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Modo: Corpus Pro

LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN FISCAL. POR REGLA GENERAL, EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESTÁ FACULTADO PARA ANALIZARLA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2019. · Registro digital (IUS): 29741
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2021-04-16
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 85, Abril de 2021, Tomo II, Pág. 1563.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 36/2019. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUINTO Y SÉPTIMO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 23 DE NOVIEMBRE DE 2020. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS RENÉ OLVERA GAMBOA, SALVADOR MURGUÍA MUNGUÍA, JACOB TRONCOSO ÁVILA, ROBERTO CHARCAS LEÓN, JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, OSCAR NARANJO AHUMADA Y MOISÉS MUÑOZ PADILLA. PONENTE: JACOB TRONCOSO ÁVILA. SECRETARIO: ALEJANDRO CHÁVEZ MARTÍNEZ.

Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, aprobado en sesión ordinaria celebrada vía remota por medios electrónicos el veintitrés de noviembre de dos mil veinte.(1)

VISTOS, los autos para resolver la denuncia de contradicción de tesis número 36/2019, y,

RESULTANDO:

1. PRIMERO.—Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio presentado el seis de noviembre de dos mil diecinueve, los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito denunciaron la posible contradicción de criterios (fojas 1 y 2 del cuaderno de contradicción), entre los sustentados por dicho tribunal, al resolver el recurso de reclamación 39/2019 y el sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado homólogo al resolver el recurso de reclamación 37/2019.

2. SEGUNDO.—Admisión y trámite de la contradicción de tesis. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito admitió a trámite la denuncia relativa y solicitó a los tribunales en cuestión copias del auto recurrido y del escrito de agravios y al Séptimo Tribunal, además, de la ejecutoria dictada en el mencionado recurso, e informaran si los criterios sustentados en esas ejecutorias se encontraban vigentes (fojas 10 a 12 ídem).

3. En auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, el presidente del Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio 736/2019, signado por la secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado con el cual remitió las constancias solicitadas e informó que el criterio en cuestión se encontraba vigente (foja 32 ídem).

4. En auto de veintiocho de ese mes, el presidente recibió copias certificadas de las constancias solicitadas al Séptimo Tribunal Colegiado al igual que la información de que el criterio continuaba vigente (foja 54 ídem).

5. El cinco de diciembre de ese año, el presidente del Pleno tuvo por recibido el oficio ********** del director general de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el cual informó que de la consulta realizada por la Secretaría General de Acuerdos del Alto Tribunal en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna denuncia de contradicción de tesis radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionada con el tema a tratar en este asunto (foja 58 ídem).

6. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, se turnó el presente asunto al Magistrado Jacob Troncoso Ávila, para la elaboración del proyecto correspondiente; y,

CONSIDERANDO:

7. PRIMERO.—Competencia. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis sostenida por Tribunales Colegiados de la misma Materia y Circuito de este Pleno.

8. SEGUNDO.—Legitimación. La denuncia de contradicción proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los integrantes del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito (fojas 1 y 2 ídem).

9. TERCERO.—Consideraciones de los criterios contendientes. Con el fin de resolver lo conducente sobre el tema de esta contradicción, se analizarán las consideraciones y el contexto en que se resolvieron los asuntos que dieron lugar a la presente contradicción.

10. CRITERIO EMITIDO POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Al resolver el recurso de reclamación 39/2019, ese órgano determinó, en lo conducente:

"Estudio. Los agravios son inoperantes.

"Sin embargo, antes de exponer las consideraciones que sustentan la anterior conclusión, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias y anexos que integran la revisión fiscal 89/2019, de la que proviene el presente recurso de reclamación, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, tal como lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como ésta lo previene en su 2o. numeral.

"Así las cosas, conviene puntualizar que la Magistrada presidenta de la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hizo llegar a este órgano jurisdiccional el recurso de revisión fiscal que hizo valer la paraestatal denominada **********, por conducto de su apoderado **********, en contra de la sentencia pronunciada por dicha Sala Regional el ocho de mayo del año en curso, al resolver en definitiva el juicio de nulidad identificado con el número de expediente **********, de su índice, el cual fue promovido por la diversa persona moral denominada **********, aquí recurrente, contra actos de la empresa de participación estatal mayoritaria previamente identificada, que figuró como parte demandada.

"Al proveer sobre el referido medio de impugnación y, desde luego, con base en la información obtenida de los autos que integran el juicio contencioso administrativo de origen, el Magistrado presidente de este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito emitió el proveído de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite el medio de impugnación que se comenta, ordenando su registro con el número de toca 89/2019.

"Pues bien, la anterior determinación de presidencia constituye la materia de análisis en el presente recurso de reclamación.

"Ahora bien, en el único apartado de agravios del medio de impugnación que se atiende, el representante legal de la directa recurrente **********, medularmente expone que fue indebidamente admitida a trámite la revisión fiscal hecha valer por el apoderado de la paraestatal que figura como demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, debido a que quien acudió en su representación no justificó ser el encargado de su defensa jurídica, ni tener las facultades necesarias para interponer el aludido medio de impugnación a nombre de aquélla y, por ende, carece de la legitimación necesaria para ello.

"Para sostener lo fundado de su postura en ese sentido, invoca a su favor la jurisprudencia PC.III.A. J/32 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, que se encuentra visible en la página 1369 del Libro 48, noviembre de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2015642, bajo el título y contenido siguientes:

"‘REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal constituye un medio de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, cuya procedencia se condiciona a que lo interponga la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; por tanto, esa representación especialísima creada así por el legislador, es la única forma de acreditar la legitimación para interponer el recurso. Sobre esa base, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Fonatur Constructora, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria, carece de legitimación para interponer el aludido medio de defensa, en tanto que la representación de la autoridad sólo surte efectos cuando ésta ejerce actos como ente moral privado, y no como ente moral público que le compete, como son aquellos impugnados en el juicio contencioso administrativo; de ahí que si el fallo definitivo le es adverso a esa entidad paraestatal, el apoderado o mandatario no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal por más amplio que sea el mandato relativo, pues esa facultad está reservada a la unidad encargada de su defensa jurídica.’

"Con base en este último criterio jurisprudencial y en lo previsto por el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el actual recurrente continúa diciendo que quien se ostenta como apoderado de la paraestatal mencionada, carece de la legitimación indispensable para promover el presente recurso de revisión fiscal, sobre todo, porque no refiere ni demuestra ser el titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la referida empresa de participación estatal mayoritaria y, de hecho, omite citar las disposiciones legales que, en su caso, lo facultan para interponer dicho mecanismo de defensa, además de que, explica, un mero apoderado o mandatario de la autoridad demandada, amparado en un contrato basado en el derecho civil, no puede representar los intereses de una entidad paraestatal, debido a que la representación pública basada en acuerdos de voluntades resulta contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben caracterizar a los actos de autoridad y, en todo caso, debió tenerse en cuenta el contenido del artículo 5o., tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece que la representación de las autoridades corresponde a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, en términos de lo dispuesto por el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto respectivos y, de ser el caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales (sic).

"Dichos argumentos son inoperantes.

"Lo anterior es así, porque exceden los temas que el Magistrado presidente debe examinar al decidir sobre la admisión de algún recurso, de manera que no se justifica el estudio de la legalidad del acuerdo recurrido a la luz de temas que no tiene obligación de estudiar; es decir, en el acuerdo de admisión recurrido, el presidente de este Tribunal Colegiado se encuentra impedido para desechar el recurso de revisión fiscal del que deriva la presente reclamación, con base en las razones que aduce el recurrente, porque el análisis de la legitimación de la persona que interpone ese recurso, según las facultades otorgadas en un poder general para pleitos y cobranzas de una empresa de participación estatal mayoritaria, corresponde a un aspecto que no es de inmediata apreciación.

"En efecto, el artículo 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece:

"‘Artículo 41. Son atribuciones de los presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito:

"‘...

"‘III. Dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal hasta ponerlos en estado de resolución. En caso de que estime dudoso o trascendente algún trámite, dispondrá que el secretario respectivo dé cuenta al tribunal para que éste decida lo que estime procedente; ...’

"Del transcrito numeral se desprende que es atribución del presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, calificar la procedencia del recurso y admitirlo o desecharlo, así como dictar los trámites que procedan en los asuntos de la competencia del tribunal, hasta ponerlos en estado de resolución.

"En ese sentido, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito sólo tiene facultades legales para calificar la procedencia de algún recurso con base en los elementos documentales a su alcance, para estar en condiciones de dictar una decisión fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, pero ese análisis, por ejemplo, se emprende sobre aspectos formales que trasciendan a la procedencia del recurso como son, entre otros, la extemporaneidad, la falta de firma o de legitimación, por no ser parte en el juicio de origen del que deriva la sentencia recurrida, toda vez que dichas cuestiones son de inmediata apreciación; razón por la cual, no puede examinar, al decidir sobre la admisión de algún recurso, si la persona que interpone el recurso de revisión fiscal, según las facultades otorgadas en un poder general para pleitos y cobranzas de una empresa de participación estatal mayoritaria, tiene o no legitimación para ello; o bien, si es o no aplicable la referida jurisprudencia PC.III.A. J/32 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, del rubro (sic): ‘REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.’, y los diversos criterios judiciales citados para apoyar sus argumentos.

"Por lo tanto, es evidente que el análisis pormenorizado le compete realizarlo al Pleno de este tribunal, al momento de resolver en el fondo, el recurso de revisión fiscal del que deriva esta reclamación, pues en esa resolución deben valorarse en forma integral, todos los elementos de convicción que se alleguen a fin de resolver la litis.

"No es (sic) obstáculo a la anterior determinación, las jurisprudencias 2a./J. 139/2006 y 2a./J. 252/2007 (registros IUS 174003 y 170456), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, ‘Tomo XXIV, octubre de 2006’ y ‘Tomo XXVII, enero de 2008’, páginas trescientos ochenta y uno y cuatrocientos sesenta, que dicen:

"‘REVISIÓN. LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA SE LIMITA AL EXAMEN DE ASPECTOS FORMALES QUE TRASCIENDAN A ELLA. De acuerdo con el artículo 90, primer párrafo, de la Ley de Amparo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe analizar la procedencia de la revisión con base en las constancias enviadas por el Tribunal Colegiado de Circuito o por el Juez de Distrito, según corresponda, para emitir una determinación fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, pero el estudio está limitado a los aspectos formales que trasciendan a la procedencia del recurso como, entre otros, la extemporaneidad, la falta de firma o de legitimación, la declaración de que el fallo recurrido adquirió la calidad de cosa juzgada, o bien, porque en el juicio de amparo directo no exista algún problema de inconstitucionalidad o sobre la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, dado que éstas son cuestiones de inmediata apreciación; pero no puede estudiar aspectos de fondo, como el examen de los agravios expuestos por la parte recurrente y arribar a la conclusión de que son inoperantes o infundados, aun bajo la premisa de que notoriamente lo sean, pues estimar lo contrario conllevaría a extremos que no están previstos en el artículo citado, además de no resultar congruente con el sistema de facultades para resolver los asuntos que impera en el juicio de garantías.’

"‘RECURSO DE REVISIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO SÓLO TIENE FACULTADES LEGALES PARA DESECHARLO POR ASPECTOS FORMALES. El artículo 104, fracción I-B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el recurso de revisión contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso-administrativo debe tramitarse conforme a las reglas que la Ley de Amparo fija para la revisión en amparo indirecto. En ese tenor, acorde con los artículos 90, primer párrafo, de la Ley citada y 41, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito tiene facultades legales para calificar la procedencia del recurso de revisión contencioso administrativo con base en los elementos documentales a su alcance, para estar en condiciones de dictar una decisión fundada y motivada sobre su admisión o desechamiento, pero ese análisis se limita a aspectos formales que trasciendan a la procedencia del recurso como son, entre otros, la extemporaneidad, la falta de firma o de legitimación, o la declaración de que el fallo recurrido es cosa juzgada, toda vez que dichas cuestiones son de inmediata apreciación; así, no puede estudiar aspectos de fondo, como lo es, si el recurso reúne las características de importancia y trascendencia o si los agravios expuestos por la inconforme son ineficaces, aun cuando el referido medio de defensa notoriamente adoleciera de esas irregularidades.’

"Lo anterior es así, en razón de que si bien es cierto refieren que la falta de legitimación constituye un aspecto formal que trasciende a la procedencia del recurso y que es una cuestión de inmediata apreciación; también lo es, que dicho análisis se concreta a examinar si quien interpone el recurso es o no parte en el juicio de origen del que deriva la sentencia recurrida; pero de ninguna manera a decidir, si la persona que interpone el recurso de revisión fiscal, según las facultades otorgadas en un poder general para pleitos y cobranzas de una empresa de participación estatal mayoritaria, tiene o no legitimación para ello.

"Por lo anterior, es que se estiman inoperantes los agravios, por exceder la materia del recurso; porque en términos del artículo 104, párrafo primero, de la Ley de Amparo la materia del recurso de reclamación está limitada por los fundamentos del acuerdo recurrido y los agravios expresados en su contra, los que deben estar encaminados a impugnarlos, o bien, a controvertir la omisión en que hubiera incurrido el Magistrado presidente en cuanto al examen de aspectos formales que debió tener en cuenta; pero esa materia no comprende aspectos ajenos a los indicados, por lo que si los agravios se refieren a temas que no forman parte de la materia del recurso de reclamación deben declararse inoperantes.

"Cabe precisar que el hecho de que se declaren inoperantes los agravios expresados en este recurso, al exceder la materia del mismo por referirse a cuestiones diversas a las que el Magistrado presidente debe examinar al decidir sobre su admisión, no impide que al resolverlo se examinen, o incluso reexaminen, con mayor detenimiento, atendiendo, si fuera procedente, los planteamientos que expresen las partes, o bien oficiosamente, las cuestiones relativas a su oportunidad, procedencia y legitimación del recurrente, de tal suerte que la declaración de inoperancia de los agravios en modo alguno significa dejar en estado de indefensión al recurrente.

"En consecuencia, al desestimarse los agravios hechos valer, lo procedente es declarar infundado el recurso de reclamación que se analiza y confirmar el acuerdo de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, dictado por el Magistrado presidente de este Tribunal Colegiado de Circuito en el toca de revisión fiscal 89/2019.

"Este Tribunal Colegiado no desatiende que el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió el recurso de reclamación 37/2019, en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el cual se determinó fundado, porque el apoderado de la empresa de participación estatal mayoritaria carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal, esto es, dicho órgano colegiado determinó implícitamente que ese estudio sí es materia del aludido recurso; mientras que en esta ejecutoria se concluyó lo contrario.

"En consecuencia, como en este asunto existen conclusiones encontradas respecto a la solución del mismo tema, referente a la materia de estudio en el recurso de reclamación, entonces, de conformidad con los artículos 225, 226, fracción III, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, ante la posible contradicción de criterios encontrada por este Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con lo resuelto por el Séptimo Tribunal Colegiado homólogo, denúnciese al Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito. ..."

11. CRITERIO EMITIDO POR EL SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. Al resolver el recurso de reclamación 37/2019, dicho tribunal consideró, también en la parte que interesa:

"ESTUDIO DE AGRAVIOS.

"En la medida y para los efectos que más adelante se precisarán, resultan sustancialmente fundados los agravios que hace valer el representante legal de la directa recurrente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, en su reconocida calidad de opositora en la revisión fiscal 69/2019, del índice de este tribunal, como se pondrá de manifiesto a continuación.

"Sin embargo, antes de exponer las consideraciones que sustentan la anterior conclusión, es necesario efectuar una breve reseña de los principales antecedentes que se desprenden de las constancias y anexos que integran la revisión fiscal 69/2019, de la que proviene el presente recurso de reclamación, a las cuales se confiere valor probatorio pleno, por tratarse de documentos públicos, tal como lo disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo vigente, como ésta lo previene en su 2o. numeral.

"Así las cosas, conviene puntualizar que mediante oficio número **********, de ocho de agosto de dos mil diecinueve, el Magistrado presidente de la Primera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, hizo llegar a este órgano jurisdiccional el recurso de revisión fiscal que hizo valer la paraestatal denominada **********, por conducto de su apoderado **********, en contra de la sentencia pronunciada por dicha Sala Regional el veinticuatro de mayo del año en curso, al resolver en definitiva el juicio de nulidad identificado con el número de expediente **********, de su índice, el cual fue promovido por la diversa persona moral denominada **********, aquí recurrente, contra actos de la empresa de participación estatal mayoritaria previamente identificada, que figuró como parte reo.

"Al proveer sobre el referido medio de impugnación y, desde luego, con base en la información obtenida de los autos que integran el juicio contencioso administrativo de origen, el Magistrado presidente de este Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, emitió el proveído de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, en el que admitió a trámite el medio de impugnación que se comenta, ordenando su registro con el número de toca 69/2019.

"Pues bien, la anterior determinación de presidencia constituye la materia de análisis en el presente recurso de reclamación.

"Ahora bien, en el único apartado de agravios del medio de impugnación que se atiende, e inmediatamente después de exponer un apartado especial de procedencia del recurso, el representante legal de la directa recurrente **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, medularmente expone que fue indebidamente admitida a trámite la revisión fiscal hecha valer por el apoderado de la paraestatal que figura como demandada en el juicio contencioso administrativo de origen, debido a que quien acudió en su representación no justificó ser el encargado de su defensa jurídica, ni tener las facultades necesarias para interponer el aludido medio de impugnación a nombre de aquélla y, por ende, carece de la legitimación necesaria para ello.

"Para sostener lo fundado de su postura en ese sentido, invoca a su favor la jurisprudencia PC.III.A. J/32 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa de este Tercer Circuito, que se encuentra visible en la página 1369 del Libro 48, noviembre de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital: 2015642, bajo el título y contenido siguientes:

"‘REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S. A. DE C. V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO. Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso de revisión fiscal constituye un medio de defensa excepcional a favor de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo, cuya procedencia se condiciona a que lo interponga la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica; por tanto, esa representación especialísima creada así por el legislador, es la única forma de acreditar la legitimación para interponer el recurso. Sobre esa base, el apoderado general para pleitos y cobranzas de Fonatur Constructora, S.A. de C.V., empresa de participación estatal mayoritaria, carece de legitimación para interponer el aludido medio de defensa, en tanto que la representación de la autoridad sólo surte efectos cuando ésta ejerce actos como ente moral privado, y no como ente moral público que le compete, como son aquellos impugnados en el juicio contencioso administrativo; de ahí que si el fallo definitivo le es adverso a esa entidad paraestatal, el apoderado o mandatario no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal por más amplio que sea el mandato relativo, pues esa facultad está reservada a la unidad encargada de su defensa jurídica.’

"Con base en este último criterio jurisprudencial –que resulta de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado de Circuito en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo vigente, por haber emanado del Pleno en Materia Administrativa de este Circuito–, el actual recurrente continúa diciendo que quien se ostenta como apoderado de la paraestatal mencionada, carece de la legitimación indispensable para promover el presente recurso de revisión fiscal, sobre todo, porque no refiere ni demuestra ser el titular de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la referida empresa de participación estatal mayoritaria y, de hecho, omite citar las disposiciones legales que, en su caso, lo facultan para interponer dicho mecanismo de defensa, además de que, explica, un mero apoderado o mandatario de la autoridad demandada, amparado en un contrato basado en el derecho civil, no puede representar los intereses de una entidad paraestatal, debido a que la representación pública basada en acuerdos de voluntades resulta contraria a los principios de legalidad y seguridad jurídica que deben caracterizar a los actos de autoridad y, en todo caso, debió tenerse en cuenta el contenido del artículo 5o., tercer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la representación de las autoridades exclusivamente debe corresponder a las unidades administrativas encargadas de su defensa jurídica, en términos de lo dispuesto por el Ejecutivo Federal en el reglamento o decreto respectivos y, de ser el caso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

"Todo lo cual resulta sustancialmente fundado, como enseguida se pasa a demostrar.

"Para evidenciarlo así, es indispensable traer a la vista el contenido del artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice:

"‘Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica o por la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondiente, interponiendo el recurso de revisión ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede del Pleno, sección o Sala Regional a que corresponda, mediante escrito que se presente ante la responsable, dentro de los quince días siguientes a aquel en que surta sus efectos la notificación respectiva, siempre que se refiera a cualquiera de los siguientes supuestos:

"‘...’

"Como puede apreciarse, el texto de la norma transcrita es determinante en cuanto a que la revisión fiscal sólo puede ser interpuesta por la autoridad demandada, a través de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica.

"Lo anterior obedece, a que resulta de explorado derecho que el referido medio de impugnación constituye un medio de defensa de naturaleza excepcional, establecido a favor de quienes figuran como autoridades demandadas en los juicios contenciosos administrativos, para que puedan combatir las sentencias que les resulten adversas; de tal suerte, que el legislador condicionó su procedencia a que se demuestre la legitimación de quien acude a representar los intereses de tales autoridades, mediante la exigencia de que sea indefectiblemente interpuesto por conducto de la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la dependencia u organismo de que se trate.

"Asimismo, es indispensable poner de relieve que la representación de una autoridad o empresa de participación estatal mayoritaria, a través de un apoderado general para

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/29741-e2422353/legitimacion-en-el-recurso-de-revision-fiscal-por · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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