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Modo: Corpus Pro

REVISIÓN FISCAL ADHESIVA. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO ÚLTIMO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2020. · Registro digital (IUS): 29769
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2021-04-30
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO, EL PLENO DEL TERCER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo I, Pág. 617.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 157/2020. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TERCER CIRCUITO, EL PLENO DEL TERCER CIRCUITO Y EL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO, TODOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 18 DE NOVIEMBRE DE 2020. CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, LUIS MARÍA AGUILAR MORALES, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, YASMÍN ESQUIVEL MOSSA Y JAVIER LAYNEZ POTISEK. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIO: OSCAR VÁZQUEZ MORENO.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece y con lo resuelto en la contradicción de tesis 271/2014, del índice del Pleno de este Alto Tribunal, en virtud de que la contradicción de tesis que nos ocupa se suscita entre el criterio sustentado por un Tribunal Colegiado y un Pleno del mismo Circuito, en contra del emitido por un Tribunal Colegiado de diverso Circuito, sin que se estime necesaria la intervención del Pleno de este Alto Tribunal.

SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue formulada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, quienes participaron en la ejecutoria que contiene uno de los criterios en contradicción.

TERCERO.—Criterios contendientes. A fin de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada se estima conveniente analizar los antecedentes de los asuntos respectivos y las consideraciones esenciales que sustentan las ejecutorias que contienen los criterios materia de contradicción.

I. Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Conoció de la revisión fiscal 71/2019, interpuesta por la subadministradora desconcentrada Jurídica de la Administración Desconcentrada Jurídica de Jalisco "3", en representación del secretario de Hacienda y Crédito Público, del jefe del Servicio de Administración Tributaria y del administrador desconcentrado de Auditoría Fiscal de Jalisco "3", en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil diecinueve por la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver el juicio de nulidad 3753/19-07-02-6.

Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:

1. Con motivo de la autorización parcial a la solicitud de devolución de una cantidad como saldo a favor por concepto del impuesto al valor agregado, Globa Distribuciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó la nulidad de dicha resolución ante las Salas Regionales de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

2. De dicho asunto conoció la Segunda Sala Regional de Occidente de ese órgano, cuya Magistrada instructora admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 3753/19-07-02-6.

3. Sustanciado el juicio de nulidad por las etapas correspondientes, los Magistrados integrantes de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dictaron sentencia en la que declararon la nulidad de la resolución impugnada y reconocieron el derecho subjetivo de la parte actora a obtener la devolución de la cantidad total solicitada.

4. Inconformes con lo anterior, las autoridades demandadas interpusieron revisión fiscal, mientras que el autorizado de la parte actora en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, interpuso la revisión fiscal adhesiva correspondiente.

5. De dichos recursos le correspondió conocer al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 71/2019.

6. En sesión de doce de marzo de dos mil veinte, el referido órgano colegiado desechó el recurso de revisión fiscal interpuesto por lo que ve al jefe del Servicio de Administración Tributaria, por conducto de la administradora desconcentrada Jurídica de Jalisco "3", con sede en Jalisco, declaró infundada la revisión adhesiva y revocó la sentencia recurrida.

Ahora, para lo que aquí nos interesa, por lo que ve al estudio de la legitimación del autorizado de la parte actora para interponer el recurso de revisión fiscal adhesiva, resolvió lo siguiente:

"... Por otra parte, el recurso de revisión fiscal adhesiva fue interpuesto por el autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Ahora bien, el autorizado del actor en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal adhesiva.

"Para dar sustento a este aserto, se considera oportuno hacer las siguientes acotaciones:

"Los artículos 5o., último párrafo y 63, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, último párrafo, disponen:

"(Se transcribe contenido)

"Los citados numerales en consulta ponen de relieve que el autorizado en el procedimiento contencioso administrativo cuenta con una representación específica del autorizante para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y, especialmente, interponer recursos en la contienda administrativa, dentro de la cual se contiene el recurso de revisión fiscal previsto en las normas procedimentales de la misma legislación que regula dicho procedimiento contencioso; debido a lo cual, las facultades del autorizado se conservan en sus términos dentro del trámite de dicho medio de defensa.

"Debe precisarse que la revisión fiscal, prevista en el invocado numeral 63, constituye un medio de defensa sui géneris por su naturaleza excepcional a favor de las autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos, para combatir las sentencias que les resulten adversas.

"Por esa razón, el recurso de revisión fiscal, desde su interposición, admisión, trámite y resolución, forma un todo indisoluble con el procedimiento principal del contencioso administrativo, permaneciendo intocada la relación jurídico-procesal, en tanto subsiste la controversia mientras no se resuelva la revisión fiscal, cuya teleología da consistencia a dicho estado de cosas.

"En otras palabras, en la revisión fiscal no se insta una acción independiente, como si se tratara de un juicio regulado de manera autónoma, sino que se trata de un recurso ordinario inmerso en el propio juicio de nulidad, aunque de naturaleza excepcional por la calidad de quien lo interpone –la autoridad demandada–, pues debe tenerse presente que es la misma normativa procedimental la que lo instrumenta; de tal suerte que la calidad de las partes se conserva intacta, mientras no se resuelva el citado medio de defensa, quedando vigentes las facultades del autorizado dentro de ese proceso.

"Así, es dable colegir que el recurso de revisión, previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, goza de las mismas características que las de la revisión en el amparo indirecto, en virtud de que tienen su origen en el mismo precepto constitucional (artículo 104, fracción III). Por ende, las reglas que rigen a este último son plenamente aplicables al recurso de revisión contencioso administrativo, porque ambos se rigen por los mismos principios y, además, porque existe similitud en cuanto a su contenido.

"Luego, si en las actuaciones del contencioso administrativo de origen consta el reconocimiento expreso del tribunal del autorizado por el actor, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tal reconocimiento debe reflejarse en la instancia correspondiente a la revisión fiscal, con las facultades inherentes que derivan del propio precepto legal, específicamente el de interponer recursos; y esa circunstancia legitima al autorizado para interponer el recurso de revisión fiscal adhesiva.

"Este criterio adquiere mayor solidez si se considera que en la tramitación de la revisión fiscal cobra vigencia el articulado que regula la revisión en el amparo, y que, debido a ello, también es procedente la revisión fiscal adhesiva a favor de la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de origen y que obviamente es la accionante, sin exigirle mayores requisitos, a diferencia de los requeridos expresamente a la autoridad demandada, en lo atinente a la representación específica de ésta para interponer la revisión fiscal, confirmándose así el criterio de que basta el reconocimiento del autorizado en el juicio de origen, para tener por acreditada su legitimación en el procedimiento del aludido medio de defensa.

"No se desconoce que el Alto Tribunal del País sustentó el criterio de que el autorizado en el juicio contencioso administrativo carece de facultades para promover el juicio de amparo directo, conforme a la tesis jurisprudencial 2a./J. 90/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 1176, «con número de registro digital: 2001581» que es del siguiente tenor:

"‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’

"(Se transcribe contenido)

"Al respecto, las razones que sustentan ese criterio no son aplicables para negarle la legitimación al autorizado por el actor, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para interponer el recurso de revisión fiscal adhesiva, pues el caso a que está referido dicho criterio jurisprudencial versa sobre el ejercicio de una acción en un juicio independiente, regulado de manera autónoma; mientras que, en la especie, se trata de un recurso previsto en la misma legislación del procedimiento contencioso administrativo, esto es, la revisión fiscal adhesiva.

"Así, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 5o., último párrafo, autoriza expresamente al licenciado en derecho a interponer recursos; por lo que en este caso cuenta con legitimación para interponer el recurso de revisión adhesiva.

"Es pertinente aclarar que en la revisión fiscal las facultades del autorizado emanan de lo previsto en el diverso numeral 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"Por tanto, no sería jurídicamente posible exigir al recurrente que justifique su autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría una carga adjetiva no prevista en alguna disposición legal, pues dicha autorización tendría que otorgarse antes de la interposición del recurso; o bien, el recurso tendría que ser interpuesto por el interesado o su representante legal o mandatario con facultades para interponer el amparo, lo cual tornaría nugatoria la autorización otorgada en el juicio contencioso administrativo, por el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que el licenciado en derecho autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, está facultado para interponer los recursos.

"Las consideraciones hasta aquí expuestas son acordes con lo previsto por el artículo 1o. constitucional, que establece el principio pro persona, que implica que, ante la posibilidad de emprender distintos ejercicios interpretativos de un dispositivo legal, debe optarse por aquellos que conduzcan a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así los que restrinjan o limiten su ejercicio.

"Determinación la anterior que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

"De igual manera, esta forma de actuar permite cumplir de manera más eficiente e integral con lo previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, correspondiente al acceso a la tutela judicial efectiva, así como al compromiso que los Estados Parte pactaron, atinente al desarrollo de recursos efectivos ..."

II. Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Conoció de la contradicción de tesis 13/2016, suscitada entre los Tribunales Colegiados Primero y Quinto en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver los recursos de reclamación 8/2016, 23/2016 y 24/2016, de sus respectivos índices.

Los antecedentes de esos asuntos son los que a continuación se resumen:

1. En todos los casos, con motivo de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal.

2. Con la admisión de dicho medio de defensa, el autorizado de la parte actora en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, interpuso recurso de reclamación, cuyas ejecutorias son las que a la postre generaron el conflicto de criterios sustentados por los referidos órganos colegiados.

3. Al conocer de la contradicción de tesis, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determinó la existencia del conflicto de criterios, estableciendo como punto de contradicción el siguiente:

"Determinar si el autorizado en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene legitimación o no para interponer recurso de reclamación en contra del auto de presidencia que admitió el diverso de revisión fiscal interpuesto por la autoridad demandada en el juicio de origen."

4. A partir de lo anterior arribó a la conclusión de que el autorizado del actor en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí está legitimado para interponer recurso de reclamación en contra de la admisión de la revisión fiscal interpuesta por la autoridad demandada en el juicio de nulidad.

Las consideraciones que dieron sustento a dicho criterio son las siguientes:

"... QUINTO.—Estudio de la contradicción de tesis. Debe prevalecer, como jurisprudencia, el criterio de este Pleno de Circuito, en el sentido de que el autorizado del actor en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sí está legitimado para interponer el recurso de reclamación en contra del auto admisorio del diverso de revisión fiscal.

"Para dar sustento a este aserto, se considera oportuno hacer las siguientes acotaciones:

"Los artículos 5o., último párrafo, y 63, ambos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, último párrafo, disponen:

"(Se transcribe contenido)

"Los citados numerales de las disposiciones legales en consulta ponen de relieve que el autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, cuenta con una representación específica del autorizante para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y especialmente, interponer recursos en la contienda administrativa, dentro de la cual se contiene el recurso de revisión fiscal previsto en las normas procedimentales de la misma legislación que regula dicho procedimiento contencioso; debido a lo cual, las facultades del autorizado se conservan en sus términos dentro del trámite de dicho medio de defensa.

"Debe precisare que la revisión fiscal prevista en el invocado numeral 63, constituye un medio de defensa sui géneris por su naturaleza excepcional a favor de las autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos, para combatir las sentencias que les resulten adversas.

"Por esa razón, el recurso de revisión fiscal, desde su interposición, admisión, trámite y resolución, forma un todo indisoluble con el procedimiento principal del contencioso administrativo, permaneciendo intocada la relación jurídico-procesal, en tanto subsiste la controversia mientras no se resuelva la revisión fiscal cuya teleología da consistencia a dicho estado de cosas.

"En otras palabras, en la revisión fiscal no se insta una acción independiente, como si se tratara de un juicio regulado de manera autónoma, sino que se trata de un recurso ordinario inmerso en el propio juicio de nulidad, aunque de naturaleza excepcional por la calidad de quien lo interpone –la autoridad demandada–, pues debe tenerse presente que es la misma normativa procedimental la que lo instrumente; de tal suerte que la calidad de las partes se conserva intacta mientras no se resuelva el citado medio de defensa, quedando vigentes las facultades del autorizado dentro de ese proceso.

"En congruencia con lo expuesto, debe advertirse que el recurso de revisión fiscal, deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión, por así disponerlo expresamente el artículo 63 en consulta y en virtud de ello, habrá que tener presente lo previsto en el capítulo XI, sección primera, de la Ley de Amparo que regula el trámite del recurso de revisión en el amparo, respondiendo así a lo establecido en el artículo 104, fracción III, de la Constitución Federal.

"En efecto, de las disposiciones constitucional y legal de referencia deriva que el recurso de revisión interpuesto contra resoluciones definitivas dictadas por los tribunales de justicia administrativa, es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sujetándose a los trámites que la Ley de Amparo fije para la revisión en amparo indirecto, entre los que destacan: La forma en que habrá de interponerse (artículo 88), la debida integración del expediente (artículo 89), y las reglas que deberán observar los órganos jurisdiccionales al conocer de este tipo de asuntos (artículo 93), entre otros.

"Con base en lo anterior, es dable colegir que el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, goza de las mismas características que las de la revisión en el amparo indirecto, en virtud de que tienen su origen en el mismo precepto constitucional (artículo 104, fracción III). Por ende, las reglas que rigen a este último, son plenamente aplicables al recurso de revisión contencioso administrativo, porque ambos se rigen por los mismos principios y, además, porque existe similitud en cuanto a su contenido.

"Partiendo de la premisa apuntada, y haciendo una interpretación extensiva, resulta indudable que, en contra de los acuerdos dictados durante la tramitación de la revisión, procede el recurso de reclamación regulado por los numerales 104 a 106 de la Ley de Amparo, que textualmente disponen:

"(Se transcribe contenido)

"El invocado numeral 104 patentiza que la reclamación contra los acuerdos de trámite ‘se podrá interponer por cualquiera de las partes’, que obviamente no son otras, sino aquellas que ya fueron reconocidas en la instancia de origen.

"Luego, si en las actuaciones del contencioso administrativo de origen consta el reconocimiento expreso del tribunal, del autorizado por el actor en términos del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; tal reconocimiento debe reflejarse en la instancia correspondiente a la revisión fiscal, con las facultades inherentes que derivan del propio precepto legal, específicamente al de interponer recursos y esa circunstancia legitima al autorizado para interponer el recurso de reclamación contra el auto admisorio de la revisión fiscal.

"Este criterio adquiere mayor solidez si se considera que en la tramitación de la revisión fiscal cobra vigencia el articulado que regula la revisión en el amparo, y que debido a ello, también es procedente la revisión fiscal adhesiva a favor de la parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de origen y que obviamente es la accionante, sin exigirle mayores requisitos, a diferencia de los requeridos expresamente a la autoridad demandada, en lo atinente a la representación específica de ésta para interponer la revisión fiscal, confirmándose así el criterio de que basta el reconocimiento del autorizado en el juicio de origen, para tener por acreditada su legitimación en el procedimiento del aludido medio de defensa, a grado tal de considerarlo facultado para recurrir en la reclamación el auto admisorio de la revisión.

"No se desconoce que el Alto Tribunal del País sustentó el criterio de que el autorizado en el juicio contencioso administrativo carece de facultades para promover el juicio de amparo directo, conforme a la tesis jurisprudencial 2a./J. 90/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XII, Tomo 2, septiembre de 2012, página 1176, «con número de registro digital: 2001581» que es del siguiente tenor:

"‘AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).’

"(Se transcribe contenido).

"Al respecto, las razones que sustentan ese criterio, no son aplicables para negarle la legitimación al autorizado para interponer el recurso de reclamación en contra del auto que admite la revisión fiscal, pues el caso a que está referido dicho criterio jurisprudencial versa sobre el ejercicio de una acción en un juicio independiente, regulado de manera autónoma; mientras que en la especie se trata de un recurso previsto en la misma legislación del procedimiento contencioso administrativo, esto es, la revisión fiscal cuya admisión sí es susceptible de impugnarse en la reclamación por parte del autorizado ya que dicha legislación, es decir, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 5o., último párrafo, autoriza expresamente al licenciado en derecho a interponer recursos.

"De ahí que no existe analogía alguna entre el supuesto aquí tratado y el caso a que se refiere dicha jurisprudencia; estimar lo contrario implicaría reconocer que en el amparo en revisión (que sí es un caso análogo al de la revisión fiscal, en tanto que se rige por las mismas reglas procedimentales), se rechace la reclamación interpuesta por el autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, reconocido expresamente en la primera instancia, lo cual es jurídicamente inaceptable, siendo pertinente aclarar que en la revisión fiscal las facultades del autorizado emanan de lo previsto en el diverso numeral 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

"En relación con esta última consideración, es importante establecer que en la reclamación contra la admisión de la revisión fiscal, no es jurídicamente posible exigir al recurrente que justifique su autorización en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues ello implicaría una carga adjetiva no prevista en alguna disposición legal, pues dicha autorización tendría que otorgarse antes de la interposición del recurso; o bien, el recurso tendría que ser interpuesto por el interesado o su representante legal o mandatario con facultades para interponer el amparo, lo cual tornaría nugatoria la autorización otorgada en el juicio contencioso administrativo, por el artículo 5o., último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual establece que el licenciado en derecho autorizado en el procedimiento contencioso administrativo, está facultado para interponer los recursos, entre ellos, el de reclamación, ya que éste procede contra el auto que admite la revisión fiscal.

"Las consideraciones hasta aquí expuestas son acordes con lo previsto por el artículo 1o. constitucional, que establece el principio pro persona, que implica que, ante la posibilidad de emprender distintos ejercicios interpretativos de un dispositivo legal, debe optarse por aquellos que conduzcan a una mejor y más amplia protección de los derechos fundamentales, descartando así los que restrinjan o limiten su ejercicio.

"Determinación la anterior que se ajusta a lo dispuesto por el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según el cual, toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley.

"De igual manera, esta forma de actuar permite cumplir de manera más eficiente e integral con lo previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, correspondiente al acceso a la tutela judicial efectiva, así como al compromiso que los Estados Parte pactaron, atinente al desarrollo de recursos efectivos ..."

Lo anterior dio origen a la jurisprudencia PC.III.A. J/45 A (10a.),(1) de contenido siguiente:

"RECURSO DE RECLAMACIÓN. EL AUTORIZADO DEL ACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5o. DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONERLO CONTRA EL AUTO ADMISORIO DE LA REVISIÓN FISCAL PROMOVIDA POR LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO DE ORIGEN. De los artículos 5o. y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que el autorizado en dicho procedimiento cuenta con la representación específica del autorizante para hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos y especialmente, interponer recursos en la contienda administrativa, dentro de la que se contiene el recurso de revisión fiscal, el cual desde su interposición, admisión, trámite y resolución, forma un todo indisoluble con el procedimiento principal del contencioso administrativo, de donde se sigue que dicho recurso ‘deberá tramitarse en los términos previstos en la Ley de Amparo en cuanto a la regulación del recurso de revisión’. Con base en lo anterior, habrá que tener presente lo establecido en el capítulo XI, ‘Medios de impugnación’, sección primera, ‘Recurso de revisión’ de la Ley de Amparo, que regula el trámite del recurso de la revisión en el juicio constitucional, a saber: los términos en que habrá de interponerse, la forma de integrar el expediente, así como las reglas que deberán observar los órganos jurisdiccionales al conocer de este tipo de asuntos. Por ende, las reglas que rigen a la revisión en el amparo, son plenamente aplicables al recurso de revisión contencioso administrativo, porque ambos se guían por los mismos principios y, además, existe similitud en cuanto a su contenido y, por ello, contra de los acuerdos dictados durante la tramitación de la revisión, procede el recurso de reclamación regulado por los artículos 104 a 106 de la Ley de Amparo, que disponen que ‘se podrá interponer por cualquiera de las partes’, que obviamente no son otras sino aquellas que ya fueron reconocidas en la instancia de origen. Luego, si en las actuaciones del contencioso administrativo de origen consta el reconocimiento expreso del tribunal del autorizado por el actor en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ese reconocimiento debe reflejarse en la instancia correspondiente a la revisión fiscal, por lo que el auto admisorio de la revisión fiscal interpuesta por la autoridad demandada en el juicio de origen, puede impugnarse a través del recurso de reclamación por el autorizado en dicho juicio."

III. Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Conoció del recurso de reclamación 20/2017, interpuesto por el representante legal de Aeroservicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra del auto que tuvo por admitida la revisión fiscal 249/2017.

Los antecedentes del caso son los que a continuación se resumen:

1. Con motivo de la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, mientras que la parte actora promovió demanda de amparo directo, los cuales fueron admitidos por el presidente del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

2. Respecto del trámite del recurso de revisión fiscal, el autorizado de la parte actora en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, presentó sendos escritos a través de los cuales interpuso recurso de revisión adhesiva y formuló diversas manifestaciones en relación con la procedencia de la revisión fiscal y lo infundado de los agravios expresados por la autoridad recurrente.

3. En virtud de lo anterior, el presidente del referido órgano colegiado ordenó agregar sin mayor pronunciamiento los escritos precisados en el párrafo anterior, al considerar que de las constancias que integran el juicio de origen no se advirtió la calidad con que se ostentó el autorizado de la parte actora, en términos del artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

4. Inconforme con dicha determinación, Aeroservicios Especializados, Sociedad Anónima de Capital Variable, a través de su representante legal, interpuso recurso de reclamación.

5. Finalmente, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete el referido órgano colegiado declaró infundado el recurso de reclamación.

Las consideraciones que dieron sustento a dicho criterio son las siguientes:

"... Sin embargo, debe decirse que, en el caso, tal proceder carecería de justificación legal y sentido práctico, en mérito de que sólo lo que se demostraría es que el promovente de la revis

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29769-0b44fef8/revision-fiscal-adhesiva-el-autorizado-en-terminos-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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