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Modo: Corpus Pro

CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS O DE OBRA PÚBLICA, CELEBRADOS ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y UN PARTICULAR. CUANDO ESTE ÚLTIMO RECLAMA SU INCUMPLIMIENTO, POR FALTA DE PAGO, CORRESPONDE CONOCER DE LA CONTROVERSIA RELATIVA A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2016. · Registro digital (IUS): 26936
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2017-02-10
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo II, Pág. 946.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 24/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO SEGUNDO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 15 DE NOVIEMBRE DE 2016. UNANIMIDAD DE TRECE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARÍA DEL CARMEN AURORA ARROYO MORENO, JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ, ETHEL LIZETTE DEL CARMEN RODRÍGUEZ ARCOVEDO, ELISEO PUGA CERVANTES, CARLOS MANUEL PADILLA PÉREZ VERTTI, ROBERTO RAMÍREZ RUIZ, MARÍA DEL REFUGIO GONZÁLEZ TAMAYO, MARCO POLO ROSAS BAQUEIRO, MARTHA GABRIELA SÁNCHEZ ALONSO, FERNANDO RANGEL RAMÍREZ, ARTURO RAMÍREZ SÁNCHEZ, ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ Y VÍCTOR FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. AUSENTE: ADALBERTO EDUARDO HERRERA GONZÁLEZ. PONENTE: ALEJANDRO SÁNCHEZ LÓPEZ. SECRETARIO: ALBERTO ALBINO BALTAZAR.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.-Competencia. El Pleno en Materia Civil del Primer Circuito es competente para conocer de la denuncia de contradicción, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción III, de la Ley de Amparo, porque se refiere a la posible contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito.

SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, al haberse formulado por un Magistrado de un Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Circuito, con arreglo a lo previsto en el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo.

TERCERO.-Objeto de la denuncia. El tema sobre el cual versa la denuncia consiste en determinar a favor de qué autoridad jurisdiccional, por razón de la materia y de su especialización, recae la competencia para resolver la controversia suscitada con motivo del cumplimiento de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la administración pública federal y un particular.

CUARTO.-Posición de los tribunales.

I. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito (RC. 116/2016).

Criterio. Este tribunal sostuvo que es competente un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México para resolver la controversia suscitada con motivo del cumplimiento de un contrato de prestación de servicios suscrito entre la administración pública federal y un particular, con apoyo en las razones siguientes:

"... Ahora bien, se considera que no asiste razón a la revisionista, en cuanto a que el juicio ordinario civil se tramita ante una autoridad que carece de competencia, y para una mejor comprensión, es menester tener en cuenta la naturaleza jurídica de los tribunales administrativos, para lo cual, debe decirse que éstos adquirieron rango constitucional, en virtud de la reforma del artículo 104, fracción I, de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de mil novecientos cuarenta y seis, que quedó redactado de la forma siguiente: ... Además, mediante decreto publicado el veinticinco de octubre de mil novecientos sesenta y siete, se reformó el artículo 104, fracción I, de la Constitución Federal, para aclarar el tipo de controversias de las que conocería el Tribunal Contencioso Administrativo, por lo que su texto quedó en los siguientes términos: ... Actualmente el artículo 104 constitucional prevé: ... De la Norma Suprema transcrita se advierte que mediante la ley federal se podrán crear tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa, los cuales tendrán a su cargo dirimir conflictos suscitados entre la administración pública y los particulares, lo que significa que ejercerán funciones jurisdiccionales dentro del ámbito administrativo, tal como se precisó en el dictamen de la Cámara de Origen del quince de noviembre de mil novecientos sesenta y seis, que dice: ... Es importante señalar que en sesión extraordinaria de veintiocho de abril de mil novecientos ochenta y siete, se turnó a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para su análisis y dictamen, la minuta del ‘Proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’, entre ellos, la adición de la fracción XXIX-H al artículo 73, en la que se reiteró la existencia de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y el Tribunal Fiscal de la Federación ... En relación con aquella fracción, en la iniciativa de reforma se estableció: ... Como resultado del proceso de reforma constitucional establecido en el artículo 135 de la Carta Magna, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de agosto de mil novecientos ochenta y siete, se adicionaron la fracción I-B del artículo 104 y la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución General de la República, para prever cuál órgano sería el encargado de expedir las leyes que instituyan a esos Tribunales Contenciosos Administrativos.-Los artículos adicionados quedaron redactados de la forma siguiente: ... Lo anterior revela que, se reiteró, los tribunales de jurisdicción contenciosa administrativa conocerían de los litigios suscitados entre la administración pública federal y los particulares, ya que en virtud de la reforma del artículo 73, fracción XXIX-H, de la Constitución General de la República, publicada el veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres, se derogó la mención que se hacía ‘del Distrito Federal’.-En tal sentido, cabe apuntar que el seis de diciembre de dos mil seis se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la referida fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución General de la República, en la parte que aquí interesa, se estableció lo siguiente: ... De la lectura del precepto constitucional se colige que el Poder Constituyente facultó al Congreso de la Unión para expedir la ley que instituya al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, competente para dirimir las controversias que surjan entre la administración pública federal y los particulares, así como para fincar responsabilidad e imponer sanciones debido a la afectación en contra de la hacienda pública federal o al patrimonio de entes públicos federales.-Por otro lado, se advierte que en la exposición de motivos de la Ley de Justicia Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación del treinta y uno de agosto de mil novecientos treinta y seis, que entrara en vigor el primero de enero de mil novecientos treinta y siete, se establecieron las siguientes características del procedimiento contencioso-administrativo que se introducían al orden jurídico nacional: ... De la exposición de motivos transcrita se advierte que la introducción que el legislador hizo del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, podría llevar a la conclusión de que se estaba adoptando el modelo francés de los recursos por exceso de poder o contencioso objetivo y, por tanto, la jurisdicción contenciosa administrativa correspondería a una mera anulación, es decir, no se trataba de tutelar el derecho subjetivo del gobernado frente a la administración pública, sino de restablecer el orden jurídico vulnerado, ejerciendo un control de legalidad sobre la actuación de la administración pública, protegiendo al derecho objetivo en sí mismo considerado.-No obstante lo anterior, paralelamente, dentro de la competencia atribuida al Tribunal Fiscal se incluyeron materias generalmente reservadas a los modelos contenciosos de plena jurisdicción, en los cuales los órganos jurisdiccionales no sólo velaban por el restablecimiento del orden legal vulnerado, sino que se hacían cargo del agravio causado al derecho subjetivo del administrado, lo cual suponía la facultad no únicamente de anular el acto administrativo, sino también la de determinar los derechos del agraviado ordenando a la autoridad administrativa la realización de actos que hicieran efectivos tales derechos.-La anterior consideración se desprende de la propia exposición de motivos en cita, la cual, en diversos párrafos, establece lo siguiente: ... Asimismo, en sucesivas reformas legales, la competencia del ahora Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha ampliado para incluir, como materias sobre las cuales tiene jurisdicción, las resoluciones que reducen o niegan pensiones y/o prestaciones sociales otorgadas por la ley a los miembros de las Fuerzas Armadas, sus familiares o derechohabientes, las que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos, en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como las resoluciones que recaigan a los procedimientos administrativos en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, lo que se patentiza con las reformas del quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que se hicieron al Código Fiscal de la Federación, entre las que destacan las relativas a impartición de justicia tributaria y seguridad jurídica de los contribuyentes, precisándose en la exposición de motivos respectiva, en lo conducente, lo siguiente: ... A partir de estos datos se puede inferir que el tipo de jurisdicción contenciosa administrativa que sustenta al actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no es exactamente el de mera anulación ni tampoco el de plena jurisdicción, lo cual se traduce en una jurisdicción híbrida en la que los efectos y alcances de la decisión jurisdiccional varían según el tipo de actos que hayan sido objeto de impugnación, decretándose, consecuentemente, la nulidad absoluta o para determinados efectos de aquéllos.-Sobre esas premisas, es fácil advertir que la acción contenciosa administrativa por parte de los particulares ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando sólo se requiere de afectación que dé origen al nacimiento de un interés simple, no procede contra todo acto de la administración pública federal, toda vez que la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución General de la República sólo da las bases para que el Congreso de la Unión legisle las materias en las cuales el referido órgano jurisdiccional podrá conocer de los conflictos suscitados entre la administración y los gobernados, porque al respecto se advierte que la finalidad es para que: ‘... establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones ...’.-El estudio anterior permite concluir que si bien las reformas a la Constitución Federal, así como a la diversa normatividad que rige el funcionamiento del tribunal administrativo del país, han extendido el ámbito de competencia material de éstos, el presupuesto fundamental que debe cumplir una resolución, cuya legalidad pretende cuestionarse a través del juicio seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, consiste en que tal acto se haya originado o haya provocado un conflicto suscitado entre la administración pública federal y los gobernados.-Ahora bien, en cuanto a la competencia administrativa, la Cámara de Senadores en la referida exposición de motivos, en la parte que interesa, expuso: ... Sentado lo anterior, es necesario precisar que la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el artículo 14, establece lo siguiente: ... Precisado lo anterior, para estar en condiciones de resolver el presente amparo en revisión, se hace necesario definir si el organismo descentralizado demandado en el juicio natural actuó precisamente en su carácter de autoridad administrativa, ya que sólo de esa manera podrá determinarse si en el caso concreto se actualiza o no alguno de los supuestos de procedencia a que se refiere el dispositivo legal transcrito con antelación.-Lo anterior es así, toda vez que de acuerdo con la naturaleza del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el ejercicio de la acción contenciosa-administrativa, por definición, es improcedente contra actos suscitados entre particulares y no es el medio jurisdiccional idóneo para resarcir al afectado por un acto que no provenga de la administración pública federal, actuando como tal en el ejercicio irrestricto de sus funciones públicas dentro de su ámbito de competencia administrativa. ... Además, es necesario tener presente que la acción administrativa, aun cuando sólo requiere de alguna afectación que dé origen al nacimiento de un interés simple, no procede contra todo acto de la administración pública.-Es decir, la materia de estudio en esta clase de juicios no está abierta a todo acto que celebre una autoridad administrativa, sino más bien se trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía se encuentra condicionada a que el acto impugnado se reconozca en la norma como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa.-En congruencia con lo anterior destacado, se tiene que el juicio administrativo sólo resulta procedente contra actos de autoridad de la administración pública federal que posean las características de ser resoluciones emitidas por las dependencias que la componen, en estricto ejercicio de sus funciones competenciales.-En ese contexto, es menester ahora, por ser el origen del debate propuesto, determinar cuál es la naturaleza de las prestaciones reclamadas en el juicio de origen, por la citada persona moral, ahora tercero interesada, a la **********.-Como ya quedó precisado en párrafos precedentes, **********, por conducto de su apoderado **********, demandó en la vía ordinaria civil de **********, po

conducto de la Procuraduría General de la República, por actos de la **********, el pago de diversas cantidades con motivo de los servicios que afirmó haber prestado a la enjuiciada, consistentes en la difusión en medios complementarios a través de espectaculares exteriores, de la campaña denominada ‘adicciones’, versión **********, contenida en el programa de comunicación social, ello en virtud del contrato de prestación de servicios **********.-Luego, es evidente que las prestaciones reclamadas no derivan de un acto en el ejercicio de la potestad administrativa, o bien, fiscal que detente dicho organismo demandado, es decir, las cantidades demandadas no derivan de una relación de supra-subordinación, sino que se refieren de manera estricta al cumplimiento de un contrato celebrado entre ambas partes, en un plano de igualdad debido a un acuerdo de coordinación voluntaria (prestación de servicios y contraprestación consistente en pago), lo cual exime cualquier posibilidad de que la administración pública haya actuado en el ejercicio de sus facultades de imperio administrativo-fiscales.-En efecto, la teoría general del derecho distingue, en primer lugar, las relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; en segundo lugar, contempla las relaciones de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y, por último, las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado.-Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad como tal, esto es, en el ejercicio pleno de sus facultades competenciales, ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado.-De tal manera que, en el caso concreto, no se trata de una relación de imperio, coercitiva de parte del Estado hacia el gobernado, en la cual, cada uno de ellos actúa como tal, propiamente, sino que nos encontramos frente a una relación de coordinación en el que cada una de las partes se sometió voluntariamente a esa relación (prestar un servicio a cambio de un pago), sin necesidad de que el primero de ellos (Estado) actuara en el ejercicio de su imperio para imponer su voluntad y ordenara, de forma inexcusable, la prestación de los servicios realizados por la actora.-Es decir, resulta indudable que, al celebrar el contrato de prestación de servicios que vincula a las partes, la citada institución demandada no actuó en carácter de autoridad, sino de particular en un plano de igualdad, pues estos contratos en que interviene dicha persona moral oficial con gobernados son producto de convenciones civiles en las que las partes, en su caso, se obligan en la forma que quieren hacerlo (una a prestar un servicio y la otra a pagar por ello), lo que no implica la realización de actos de autoridad, debido a que no está desarrollando tareas propias del Estado actuando frente a los gobernados a través de actos unilaterales e imperativos, cuya constitucionalidad estaría obligada a defender con motivo de la sustanciación del juicio de amparo.-De ahí que, en el caso concreto, no se actualicen las hipótesis de competencia a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque para ello es menester, en principio, que se suscite una controversia entre el particular afectado y la administración pública, en el ejercicio de su competencia propiamente administrativa, circunstancia que, como ya se vio, no acontece en el presente asunto.-Lo anterior encuentra sustento en la ejecutoria dictada el once de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el conflicto competencial 43/2016, suscitado entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, ambos del Séptimo Circuito.-Este conflicto se originó en virtud de que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo, en la que se reclamó el oficio signado por el doctor **********, en su carácter de coordinador médico delegacional del grupo gestor **********, mediante el cual informó al quejoso la terminación anticipada al contrato de prestación de servicios profesionales, en virtud de desacato al jefe inmediato; la incompetencia se sustentó en que consideró que dicha comunicación era de naturaleza civil, que no derivó de procedimiento administrativo que culminara con esa decisión.-En tanto que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito no aceptó la competencia, porque consideró que el acto reclamado en el juicio constitucional ‘no se fundó en algún precepto legal civil ni fue emitido por una autoridad jurisdiccional de la misma naturaleza, sino que fue emitido dentro de las facultades administrativas de su suscriptor, atendiendo estrictamente a las cláusulas establecidas en el contrato celebrado, por lo que dicho oficio no podía reputarse de naturaleza civil’.-Adicionalmente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito sostuvo que el contrato denominado ‘Contrato de prestación de servicios profesionales por honorarios, programa de desarrollo humano, oportunidades técnico de promoción y educación para la salud, ámbito rural 2014’, se celebró de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y Administrativa de los Recursos Humanos, título cuarto, de la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por honorarios.-Al analizar la litis, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para determinar a cuál tribunal correspondía la competencia, se debía atender a la naturaleza del acto reclamado, con sustento en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: ‘COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.’.-Además, nuestro Máximo Tribunal del País estableció lo siguiente: ... Asimismo, en ejecutoria dictada el tres de septiembre de dos mil tres, por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el conflicto competencial 132/2003, en la parte que aquí interesa, expuso: ... Bajo ese contexto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se colige que para determinar a cuál órgano corresponde conocer de un asunto por razón de materia, si al especializado en materia civil o administrativa, se debe atender a la naturaleza de los actos reclamados y de la autoridad responsable, no así a los conceptos de violación ni a los agravios formulados.-En ese sentido, resulta improcedente analizar si la prestación que se pretende obtener, como pudiera ser el pago de pesos por algún servicio prestado, se cubrirá o no con dinero del erario público, porque para determinar la competencia se debe atender a la naturaleza de las prestaciones reclamadas; es decir, si corresponde a la naturaleza civil, por tratarse del pago por un servicio prestado por un ente particular, independiente de si la relación se dio en virtud de un contrato de obra o de prestación de servicio relacionada con una institución gubernamental.-Ello es así, porque para fijar la competencia resulta insostenible atender a la fuente de donde se originará el dinero que se pretende cobrar, toda vez que en este primer momento en el cual se atiende el presupuesto procesal, solamente se debe precisar cuál es la naturaleza de las prestaciones reclamadas, sin ir más allá, porque la pretensión de cobro constituye una expectativa de derecho que se dilucidará en sentencia.-No considerarlo así, sería admitir como regla general, sin proceder excepciones, que respecto de todos los asuntos en los que interviene una entidad del Estado, derivados de un contrato celebrado con un particular, ya sea que se trate de obra o de prestación de servicio o de arrendamiento, entre otros, correspondería conocer y resolver a las autoridades administrativas y nunca a las civiles, situación que conculcaría los derechos de los gobernados, porque no obstante que el ente gubernamental hubiese celebrado el contrato como un particular, ejecutando actos civiles, se impediría al particular hacer uso de los medios que la ley concede a las personas civiles, para la defensa de sus derechos. ... Por lo antes expuesto, este Tribunal Colegiado concluye que la naturaleza jurídica de los actos reclamados en el juicio de origen, no pueden ser considerados como un acto de autoridad impugnable en la vía administrativa, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis de competencia a que se refiere el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, toda vez que la persona moral actora demandó en la vía ordinaria civil de la Federación, por conducto de la Procuraduría General de la República, por actos de la Secretaría de Salud, el pago de diversas prestaciones, en virtud de que sostuvo haber prestado servicios de difusión de publicidad por medio de espectaculares, pero que la entidad demandada se negó a cubrir los adeudos por dichos servicios.-Del contrato de prestación de servicios de difusión en medios complementarios se advierte que la empresa actora se obligó a difundir el mensaje de la campaña adicciones, versión **********, en tanto que la entidad institucional se obligó a pagar $**********, por concepto de todos los materiales, honorarios, gastos, impuesto al valor agregado, permisos, derechos gremiales y cualquier otro tipo de gasto generado con motivo del servicio dado por aquélla.-Bajo ese contexto, en atención a la naturaleza de las prestaciones reclamadas, pago por la difusión en medios, se colige que se trata de una prestación de naturaleza civil y, por ende, corresponde a la autoridad civil conocer de la controversia.-Además, la relación que existe entre las partes en el juicio natural es de coordinación, entablada en una situación como si se tratase de particulares, toda vez que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que es procedente la vía civil.-En efecto, la ahora revisionista celebró el multicitado contrato con la persona moral actora de manera libre y en plano de igualdad, toda vez que ésta no fue obligada a celebrar dicho acto jurídico por una orden de autoridad, es decir, no entrañó un mandato impuesto de forma unilateral; por lo tanto, la relación jurídica es de naturaleza civil, porque dicho acto no se puede considerar de autoridad en situación de imperio frente a los gobernados, sino de derecho privado.-Así, para poder considerar al multicitado contrato como un acto de autoridad, era necesario que la institución demandada ordenara al gobernado la celebración y ejecución del multicitado contrato, y que tuviese facultades de hacer uso de la fuerza pública para lograr dicho cumplimiento; es decir, que actuara en el ejercicio de la potestad pública y la unilateralidad jurídica y que no permitiera a la indicada persona moral decidir si celebraba o no dicho contrato de prestación de servicios.-En otras palabras, la relación entre las partes contendientes no se da en un plano de supra a subordinación; además, el contrato de referencia no surgió a la vida jurídica como un acto unilateral dirigido a afectar la esfera legal de la persona moral actora en el juicio de origen; de ahí que la competencia no se surte a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ... En diverso aspecto, es verdad que en el contrato de prestación de servicios que vincula a las partes, en la cláusula vigésima novena, las partes convinieron someterse a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley General de Salud, a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su reglamento, y demás disposiciones de carácter administrativo; empero, dichas circunstancias no originan la competencia a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer y resolver la controversia, en la que la persona moral prestadora de los servicios reclamó el pago de diversas prestaciones, porque el contrato base de la acción se celebró por una persona moral privada con la persona moral oficial, ahora revisionista, y aun y cuando se encuentre relacionada la legislación federal, lo que daría competencia al tribunal federal administrativo sería que ese contrato se hubiere celebrado por dependencias y entidades de la administración pública federal, sin intervención de personas de naturaleza privada, o bien, entre aquélla y el gobernado, pero esto en virtud de la exigencia de imperio y no de forma libre, en un plano de igualdad, como aconteció en la especie.-Aún más, en dicha cláusula vigésima novena también se precisó que eran aplicables: ‘... así como supletoriamente el Código Civil Federal, Ley Federal de Procedimientos Administrativos, Código Federal de Procedimientos Civiles, ...’, de lo que se infiere que las partes admitieron someterse también a la legislación civil, no únicamente a la administrativa.-Además, carece de sustento el argumento en el cual refiere que el contrato es de naturaleza administrativa, porque se otorgó por parte de una secretaría de Estado y, por ello, operó la competencia a favor del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa.-Lo anterior es así, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para delimitar la competencia se debe estudiar la naturaleza material del acto reclamado en el juicio de origen; es decir, se deben analizar las prestaciones reclamadas en la demanda en donde se originó el conflicto competencial, no así cuál es la naturaleza ni de qué forma se originó la institución oficial demandada. ... Aún más, el Tribunal Unitario no determinó que la competencia operó a favor del Juzgado de Distrito en Materia Civil, en razón de que el Código Civil Federal fuese aplicable de forma supletoria a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.-En efecto, el sustento toral expresado por el Tribunal Unitario consistió en que las prestaciones reclamadas en el juicio de origen se originaron en virtud de la celebración del contrato bilateral de prestación de servicios, en plano de igualdad, consideraciones jurídicas que este órgano colegiado estima legales.-Además, no asiste razón a la inconforme, al exponer que el contrato de prestación de servicios que vincula a las partes es de naturaleza administrativa, que la forma como se otorgan este tipo de contratos es de la misma naturaleza y para suscribirlo se realizaron actos administrativos, razón por la cual, estima que se debe declarar procedente la excepción de competencia.-Al respecto, se pone de manifiesto que para establecer lo relativo a la competencia, no se debe tomar en cuenta la relación jurídica que vincula a las partes que intervienen en el juicio natural, pues ese estudio constituye una cuestión de fondo que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional que ha de conocer del asunto, y no al tribunal que resuelva la competencia, ya que si éste lo hiciera estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere. ... Bajo ese contexto, deviene infundado el argumento expuesto por la revisionista, en el cual sostuvo que es competente para conocer del juicio de origen el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o un Juez de Distrito en Materia Administrativa.-Ello es así, porque la competencia para conocer y resolver respecto del juicio ordinario civil en comento operó a favor del Juzgado de Distrito en Materia Civil, lo anterior con sustento en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (sic), Número 81, septiembre de 1994, visible en la página 43

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/26936-ef4ceef9/contratos-de-adquisicion-de-prestacion-de-servicios-o · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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