REVISIÓN FISCAL. EL APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS DE FONATUR CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA) CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER ESE RECURSO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 7/2017. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO. 30 DE AGOSTO DE 2017. UNANIMIDAD DE SIETE VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ, RENÉ OLVERA GAMBOA, TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA, ELÍAS H. BANDA AGUILAR, ROBERTO CHARCAS LEÓN, ÓSCAR NARANJO AHUMADA Y JUAN MANUEL ROCHÍN GUEVARA. PONENTE: JUAN JOSÉ ROSALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: CARLOS ABRAHAM DOMÍNGUEZ MONTERO.
Zapopan, Jalisco, acuerdo del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del treinta de agosto de dos mil diecisiete.
Vistos, para resolver los autos del expediente relativo a la denuncia de contradicción de tesis 7/2017; y,
RESULTANDO:
PRIMERO.-Denuncia de la contradicción de tesis. Mediante oficio 69/2017 de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, formularon la denuncia de contradicción de tesis, entre el criterio sustentado por dicho Tribunal Colegiado de Circuito, al resolver el recurso de reclamación 28/2016, con el diverso sostenido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al fallar las revisiones fiscales 102/2016 y 104/2016.
SEGUNDO.-Trámite del asunto. Mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete, el presidente del Pleno admitió a trámite la denuncia de contradicción de tesis y ordenó su registro bajo el expediente número 7/2017, en términos de los artículos 94 y 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 226, fracción III y 227, fracción III, de la Ley de Amparo; y del Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
En el mismo acuerdo se solicitó al presidente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, remitiera copia certificada de la sentencia dictada en el recurso de reclamación 28/2016; y a su homólogo del Quinto Tribunal Colegiado, respecto a las dictadas en las revisiones fiscales 102/2016 y 104/2016; y a la vez, informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos materia de la denuncia de contradicción de tesis, se encontraban vigentes, o, en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados. Asimismo, se solicitó a la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que informara si en el índice de los asuntos radicados en ese Alto Tribunal, existe algún asunto que guarde relación con la temática aquí planteada (folios 3 y 4).
Mediante acuerdos de diez y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidas las ejecutorias dictadas en los amparos solicitados, y de igual manera, se tuvo a las presidencias de los tribunales contendientes informando que los criterios ahí sustentados se encontraban vigentes (hojas 55 y 79).
Asimismo, en el segundo de los acuerdos en cita, el presidente de este Pleno de Circuito tuvo por recibido el oficio de la coordinadora de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio del cual comunicó que de la consulta realizada por dicha secretaría en el sistema de seguimiento de contradicciones de tesis pendientes de resolver, así como de los acuerdos de admisión dictados por el Ministro presidente, durante los últimos seis meses no se advirtió la existencia de alguna contradicción radicada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya temática guarde relación con el presente asunto.
Finalmente, por auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, se ordenó turnar el asunto al Magistrado Juan José Rosales Sánchez, para la formulación del proyecto de resolución correspondiente (foja 82); y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO.-Competencia legal. Este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo; y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 9o. del Acuerdo General 8/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de dos mil catorce, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios sostenidos por Tribunales Colegiados en Materia Administrativa de este Tercer Circuito.
SEGUNDO.-Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo, puesto que fue formulada por los Magistrados integrantes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por conducto de su actual presidente.
TERCERO.-Criterios contendientes. Para estar en aptitud de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, es preciso tener en cuenta los antecedentes de los asuntos de donde emanan dichas tesis y las consideraciones que respectivamente sustentaron las ejecutorias dictadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la reclamación 28/2016, y por el Quinto Tribunal Colegiado de la misma materia y Circuito, en la revisión fiscal 102/2016, coincidente con la diversa 104/2016.
• Reclamación 28/2016 del índice del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Origen.
1. **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal promovió juicio contencioso administrativo en contra de la empresa de participación estatal mayoritaria Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, por lo siguiente:
"1. La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a la solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, mismas que se hicieron formalmente el día 27 de noviembre de 2012, concernientes al contrato de suministro número **********.-2. Como consecuencia de lo anterior, se reclama: a. El incumplimiento a la obligación derivada del artículo 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula cuarta del contrato de suministro número **********, consistente en el pago de las estimaciones 1 y 2 (finiquito) por la cantidad de ********** pesos y ********** pesos, respectivamente, que en total suman la cantidad de ********** pesos (monto original total del contrato), dentro de los 20 días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva y de la prestación de los suministros correspondientes.-b. El pago de los gastos financieros a los que refiere el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas e indicadas en el inciso anterior, y computados desde la fecha de la constitución de la mora (textual) y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas; reservándose el derecho de determinar la cuantía en la etapa de ejecución correspondiente, toda vez que dicha etapa constituye el momento procesal oportuno para su cuantificación."
2. El "apoderado legal" de la persona moral demandada Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, produjo su contestación, la que fue acordada de conformidad por auto de dos de septiembre de dos mil quince.
3. Inconforme con ese proveído que tuvo por contestada la demanda por un "apoderado legal" de la autoridad demandada, la parte actora interpuso recurso de reclamación, el cual fue desechado por extemporáneo; y luego, promovió incidente de falta de personalidad, que también fue rechazado, al igual que el recurso de reclamación que al efecto interpuso.
4. Seguido el juicio por sus trámites, la Segunda Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, dictó la sentencia correspondiente en la que declaró la nulidad de la negativa ficta impugnada y condenó a la demandada Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable "al pago del monto total de ********** correspondiente a las facturas ********** y **********, derivadas del contrato **********; así como los gastos financieros que se generen en relación a éstas", así como "al pago de los gastos financieros que se generen en relación a las facturas ********** y **********, derivadas del contrato **********".
5. Inconforme con lo anterior "el apoderado general para pleitos y cobranzas de la autoridad demandada", interpuso recurso de revisión fiscal; y por auto de tres de noviembre de dos mil dieciséis, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa admitió a trámite la revisión fiscal, registrándola con el número 2014/2016, por considerar que:
"...**********, subdirector de planeación de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, carácter que acredita con copia certificada del poder notarial número ********** expedida ante la fe del licenciado **********, notario público número ********** de la **********, contra la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis, en el referido juicio de nulidad. ...".
6. No conforme con la admisión de la revisión fiscal, **********, como representante legal de **********, Sociedad Anónima de Capital Variable -parte actora en el juicio de origen-, por escrito presentado el diez de noviembre de dos mil dieciséis en la Oficialía de Partes del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, interpuso recurso de reclamación. Y una vez admitido y registrado con el número de expediente 28/2016, el cinco de enero de dos mil diecisiete se dictó la sentencia respectiva en donde se declaró infundado el recurso y, en consecuencia, se confirmó el auto de presidencia recurrido.
Consideraciones de la sentencia de la reclamación 28/2016.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que el subdirector de planeación de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable empresa de participación estatal mayoritaria sí estaba legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal, bajo las siguientes consideraciones medulares:
I. En principio consideró que conforme a los artículos 3o., fracción VIII y 42 de la Ley General de Turismo; así como 15, fracción VII, 17, 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y atendiendo a la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de agosto de dos mil quince,(1) Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable "es una empresa de participación estatal mayoritaria, dependiente de la Secretaría de Turismo; que su administración estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de gobierno o su equivalente, así como por un director general, quien será designado por el presidente de la República, quien tendrá facultades para administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal, así como para otorgar poderes generales y especiales".
II. Luego, el propio órgano colegiado contendiente para justificar que el promovente del recurso de revisión fiscal sí estaba legitimado para ello, señaló lo siguiente:
"Así pues, si el promovente del recurso de revisión fiscal lo interpuso ostentándose como apoderado general para pleitos y cobranzas de ‘Fonatur Constructora’, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa de participación estatal mayoritaria, derivado del mandato conferido por el encargado de la defensa legal de esa paraestatal, esto es, de su director general, resulta inconcuso que la representación que le fue conferida le resulta suficiente, para hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
"Esto es así, si se toma en consideración además que la facultad que se le confirió para ‘interponer toda clase de juicios y recursos’ comprende la interposición del medio de defensa excepcional, esto es, el de revisión fiscal.
"Además, contrario a lo que afirma el recurrente, el nombramiento de director general del organismo público descentralizado se realizó en términos de lo establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales derivado de la designación realizada por el presidente de la República, según se advierte de la parte conducente de la transcripción realizada de la protocolización del acta de la cuarta sesión extraordinaria de dos mil trece y, por lo mismo, que resulten infundados los argumentos expresados con relación a la falta de legitimación del promovente del recurso. ...".
III. Así, concluyó que estimar lo contrario implicaría desconocer y restringir la figura del apoderado con la que la paraestatal dio contestación a la demanda y que fue reconocida por la Sala de lo Administrativo que conoció del asunto y, por ende, se le impediría combatir la sentencia del ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa que fueran adversas a sus intereses.
• Revisión fiscal 102/2016 del índice del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.
Origen.
1. **********, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su representante legal **********, promovió juicio contencioso administrativo en contra de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, en donde impugnó:
"1. La negativa ficta que operó ante la omisión de la entidad demandada de dar respuesta a las solicitudes de pago de las estimaciones por suministro, mismas que se hicieron formalmente el día 27 de noviembre de 2012, concernientes al contrato de suministro número **********.-Cabe señalar, que al estarse impugnando una negativa ficta, solicito desde este momento se me conceda el plazo de 20 días hábiles que señala el artículo 17, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efectos de poder ampliar la presente demanda una vez que se me haya notificado el acuerdo recaído a la contestación.-2. Como consecuencia de lo anterior, se reclama: a. El incumplimiento a la obligación derivada del artículo 51, primer párrafo, de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 89 del Reglamento de la Ley de Adquisición, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la cláusula cuarta del contrato de suministro número **********, consistente en el pago de las estimaciones 1 y 2 (finiquito) por la cantidad de ********** pesos y ********** pesos, respectivamente, que en total suman la cantidad de ********** pesos (monto original total del contrato), dentro de los 20 días naturales siguientes a partir de la entrega de la factura respectiva y de la prestación de los suministros correspondientes.-b. El pago de los gastos financieros a los que refiere el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sobre las cantidades no pagadas e identificadas en el inciso anterior, y computados desde la fecha de la constitución de la mora y hasta el momento en que se haga el pago total de las mismas; reservándome el derecho de determinar la cuantía en la etapa de ejecución correspondiente, toda vez que dicha etapa constituye el momento procesal oportuno para su cuantificación."
2. El conocimiento de la demanda, por razón de turno correspondió a la Tercera Sala Regional de Occidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (actualmente Tribunal Federal de Justicia Administrativa). El asunto se registró con el número de expediente **********; y una vez sustanciado el juicio, la referida Sala Regional emitió la sentencia correspondiente, bajo los puntos resolutivos siguientes:
"I. La parte actora probó su acción, en consecuencia.-II. Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada, en los términos precisados en la parte relativa del segundo de los considerandos del presente fallo.-III. Se reconoce el derecho subjetivo de la parte actora, a obtener el pago de los conceptos que amparan las facturas 389 y 390, así como los gastos financieros que correspondan, mismos que deberán calculase desde que venció el plazo de veinte días a que se refiere la cláusula cuarta del contrato **********, y hasta que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del proveedor.-IV. Se condena a la demandada a efectuar los pagos correspondientes, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."
3. Inconforme con esa decisión, **********, subdirector de Planeación de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable empresa de participación estatal mayoritaria, ostentándose como apoderado general para pleitos y cobranzas de la propia paraestatal, interpuso recurso de revisión fiscal.
4. Una vez realizados los trámites legales por dicha resolutora de origen, por razón de turno el conocimiento del recurso correspondió al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. Una vez admitido y registrado con el número de expediente 102/2016, el seis de octubre de dos mil dieciséis dictó sentencia en la que desechó por improcedente el recurso de revisión fiscal.
Consideraciones de la sentencia de la revisión fiscal 102/2016.
El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, resolvió que el subdirector de Planeación de Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable empresa de participación estatal mayoritaria carece de legitimación para interponer el recurso de revisión fiscal; y para para arribar a esa decisión -en lo que interesa a esta contradicción de tesis-, se apoyó en los siguientes fundamentos jurídicos:
I. De entrada puntualizó que el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece "quiénes pueden interponer el referido medio de defensa, y precisa que será la autoridad a través de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, o bien, la entidad federativa coordinada en ingresos federales correspondientes".
II. Luego, destacó que conforme a los artículos 3o, fracción VIII y 42 de la Ley General de Turismo; así como 15, fracción VII, 17, 21 y 22 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y atendiendo a la relación de entidades paraestatales de la administración pública federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de catorce de agosto de dos mil quince,(2) Fonatur Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable "es una empresa de participación estatal mayoritaria, dependiente de la Secretaría de Turismo y sujeta a la Ley Federal de Entidades Paraestatales y su reglamento; además, que su administración está a cargo de un consejo de administración y un director general, quien será nombrado por el presidente de la República y tendrá facultades para administrar y representar legalmente a la entidad paraestatal, así como otorgar poderes generales y especiales".
III. Que además de la contradicción de tesis 266/2021 (sic), así como de la jurisprudencia 2a./J. 144/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estudiar el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se colige que el recurso de revisión es un medio de defensa excepcional en favor de las autoridades demandas en el juicio contencioso administrativo, cuya procedencia se condiciona a que dicha autoridad esté legitimada para ello "lo que no puede acreditarse mediante poder o mandato, sino únicamente por la unidad administrativa encargada de la defensa jurídica de la demandada; de ahí que un apoderado general carezca de legitimación procesal para interponer el recurso en comento".
IV. Por esas razones, el Tribunal Colegiado de Circuito contendiente resolvió que la persona que interpuso la revisión fiscal, ostentándose como subdirector de Planeación de la paraestatal demandada, no justificó su legitimación, en los siguientes términos:
"De esta manera, si ********** interpuso el recurso de revisión fiscal ostentándose apoderado de ‘Fonatur Constructora’, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa de participación estatal mayoritaria, por virtud del mandato conferido por el encargado de la defensa legal de esa paraestatal, o sea, de su director general, resulta irrefutable que la representación que le fue conferida resulta insuficiente, por sí sola, para hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque no es la unidad encargada de la defensa jurídica de dicho Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
"Pero además, si a ********** se le confirió la facultad de ‘interponer toda clase de juicios y recursos’ dicha atribución no comprende la interposición de este recurso de revisión contencioso administrativa, pues se insiste que la representación de las autoridades a través de un apoderado o mandatario se da únicamente cuando éstas actúan como personas morales de derecho privado, supuesto que se excluye en los actos que realizan las autoridades en ejercicio del poder público que les compete...".
En similares términos se pronunció el propio Tribunal Colegiado de Circuito contendiente, al resolver la diversa revisión fiscal 104/2016; y, por ello, resulta innecesario reproducir las consideraciones que sustentaron la sentencia relativa.
CUARTO.-Existencia de la contradicción de tesis.
En principio, resulta oportuno puntualizar que el objeto de resolución de una contradicción de tesis consiste en unificar los criterios contendientes, atendiendo al principio de seguridad jurídica.(3)
Así, para determinar si en la especie existe o no esa contradicción, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen-, con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos-.
Al efecto, para la existencia de la contradicción de tesis, se requiere la concurrencia de los requisitos que a continuación se precisan:
a) Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún cannon o método, cualquiera que fuese;
b) Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico; ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,
c) Que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de la si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente en relación con cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.
Sobre el tópico se atiende a jurisprudencia 1a./J. 22/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido íntegro dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA.-Si se toma en cuenta que la finalidad última de la contradicción de tesis es resolver los diferendos interpretativos que puedan surgir entre dos o más tribunales colegiados de circuito, en aras de la seguridad jurídica, independientemente de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, puede afirmarse que para que una contradicción de tesis exista es necesario que se cumplan las siguientes condiciones: 1) que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que tuvieron que ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese; 2) que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre al menos un razonamiento en el que la diferente interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico, ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general, y 3) que lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible."(4)
En la especie sí se satisfacen los requisitos puntualizados con antelación.
Así es, en principio se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron una cuestión jurídica idéntica, esto es, la legitimación del subdirector de planeación de Fonatur, Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa de participación estatal mayoritaria, para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en contra de las sendas sentencias que resultaron adversas a dicha paraestatal, sobre la base de que lo hizo en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de la misma, conforme al poder notariado que al efecto exhibió en los juicios respectivos, otorgado por el director de la propia entidad paraestatal; y en esa medida, si los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron sobre el mismo tema en litigio, entonces, sí se da el requisito indicado en primer término.
Los restantes presupuestos jurídicos, también se materializan en la especie, como se verá a continuación:
Al resolver sobre el particular, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito resolvió que el recurrente sí estaba legitimado, en virtud del mandato para pleitos y cobranzas otorgado por el director general de la paraestatal por ser éste el encargado de su defensa jurídica y que por tanto, es suficiente la representación conferida para interponer la revisión fiscal, en términos del numeral 63 de la ley en cita, máxime que dentro de las facultades otorgadas se encuentra la de "interponer toda clase de juicios y recursos como el aquí indicado".
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito sustentó un criterio diferente, al considerar que el poder general para pleitos y cobranzas otorgado al subdirector de Planeación de Fonatur, Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, pese a que le fue otorgado por el director de la misma paraestatal, era insuficiente para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque la representación de las autoridades a través de apoderado o mandatario sólo se da cuando éstas actúan como personas de derecho privado, excluyendo los actos de las autoridades en ejercicio del poder público que les compete, como son los combatidos en el juicio contencioso administrativo.
Luego, como se dijo, sí se materializan los restantes supuestos jurídicos para considerar que en el caso en estudio sí existe contradicción de tesis, en tanto que uno de los tribunales contendientes determinó que el apoderado general para pleitos y cobranzas de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo, sí está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal en términos del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; mientras que el otro órgano colegiado, con base en consideraciones contrarias, determinó que ese apoderado general no tiene la legitimación legal suficiente para interponer tal medio de impugnación.
De ahí que si ambos Tribunales Colegiados de Circuito decidieron sobre una misma cuestión litigiosa, arribando a conclusiones opuestas, esto es, la legitimación o no del apoderado general para pleitos y cobranzas de la autoridad demandada, mediante el ejercicio de sus respectivas interpretaciones en torno a esa misma temática; entonces, es indiscutible que sí existe la divergencia de criterios denunciada.
De acuerdo con las premisas apuntadas, el tema de la presente contradicción de tesis se constriñe a dilucidar si el apoderado general para pleitos y cobranzas de la empresa paraestatal demandada Fonatur, Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, está o no legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
QUINTO.-Estudio de fondo.
Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio de este Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, similar al del Quinto Tribunal Colegiado del mismo Circuito y materia, en el sentido de que el apoderado general para pleitos y cobranzas de Fonatur, Constructora, Sociedad Anónima de Capital Variable, no está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Para dar sustento a lo anterior, en principio debe precisarse lo que a propósito del recurso de revisión establece el artículo 63, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dice:
"Artículo 63. Las resoluciones emitidas por el Pleno, las secciones de la Sala Superior o por las Salas Regionales que decreten o nieguen el sobreseimiento, las que dicten en términos de los artículos 34 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria y 6o. de esta ley, así como las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y las sentencias definitivas que emitan, podrán ser impugnadas por la
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/27480-f348a847/revision-fiscal-el-apoderado-general-para-pleitos-y · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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