de obra pública, cuyo cumplimiento se garantizó, por lo que si la obligación garantizada se tornó exigible a partir del incumplimiento del fiado, ello también hizo exigible las fianzas, dada su naturaleza accesoria, por lo que a partir de ese momento nació el derecho de la beneficiaria para exigir su cobro y, por ende, también el plazo de la prescripción.
En otras palabras, al ser la fianza un contrato accesorio, cuando el contrato principal de obra pública es rescindido por la entidad de la administración pública correspondiente, ante el incumplimiento del fiado, la fianza se vuelve también exigible, porque es una consecuencia de la rescisión, la cual, surte plenamente sus efectos mientras no se declare su invalidez.
• Además, en este caso, lo único que puede operar es la prescripción, ya que como lo sostuvo la Sala Fiscal en el considerando cuarto de la sentencia recurrida, la figura de la caducidad no opera en la especie, debido a que la autoridad no optó por el procedimiento ordinario previsto en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, donde para exigir el cobro de la fianzas es necesaria, previamente, la presentación de una reclamación ante la institución afianzadora dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a partir de que la obligación garantizada se torna exigible, so pena que, de no hacerlo, se actualice la caducidad, y donde, además, la prescripción inicia a partir de otro momento, a saber, cuando se presenta la reclamación, en términos del tercer párrafo del artículo 120 de la citada ley.
QUINTO.-El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver el doce de septiembre de dos mil trece el amparo directo 384/2013, sostuvo, fundamentalmente, lo siguiente:
• El artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece los términos en que operan las figuras de caducidad y prescripción que liberan a la institución de fianzas de su obligación de pagar la fianza.
• Para que opere la caducidad, en el caso de que la fianza no sea reclamada dentro de los plazos correspondientes, transcurre a partir de que se haga exigible el pago de la póliza correspondiente, esto es, cuando hubiere transcurrido el término de su vigencia o se hubiere vuelto exigible la obligación garantizada y hasta que se presente directamente ante la institución beneficiaria por las responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza.
• Presentada la reclamación, la institución de fianzas no quedará libre de su obligación por caducidad, ya que el beneficiario habrá reclamado el pago de la fianza y, con ello, habrá nacido su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual estará sujeto a prescripción.
Por tanto, el derecho para reclamar las responsabilidades derivadas de los derechos que consten en la póliza de fianza estará sujeto a la caducidad; mientras que el derecho para hacer efectiva la póliza, que nace con el inicio del procedimiento correspondiente, estará sujeto a prescripción.
• De acuerdo con lo establecido en los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, existen tres procedimientos para hacer efectivas las fianzas otorgadas por las instituciones autorizadas: a) El ordinario o general (artículo 93 de la ley), que se actualiza cuando los beneficiarios son personas diversas a la Federación, Estados o Municipios, entre otros. b) El privilegiado (artículo 95 de la ley), que se presenta cuando los beneficiarios son estas últimas entidades, siempre que no se hayan garantizado obligaciones fiscales cuando se trate de la Federación. Y c) El excepcional, cuando el motivo de la garantía sea un deber tributario de carácter federal.
Cuando los beneficiarios son la Federación, la ahora Ciudad de México, los Estados y los Municipios y no se garantiza una obligación fiscal en favor de la primera, la entidad de que se trate tiene la opción de hacer efectivas las fianzas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artículo 93 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, o bien, conforme al previsto en el artículo 95 de dicha ley.
En caso de optar por el primer procedimiento (establecido en el artículo 93 de la ley en cita), se deberá presentar escrito de reclamación ante la institución de fianzas respectiva, como acto previo y necesario para que, en caso de inconformidad con la improcedencia del pago que comunique la afianzadora, el beneficiario ocurra al arbitraje ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (vía de conciliación), o bien, a los tribunales ordinarios (vía jurisdiccional), a fin de vencer a la afianzadora.
De optar por el procedimiento privilegiado (artículo 95 de la ley en cita), se deberá comunicar la exigibilidad de la garantía a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, con los documentos establecidos en el propio reglamento del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas, a fin de que aquélla formule un requerimiento de pago, con apercibimiento que, de no efectuarse, se rematarán valores de la institución mediante la solicitud que se envíe a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siempre que no se compruebe el pago relativo o la impugnación del requerimiento ante la Sala Fiscal, pues en este último caso, el procedimiento deberá suspenderse.
• Lo anterior, de acuerdo con las consideraciones expuestas en la resolución a la contradicción de tesis 11/98, del Pleno de este Alto Tribunal, en que se expuso que la caducidad prevista en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, será aplicable a las fianzas otorgadas en favor de las entidades del Estado que no garanticen obligaciones fiscales federales, solamente cuando el beneficiario haya optado por el procedimiento previsto en el artículo 93 de la ley, pero no cuando se haya exigido su pago en términos del artículo 95 de la ley, es decir, a través de la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, considerando que el procedimiento administrativo de ejecución de fianzas no prevé la presentación de la reclamación como su inicio, sino que se acude ante la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, para que ésta inicie el procedimiento respectivo con el requerimiento de pago, con base en la jurisprudencia del Tribunal Pleno, de rubro: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS."
• En el caso examinado, las dos pólizas de fianza origen del requerimiento impugnado, fueron expedidas por la afianzadora quejosa ante la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado de Veracruz: en la primera, para garantizar la inversión o la devolución parcial o total, en su caso, del anticipo por igual cantidad recibida a cuenta del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado y, en la segunda, el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo, la correcta ejecución de la obra, buena calidad de los materiales empleados en ésta, penas convencionales pactadas, responder de los defectos y vicios ocultos que resultaran de la ejecución de los trabajos derivados del contrato de obra pública.
La afianzadora aceptó lo preceptuado en los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y el procedimiento establecido en dichos numerales.
Que en el caso, el acto impugnado en el juicio contencioso, lo constituyó el requerimiento de pago emitido por el procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el que, para la exigibilidad de las fianzas descritas, se optó por el procedimiento privilegiado establecido en el artículo 95 de la ley en cita, por lo que la aplicación de este último precepto para requerir el pago de las pólizas de fianzas no era punto controvertido y tampoco se trata de una fianza en que se haya garantizado un tributo, por lo que la Sala, al analizar el primer concepto de impugnación, partió de manera congruente, de la inaplicabilidad del artículo 146 del Código Fiscal de la Federación y expresó las razones por las que estimó que para determinar si se encontraba o no prescrito el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación garantizada de las pólizas de fianza relativas, debía acudirse a lo previsto en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya que las pólizas no garantizaron una obligación fiscal, sino que su exigibilidad se regula por lo dispuesto en el artículo 95 de la ley en cita.
• Opuesto a lo alegado por la actora, ahora quejosa, la Sala responsable expuso las razones por las que consideró que no se demostró la figura de la prescripción del derecho para exigir el pago de las prestaciones derivadas del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.
• Que la pretensión de la ahora quejosa era que en el juicio de nulidad se declarara prescrito el requerimiento para hacer efectivas las pólizas de fianza otorgadas, lo que no aconteció, ya que para que opere debe computarse una vez que se inicia el procedimiento para hacer efectiva la fianza, esto es, cuando se formula el requerimiento de pago y no desde que se hizo exigible la obligación garantizada por incumplimiento del fiado, como lo pretende hacer valer la quejosa.
• Lo anterior, considerando que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 121/2000, sostuvo que el reclamo de las responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza de fianza, está sujeto a caducidad, conforme a lo previsto en los dos primeros párrafos del artículo 120 de la ley en cita, siempre que el procedimiento que deba seguirse para hacerla efectiva sea el previsto en el artículo 93 de la mencionada ley; mientras que el derecho para hacer efectiva la póliza, nace cuando se ha iniciado el procedimiento para ello, está sujeto a prescripción.
• Por tanto, la institución de fianzas puede verse liberada de sus obligaciones, en un primer momento, si la beneficiaria no inicia el procedimiento que prevé el artículo 93 de la ley de la materia para hacer efectiva la fianza (caducidad o prescripción extintiva de la acción de cobro), o bien, una vez iniciado el procedimiento a que se refiere dicho precepto o el diverso del artículo 95 de la ley, cuando transcurra el término del penúltimo párrafo del artículo 120 de la ley en comento (prescripción).
• En este último caso, lo que prescribe no es la acción de cobro, sino el procedimiento de ejecución, pues aquélla se habrá ejercido con la presentación de la reclamación (artículo 93) o requerimiento (artículo 95), según el caso.
• Si el beneficiario de una fianza optó por el procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el artículo 95 de la ley en cita, para hacerla efectiva, entonces, la institución de fianzas sólo podría quedar liberada de sus obligaciones a través de la prescripción, ya que dicha figura opera con independencia del procedimiento que se haya elegido para hacer efectiva una fianza.
• De ahí que para que opere la prescripción del procedimiento de ejecución para hacer efectiva la póliza de fianza, previsto en el artículo 95 de la ley, se debe computar a partir del requerimiento formulado a la institución de fianzas por la autoridad ejecutora, en términos de lo dispuesto en la fracción II del citado numeral, en tanto que, como lo prescribe el artículo 120 de la ley en cita, el derecho para hacer efectiva la póliza sujeto a prescripción nace una vez que se ha iniciado el procedimiento correspondiente y no así en el momento en que se hizo exigible la obligación garantizada, pues legalmente el plazo para que prescriba el procedimiento administrativo de ejecución de fianzas, no puede correr cuando aquél no ha iniciado; "de manera que no corresponde sancionar con la prescripción de la facultad para efectuar el cobro de la obligación contraída, debido a que, mientras no se haya iniciado el procedimiento correspondiente, la autoridad está impedida para realizar acto de cobro alguno. ..."
SEXTO.-El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el veintitrés de noviembre de dos mil quince el amparo directo 425/2015, en la parte que interesa, sostuvo, en esencia, lo siguiente:
• El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 11/98, estableció que la efectividad de las pólizas expedidas por las instituciones autorizadas está sujeta a distintos tratamientos procedimentales, atendiendo a la naturaleza de los sujetos beneficiarios y al tipo de obligaciones garantizadas de acuerdo con lo que prevén los artículos 93 y 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas abrogada y 143 del Código Fiscal de la Federación, y que son: a) Procedimiento ordinario o general, seguido cuando los beneficiarios de las fianzas son personas distintas a la Federación, Distrito Federal, Estados o Municipios que no tienen una calidad específica y que se encuentra en el artículo 93 de la ley en cita. b) Procedimiento privilegiado, aplicable cuando los beneficiarios de la fianza son los entes públicos antes referidos, siempre que, tratándose de la Federación, no se hayan garantizado obligaciones fiscales a cargo de terceros y podrán optar por hacer efectivas las pólizas siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 o 95 de la ley en cita. Y c) Procedimiento excepcional, es procedente solamente cuando la fianza, cuya efectividad se pretende, fue otorgada en favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso de excepción en el que debe aplicarse el artículo 143 del Código Fiscal de la Federación.
• De ahí que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia haya sostenido que cuando son beneficiarios, la Federación, el Distrito Federal, los Estados o los Municipios y no se haya garantizado una obligación fiscal, tales entidades tienen la posibilidad de hacer efectivas las fianzas conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 93 o 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
• Si se opta por el primero, deberá formular escrito de reclamación ante la institución de fianzas respectiva, como acto previo a que en caso de inconformidad con la improcedencia del pago que comunique la afianzadora, el beneficiario ocurra al arbitraje ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, o bien, ante los tribunales ordinarios, ya que en ese procedimiento debe vencerse a la afianzadora.
• De optar por el procedimiento privilegiado, se deberá comunicar la exigibilidad de la fianza a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora para que ésta formule el requerimiento de pago con el apercibimiento que, de no efectuarse, se rematarán valores de la institución mediante la solicitud que se envíe a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, siempre que no se compruebe que hubo un pago o que se haya impugnado el requerimiento ante la Sala Fiscal correspondiente, pues en este último caso, el procedimiento deberá suspenderse. Lo anterior, pues el artículo 120 de la ley en cita, en lo que se refiere a caducidad, únicamente es aplicable cuando se optó por el procedimiento general previsto en el artículo 93 de la citada ley para hacerlas exigibles, no así cuando se haya escogido el procedimiento de ejecución de fianzas previsto en el artículo 95 de la referida ley, es decir, a través de la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, ya que la figura de la caducidad, prevista en el artículo 120 de la ley en cita, será aplicable a las fianzas otorgadas en favor de las entidades del Estado, que no garanticen obligaciones fiscales federales, solamente cuando el beneficiario hubiera optado por el procedimiento previsto en el citado numeral 93, pero no cuando se haya exigido su pago en términos del artículo 95 de la ley.
Lo anterior, por haber considerado que el procedimiento administrativo de ejecución de fianzas no prevé la presentación de la "reclamación" como inicio del mismo, sino que se acude a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación de la oficina de la institución fiadora, para que ésta inicie el procedimiento respectivo con el requerimiento de pago.
• Así, se plasmó en la jurisprudencia de voz: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.", la que derivó de la ejecutoria que versó sólo sobre la aplicabilidad o no de la figura de la caducidad, tratándose del procedimiento privilegiado, esto es, el previsto en el artículo 95 de la ley en cita, sin que se hubiese hecho pronunciamiento alguno respecto de la figura de la prescripción prevista en los párrafos tercero y cuarto del artículo 120 de la ley en comento.
Este último numeral establece cómo operan la caducidad y la prescripción, como figuras liberatorias de la institución de fianzas de su obligación de pagar la fianza. La caducidad, en el caso de que la fianza no sea reclamada en los plazos indicados en los párrafos primero y segundo de dicho numeral, y la prescripción, cuando transcurra el término establecido en la parte final del tercer párrafo.
• De acuerdo con el citado precepto, para que opere la caducidad, el término transcurre a partir de que se haga exigible el pago de la póliza correspondiente, esto es, cuando haya transcurrido el término de su vigencia o se hubiera vuelto exigible la obligación garantizada, según sea el ca
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27000-3ced3a04/fianzas-el-plazo-del-termino-para-que-opere · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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