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RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL AUTORIZADO DEL ACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA REVISIÓN FISCAL PROMOVIDA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2016. · Registro digital (IUS): 27818
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2018-05-11
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, Pág. 1997.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 13/2016. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 11 DE DICIEMBRE DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, FILEMÓN HARO SOLÍS, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, MARCOS GARCÍA JOSÉ, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: MARCOS GARCÍA JOSÉ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del once de diciembre de dos mil diecisiete.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis número 13/2016; y,

RESULTANDO:

PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 1842/2016, de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho órgano colegiado, al resolver los recursos de reclamación 23/2016 y 24/2016, y el diverso sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al fallar la reclamación 8/2016.

SEGUNDO.—Trámite del asunto. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis, registrada con el número de expediente 13/2016, en términos de lo previsto en los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, y 41 Ter I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 13, fracción VI, del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.(1)

En el mismo acuerdo se tuvieron por recibidas las constancias certificadas adjuntas a la denuncia del propio Tribunal Colegiado de Circuito, relativas a las reclamaciones 23/2016 y 24/2016 de su índice; además, se ordenó pedir a la presidencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que remitiera a este Pleno de Circuito copia certificada de la sentencia que dictó, al resolver la reclamación 8/2016, y que informara si el criterio sustentado en dicho asunto materia de la denuncia, se encontraba vigente o, en su caso, la causa para tenerlo por superado o abandonado; también se ordenó girar oficio a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que informara sobre la existencia o no de algún asunto radicado ante el Alto Tribunal del País que guardara relación con la temática planteada en la presente contradicción.

Mediante proveído de tres de octubre de dos mil dieciséis, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito remitiendo la copia certificada de la ejecutoria que le fuera solicitada e informando que el criterio ahí sustentado se encuentra vigente.(2)

Por auto de presidencia del día diecisiete siguiente, se tuvo por recibido el oficio CCST-X-377-10-2016 de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,(3) mediante el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión de las denuncias de contradicción de tesis dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió que se hubiera radicado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación alguna contradicción relacionada con el tema a tratar en este asunto.

Turnados los autos al Magistrado representante del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, presentó el proyecto de resolución correspondiente, sesionado en veintisiete de marzo de dos mil diecisiete, el cual fue retirado por mayoría de votos;(4) y conforme al orden interno de los asuntos returnados, se reasignó al Magistrado Marcos García José, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente;(5) y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9 del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma materia y Circuito de este Pleno.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, porque fue formulada por los Magistrados integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su actual presidente.

TERCERO.—Criterios contendientes. Para establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, a continuación se puntualizan los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que sustentaron las sentencias que, respectivamente, dictaron los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes:

• Primera postura: Reclamación 8/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Antecedentes:

El representante legal de la persona moral denominada **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de nulidad en contra de la empresa de participación estatal mayoritaria, Fonatur Constructora, S.A. de C.V., por los actos que hizo consistir en:

"1. La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a las solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, mismas que se hicieron formalmente los días 27 de septiembre de 2011 (estimación 2) y 28 de noviembre de 2012 (estimación 3-finiquito) concernientes al contrato de suministro número **********."

La Tercera Sala Regional de Occidente del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que por razón de turno conoció de la demanda, la admitió a trámite, registrándola con el número de expediente **********; y por acuerdo de cinco de septiembre de dos mil catorce, resolvió:

"I. Ha resultado fundada la causal de improcedencia y, por ende, de sobreseimiento analizada por esta Juzgadora de oficio, en consecuencia; II. Es de sobreseerse y se sobresee en el presente juicio …"

Inconforme con dicha resolución, el representante legal de la parte actora **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, promovió juicio de amparo directo que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, y se registró con el número de amparo directo 563/2014, resuelto el veinte de enero de dos mil quince, concediendo el amparo para el efecto de que la Sala responsable:

"… deje insubsistente el proveído reclamado, prosiguiendo el juicio de nulidad y, en su oportunidad, resuelva como en derecho corresponda la instancia que se le planteó, claro está, absteniéndose de sobreseer con base en los motivos que ya se estimaron desacertados …"

En cumplimiento de esa ejecutoria, por acuerdo de veintinueve de enero de dos mil quince, la Sala responsable dejó insubsistente la resolución reclamada; y seguido el juicio por sus trámites, el ocho de enero de dos mil dieciséis, emitió la sentencia relativa que concluyó con los siguientes puntos resolutivos:

"I. Resultaron inoperantes las causales de improcedencia analizadas, en consecuencia; II. No es de sobreseerse ni se sobresee en el presente juicio. III. La parte actora probó su acción, en consecuencia; IV. Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, en los términos precisados en la parte relativa del segundo de los considerandos del presente fallo."

Inconforme con esa sentencia, el subdirector de Planeación de "Fonatur Constructora", Sociedad Anónima de Capital Variable, interpuso recurso de revisión fiscal que, por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, siendo admitido por auto de presidencia de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y se registró con el número de toca 70/2016.(6)

En contra de ese auto admisorio de la revisión fiscal, **********, autorizado por la parte actora en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, interpuso recurso de reclamación, admitido bajo el número de expediente 8/2016, resuelto por el propio órgano colegiado mediante ejecutoria de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, declarándolo infundado.

* Consideraciones:

Previo a resolver la materia del recurso de reclamación, en el resultando 2o. de la ejecutoria respectiva, el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito puntualizó que: "… por auto de presidencia emitido el seis de mayo de este año, se admitió el aludido medio de defensa, reconociéndose el carácter ostentado por el recurrente, al así haberse reconocido a foja ochenta y tres y vuelta del juicio de nulidad **********, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. …"

Luego, en la materia de la reclamación, en el considerando IV del propio fallo, declaró infundado dicho medio de impugnación, por la ineficacia de los agravios dirigidos a evidenciar la falta de legitimación de quien interpuso el recurso de revisión fiscal en representación de la autoridad demandada en el juicio contencioso de origen, con base en los siguientes razonamientos:

I. Precisó que, conforme a los artículos 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 9o. de la Ley de Amparo:

"1. Las resoluciones emitidas por las Salas Regionales podrán ser impugnadas a través del recurso de revisión, por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente.—2. Que dicho medio de impugnación deberá tramitarse en los términos previstos por la Ley de Amparo.—3. Las autoridades podrán ser representadas o sustituidas para todos los trámites en el juicio de amparo en los términos de las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. En todo caso, podrán, por medio de oficio, acreditar delegados que, entre otras cuestiones, interpongan recursos."

II. Estableció que, a fin de resolver sobre la legitimación para interponer el recurso de reclamación, según los preceptos legales en cita, debe atenderse a lo siguiente:

"a) Que se promueva en contra de una resolución dictada por una Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.—b) Su promovente sea uno de los sujetos a que se refiere el artículo 9o. de la Ley de Amparo."

III. Bajo esa tónica, resolvió que, a propósito del recurso de revisión fiscal, la legitimación del inconforme para interponerlo "no es una cuestión que regularmente pueda analizarse desde la admisión del recurso, ya que precisa de un estudio más profundo que suele presentar ese tema, para demostrar si quien acude al recurso puede ser sustituido por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que las rigen esa atribución, y no del acuerdo que admitió a trámite el medio de impugnación, ya que éste se constriñe al análisis de la procedencia, es decir, si la resolución combatida es de las que admite el recurso de revisión, así como que se interponga por escrito dentro del término señalado y acompañado de las copias necesarias."

IV. Por último, acotó que resultaba conveniente admitir y tramitar el recurso de revisión fiscal, pese a la posible falta de legitimación de quien lo interpuso, sin perjuicio de que pueda analizarse en su oportunidad, reiterando que se trataba de una cuestión que "no puede, regularmente, ser tema de análisis en el auto de radicación de ese medio de impugnación".

• Segunda postura: Reclamación 23/2016, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Antecedentes:

**********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado **********, demandó del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo "Fonatur Constructora, S.A. de C.V.", la nulidad de la resolución de negativa ficta recaída a las solicitudes de pago de estimaciones por suministro de: "27 de noviembre de 2012", concernientes al contrato **********.

Del asunto correspondió conocer a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, bajo el expediente número **********. En ese escrito, se autorizó como "abogados patronos" a ********** y otro.

Previa resolución del conflicto competencial planteado en el juicio, por auto de cinco de enero de dos mil quince, la propia Tercera Sala Regional admitió la demanda y, entre otras cosas, tuvo "como autorizado en amplios términos al licenciado **********" , de conformidad con el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

Agotado el juicio por sus fases correspondientes, el cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la Sala Fiscal dictó sentencia definitiva en la que declaró "la nulidad de la resolución de negativa ficta"; además, reconoció el derecho de la actora "a obtener el pago de los conceptos que amparan las facturas 389 y 390, así como los gastos financieros que correspondan"".

Inconforme con dicha sentencia, **********, ostentándose subdirector de Planeación de "Fonatur Constructora, S.A. de C.V.", empresa de participación mayoritaria y, además, como apoderado general de ésta, en términos de la escritura pública número ********** otorgada ante el notario público número ********** del Distrito Federal, interpuso recurso de revisión fiscal.

De dicho medio de impugnación correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado, el cual fue admitido por auto de diecisiete de junio de dos mil dieciséis, dictado por el Magistrado presidente de dicho tribunal, reconociendo el carácter con el que compareció el recurrente.

En contra de dicho proveído, **********, ostentándose "autorizado en amplios términos" de la actora en el juicio contencioso administrativo de origen, interpuso recurso de reclamación.

El propio Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió dicha reclamación y ordenó su registro bajo el número de expediente 24/2016, resuelto mediante ejecutoria de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, en la que desechó por improcedente ese medio de impugnación.

* Consideraciones:

Para resolver en ese sentido, el propio Tribunal Colegiado de Circuito estimó que el inconforme en la reclamación carecía de legitimación para interponerla como "autorizado en amplios términos", porque:

I. Conforme a los artículos 104, 105 y 106 de la Ley de Amparo, el recurso de reclamación constituye un medio de defensa regulado en su totalidad por la Ley de Amparo (interposición, trámite y resolución), teniendo como único supuesto de procedencia los "acuerdos de trámite" dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, el cual podrán interponer las partes, por escrito, expresando los agravios respectivos, debiendo resolverse dentro del término de diez días.

II. Luego, razonó que el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevé la posibilidad de que el actor en el juicio contencioso administrativo o su representante legal designen como autorizado a un licenciado en derecho para que, a su nombre, reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos.

III. Bajo esa misma tónica, expuso que, en términos de los diversos numerales 11 y 12 de la Ley de Amparo, cuando alguna persona comparezca en nombre de alguna de las partes en el juicio y tenga reconocida su representación ante la autoridad responsable, ésta debe ser admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales; y, además, que la propia legislación de la materia contempla la designación de autorizados para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada, entre otras cosas, para interponer los recursos que procedan.

IV. Con base en lo anterior, precisó:

" ... los autorizados para oír notificaciones en el juicio contencioso administrativo ostentan una serie de atribuciones, que si bien les califica como partícipes en esos procedimientos, a fin de litigar en defensa de su autorizante e interponer los recursos pertinentes, también es verdad que dichas facultades se encuentran limitadas a lo previsto en el propio ordenamiento que regula el juicio de nulidad, o sea, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo". (Lo subrayado es autoría de quien resuelve)

V. Como fundamento citó la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 1176, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004)."

VI. Luego de destacar las cuestiones fácticas del caso concreto, precisó que la reclamación fue interpuesta por **********, quien tiene reconocido el carácter de "autorizado" dentro del juicio contencioso administrativo sustanciado ante la Tercera Sala Regional.

VII. Así, razonó que, al haberse hecho esa designación en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ello no constituía una representación legal (que es el supuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo), sino una "autorización procesal" para intervenir en el juicio que le permite interponer únicamente los recursos que establece la propia Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para lograr una adecuada defensa de su autorizante, pero siempre circunscrito a ese proceso; y que, por tanto, el autorizado en términos del artículo 5o. en cita carece de "representación legal" para interponer la reclamación contra el auto admisorio de la revisión fiscal.

VIII. Agregó que el recurso de revisión fiscal es una instancia diferente al juicio contencioso administrativo; que ese recurso sólo está al alcance de las autoridades demandadas, con la finalidad de analizar la legalidad de la sentencia con la que culminó el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y que las prevenciones establecidas en el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no rigen para la tramitación del recurso de revisión fiscal, porque ésta "debe ajustarse a las prevenciones que la Ley de Amparo establece para la revisión en amparo indirecto, en virtud de que la aludida revisión fiscal es una instancia distinta al juicio contencioso administrativo". Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 154/2007, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS DE LA AUTORIDAD EN LOS QUE PLANTEA CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD NO INVOCADAS ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA."(7)

IX. Estableció que si bien es cierto que, conforme al artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal, el trámite de la revisión fiscal debe sujetarse a las prevenciones que establece la Ley de Amparo, para la revisión en amparo indirecto, también lo es que el artículo 11 de dicho ordenamiento legal no reporta ningún beneficio al recurrente en esta reclamación, porque dicho numeral se refiere únicamente a quienes tengan la representación de los intereses de la persona por la cual comparecen, y no una simple "autorización procesal"; y que de las constancias del expediente de revisión fiscal no se advertía que la actora en el natural le hubiera conferido las atribuciones contempladas por el artículo 12 de la Ley de Amparo, a fin de que, en su caso, interpusiera los recursos previstos en esta última legislación.

X. Y que, por tanto, si la reclamación (prevista en la Ley de Amparo), se interpuso por un "autorizado procesal" en el juicio de nulidad de origen y no en términos de la Ley de Amparo, es obvio que ********** carece de legitimación para hacerlo valer, porque su intervención se limita únicamente a la realización de actos e interposición de recursos propios de la jurisdicción ordinaria, pues dicha legislación no prevé la interposición de medios de impugnación previstos y regulados en otros ordenamientos legales. Citó como apoyo a lo anterior, la tesis I.7o.A.593 A, de rubro: "RECLAMACIÓN EN EL AMPARO. LA INTERPOSICIÓN, TRÁMITE Y RESOLUCIÓN DE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DESECHA EL DIVERSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SE RIGE POR LA LEGISLACIÓN QUE ESTABLECE AQUEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN Y NO POR ESTA ÚLTIMA."(8)

• En el mismo sentido se resolvió la diversa reclamación 23/2016, del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, lo cual torna innecesario plasmar las consideraciones contenidas en dicho asunto, pues de la anterior reseña se obtiene claramente la postura a la que arribó el mencionado órgano de control constitucional, cobrando mayor relevancia el hecho de que ese recurso de reclamación fue interpuesto por la misma persona que hizo valer la reclamación 8/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, reseñada con antelación.

CUARTO.—Existencia de la contradicción de tesis.

Para determinar si, en la especie, existe o no la contradicción de tesis denunciada, sobre la base de que el objeto de la resolución es unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica,(9) resulta necesario analizar los procesos interpretativos involucrados –no tanto los resultados que arrojen–, a fin de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas –no necesariamente contradictorias en términos lógicos–.

Para ese efecto, se necesita la concurrencia de los siguientes requisitos:

a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa asumiendo su arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Que entre esos ejercicios interpretativos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista, al menos, un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

Sobre el tópico se atiende a la jurisprudencia 1a./J. 22/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.—Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(10)

Es importante subrayar que la contradicción de tesis también se configura aunque uno de los criterios divergentes sea implícito, siempre y cuando el sentido atribuido al criterio tácito sea indubitable, pues sólo así la divergencia tendrá jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso, al resolver cuestiones esencialmente iguales; criterio éste que atiende a la jurisprudencia P./J. 93/2006, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo tenor dice:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PUEDE CONFIGURARSE AUNQUE UNO DE LOS CRITERIOS CONTENDIENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE QUE SU SENTIDO PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE DE LAS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DEL CASO.—De lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 192, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se desprende que con la resolución de las contradicciones de tesis se busca acabar con la inseguridad jurídica que provoca la divergencia de criterios entre órganos jurisdiccionales terminales al resolver sobre un mismo tema jurídico, mediante el establecimiento de una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que unifique el criterio que debe observarse en lo subsecuente para la solución de asuntos similares a los que motivaron la denuncia respectiva, para lo cual es indispensable que supere las discrepancias existentes no sólo entre criterios expresos, sino también cuando alguno de ellos sea implícito, siempre que pueda deducirse de manera clara e indubitable de las circunstancias particulares del caso, pues de estimarse que en este último supuesto no puede configurarse la contradicción de criterios, seguirían resolviéndose de forma diferente y sin justificación alguna, negocios jurídicos en los que se examinen cuestiones esencialmente iguales, que es precisamente lo que el Órgano Reformador de la Constitución pretendió remediar con la instauración del citado procedimiento, sin que obste el desconocimiento de las consideraciones que sirvieron de sustento al órgano jurisdiccional contendiente para adoptar el criterio tácito, ya que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como máximo intérprete de la Constitución Federal, fijar la jurisprudencia que debe prevalecer con base en las consideraciones que estime pertinentes, las cuales pueden o no coincidir con las expresadas en las ejecutorias a las que se atribuye la contraposición."(11)

Pues bien, a la luz de las directrices apuntadas con base en los criterios jurisprudenciales en cita, y atendiendo a las particularidades del caso a estudio, este Pleno de Circuito considera que en el presente asunto sí se materializan los requisitos necesarios para configurar la existencia de la contradicción de tesis denunciada, como se verá a continuación:

** El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió un recurso de reclamación interpuesto por el autorizado del actor, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra del auto admisorio de la revisión fiscal que hizo valer la autoridad demandada.

Previo a resolver la materia del recurso de reclamación, en el resultando 2o. de la ejecutoria respectiva, el propio Tribunal Colegiado de Circuito puntualizó que: "… por auto de presidencia emitido el seis de mayo de este año, se admitió el aludido medio de defensa, reconociéndose el carácter ostentado por el recurrente, al así haberse reconocido a foja ochenta y tres y vuelta del juicio de nulidad **********, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. …"

Luego, en la materia de la reclamación, en el considerando IV del propio fallo, declaró infundado el recurso de reclamación, por la ineficacia de los agravios dirigidos a evidenciar la falta de legitimación de quien interpuso el recurso de revisión fiscal en representación de la autoridad demandada en el juicio contencioso de origen, con la consideración toral de que la legitimación "no es una cuestión que regularmente pueda analizarse desde la admisión del recurso, ya que precisa de un estudio más profundo que suele presentar ese tema, para demostrar si quien acude al recurso puede ser sustituido por los servidores públicos a quienes las leyes y los reglamentos que les rigen esa atribución, y no del acuerdo que admitió a trámite el medio de impugnación, ya que éste se constriñe, al análisis de la procedencia, es decir, si la resolución combatida es de las que admite el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27818-73f82930/recurso-de-reclamacion-el-autorizado-del-actor-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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