FIANZAS PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA. EN EL REQUERIMIENTO DE PAGO NO RESULTA NECESARIO QUE SE ACOMPAÑE EL FINIQUITO, ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS QUE SEÑALA EL REGLAMENTO DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 19/2021. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS OCTAVO, NOVENO Y TERCERO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2022. MAYORÍA DE CATORCE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, ARTURO ITURBE RIVAS, MARÍA ELENA ROSAS LÓPEZ, ANTONIO CAMPUZANO RODRÍGUEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA DEL PILAR BOLAÑOS REBOLLO, ÓSCAR GERMÁN CENDEJAS GLEASON, JOSÉ LUIS CRUZ ÁLVAREZ, JOSÉ ANTONIO GARCÍA GUILLÉN, JUAN MANUEL DÍAZ NÚÑEZ, ROLANDO GONZÁLEZ LICONA, JUAN CARLOS CRUZ RAZO, JESÚS ALFREDO SILVA GARCÍA Y MA. GABRIELA ROLÓN MONTAÑO. DISIDENTES: ALMA DELIA AGUILAR CHÁVEZ NAVA, JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ, EDWIN NOÉ GARCÍA BAEZA, EMMA GASPAR SANTANA, IRMA LETICIA FLORES DÍAZ, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GUILLERMINA COUTIÑO MATA, ROSA GONZÁLEZ VALDÉS, JORGE OJEDA VELÁZQUEZ Y GUSTAVO ROQUE LEYVA. PONENTE: JORGE OJEDA VELÁZQUEZ. SECRETARIA: MAGDALENA SELENE GUERRERO NÚÑEZ.
Ciudad de México. Sentencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, correspondiente a la sesión celebrada vía remota por medios electrónicos de quince de noviembre de dos mil veintidós.
VISTOS;
Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Denuncia de contradicción de criterios. Por oficio de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado por ese tribunal, al resolver la revisión fiscal RF. 150/2021 y el sostenido por los Tribunales Colegiados Noveno y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DA. 169/2019 y la revisión fiscal RF. 308/2020, respectivamente.
SEGUNDO.—Radicación. El presidente de este Pleno de Circuito, mediante acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, registró el asunto con el expediente PC01.I.A.19/2021.C y con fundamento en los artículos 227, fracción III, en relación con el diverso 226, fracción III, de la Ley de Amparo, se admitió a trámite la posible contradicción de criterios denunciada, se solicitó a los Tribunales Colegiados contendientes la remisión de los archivos digitales que contienen las resoluciones respectivas y que informaran si el criterio contenido en tales fallos se encontraba vigente o, en su defecto, la causa que habían tenido para superarlo o abandonarlo.
TERCERO.—Por oficio número DGCCST/X/257/08/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, el director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó que, de la consulta al sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de la revisión de los acuerdos de admisión de denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, en los últimos seis meses,no se advirtió la existencia de alguna contradicción de tesis radicada con el tema de la posible contradicción; a saber: "Fundamentación y motivación. Para determinar si el requerimiento de pago de una póliza de fianza expedida a favor de la Federación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de obra pública, en términos del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, resulta necesario que se acompañe el finiquito, además de los documentos que señala el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y Fianzas"(sic).
CUARTO.—Turno. Mediante acuerdo de cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó turnar el expediente virtual al Magistrado Jorge Ojeda Velázquez, integrante del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente; y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Competencia. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es legalmente competente para conocer y resolver de esta denuncia de contradicción de criterios –antes contradicción de tesis– de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo séptimo, y 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 225 y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 9 del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de febrero de dos mil quince, reformado mediante el diverso 52/2015, publicado en el citado instrumento de difusión oficial el quince de diciembre del mismo año; toda vez que se trata de la posible contradicción de criterios sustentados por Tribunales Colegiados especializados en la materia, cuyo conocimiento corresponde a este órgano colegiado.
SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, al ser formulada por los Magistrados integrantes del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.
TERCERO.—Tema y criterios contendientes. El problema jurídico, en los términos planteados por el denunciante, consiste en:
"Fundamentación y motivación. Para determinar si el requerimiento de pago de una póliza de fianza expedida a favor de la Federación para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato de obra pública, en términos del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y (sic) Fianzas, resulta necesario que se acompañe el finiquito, además de los documentos que señala el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Seguros y (sic) Fianzas."
Previamente al estudio de las cuestiones que se plantean en las ejecutorias que motivan la denuncia de contradicción, es conveniente establecer cuáles son los presupuestos requeridos para la existencia de una contraposición de criterios entre Tribunales Colegiados.
Al interpretar los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, el Alto Tribunal ha estimado que para que exista materia a dilucidar respecto de cuál criterio debe prevalecer, debe existir cuando menos formalmente, una oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta una misma cuestión legal; es decir, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidos dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas que son las que originaron, precisamente, las tesis que sustentan los órganos jurisdiccionales.
En otros términos, se da la contradicción anterior cuando concurren los siguientes supuestos:
a) Que al resolver los negocios, se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos.
Es aplicable la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA. De conformidad con lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: a) que al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes; b) que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos elementos."
Efectuada la anterior precisión, debe establecerse si los criterios, cuya aparente contradicción se denuncia, se ajustan a los requisitos que se contemplan en la jurisprudencia transcrita, y para ello, es necesario hacer las siguientes precisiones:
El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la sentencia dictada el diez de junio de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión fiscal RF. 150/2021, determinó:
"SÉPTIMO.—Estudio. En el primer agravio el recurrente hace valer:
"La Sala partiendo de una indebida aplicación e interpretación de numerales distintos a los legalmente aplicables a la materia, como lo son los artículos 61 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como 98 y 161 de su reglamento, arriba a la ilegal determinación de que la demandada se encuentra obligada a adjuntar al requerimiento de pago respectivo, el finiquito de obra y su notificación, transgrediendo con ello los artículos 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como los numerales 1o. y 3o. del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
"El requerimiento de pago debe de efectuarse de conformidad con lo que señala la propia ley y el reglamento de la misma, por lo cual la Tesorería de la Federación no se encuentra obligada con relación a otra legislación que no sea la aplicable en la materia, ni a adjuntar documentos diversos a los que se establecen en el artículo 1o. del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que no se debe acudir a otra legislación ni siquiera supletoriamente.
"Los procedimientos de rescisión de contrato y de ejecución de la garantía no constituyen uno mismo, porque ambos procedimientos se sustentan en normas jurídicas diversas, por la materia que regulan y se instruyen por autoridades distintas contra personas diferentes.
"El hecho de que el contratante pueda hacer efectiva la garantía una vez que se lleve a cabo la rescisión administrativa y se elabore el finiquito, ello no implica que éste por sí sea un documento indispensable que se deba adjuntar al requerimiento de pago.
"El Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé la elaboración y acompañamiento de un documento específico para los fines que pretende la actora, a saber, el acta de liquidación de adeudo, por lo que debe estarse a la norma especial aplicable, de otra manera no se entendería la necesidad del acta de liquidación, si al final de cuentas debiera estarse al finiquito, como lo considera la Sala.
"En el caso, se adjuntaron los documentos que justifican la exigibilidad del requerimiento de pago, siendo que en el acta de incumplimiento de obligaciones y en el acta de liquidación de adeudo, quedaron precisados los términos de los saldos pendientes.
"No se cuestiona la naturaleza del finiquito, ni que no derive de una facultad discrecional o que se trate de un documento que contiene el ajuste económico y jurídico de todos los conceptos del contrato sobre los que pudiera existir un desbalance al finalizar el contrato, siendo que en el mismo se expresan los saldos a favor, adeudos y obligaciones por cumplir de cada parte al momento de finalizar el contrato de obra pública; sin embargo, dicho finiquito no es el único documento en el que se destacan tales conceptos, pues la cuantificación del adeudo de la fiada quedó asentado en el acta de liquidación de adeudo de 29 de marzo de 2019, que es propiamente donde se estableció el importe líquido del monto del incumplimiento, lo que constituye en sí mismo el finiquito para efectos del procedimiento de ejecución de la fianza, ya que de otra manera no se comprenderla la existencia y necesidad del acta de liquidación de adeudo.
"Con el contenido del acta de liquidación de adeudo la afianzadora está en plena aptitud de determinar los conceptos e importes por los que deberá responder, siendo innecesario para tal efecto el finiquito, es decir, del acta de liquidación exhibida se desprende detalladamente los antecedentes del contrato, la fianza otorgada, su monto, el incumplimiento del fiado y el resumen general de adeudos, por lo que la afianzadora pudo verificar las obligaciones de las que debería responder con las fianzas contratadas y, por ende, se acredita la exigibilidad de las mismas, aconteciendo que la actora tuvo conocimiento del acta en comento.
"Si la importancia del finiquito radica en dar a conocer la cantidad que se pretende hacer exigible y las especificaciones de las estimaciones, ello se colma con el acta de liquidación de adeudo.
"Para analizar estos agravios, importa considerar que la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas prevé en su artículo 282 que en relación con las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 279 de esa legislación, o bien, de acuerdo con las reglas que prevé el primer numeral y de conformidad con las bases que fije el reglamento del mismo artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación.
"El artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Instituciones y Seguros y Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de abril de dos mil trece y vigente a partir del cuatro de abril de dos mil quince, estableció que en tanto se expidiera el reglamento a que alude el artículo 282 se aplicaría, en lo conducente, lo determinado en el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garanticen (sic) Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de Terceros.
"En la especie, para el cobro de las pólizas de fianza se optó por las reglas que prevé el numeral 282 en comento y, en esa medida, conforme a las bases que fije el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, cuyos artículos contemplan los requisitos que se deben satisfacer en la gestión de requerimiento de pago.
"El artículo 282, en su fracción II, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establece que cuando es exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio, o bien, a la del domicilio del apoderado designado por la institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
"En ese supuesto, la autoridad ejecutora facultada para ello procederá a requerir de pago en forma personal, o bien, por correo certificado con acuse de recibo, a la institución, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, como se aprecia de la fracción II del artículo 282 de la ley citada, que dice:
"‘Artículo 282. Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas, a elección del beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en el artículo 279 de esta ley, o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad con las bases que fije el reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, caso en que se estará a lo dispuesto por el Código Fiscal de la Federación:
"‘...
"‘II. Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere aceptado, con domicilio en el Distrito Federal, o bien, en alguna de las entidades federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio, o bien, a la del domicilio del apoderado designado por la institución para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La autoridad ejecutora facultada para ello en los términos de las disposiciones que le resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien, por correo certificado con acuse de recibo, a la institución, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los términos a que se hace cita en el párrafo anterior.’
"Entre las bases que fija el Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para el Cobro de Fianzas Otorgadas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, Distintas de las que Garantizan Obligaciones Fiscales Federales a Cargo de Terceros, destaca que su artículo 1o. establece que las autoridades que aceptaren las fianzas comunicarán a la autoridad ejecutora que procede hacer efectivo el cobro de la fianza para lo cual enviarán mediante oficio remisión a la institución los siguientes documentos:
"• Contrato o documento en que conste la obligación o crédito a cargo del fiado.
"• Póliza de la fianza que garantizó el crédito u obligación de que se trate y, en su caso, los documentos modificatorios de la misma.
"• Acta levantada, con intervención de las autoridades competentes, donde consten los actos u omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento de las obligaciones o créditos garantizados.
"• Liquidación formulada por el monto del crédito u obligaciones exigibles y sus accesorios legales si éstos estuvieran garantizados.
"• Si los hubiere, copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el fiado, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas.
"• Los demás documentos que estimen convenientes, así como los que soliciten, en su caso, la Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, las Tesorerías o Secretarías de Finanzas de los Estados o las Tesorerías Municipales, respectivamente.
"El precepto señala que las autoridades que aceptaren las fianzas comunicarán a la autoridad ejecutora que proceda hacer efectivo el cobro de ésta, enviándole, mediante oficio remisión, los documentos antes referidos para que la autoridad ejecutora a su vez proceda a formular requerimiento de pago a la institución fiadora, como se advierte de su reproducción:
"‘Artículo 1o. Para hacer efectivas las fianzas que hayan otorgado instituciones de fianzas a favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, distintas de las que garantizan obligaciones fiscales federales a cargo de terceros, se procederá en la siguiente forma: "‘I. El expediente que integren las autoridades que las acepten, contendrá los documentos siguientes:
"‘a) Contrato o documento en que conste la obligación o crédito a cargo del fiado.
"‘b) Póliza de la fianza que garantizó el crédito u obligación de que se trate y, en su caso, los documentos modificatorios de la misma.
"‘c) Acta levantada, con intervención de las autoridades competentes, donde consten los actos u omisiones del fiado que constituyan el incumplimiento de las obligaciones o créditos garantizados.
"‘d) Liquidación formulada, por el monto del crédito u obligaciones exigibles y sus accesorios legales si éstos estuvieran garantizados.
"‘e) Si los hubiere, copia de la demanda, escrito de inconformidad o de cualquier otro recurso legal, presentados por el fiado, así como copia de las sentencias o resoluciones firmes de las autoridades competentes y de las notificaciones que correspondan a estas últimas.
"‘f) Los demás documentos que estimen convenientes, así como los que soliciten, en su caso, la Tesorería de la Federación, la Tesorería del Distrito Federal, las Tesorerías o Secretarías de Finanzas de los Estados o las Tesorerías Municipales, respectivamente.
"‘II. Las autoridades que aceptaren las fianzas comunicarán a la autoridad ejecutora más próxima a la ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales, oficinas de servicio de la institución fiadora, o bien, del mismo domicilio del apoderado designado para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, que procede hacer efectivo el cobro de ésta, enviándole, mediante oficio-remisión, los documentos a que se refiere la fracción anterior, para que la autoridad ejecutora a su vez proceda a formular requerimiento de pago a la institución fiadora. Dicho oficio-remisión contendrá los siguientes datos: ...’
"Por su parte, el artículo 3o. del mismo reglamento señala que la autoridad ejecutora al recibir el expediente y el oficio-remisión procederá a requerirá (sic) el pago a la institución fiadora, de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, cuando dice:
"‘Artículo 3o. La autoridad ejecutora al recibir el expediente y el oficio-remisión a que se refiere el artículo 1o., procederá de la siguiente manera:
"‘I. Requerirá de pago, en forma personal, o bien, por correo certificado con acuse de recibo, la institución fiadora de manera motivada y fundada, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, en las oficinas principales, en las sucursales, en las oficinas de servicio, o bien, en el domicilio del apoderado designado por la institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación. ...’
"De lo hasta aquí expuesto se sigue que la ley de la materia establece en su artículo 282, fracción II, que la autoridad ejecutora requerirá de pago a la institución financiera, acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza, mientras que su reglamento, en los artículos 1o. y 3o., por un lado, enlista los documentos que deben acompañarse al requerimiento, entre los cuales sólo aparece un acta en donde conste el incumplimiento del fiado y una liquidación con el monto del crédito u obligaciones exigibles y en su caso, sus accesorios legales, mientras que por otro, establece que la autoridad requerirá de pago acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada.
"Como consecuencia de lo anterior, es acertada la observación de la autoridad recurrente en el sentido de que entre los documentos que el artículo 1o. del reglamento exige como anexos al requerimiento solamente están el acta de incumplimiento y la liquidación, pero cabe señalar que tanto la ley como el numeral 3 del reglamento se refieren también a la necesidad de acompañar al requerimiento los documentos que acrediten la exigibilidad de la obligación a cargo del fiado.
"En este orden de ideas, la cuestión a decidir es si debe entenderse que los anexos al requerimiento enlistados en el artículo 1o. del reglamento son precisamente aquellos a que se refiere la ley y el artículo 3o. del propio reglamento como los documentos justificatorios de la exigibilidad de la obligación incumplida o si estos últimos comprenden documentos diversos, según la naturaleza de la obligación cuyo cumplimiento fue garantizado.
"Para este tribunal, el análisis de los preceptos del reglamento lleva a la conclusión de que debe entenderse que los documentos justificatorios de la exigibilidad de la obligación son precisamente aquellos a que se refiere el artículo 1o. del reglamento, por varias razones:
"Primera, porque el propósito de este precepto es precisamente definir cuáles son las constancias que deben estar agregadas al expediente que la autoridad deberá remitir a la ejecutora para se proceda a formular el requerimiento de pago, sin que en ese listado se prevea la necesidad de acompañar otros documentos.
"Segunda, porque el acta de incumplimiento de las obligaciones del fiado y la liquidación del importe de la obligación exigible son precisamente los documentos idóneos para poner en evidencia la exigibilidad de la obligación, en tanto deben contener la información precisa que permita constatar que el fiado incumplió con sus obligaciones y el importe por el cual debe hacerse efectiva la garantía.
"Tercera, la confección del acta de incumplimiento y de la liquidación debe llevarse a cabo en cualquier supuesto en que se pretenda hacer efectiva una fianza, con independencia de cuáles sean los actos previos que en cada caso deban llevarse a cabo, según las particularidades del procedimiento y de los eventos que conduzcan a hacer efectiva la obligación, lo cual supone que son precisamente esos actos y no otros cualesquiera los que deben integrarse al expediente que se remitirá a la ejecutora para iniciar el procedimiento de ejecución.
"Y cuarta, porque el procedimiento para hacer efectivas las garantías otorgadas en favor del Estado es de naturaleza privilegiada, típicamente ejecutiva, lo cual implica que se asocia a la preexistencia de un título que trae aparejada la posibilidad de obtener el despacho de la ejecución sobre la base de determinados documentos en los que se reconoce la obligación de pago de una deuda líquida y vencida, documentos que deben estar reconocidos y tasados por la ley como aquellos que hacen innecesario la tramitación previa de un proceso dirigido a la constitución del derecho que se pretende hacer efectivo.
"La intención del artículo 1o. del reglamento es, precisamente, identificar aquellos documentos cuya exhibición basta para acreditar la procedencia del procedimiento ejecutivo, finalidad que se vería frustrada si en cada caso concreto tuviera que exhibirse, para hacer procedente el requerimiento, la documentación que acreditara la realización de actos previos o distintos a los enlistados por el precepto.
"No se desconoce que tratándose de las garantías otorgadas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en los contratos de obra pública, es claro que la elaboración del finiquito es un acto necesario para dar por concluido el procedimiento de rescisión del contrato, como se desprende de lo dispuesto en la fracción II del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que prevé, para el caso rescisión imputable al contratista, que la dependencia o entidad se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías, como se advierte de su texto:
"‘Artículo 62. En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente:
"‘...
"‘II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados;
"(Adicionado, D.O.F. 7 de julio de 2005)
"‘Las dependencias y entidades podrán optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; ...’
"Por su parte del numeral 168 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se observa que para dar por terminados parcial o totalmente los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato, se debe elaborar el finiquito de los trabajos, el que una vez elaborado, deja subsistentes las acciones que deriven del mismo, cuando dispone:
"‘Artículo 168. Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por las partes en un contrato, éstas deberán elaborar el finiquito de los trabajos correspondiente, salvo en los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 64 de la ley. Deberá anexarse al finiquito el acta de recepción física de los trabajos.
"‘Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, únicamente quedarán subsiste
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/31159-618cfe86/fianzas-para-garantizar-obligaciones-derivadas-de-la-rescision · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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