JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA FALTA DE PAGO ESTIPULADA EN CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE OBRA PÚBLICA, DEBE EXISTIR PREVIAMENTE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA, RECAÍDA A LA PETICIÓN DEL CONTRATISTA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 20/2018. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA NOVENA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN ZACATECAS, ZACATECAS. 24 DE JUNIO DE 2019. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CINCO VOTOS POR LA EXISTENCIA DE LA CONTRADICCIÓN DE TESIS DE LOS MAGISTRADOS JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ, SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO Y CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ. DISIDENTES: FILEMÓN HARO SOLÍS Y JESÚS DE ÁVILA HUERTA. MAYORÍA DE SEIS VOTOS EN CUANTO AL FONDO, DE LOS MAGISTRADOS JESÚS DE ÁVILA HUERTA, QUIEN FORMULÓ VOTO ACLARATORIO, FILEMÓN HARO SOLÍS, JOSÉ MANUEL MOJICA HERNÁNDEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO CONCURRENTE, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ Y SILVIA ROCÍO PÉREZ ALVARADO. DISIDENTE: CLAUDIA MAVEL CURIEL LÓPEZ, QUIEN FORMULÓ VOTO PARTICULAR. PONENTE: JORGE HÉCTOR CORTÉS ORTIZ. SECRETARIO: VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GARCÍA.
Zapopan, Jalisco, Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.
VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 20/2018; y,
RESULTANDO:
1o. Mediante escrito recibido el doce de septiembre de dos mil dieciocho, por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, **********, abogado que la empresa quejosa ********** autorizado en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, dentro de los autos del amparo directo 158/2017, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, denunció la posible contradicción de criterios, entre el sustentado por dicho órgano jurisdiccional, al resolver el referido juicio de amparo y el sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al resolver el amparo directo 177/2017.
2o. Por acuerdo de uno de octubre de dos mil dieciocho (fojas 26 a 29), el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, con fundamento en los artículos 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, admitió a trámite la denuncia en que se actúa, la cual dio origen al expediente de contradicción de tesis 20/2018.
3o. En proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (foja 126), se consideró que el expediente de contradicción de tesis estaba debidamente integrado; luego, mediante auto de veintitrés de enero de dos mil diecinueve (foja 126), se turnó el presente asunto al Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.
4o. Con motivo de la comisión temporal que el Consejo de la Judicatura Federal le asignó al Magistrado Jorge Humberto Benítez Pimienta, se incorporó al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito el Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, integrante del Quinto Tribunal Colegiado; luego, en sesión ordinaria celebrada el quince de abril de dos mil diecinueve, el Tribunal Pleno desechó por mayoría de votos, la propuesta presentada en el sentido de remitir los autos del presente expediente de contradicción de tesis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tratarse de un asunto de su competencia; asimismo, en esa sesión plenaria, se determinó, por unanimidad de votos, que el asunto continuara con el Magistrado Jorge Héctor Cortés Ortiz, a fin de que se elaborara una nueva propuesta de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo, y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 9 del Acuerdo General 8/2015, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de febrero de dos mil quince, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia administrativa, cuya especialidad corresponde a este Pleno de Circuito.
No pasa inadvertido para este Pleno de Circuito, que uno de los órganos contendientes es un Tribunal Colegiado Auxiliar, los cuales tienen jurisdicción en todo el territorio nacional; sin embargo, en el presente caso, la participación del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, resolvió el amparo directo 177/2017, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y, en ese supuesto, el Tribunal Colegiado Auxiliar asumió la jurisdicción del órgano judicial al que prestó apoyo, por lo que se considera que estos asuntos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado.
La anterior conclusión, es en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 3/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 13 de febrero de dos mil quince a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 15, Tomo II, febrero de 2015, página 1656, que a la letra dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO AUXILIAR, EN APOYO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, Y UN TRIBUNAL COLEGIADO DEL MISMO CIRCUITO. ES COMPETENTE PARA CONOCER DE AQUÉLLA EL PLENO DE ESE CIRCUITO Y, SI NO EXISTE, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Los Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares tienen jurisdicción en todo el territorio de la República Mexicana y, sin modificar su sede territorial, brindan apoyo a los Tribunales Colegiados de Circuito durante un determinado periodo, concluido el cual pueden auxiliar a otros, por lo que su competencia se modifica en razón del órgano jurisdiccional al que auxilie, así como de los expedientes y el lapso en el que brinden su apoyo. Ahora, aun cuando los Tribunales Auxiliares apoyan a órganos de distintos circuitos y cuentan con una competencia restringida, limitada al dictado de la sentencia, al prestar su ayuda a determinado Tribunal Colegiado de Circuito asumen la jurisdicción de éste, lo que implica que el Auxiliar tenga que interpretar la normatividad estatal aplicable en dicho circuito. En ese sentido, ya que el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado; por tanto, si los Tribunales Colegiados contendientes corresponden a un mismo circuito y a una misma especialidad, el competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustenten será el Pleno de Circuito de los Tribunales correspondientes, en el entendido de que si en el circuito de que se trate no existe integrado Pleno, en términos del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, abrogado por el diverso Acuerdo General 11/2014 del propio órgano, quien debe conocer de la contradicción es esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues debe asumir la competencia para conocer de las contradicciones de tesis en que se actualice el supuesto de referencia, a fin de resolver la cuestión planteada, porque así se otorga certeza jurídica para resolver los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados únicos en un circuito que fueron apoyados en el dictado de resoluciones por un Tribunal Colegiado Auxiliar que asumió su jurisdicción."
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, pues fue formulada por conducto del abogado autorizado de la parte quejosa, quien promovió el amparo directo 158/2017, del cual conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y del que deriva uno de los criterios en posible contradicción.
TERCERO.—Los antecedentes y consideraciones de las ejecutorias que originaron la denuncia de contradicción, son las siguientes:
1) Antecedentes relevantes del amparo directo 158/2017, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito:
• **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, celebró el contrato **********, con la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de suministrar y colocar la instalación eléctrica en el **********; en la cláusula cuarta de dicho instrumento, se pactó la posibilidad de que la proveedora presentara estimaciones por los suministros pactados.
• En su oportunidad, la empresa proveedora presentó las facturas ********** y **********; posteriormente, ante la falta de pago por parte de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa proveedora promovió juicio contencioso administrativo, en contra de los siguientes actos:
a) La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a las solicitudes de pago de las estimaciones de suministro;
b) El incumplimiento de la obligación derivada de los artículos 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 89 del reglamento de dicha ley, así como de la cláusula cuarta del contrato **********, consistente en el pago de las estimaciones por la prestación de los suministros dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de las facturas correspondiente; y,
c) El pago de gastos financieros a los que refiere el apuntado artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas computadas desde la fecha de constitución de la mora y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas.
• Dicha impugnación dio origen al juicio de nulidad **********, del índice de la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
• Mediante acuerdo de cinco de marzo de dos mil quince, la Sala Regional admitió a trámite la demanda de nulidad; seguido que fue el juicio contencioso administrativo por todas sus etapas procesales, se dictó sentencia definitiva el ocho de abril de dos mil dieciséis, en la que la Sala Regional decretó el sobreseimiento al estimar que, en relación con los actos identificados como b) y c), esto es, el pago de las estimaciones por la prestación de los suministros, así como el pago de gastos financieros a los que refiere el apuntado artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues en su opinión: "... no existe una resolución susceptible de ser analizada por este órgano colegiado ..."
La referida sentencia constituye el acto reclamado en el juicio de amparo 158/2017; luego, en sesión de treinta de agosto de dos mil diecisiete, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sostuvo, en lo que aquí interesa, las siguientes consideraciones:
"SÉPTIMO.—Dado el sentido que regirá el presente fallo y por razón de técnica jurídica, los conceptos de violación serán analizados en orden diverso al propuesto.
"...
"Así es, a fojas 21 y 22 de la sentencia que constituye el acto reclamado, la Sala responsable determinó, en lo que interesa, que:
"1. Al no existir una instancia no resuelta por la autoridad, respecto de la cual se configurara la negativa ficta, es decir, una resolución en la que la autoridad de manera ficta negara una petición expresa a la parte actora, trae aparejado que tampoco existe una resolución ficta o expresa emitida por la demandada en materia administrativa sobre la interpretación y cumplimiento del contrato de suministro; y,
"2. Por consiguiente, de conformidad con lo previsto por los artículos 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y 89 de su reglamento; con base en las constancias glosadas en autos, al no existir una resolución susceptible de ser analizada respecto de la interpretación y cumplimiento de la cláusula ‘CUARTA’ del contrato de suministro, así como del pago de las estimaciones 2 y 3 y de los gastos financieros a que se refiere el segundo párrafo del citado artículo 51, se actualiza en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 8o., fracción XI, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que, con fundamento en el diverso numeral 9o., fracción II, de ese mismo ordenamiento, procede sobreseer en el juicio.
"...
"Pero además, asiste razón a la Sala responsable, al sostener que, al no haberse demostrado la existencia de una resolución expresa o tácita de la autoridad demandada sobre la negativa de pago de los conceptos de ‘Estimación No. 2’ y ‘Estimación No. 3 (finiquito)’, así como de los gastos financieros a que alude el artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debe decretarse el sobreseimiento; cuenta habida que la procedencia del juicio contencioso administrativo está supeditada precisamente a la existencia de una resolución definitiva, según se establece en los artículos 2o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 14, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que dicen:
"‘Artículo 2o. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ...’
"‘Artículo 14. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: ...’
"Así pues, aunque la fracción VII de este último precepto legal establece la competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para conocer sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, adquisiciones, arrendamientos y servicios celebrados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; ello indudablemente está supeditado a la previa existencia de una resolución emitida por la entidad contratante, cuya legalidad es la que será analizada a la luz de los conceptos de impugnación y que, de llegarse a declarar nula, dará lugar a que el tribunal asuma sus funciones de tribunal de plena jurisdicción y pueda decidir sobre la existencia o inexistencia del derecho subjetivo cuya restitución en su caso demande la parte actora.
"Se comparte en este sentido, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 51, Tomo III, febrero de 2018, página 1445, que es del tenor siguiente:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL INCUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA, CUANDO NO EXISTE UN ACTO DE AUTORIDAD EXPRESO O TÁCITO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 62/2015 (10a.), determinó que procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa contra las resoluciones definitivas, actos y procedimientos administrativos sobre la interpretación y el cumplimiento de contratos de obra pública con cargo a recursos federales, con independencia de que los hayan celebrado las entidades federativas o los Municipios, en tanto que lo que da la competencia material es el carácter federal de los recursos empleados y el marco normativo que rige a ese órgano jurisdiccional; sin embargo, dichos supuestos de procedencia no se actualizan si solamente se impugna el incumplimiento parcial o total de un contrato de esa naturaleza, básicamente, porque no existe un acto positivo (resolución administrativa definitiva) de la autoridad en materia de interpretación y cumplimiento de un contrato de obra pública que haga procedente la instancia administrativa federal para analizar su legalidad, como son, entre otros, la rescisión administrativa (supuesto que analizó la Segunda Sala en el criterio mencionado), la emisión del finiquito o la terminación anticipada, requisito indispensable para la viabilidad del juicio contencioso administrativo federal. Máxime que, de las razones expuestas en la ejecutoria del Alto Tribunal, no se advierte que se haya definido que el juicio anulatorio proceda contra el incumplimiento de obligaciones recíprocas acordadas por las partes de un contrato de obra pública, esto es, sin la existencia de un acto de autoridad expreso o tácito.’
"Lo que se corrobora, si en cuenta se tiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio contencioso administrativo federal no es procedente contra actos omisivos, según se aprecia de la tesis jurisprudencial que enseguida se transcribe:
"‘PRESCRIPCIÓN DE UN CRÉDITO FISCAL. LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD TRIBUTARIA DE DECLARARLA DE OFICIO, NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. El artículo 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa establece la competencia de dicho órgano, destacando entre los supuestos de procedencia del juicio, que se trate de resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos, como pudieran ser, entre otras, las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determine la existencia de una obligación fiscal, las que impongan multas por infracciones a normas administrativas federales o las que causen un agravio en materia fiscal. En ese contexto, la omisión de la autoridad tributaria de declarar de oficio la prescripción de un crédito fiscal no constituye una resolución definitiva, en virtud de que el contribuyente que afirma que aquélla ha operado a su favor, no ha solicitado ante la autoridad administrativa que la declare ni, por ende, existe un acto u omisión de ésta que pueda reputarse como una afirmativa ficta, ni se actualiza agravio alguno en materia fiscal que actualice la procedencia del juicio, sin que ello implique un menoscabo al derecho del contribuyente de plantear aquella situación liberatoria, vía excepción, ante la pretensión de la autoridad de hacer efectivos los créditos fiscales. Esta conclusión es congruente con el derecho de acceso a la justicia, el cual no tiene el alcance de que se actúe sin observancia de los requisitos formales previstos por el legislador.’ (Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, Tomo I, julio de 2017, página 246).
"Para mayor ilustración, se cita la parte conducente de la ejecutoria de la que derivó la citada jurisprudencia, que dice:
"‘En ese contexto, a fin de resolver el punto de contradicción precisado en el considerando que antecede, consistente en determinar si la omisión de la autoridad fiscal de declarar de manera oficiosa la prescripción de un crédito fiscal a favor del contribuyente es impugnable mediante juicio de nulidad, resulta necesario verificar si cumple con tales características de definitividad; y, para ello, conviene destacar lo siguiente:
"‘En primer lugar, que en la medida en que el contribuyente que pretende obtener la prescripción del crédito fiscal a su favor no ha solicitado a la autoridad administrativa que realice la declaración de mérito, no es dable afirmar que exista un actuar por parte de ésta, ni una omisión, que pueda reputarse como una negativa ficta.
"‘En segundo lugar, la Segunda Sala, al examinar el artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que coincide con la redacción actual del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, delimitó el concepto de «resolución definitiva».
"‘Al respecto, precisó que debe consistir en el producto final o última voluntad de la administración; esto es, la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, o bien, una manifestación aislada que, por su naturaleza o características, no requiera de procedimientos que le antecedan para poder reflejar esa voluntad definitiva.
"‘En tercer lugar, en tanto cuestión estrechamente vinculada con la definitividad aludida, que no se genera agravio o conflicto alguno para el gobernado, mientras la Administración Pública no emita esa última voluntad por medio de la autoridad legalmente competente, y mientras ésta no adquiera firmeza; esto es, que la calidad de última voluntad firme en combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo.
"‘En suma, se estima pertinente destacar que, para la procedencia del juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se requiere que las resoluciones que se pretendan impugnar tengan el carácter de definitivas y que, por lo mismo, sean el producto final o última voluntad de la autoridad fiscal.
"‘Consecuentemente, resulta evidente que si la autoridad ha omitido declarar de oficio la prescripción a favor del contribuyente, tal situación no agravia a la gobernada, pues, para ello, es menester que ésta eleve una solicitud en ese sentido a la que recaiga una negativa ficta o expresa por parte de la autoridad administrativa de donde se concluya que esa respuesta constituiría, en todo caso, la última voluntad de la autoridad fiscal en relación con la petición de la agraviada; y, por ende, sea impugnable a través del juicio de nulidad, en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ...’
"Así pues, esta conclusión es acorde también con la jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, citada en párrafos previos, con el rubro: ‘NEGATIVA FICTA. EL SOLO ACTO DE ENTREGA DE FACTURAS POR EL PROVEEDOR A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, PREVIA ENTREGA DEL BIEN O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CONTRATADO, POR SÍ MISMO, NO CONSTITUYE UNA PETICIÓN QUE SEA SUSCEPTIBLE DE CONFIGURAR AQUELLA FIGURA.’; pues como en ella se establece que la sola entrega de facturas por el proveedor no constituye una petición o solicitud de que se realice el pago, es claro entonces que dicha entrega no sólo no es susceptible de dar lugar a la configuración de una negativa ficta, sino tampoco a un incumplimiento del contrato administrativo por falta de pago de esas facturas o estimaciones, que es de lo que la quejosa intenta hacer derivar la procedencia del juicio de origen.
"Es decir, como en este caso no se ha elevado una petición de pago de las estimaciones y gastos financieros reclamados por la quejosa; no puede sostenerse que la entidad demandada ha emitido una resolución negativa expresa o tácita que haga procedente el juicio contencioso administrativo.
"También ilustra sobre el tema, la tesis jurisprudencial 2a./J. 84/2018 (10a.), de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, que enseguida se inserta:
"‘JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PARA QUE PROCEDA CONTRA LA OMISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y CÁLCULO DE INCREMENTOS A LAS PENSIONES CONCEDIDAS POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, PREVIAMENTE DEBE EXISTIR UNA RESOLUCIÓN EXPRESA O FICTA QUE HAYA DADO RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL PENSIONADO. De los artículos 14, fracción VI, de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa abrogada, 2o., 3o., 14, fracción II, y 15, fracciones III y IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se advierte que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa) conocerá del juicio contencioso administrativo promovido contra las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De dichas normas se deduce que tratándose de la impugnación de la actualización y cálculo de incrementos a una pensión se requiere de una resolución dictada por el Instituto referido, lo que presupone que el actor, antes de acudir al juicio contencioso administrativo federal, debió gestionar ante la autoridad administrativa que se le otorgaran dichos incrementos, a fin de que se pronunciara de manera expresa o ficta su negativa a acordar de manera favorable la instancia ante aquélla planteada, máxime que en las tesis aislada 2a. X/2003 y de jurisprudencia 2a./J. 80/2017 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que para la procedencia del juicio contencioso administrativo se requiere que se haya emitido un acto administrativo de autoridad, una resolución definitiva o la última resolución dictada para poner fin a un procedimiento, para que sea susceptible de impugnarse ante el tribunal mencionado.’
"Sin que con esta forma de resolver se deje en indefensión a la impetrante, dado que conforme a la citada jurisprudencia del Pleno de Circuito, podrá presentar un escrito en donde solicite el pago de lo que afirma se le adeuda, a fin de que la entidad contratante emita una respuesta tácita o expresa, contra la cual, entonces sí, será procedente el juicio contencioso administrativo federal, en caso de que sea contraria a sus pretensiones.
"No son óbice para resolver de esta forma, los precedentes que se invocan en la demanda de amparo, incluso los emitidos por anteriores integraciones de este órgano colegiado; dado que las consideraciones aquí expuestas y, sobre todo, las jurisprudencias citadas en párrafos previos que son de fecha posterior a esos precedentes, llevan a disentir del criterio plasmado en ellos ..." (el texto resaltado y subrayado corresponde al original)
2) Antecedentes relevantes del amparo directo 177/2017 (cuaderno auxiliar 310/2018), sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas:
• **********, celebró el contrato **********, con la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, a efecto de suministrar y colocar muebles y accesorios para baños, pisos y acabados, en las instalaciones de la laguna de Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande, Jalisco; en la cláusula cuarta de dicho instrumento, se pactó la posibilidad de que la proveedora presentara estimaciones por los suministros pactados.
• En su oportunidad, la empresa proveedora presentó las facturas ********** y **********; luego, ante la falta de pago por parte de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, la empresa proveedora promovió juicio contencioso administrativo, en contra de los siguientes actos:
a) La negativa ficta recaída a la presentación de las facturas 249 y 250, que operó ante la omisión de la entidad demandada de pagar las estimaciones de suministro;
b) El incumplimiento de la obligación derivada de los artículos 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y 89 del reglamento de dicha ley, así como de la cláusula cuarta del contrato **********, consistente en el pago de las estimaciones por la prestación de los suministros dentro de los veinte días naturales siguientes a partir de la entrega de las facturas correspondientes; y,
c) El pago de gastos financieros a los que refiere el apuntado artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas computadas desde la fecha de constitución de la mora y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas.
• Dicha impugnación dio origen al juicio de nulidad **********, del índice de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa).
• Mediante acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el Magistrado encargado de la instrucción del juicio de nulidad, previo requerimiento a la actora, tuvo por no presentada la demanda, al considerar que la parte demandante no exhibió una resolución definitiva cuya legalidad pueda ser analizada por esa Sala Regional.
• Inconforme con dicha determinación, la empresa proveedora interpuso recurso de reclamación; seguido que fue el trámite legal de dicho recurso, se dictó interlocutoria el dos de mayo de dos mil diecisiete, en la que la Sala Regional confirmó el auto por el que se tuvo por no presentada la demanda, pues, en su opinión, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa conoce de los juicios promovidos contra resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa sobre interpretación y cumplimientos de contrato, lo que necesariam
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29027-566e28e0/juicio-contencioso-administrativo-federal-para-que-proceda-contra · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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