FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS. LAS AFIANZADORAS NO ESTÁN OBLIGADAS A CUBRIR LOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DEL CRÉDITO FISCAL, GENERADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE ES EXIGIBLE Y AQUELLA EN QUE SE REQUIERE DE PAGO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 73/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DEL OCTAVO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.-Las consideraciones de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 20/2001, promovida por el administrador local jurídico de Ingresos de Torreón, Coahuila, en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de las autoridades demandadas, en lo conducente, establecen lo siguiente:
"CUARTO.-Los conceptos de agravio expresados por el administrador local jurídico de Ingresos de esta ciudad resultan infundados.-En efecto, del análisis de las constancias que integran el juicio contencioso administrativo 1925/2000, promovido por Afianzadora Insurgentes, S.A., y de lo expuesto en el escrito de revisión, se advierte que la autoridad recurrente impugna en la revisión lo determinado por la Sala Fiscal en el inciso G) del considerando segundo de la sentencia recurrida, en el que se declaró parcialmente fundado el cuarto concepto de anulación expresado en la demanda de nulidad, estableciendo que es indebido que la Administración Local de Recaudación hubiera requerido a la afianzadora demandante del pago de los recargos y actualización desde el once de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en relación con la póliza de fianza que otorgó la demandante por la cantidad de $136,264.99 para garantizar el cumplimiento del pago en parcialidades por parte de Comercial Garza de La Laguna a favor de la Tesorería de la Federación, en virtud de que, según lo estimó la Sala Fiscal, la autoridad demandada no requirió del pago a la afianzadora desde la fecha en que se hizo exigible la fianza, sino hasta el día veintiséis de mayo del dos mil, por lo cual no era imputable a la demandante la situación de mora sino, en todo caso, a la autoridad demandada, determinando así la nulidad del requerimiento efectuado por la Administración Local de Recaudación para el efecto de que se emita otro requerimiento en el que se omita cobrar recargos y actualizaciones por el periodo comprendido entre la fecha de exigibilidad de la póliza de fianza y del requerimiento de pago realizado por la demandada.-La autoridad recurrente aduce que la Sala Fiscal no razonó su conclusión de que no es imputable a la afianzadora demandante la situación de mora, sino en todo caso a la autoridad demandada y que, contrario a las argumentaciones de la Sala Fiscal, los recargos y actualizaciones generados por incumplimiento en el pago del crédito garantizado, de ninguna manera son imputables a la autoridad demandada porque fue el propio contribuyente quien a través de sus declaraciones y solicitud optó por pagar en parcialidades, con conocimiento y certidumbre de que se generarían recargos y actualizaciones como indemnización al fisco por falta de pago oportuno por el simple transcurso del tiempo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17-A y 21 de la ley de la materia; que es totalmente ilegal la sentencia emitida por la Sala Fiscal, porque quien tenía obligación de pagar era el fiador, y si no lo hizo, éste fue quien generó la mora y, por ende, los recargos, actualizaciones y el pago del mandamiento de ejecución, situación que se garantizó mediante la póliza de fianza; que la única limitante de la autoridad para requerir el pago de la fianza otorgada sería el de prescripción, que es del término de cinco años; que era carente de toda lógica jurídica el someter a disposición la legalidad del cobro efectuado por la autoridad fiscal, y que sostener lo contrario haría nugatorio el derecho por disposición de los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal de la Federación.-Ahora bien, se estiman infundadas las anteriores inconformidades, en atención a que, en primer lugar, la Sala Fiscal razonó debidamente su conclusión, toda vez que para determinar fundado el cuarto concepto de anulación estableció que no le era imputable a la empresa afianzadora la situación de mora, sino en todo caso a la autoridad demandada, pues ésta no requirió del pago a aquélla desde la fecha en que se hizo exigible la fianza, sino hasta el día veintiséis de mayo del dos mil y, por otra parte, contrario a lo que se asevera, es correcta la determinación de la autoridad recurrida al haber razonado jurídicamente que la mora de la autoridad hacendaria, después de haberse hecho exigible la fianza, no puede generar por consecuencia que cubra la empresa los recargos y actualizaciones, máxime que la propia autoridad recurrente reconoce que, en todo caso, los recargos derivan del incumplimiento del contribuyente, por lo que tampoco demerita lo razonado por la Sala responsable, la circunstancia de que debe responder la afianzadora hasta el monto total pactado en la póliza de fianza, el cual es su límite, ni tampoco el que se aduzca que sólo podía oponer la prescripción del crédito, supuesto que, si bien es cierto se estableció que respondería hasta el cien por ciento de los posibles recargos, esa situación no puede generar por consecuencia que se haya obligado a cubrir éstos hasta la fecha en que la autoridad hacendaria le requiera el pago de un crédito fiscal cuya exigibilidad se actualizó previamente.-Por otra parte, si bien debe aceptarse que el contribuyente optó por pagar en parcialidades mensuales el crédito fiscal a su cargo, y para obtener tal autorización garantizó el crédito con póliza de fianza, consciente de que al optar por pagos parciales se generarían recargos y actualización con indemnización al fisco federal, y tal situación fue del conocimiento de la empresa afianzadora; sin embargo, el hecho de que la autoridad fiscal incurriera en mora para hacer exigible el importe de la garantía no trae por consecuencia que se haga nugatorio lo prevenido en el artículo 17-A y 21 del Código Fiscal Federal, dado que, no obstante que no se especifica el por qué de tal conclusión con razonamientos jurídicos concretos que así lo evidencien, el primer precepto únicamente establece que el monto de las contribuciones se actualizará por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, pero eso no implica que la autoridad hacendaria pueda exigir recargos y actualizaciones cuando incurra en mora para exigir una garantía respecto de un crédito fiscal, y en el artículo 21 referido se establece que se actualizará el monto de las contribuciones y se pagarán recargos, pero en el evento de que no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado.-Desde el momento en que se dio la hipótesis de exigibilidad de la fianza, debió requerir su pago, sin esperar a que se siguieran acumulando recargos y levantar acta de incumplimiento hasta el veintiocho de febrero del dos mil, y posteriormente requerir de pago a la empresa afianzadora, pues esto se traduce en circunstancias que no son imputables a tal empresa, ya que la mora en este evento no le es atribuible. Resulta aplicable sobre el particular la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con la que conviene este órgano de control constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Sexta Parte, página 214, que dice: ‘RECARGOS A CRÉDITOS FISCALES. CASO EN QUE NO DEBEN COBRARSE.-Es indebido el cobro de recargos entre el periodo que transcurrió desde la fecha de la resolución impugnada, hasta la fecha de su notificación. En efecto, de acuerdo con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que dispone en su primer párrafo: «Artículo 22. Cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, deberán cubrirse recargos, en concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno ...», los recargos se cubren por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno del crédito fiscal del que derivan, y aunque conforme a los artículos 88 del Código Fiscal y 13 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las autoridades fiscales tienen cinco años para formular liquidaciones complementarias, ello razonablemente no presupone que por la mora de esas autoridades en notificar el crédito, aun dentro de ese lapso, al causante deban cobrársele recargos, porque eso sería tanto como imputársele a él esa mora; esto es, el cobro de recargos se relaciona con la conducta morosa del sujeto pasivo de la relación fiscal, mas no se justifica por la inercia de las autoridades fiscales cuando, ya determinado el crédito fiscal omitido por el causante, no se le notifica de inmediato su existencia, requiriéndolo para su pago, sino pasando el tiempo; entonces, como esa inercia no le es imputable al propio causante, no debe dar lugar a indemnización de su parte, y siendo así, es de considerarse que resulta indebido el cobro de recargos entre la fecha de la liquidación y la fecha en la que le es notificada al causante.’."
CUARTO.-Las consideraciones del Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver la revisión fiscal número 503/97, promovida por el administrador local jurídico Número 15, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otra, en la parte que interesa a la presente denuncia, son las siguientes:
"TERCERO.-Los conceptos de agravio expresados por el administrador local jurídico de Ingresos Número Quince de esta ciudad de Torreón, Coahuila, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la autoridad demandada en el juicio de nulidad, administrador local de Recaudación de esta misma ciudad, resultan esencialmente fundados a juicio de este tribunal federal.-En efecto, tal y como se aduce, la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación no estuvo en lo correcto al declarar fundado el sexto concepto de anulación que hizo valer la empresa actora Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A., Grupo Financiero Serfín, y como consecuencia de ello declarar la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emitiera otro requerimiento de pago en el que omitiera cobrar a la compañía afianzadora los recargos y actualización de los mismos por el periodo comprendido entre la fecha de exigibilidad de la póliza de fianza y el requerimiento de pago, puesto que del análisis de las constancias de autos se advierte que la compañía afianzadora, a través de la póliza de fianza número 60-7001-001455, que obligó a garantizar hasta por la cantidad de $35,397.21, ante la Tesorería de la Federación por Laura González Cantú, el pago de 36 parcialidades por concepto del crédito fiscal relativo al impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, más las multas y recargos.-Ahora bien, puntualizado lo anterior, se reitera que la Sala responsable no estuvo en lo correcto al establecer que debía omitirse el cobro a la compañía afianzadora de los recargos y actualización de los mismos que se generaron desde la fecha en que la fianza se hizo exigible, 10 de septiembre de 1995, hasta la fecha en que se le hizo a la compañía afianzadora el requerimiento de pago, 5 de septiembre de 1996; en primer lugar, porque de la propia póliza de fianza se advierte que la compañía afianzadora se obligó a garantizar a nombre de su fiada Laura González Cantú, no sólo el cumplimiento del convenio de pago en parcialidades del crédito fiscal que se le fincó por concepto de impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta, correspondiente a los ejercicios de 1991 y 1992, sino que también se obligó a garantizar a favor del fisco federal los recargos y multas que se generaran por el incumplimiento de su fiada; esto es, por la falta oportuna de pago, teniendo como única limitante la cantidad o el monto que en la propia fianza se establece y, en tales condiciones, es obvio que si el fiado no cumplió con su obligación, la compañía afianzadora se encuentra obligada a cubrir el monto de los recargos; y, en segundo lugar, porque los recargos constituyen accesorios del crédito fiscal, y a la compañía afianzadora se le está cobrando el crédito principal y los recargos haciendo efectiva la fianza, no porque ésta hubiese incurrido en mora en el lapso que transcurrió entre la fecha en que ésta se hizo exigible y la fecha en que se le requirió de pago, pues los recargos los está cobrando la autoridad fiscal porque el fiado, que en el caso lo es Laura González Cantú, omitió cumplir con el convenio de pago en parcialidades del crédito fiscal que se le determinó por omisiones en el pago del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta y, por tanto, el incumplimiento del fiado debe tener como consecuencia el pago de recargos y su actualización, pues inclusive la autoridad fiscal, ante el incumplimiento del obligado directo, lo requirió del pago del crédito fiscal y sus accesorios el día 29 de marzo de 1996 (fojas 305 y 306), y ante la omisión en el pago, la autoridad fiscal levantó acta de incumplimiento de fecha 21 de mayo de 1996 en la que determinó que ante el incumplimiento del obligado directo, la contribuyente Laura González Cantú, debía notificarse a la compañía afianzadora para hacer efectiva la fianza (foja 49); y estos hechos y circunstancias ponen de relieve que la compañía afianzadora sí estaba obligada a cubrir tanto el monto del crédito garantizado a través de la fianza como los recargos, no sólo porque expresamente así se obligó al expedir la póliza de fianza, sino fundamentalmente porque los recargos se generaron y actualizaron por la circunstancia de que el fiado no cubrió el crédito fiscal y sus accesorios en la forma y términos en que se obligó en el convenio de pago en parcialidades; de ahí que debamos concluir que la Sala responsable, al declarar la nulidad en este aspecto para el efecto de que la resolución impugnada se dejara insubsistente y se emitiera otra en la que no se le cobraran a la compañía afianzadora los recargos y su actualización, violó lo dispuesto por la fracción II del artículo 238 y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, siendo procedente, en consecuencia, modificar la sentencia que se revisa.-Sirve de fundamento a lo considerado el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el número 453, visible en las páginas 330 y 331 del Tomo III, correspondiente a la Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: ‘FIANZAS. GARANTIZAN SUERTE PRINCIPAL Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FALTA DE PAGO.-Relacionando lo establecido en el artículo 117 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que señala los términos en que deben extenderse las pólizas respectivas, con lo prevenido en el artículo 1796 del Código Civil, en el sentido de que los contratantes no sólo se obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conformes a la buena fe, al uso o a la ley, cabe determinar que las fiadoras deben responder de todas las consecuencias que origine la falta de pago, con la única limitación determinada por el monto mismo de la garantía otorgada.’.-Por último, es de señalar que no pasa desapercibido para este Tribunal Colegiado que la Sala responsable, en el considerando tercero, inciso a), de su sentencia, determinó declarar la nulidad de la resolución impugnada también para el efecto de que la autoridad fiscal emitiera un nuevo requerimiento de pago debidamente fundado y motivado, tomando en consideración que el fiado realizó los pagos correspondientes a las parcialidades 11, 12, 13 y 14; y como la autoridad recurrente, administrador local jurídico de Ingresos Número Quince, de esta ciudad de Torreón, Coahuila, no expresó agravio alguno al respecto, dicha declaración de nulidad debe quedar intocada y, por ende, subsistente.-En mérito de lo anterior, y en virtud de que la sentencia que se revisa sí le causa a la autoridad recurrente los invocados agravios, lo procedente es modificarla, porque la Sala Fiscal no estuvo en lo correcto al declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se emitiera otra en la que no se le cobraran a la compañía afianzadora los recargos y su actualización."
QUINTO.-Como cuestión previa a cualquier otra, cabe determinar si la presente contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme lo dispone la jurisprudencia número 4a./J. 22/92, sustentada por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 58, octubre de 1992, página 22, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.-De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, o de la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco de referencia para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis denunciada. Dichos numerales dicen:
"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: ... XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva, según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.-La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.-La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Tal mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica o punto concreto de derecho, y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad pueda aplicarse para resolver otros asuntos de idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia que debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) Que en las ejecutorias materia de la contradicción se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
De lo anterior cabe destacar que la existencia de la contradicción de tesis requiere de manera indispensable que la oposición de criterios surja de entre las consideraciones, argumentaciones o razonamientos que sustentan la interpretación de un mismo precepto legal o tema concreto de derecho, ya que precisamente, como antes se definió, esas consideraciones justifican el criterio jurídico que adopta cada uno de los órganos jurisdiccionales para decidir la controversia planteada, a través de las ejecutorias de amparo materia de la contradicción de tesis.
Precisadas las premisas aludidas que delimitan el marco teórico en que se desenvuelve este asunto, se arriba a la conclusión de que la posición o criterio jurídico adoptado en las ejecutorias transcritas en el considerando tercero de esta resolución, reúne integralmente los requisitos necesarios para que exista la presente contradicción de tesis, puesto que en las consideraciones que sustentan tal posición o criterio jurídico de cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se examinan cuestiones jurídicas esencialmente iguales.
Para demostrar dichas afirmaciones, es menester destacar los antecedentes y consideraciones de derecho en que se apoya cada una de las ejecutorias de mérito.
En la sentencia de doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, que el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito dictó en la revisión fiscal número 503/97, promovida por el administrador local jurídico Número 15, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se advierten los antecedentes siguientes:
1. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y seis, ante la Oficialía de Partes Común de la Sala Regional Norte del Tribunal Fiscal de la Federación, Jesús Rogelio Salinas Garza, en su carácter de apoderado de Afianzadora Insurgentes Serfín, S. A., Grupo Financiero Serfín, promovió juicio de nulidad en contra del requerimiento de pago número 322-A-II-311 26324 en donde les reclamó la cantidad de $45,548.00 con cargo a la póliza de fianza número 60-D-7002-001455.
2. Con fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa y siete, la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación emitió fallo en el cual determinó la nulidad de la resolución impugnada pues, en lo que interesa, estimó fundado el sexto agravio planteado en el sentido de que la autoridad pretendía hacer exigibles recargos y actualizaciones que no se generaron por culpa de la afianzadora, toda vez que la autoridad estuvo en aptitud de hacer efectiva la garantía desde abril de mil novecientos noventa y cinco, fecha en la que se requirió de pago, puesto que a juicio de la Sala los recargos y actualizaciones generados desde el día de la exigibilidad de la fianza hasta la fecha de requerimiento, la afianzadora no tiene obligación de cubrirlos, pues si bien es cierto que en la póliza de fianza se obligó respecto de dichos conceptos, sin embargo, esa obligación no comprende la de garantizar recargos y actualizaciones después de haberse hecho exigible la fianza, pues tales accesorios se aplicaron por la mora en el pago del crédito a cargo del fiado, y no por la mora de la autoridad demandada de requerir de pago a la compañía afianzadora; por lo cual declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la demandada emita otro requerimiento donde se omita el cobro a la afianzadora de recargos y actualizaciones comprendidos entre la fecha de exigibilidad de la póliza de fianza y la del requerimiento de pago a la afianzadora.
3. En contra del fallo mencionado, el administrador local jurídico de Ingresos Número 15 interpuso recurso de revisión del cual tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, quien dictó sentencia el doce de noviembre de mil novecientos noventa y siete, en la cual modificó la sentencia revisada, y en el segundo resolutivo declaró la nulidad de la resolución impugnada por la Afianzadora Insurgentes Serfín, para el único efecto de que se dejara insubsistente el requerimiento de pago hecho a la afianzadora y se dicte otro, en el que se fundamente y motive debidamente, tomando en consideración el pago de las parcialidades 11, 12, 13 y 14 de la obligada directa Laura González Cantú, en relación con el crédito fiscal que le fue determinado y respecto del cual se le autorizó para pagar en parcialidades.
En el fallo citado el órgano colegiado estimó incorrecto que la Sala Regional Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación haya declarado fundado el sexto concepto de anulación que hizo valer la empresa actora Afianzadora Insurgentes Serfín, S.A., porque a juicio del Tribunal Colegiado, en primer lugar, de la póliza de fianza advirtió que la citada compañía se obligó a garantizar a nombre de su fiada no sólo el cumplimiento del convenio de pago en parcialidades del crédito fiscal fincado por concepto del impuesto sobre la renta, correspondiente a los ejercicios mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y dos, sino que también se obligó a garantizar a favor del fisco federal, los recargos y multas generados por el incumplimiento de su fiada, esto es, por la falta oportuna de pago, por lo cual si el fiado no había cumplido, la compañía afianzadora se encontraba obligada a cubrir el monto de los recargos.
En segundo lugar, el Tribunal Colegiado consideró que la afianzadora está obligada a pagar los recargos porque éstos constituyen accesorios del crédito principal y lo que se cobra es la suerte principal y los recargos, además de que la fianza se hizo efectiva no porque la afianzadora hubiera incurrido en mora en el lapso que transcurrió entre la fecha en que ésta se hizo exigible y aquella en la que se le requirió de pago, pues los recargos la autoridad fiscal los cobra porque el fiado omitió cumplir con el convenio de pago en parcialidades del crédito fiscal que se le determinó por omisiones en el pago del impuesto sobre la renta y, por tanto, el incumplimiento del fiado debe tener como consecuencia el pago de recargos y su actualización.
La ejecutoria que el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito dictó en el recurso de revisión fiscal 20/2001, el veinticuatro de mayo del año dos mil uno, deriva de los antecedentes que a continuación se refieren:
1) Por escrito presentado el quince de agosto del dos mil ante la Primera Sala Regional del Norte Centro del Tribunal Fiscal de la Federación, hoy Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el apoderado general de Afianzadora Insurgentes, S.A., demandó la improcedencia y nulidad del cobro formulado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según requerimiento de pago número 322-SAT-L15-II-4412.
2) Seguido el juicio, por sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil, la Primera Sala Regional Norte Centro declaró la nulidad de la resolución impugnada, en la cual determinó ilegal el cobro de recargos y actualización a la afianzadora por el periodo comprendido entre la fecha de exigibilidad de la póliza de fianza y el requerimiento efectuado por la autoridad, porque si bien es cierto que la afianzadora se obligó en la póliza de fianza respecto de dichos conceptos, también lo es que no puede extenderse la obligación de garantizar recargos y actualización después de haberse hecho exigible la fianza, pues tales accesorios se aplican por la mora en el pago del crédito a cargo del fiado y no por la mora de la autoridad demandada de requerir de pago a la compañía afianzadora.
3) El administrador local jurídico de Ingresos de Torreón interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia mencionada, el que por turno correspondió al Segundo Tribunal Colegiado, quien dictó ejecutoria en la que confirmó la sentencia recurrida.
En la sentencia citada, el Tribunal Colegiado estimó correcto el criterio de la Sala respecto de que no era imputable a la afianzadora la situación de mora sino, en todo caso, a la autoridad demandada, puesto que después de haberse hecho exigible la fianza, el retraso de la autoridad para el cobro de la póliza no puede generar por consecuencia que cubra la empresa los recargos y actualizaciones, pues si bien es cierto que se comprometió a responder hasta el cien por ciento de los posibles recargos, esto no implica la obligación de cubrirlos hasta que la autoridad hacendaria le requiriera el pago del crédito fiscal, cuya exigibilidad se actualizó previamente.
Asimismo, el hecho de que la autoridad fiscal incurriera en mora para hacer exigible el importe de la garantía, no trae como consecuencia que se haga nugatorio lo prevenido por los artículos 17-A y 21 del Código Fiscal Federal, porque el último precepto citado prevé que se actualizará el monto de las contribuciones y se pagarán recargos, pero en el evento de que no se cubran las contribuciones en la fecha o dentro del plazo fijado.
El Tribunal Colegiado citado apoyó las consideraciones sustentadas en la resolución mencionada en la tesis aislada consultable en la página 214 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 97-102, Sexta Parte, que dice:
"RECARGOS A CRÉDITOS FISCALES. CASO EN QUE NO DEBEN COBRARSE.-Es indebido el cobro de recargos entre el periodo que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/7581-9e13e9bc/fianzas-otorgadas-a-favor-de-la-federacion-para · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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