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Modo: Corpus Pro

PARCELAS EJIDALES. SI SE ENAJENAN SIN DAR EL AVISO A QUIENES TIENEN EL DERECHO DEL TANTO, ÉSTOS PUEDEN EJERCER LA ACCIÓN DE NULIDAD, NO LA DE RETRACTO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2001-SS. · Registro digital (IUS): 16948
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Marzo de 2002, , Pág. 232.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO DEL OCTAVO CIRCUITO Y SEGUNDO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

CONSIDERANDO:

TERCERO.-A efecto de determinar si en el caso se verifica la divergencia de criterios, es menester puntualizar lo siguiente:

La divergencia de criterios denunciada se suscitó entre los sustentados por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, al resolver el amparo directo número 82/2001, promovido por Dorotea Leonel Huitrón, fallado el treinta de marzo de dos mil, en contra del criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al resolver el amparo directo número 63/98-I, promovido por Cuauhtémoc Aguilar Aguilar, que dio origen a la tesis VIII.2o.41 A, cuyo rubro es: "DERECHO DEL TANTO Y ACCIÓN DE RETRACTO EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS Y NATURALEZA JURÍDICA.".

De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, relativa al juicio de amparo directo número 82/2001, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.-Son fundados los conceptos de violación expuestos.-En efecto, sostiene la parte quejosa que la sentencia reclamada le causa agravio, en virtud de que la responsable al resolver sobre la nulidad del contrato de enajenación de derechos parcelarios que reclamó, interpreta de manera incorrecta el artículo 80 de la Ley Agraria.-Asiste la razón a la parte quejosa.-Para considerarlo así, es conveniente transcribir las prestaciones que reclamó la actora, hoy quejosa, de José Dolores Arista Ayala, aquí tercero perjudicado, que en su escrito inicial de demanda hizo consistir en lo siguiente: ‘Prestaciones: 1. La nulidad del contrato de enajenación o cesión de derechos parcelarios de fecha 25 de enero de 1999, realizada por mi esposo en su calidad de enajenante respecto de la parcela ejidal amparada por el certificado de derechos agrarios número 2822983 ubicada en el campo denominado La Joya Nombre de Dios, perteneciente al ejido de Yautepec, Municipio de Yautepec, Morelos; cuyas medidas y colindancias detallaré en el capítulo de hechos correspondiente, acto jurídico que hoy pido se declare nulo en virtud de: a) Por no haberme sido notificada la realización de la enajenación para el efecto de hacer valer mi derecho del tanto. b) Por no haber sido realizadas las notificaciones al Registro Agrario Nacional, ni al comisariado ejidal.-2. La nulidad de los demás actos y documentos que se generen, en virtud del acto jurídico que hoy se pide se decrete o declare nulo.-3. Declarado que sea la nulidad de dicho contrato de enajenación y, como consecuencia de dicha declaración, la desocupación y entrega de la parcela ejidal, con sus frutos y accesorios que por hecho y por derecho le corresponde, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2239 y 2240 del Código Civil Federal de aplicación supletoria a la Ley Agraria.’.-Ahora bien, en el artículo 80 de la Ley Agraria, se dispone lo siguiente: ‘Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.-Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.-El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.’.-De lo hasta aquí expuesto, es suficiente el contenido literal del artículo que quedó transcrito, para advertir que dicho dispositivo legal no exige, como lo pretende la responsable, que para reclamar la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios de fecha veinticinco de enero de mil novecientos noventa y nueve, se tenga que hacer mediante la acción de retracto, donde invariablemente la actora tenga que exhibir el precio pagado por el demandado, pues la nulidad que se promueve no se regula de esa manera.-Sin que este órgano colegiado comparta el criterio que se contiene en la tesis de jurisprudencia, bajo el rubro: ‘DERECHO DEL TANTO Y ACCIÓN DE RETRACTO EN MATERIA AGRARIA. EFECTOS Y NATURALEZA JURÍDICA.’, que orientó la determinación de la responsable, lo anterior en virtud de que el artículo 80 de la Ley Agraria no puede guardar similitud, cuando menos para el caso que nos ocupa, con el artículo 1292 del Código Civil en materia federal, ya que el dispositivo legal primeramente citado no contempla la figura del heredero como se hace en el precepto legal citado en segundo término y, en tal caso, la Ley Agraria reglamenta la sucesión y forma de proceder a la adjudicación de los bienes del de cujus.-Por otro lado, no puede perderse de vista que, en la especie, la esposa del cedente del predio en conflicto no promovió su acción derivada de una sucesión, circunstancia que se aborda en el criterio que orientó a la responsable, sino derivada de la ausencia de alguno de los requisitos que se mencionan en el artículo 80 de la Ley Agraria.-Finalmente, la responsable no puede sostener que la actora, hoy quejosa, no tenga interés jurídico, ya que éste surge desde el momento en que demostró ser la esposa del titular del predio que fue enajenado, tampoco puede afirmar que no se violó ningún derecho de la demandante, pues precisamente la nulidad que promovió, la ejercitó por considerar la infracción a un derecho que se consagra en el artículo 80 de la Ley Agraria.-En las relatadas condiciones, al resultar fundados los conceptos de violación expuestos, lo conducente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y pronuncie otra con plenitud de jurisdicción, donde considere lo aquí expuesto."

De la copia fotostática certificada de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, al fallar el juicio de amparo directo número 63/98, se aprecia que el sentido del fallo se sustentó en las siguientes consideraciones:

"CUARTO.- ... Finalmente, es ineficaz la aseveración relativa a que carece de fundamento la consideración de la responsable relativa a que antes de la celebración del contrato materia del juicio de nulidad debía notificarse a los hijos del enajenante.-En efecto, la autoridad responsable, en el aspecto de que se trata, citó el artículo 80 de la Ley Agraria.-En sesión del dieciséis de abril de mil novecientos noventa y ocho, este Tribunal Colegiado resolvió el amparo directo administrativo 1125/97, promovido por Guillermo Cordero López, y estableció, a la luz del examen del artículo 80 de la Ley Agraria, que el ejercicio del derecho al tanto está condicionado a ejercerse dentro del término de treinta días naturales, los cuales se contarán a partir de la notificación del acto tendiente a enajenar los derechos parcelarios, a cuyo vencimiento caducará tal derecho; que en consecuencia, no basta que a quien asista el derecho del tanto tenga conocimiento de que va a realizarse la enajenación, sino que debe ser notificado tal evento, es decir, el conocimiento ha de derivar de la notificación misma; que si la intención del legislador hubiese sido el que fuera suficiente la existencia del conocimiento de la conducta materia de análisis, así lo habría consignado en la norma jurídica; que en tal orden de ideas, la notificación debe hacerse antes de realizar la enajenación, no después, ya que la finalidad consiste en tener la oportunidad de ejercitar el derecho al tanto; de manera que cuando ocurre después, no se alcanza el fin propuesto por el legislador, ya que la tutela del derecho sería ilusoria.-Por lo anterior, es correcta la determinación del Magistrado del Tribunal Agrario del conocimiento acerca de que la notificación a que se refiere el artículo 80 de la Ley Agraria debe ser previa al acto de enajenación.-No obstante lo anterior, una nueva reflexión sobre el tema de que se trata (derecho al tanto en materia agraria) conduce a este Tribunal Colegiado a modificar el criterio que había venido sosteniendo y, en suplencia de la queja, conceder el amparo solicitado, atendiendo a que sobre dicho aspecto resulta aplicable supletoriamente la codificación civil federal, según lo dispuesto en el artículo 2o. de la Ley Agraria, y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, los cuales, por analogía, cabe invocarlos en los juicios agrarios en que se discute el ejercicio del derecho al tanto, previsto en el artículo 80 de la Ley Agraria, máxime que por ser la materia agraria de carácter eminentemente protector de la clase campesina, se estima que el criterio que enseguida se expondrá permite la impartición más adecuada de la justicia agraria, que se rige, entre otros principios, por el de equidad, principio este que permite llegar a las siguientes consideraciones: Como se advierte de la transcripción del artículo 80 de la Ley Agraria, nada establece acerca de la forma en que debe ejercitarse el derecho al tanto, posteriormente al acto jurídico de enajenación, como acontece en la especie.-El Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, es de aplicación supletoria a la Ley Agraria, según lo dispuesto por el artículo 2o. de ésta. En este ordenamiento legal, lo relativo al derecho del tanto se contempla en el artículo 1292, que establece: ‘El heredero de parte de los bienes que quiera vender a un extraño su derecho hereditario debe notificar a sus coherederos por medio de notario, judicialmente o por medio de dos testigos, las bases o condiciones en que se ha concertado la venta a fin de que aquéllos, dentro del término de ocho días, hagan uso del derecho del tanto; si los herederos hacen uso de este derecho, el vendedor está obligado a consumar la venta a su favor, conforme a las bases concertadas. Por el solo lapso de los ocho días se pierde el derecho del tanto. Si la venta se hace omitiéndose la notificación prescrita en este artículo, será nula.’.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar el derecho del tanto consignado en la legislación civil, en la tesis de jurisprudencia que con el número 17 aparece publicada en la página 22 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte, en relación con el derecho del tanto, sostuvo lo siguiente: ‘ACCIÓN DE RETRACTO Y DERECHO DEL TANTO.-Tratándose de la enajenación que uno de los copropietarios hace en favor de un tercero extraño a la comunidad, se pueden presentar dos situaciones: cuando la venta está simplemente propalada y cuando está consumada. En el primer caso los copropietarios pueden ejercitar el derecho del tanto, que implica una venta directa del copropietario enajenante en favor del que ejercita el tanto, en los términos del contrato propalado con el tercero; mientras que en el segundo caso los copropietarios preteridos pueden ejercitar el derecho de retracto, por medio del cual el copartícipe actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador.’.-Asimismo, la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis relacionada en sexto lugar con la jurisprudencia 17, antes transcrita, visible en las páginas 24 y 25 de la parte y Apéndice invocados, estableció: ‘DERECHO DEL TANTO Y ACCIÓN DE RETRACTO. DURACIÓN.-En los términos del artículo 1292 del Código Civil, el ejercicio del derecho del tanto supone que la venta de los derechos hereditarios entre el copartícipe y el tercero extraño no se ha consumado, así como que no se notificó a los coherederos las bases o condiciones en que fue concertada; de modo que si la venta se realiza omitiendo la notificación aludida, resulta jurídicamente imposible el uso del derecho del tanto; mas el desconocimiento y violación de este derecho engendran la acción de retracto que tiene por objeto en la vía judicial el respeto de dicho derecho, removiendo el obstáculo jurídico que implica la venta hecha al tercero. En virtud de la acción de retracto no solamente se nulifica la venta sino que el coheredero se subroga en los derechos del cesionario; cabe observar que esta nulidad no tiene por objeto volver las cosas al estado que tenían antes, como sucede en el mayor número de las nulidades, toda vez que su efecto no es que el vendedor devuelva el precio al comprador y éste a aquél los derechos vendidos, sino que el heredero ejercitante de la acción de retracto se sustituya y subrogue en los derechos y obligaciones del comprador en los términos y condiciones en que hubiere pactado, devolviendo al comprador el precio que haya pagado; por ello, si en el ejercicio del derecho del tanto puede pagar el heredero el precio dentro del plazo de ocho días, en el ejercicio de la acción de retracto es condición sine qua non que se exhiba el precio con la demanda, puesto que el actor va a subrogarse en los derechos del comprador por efecto de la sentencia. Por otra parte, es también importante establecer que el término para hacer uso del derecho del tanto es diverso del término para ejercitar la acción del retracto que compete a quien no se le dio oportunidad de hacer valer aquel derecho; en efecto, el plazo para usar del derecho del tanto es de ocho días contado a partir de la notificación que se haga a los coherederos, mientras que la acción de retracto puede deducirse durante el plazo de diez años que la ley señala para la prescripción en general de las acciones.’.-Tratándose de la enajenación de los derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados en el mismo núcleo de población, prevista en el artículo 80 de la Ley Agraria, que es similar al artículo 1292 del Código Civil Federal, se pueden presentar dos situaciones: cuando la venta está simplemente propalada y cuando está consumada. En el primer caso, los copropietarios pueden ejercitar el derecho del tanto, que implica una venta directa del copropietario enajenante a favor del que ejercita el tanto, en el término del contrato propalado con el tercero; mientras que en el segundo caso, los copropietarios preferidos pueden ejercitar el derecho de retracto, por medio del cual el copartícipe actor se subroga en todos los derechos y obligaciones del comprador, en los términos del artículo 80 invocado. El ejercicio del derecho del tanto supone que la enajenación de los derechos parcelarios entre el copartícipe y el tercero extraño no se han consumado, así como que no se notificó a los coherederos las bases o condiciones en que fue concertada; de modo que si la venta se realiza omitiendo la notificación aludida, resulta jurídicamente imposible el uso del derecho del tanto; más el desconocimiento y violación de este derecho engendran la acción de retracto que tiene por objeto en la vía judicial el respeto de dicho derecho, removiendo el obstáculo jurídico que implica la venta hecha al tercero. En virtud de la acción de retracto no solamente se notifica la enajenación parcelaria, sino que el coheredero se subroga en los derechos del cesionario; cabe observar que esta nulidad no tiene por objeto volver las cosas al estado que tenían antes, como sucede en el mayor número de las nulidades, toda vez que su efecto no es que el vendedor devuelva el precio al comprador y éste a aquél los derechos vendidos, sino que el heredero ejercitante de la acción de retracto se sustituya y subrogue en los derechos y obligaciones del comprador en los términos y condiciones en que hubiere pactado, devolviendo al comprador el precio que haya pagado; por ello, si en el ejercicio del derecho del tanto puede pagar, en su caso, el cónyuge o los hijos, el precio en el ejercicio de la acción de retracto es condición sine qua non que se exhiba el precio con la demanda, puesto que el actor va a subrogarse en los derechos del comprador por efecto de la sentencia.-En el caso, la autoridad responsable determinó declarar la nulidad; sin embargo, soslayó que la actora, habiendo ejercitado la acción de nulidad por no haberle notificado la enajenación para estar en aptitud de ejercer el derecho al tanto, pretendiendo con ello, sustituirse y subrogarse en los derechos y obligaciones del comprador en los términos y condiciones en que hubiere pactado, es obvio que de acuerdo con las tesis invocadas, emitidas por el Alto Tribunal del país, de resultar demostrados los hechos constitutivos de la acción, debe devolverse al comprador el precio que haya pagado; por ello, si en el ejercicio del derecho del tanto puede pagar el cónyuge, como representante de los menores hijos del enajenante, el precio en el ejercicio de la acción de retracto es condición sine qua non que se exhiba el precio con la demanda, puesto que el actor va a subrogarse en los derechos del comprador por efecto de la sentencia.-Consecuentemente, al no haber exhibido la actora con su demanda el precio pagado por el comprador por la enajenación de la parcela relativa, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y dicte otra como en derecho corresponda."

CUARTO.-Del análisis de las ejecutorias que motivaron la presente contradicción de tesis se advierte que en el caso se verifica la divergencia de criterios, atendiendo a lo siguiente:

De la lectura de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, se advierte que en ella se sustenta, en lo fundamental, que el artículo 80 de la Ley Agraria no exige que para reclamar la nulidad del contrato de cesión de derechos parcelarios se deba hacer valer la acción de retracto en la que invariablemente la parte actora tenga que exhibir el precio pagado por el demandado para el efecto de subrogarse en los derechos y obligaciones del comprador y que no puede aplicarse analógicamente lo dispuesto en el artículo 1292 del Código Civil Federal (denominación reformada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintinueve de mayo de dos mil), pues la nulidad a la que se refiere el precepto de la Ley Agraria no deriva de cuestiones sucesorias sino del incumplimiento de los requisitos previstos en el referido numeral.

Por otra parte, del análisis de la ejecutoria pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, se advierte que al analizar el mismo problema jurídico concluyó que si bien el artículo 80 de la Ley Agraria no prevé la forma en que debe ejercitarse el derecho del tanto después de realizada la enajenación, debe acudirse supletoriamente a lo dispuesto en el artículo 1292 del Código Civil Federal, en cuanto regula la acción de retracto por medio de la cual el actor se subroga en los derechos y obligaciones del comprador y tiene por objeto no sólo volver las cosas al estado que tenían antes de efectuarse la venta sino, como ya se indicó, la subrogación en los derechos y obligaciones del comprador, de lo que se sigue que es requisito indispensable que, acompañando a la demanda de nulidad, la parte actora exhiba el precio correspondiente.

En mérito de lo expuesto, es inconcuso que en el caso se verifica la divergencia de criterios denunciada, en tanto que los órganos colegiados contendientes arriban a conclusiones diversas al analizar el contenido del artículo 80 de la Ley Agraria, resultando aplicable la tesis CLIII/90, sustentada por la anterior Tercera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa, que dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.-La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa, oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se genere la referida contradicción."

En vista de los elementos indicados, procede dilucidar el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia.

QUINTO.-Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, en lo esencial, el criterio que se sustenta en esta ejecutoria, atendiendo a las siguientes consideraciones:

Para el análisis del problema jurídico que suscita la divergencia de criterios a que este toca corresponde, se parte del contenido del artículo 80 de la Ley Agraria.

El tenor de dicho numeral, es el siguiente:

"Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

"Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

"El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada."

Del contenido del numeral transcrito se advierte que en él se establece:

a) La prerrogativa que tienen los ejidatarios para enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población;

b) Como condición de validez de la enajenación se establece la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional;

c) Que el cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho;

d) Que si no se lleva a cabo la notificación para el ejercicio del derecho del tanto, la venta podrá ser anulada.

La cesión de derechos es una de las formas adoptadas en la legislación mexicana para transmitir las obligaciones, la que, por tanto, constituye una forma de enajenación.

Esta figura ha sido definida por Marcel Planiol, en su obra Teoría General de los Contratos, pág. 269, como:

"La convención por la cual un acreedor cede voluntariamente sus derechos contra el deudor a un tercero, quien llega a ser acreedor en lugar de aquél. El enajenante se llama cedente; el adquirente del crédito, cesionario; el deudor contra quien existe el crédito objeto de la cesión, cedido."

En los códigos sustantivos civiles se regula la cesión como una transmisión inter vivos que puede ser originada por voluntad de las partes o impuesta por la ley. La cesión requiere de una causa que sirva de fundamento al negocio jurídico por virtud del cual se le da origen, el que puede ser un acto a título gratuito (donación), a título oneroso (compraventa o permuta), o bien, puede servir para extinguir una deuda dando en pago de ésta el crédito cedido.

Cabe destacar que entre los elementos reales que configuran el contrato de cesión de derechos, se encuentra el derecho mismo susceptible de transmisión y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2030 del Código Civil, en la cesión se observarán las disposiciones relativas al acto que le dé origen, de tal manera que si la causa la constituye un contrato de compraventa, los elementos que deberán observarse serán los propios de ese tipo de contrato, la materia propia de la cesión y el pago del precio.

De ello se sigue que la enajenación es la alienación o transmisión de un bien o derecho mediante un acto jurídico de distinta naturaleza, donde la compraventa sólo constituye una especie.

En materia agraria, la enajenación o transmisión de derechos parcelarios estuvo proscrita en términos del artículo 75 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, cuyo tenor era el siguiente:

"Artículo 75. Los derechos del ejidatario sobre la unidad de dotación y, en general, los que le correspondan sobre los bienes del ejido a que pertenezca, serán inembargables, inalienables y no podrán gravarse por ningún concepto. Son inexistentes los actos que se realicen en contravención de este precepto."

En la legislación vigente se regula la transmisión de derechos parcelarios en los artículos 20, fracción I, 60, 80, 83, 84, 85 y 86, cuyo tenor se reproduce a continuación:

"Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde:

"I. Por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes."

"Artículo 60. La cesión de los derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad como tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio proporcional sobre las tierras correspondientes."

Como se advierte, el artículo 20, fracción I, de la Ley Agraria, regula la cesión total de derechos agrarios y trae como consecuencia que el ejidatario pierda tal calidad, toda vez que a partir de ese acto jurídico deja de ser titular de derechos en el núcleo ejidal.

La cesión parcial se reglamenta en el artículo 60 del propio ordenamiento normativo al disponer que la cesión de derechos sobre tierras de uso común por un ejidatario, a menos que también haya cedido sus derechos parcelarios, no implica que éste pierda su calidad de tal, sino sólo sus derechos al aprovechamiento o beneficio personal sobre las tierras o aguas correspondientes.

Así las cosas, la cesión en materia agraria puede ser a título particular o universal y, siguiendo los principios generales que rigen para este tipo de contrato, también podrá revestir las características de onerosidad o gratuidad.

Por otra parte, el artículo 80 de la Ley Agraria establece lo siguiente (se transcribe de nueva cuenta para facilitar el estudio):

"Artículo 80. Los ejidatarios podrán enajenar sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población.

"Para la validez de la enajenación a que se refiere este artículo bastará la conformidad por escrito de las partes ante dos testigos y la notificación que se haga al Registro Agrario Nacional, el que deberá expedir sin demora los nuevos certificados parcelarios. Por su parte el comisariado ejidal deberá realizar la inscripción correspondiente en el libro respectivo.

"El cónyuge y los hijos del enajenante, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada."

El referido dispositivo establece la prerrogativa que tienen los ejidatarios para transmitir sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, estableciendo como condición de validez que el acto se lleve a cabo por escrito, ante la presencia de dos testigos y que se notifique al Registro Agrario Nacional.

Por otra parte, los artículos 83 y 84 del propio ordenamiento normativo, disponen:

"Artículo 83. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales, ni significa que se altere el régimen legal, estatutario o de organización del ejido.

"La enajenación a terceros no ejidatarios tampoco implica que el enajenante pierda su calidad de ejidatario, a menos que no conserve derechos sobre otra parcela ejidal o sobre tierras de uso común, en cuyo caso el comisariado ejidal deberá notificar la separación del ejidatario al Registro Agrario Nacional, el cual efectuará las cancelaciones correspondientes."

"Artículo 84. En caso de la primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, los familiares del enajenante, las personas que hayan trabajado dichas parcelas por más de un año, los ejidatarios, los avecindados y el núcleo de población ejidal, en ese orden, gozarán del derecho del tanto, el cual deberán ejercer dentro de un término de treinta días naturales contados a partir de la notificación, a cuyo vencimiento caducará tal derecho. Si no se hiciere la notificación, la venta podrá ser anulada.

"El comisariado ejidal y el consejo de vigilancia serán responsables de verificar que se cumpla con esta disposición.

"La notificación hecha al comisariado, con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal a quienes gocen del derecho del tanto. Al efecto, el comisariado bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o derechos que se enajenan."

La interpretación armónica de lo dispuesto en los numerales transcritos, lleva a determinar que tratándose de operaciones onerosas, el legislador quiso dejar al ejidatario en libertad para disponer de sus bienes adoptando las formas de organización que considere más adecuadas y le permita celebrar cualquier contrato que diversifique riesgos e incremente sus ingresos; sin embargo, previó como limitante que:

1. En caso de enajenación de parcelas efectuada a otros ejidatarios o avecindados del mismo núcleo de población, debe concederse el derecho del tanto al cónyuge e hijos del enajenante, previendo la nulidad para el caso de que no se respete

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/16948-2229c237/parcelas-ejidales-si-se-enajenan-sin-dar-el · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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