REQUERIMIENTO DE PAGO DE FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS, AL PREVER LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD EN SU CONTRA, RECONOCE EL DERECHO DE DEFENSA.
AMPARO EN REVISIÓN 511/2021. CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A. 23 DE MARZO DE 2022. PONENTE: JAVIER LAYNEZ POTISEK. SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ARAIZA ARREYGUE.
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Ciudad de México. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al veintitrés de marzo de dos mil veintidós, emite la siguiente:
SENTENCIA
Mediante la cual se resuelve el recurso de revisión 511/2021, interpuesto por Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima (recurrente), en contra de la resolución que dictó el ocho de mayo de dos mil veinte el Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con sede en Uruapan, Michoacán, en auxilio del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el expediente J.A. 2414/2019 (expediente auxiliar 129/2020).
El problema jurídico que resolverá esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consiste en determinar si la fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es inconstitucional, por no prever un medio de defensa en contra del procedimiento de remate ordenado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
I. ANTECEDENTES Y TRÁMITE
1. Otorgamiento de fianza. El cuatro de julio de dos mil ocho, Chubb de México, Compañía Afianzadora, Sociedad Anónima de Capital Variable,(1) otorgó la póliza de fianza número 88042717, a favor de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, para garantizar la cantidad de $1''''''''''''''''134,938.25 (un millón ciento treinta y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 25/100 moneda nacional) por el fiado Cofar Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de la debida inversión e importe del anticipo otorgado por la secretaría precisada, para la iniciación de los trabajos derivados del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado.
2. Reclamación de pago. En su oportunidad, la Secretaría de Desarrollo Urbano de Jalisco solicitó(2) a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco realizar la reclamación de pago a la afianzadora respecto del incumplimiento de las obligaciones contraídas por la persona moral fiada mediante la póliza de fianza ya indicada.
3. Requerimiento de pago. El treinta de noviembre de dos mil doce, el director de Notificación y Ejecución Fiscal de la entonces Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, emitió el requerimiento de pago número DGI/DNEF/4702/2012, en el cual requirió a la afianzadora precisada el pago por la cantidad garantizada mediante la póliza de fianza número 88042717.
4. Primer juicio de nulidad. En contra del requerimiento de pago, la afianzadora promovió juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(3) En el escrito correspondiente, la parte actora expresó, sustancialmente, lo siguiente:
• Dado que la fianza es un contrato accesorio y toda vez que el fiado compareció al procedimiento de sanción instado en su contra, entonces el procedimiento para la exigibilidad de la garantía se encuentra sub judice y, por tanto, no es posible solicitar el pago de la garantía.
• No se acredita el incumplimiento por parte del fiado.
• El requerimiento de pago impugnado se apoya en estados contables que carecen de la debida fundamentación y motivación.
• El fiado no sólo cumplió con la obligación a su cargo, sino que existen adeudos a su favor.
5. Sentencia de nulidad. La demanda fue turnada a la Tercera Sala Regional de Occidente del citado tribunal, quien dictó sentencia(4) en el sentido de reconocer la validez de la resolución impugnada.
6. Segundo requerimiento de pago. Mediante oficio número 06-367-II-4.1/40359/2019/M, de doce de agosto de dos mil diecinueve, el director general Jurídico Contencioso y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas solicitó nuevamente a la aseguradora en comento acreditar el pago del monto reclamado.
7. Segundo juicio de nulidad. En contra del oficio a que se refiere el punto que antecede, así como del oficio por el cual la directora de Notificación y Ejecución Fiscal de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco solicitó a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas continuar con el procedimiento de ejecución, la afianzadora promovió juicio de nulidad ante el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.(5) Según dicho de la propia quejosa, la demanda correspondiente se desechó.
8. Manifestaciones de la aseguradora. Mediante escrito presentado el dos de septiembre de dos mil diecinueve ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la referida aseguradora presentó escrito a través del cual se opuso al eventual remate y manifestó que la obligación principal, motivo de la garantía, se encontraba prescrita en términos del artículo 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, pues desde la fecha en que se resolvió el juicio de nulidad en contra del requerimiento de pago (veintiuno de febrero de dos mil catorce) al momento en que se requirió el pago y eventualmente se solicitaría el remate de bienes de la aseguradora (dos mil diecinueve), transcurrieron más de tres años.
9. Orden de remate de valores. El diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, el director general Jurídico Contencioso y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emitió el oficio número 06-367-II-4.1/40417/2019/M, dentro del expediente número C00.421.2.23..F141/19, a través del cual ordenó al Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante de Grupo Financiero Banamex, rematar valores (propiedad de la citada aseguradora) suficientes para cubrir el monto garantizado, en la inteligencia de que, con el producto del remate, dicha institución financiera deberá adquirir un billete de depósito el cual deberá poner a nombre y disposición de la aludida Comisión Nacional. Dicha orden fue notificada a la citada institución de crédito, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.
10. Juicio de amparo indirecto. Chubb Fianzas Monterrey, Aseguradora de Caución, Sociedad Anónima, promovió juicio de amparo indirecto en contra de las autoridades y por los actos siguientes:(6)
III. Autoridades responsables:
"1. C. Titular de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ...
"2. C. Titular o director general de ingresos adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ...
"3. C. Titular o director de notificación y ejecución fiscal adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco ...
"4. C. Presidente de la comisión nacional de seguros y fianzas ...
"5. C. Vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ...
"6. C. Director de la Dirección General Jurídica Contenciosa y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ...
"7. C. Director de la Dirección Contenciosa de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ...
"8. C. Vicepresidente de operación institucional de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas ...
"9. C. Director general del Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex ...
"10. C. Secretario de Hacienda y Crédito Público ...
"11. C. Presidente de la República ...
"12. Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión ...
"13. Cámara de senadores del H. Congreso de la Unión ...
"14. Director general adjunto del Diario Oficial de la Federación ..."
IV. Actos reclamados:
1. De las autoridades señaladas en los incisos 1, 2 y 3, se reclama, en su calidad de ordenadoras y ejecutoras, la solicitud de ejecución y remate de valores de mi representada respecto de la póliza de fianza número 88042717, emitida por mi mandante, formulada a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.
2. De las autoridades señaladas en los incisos 4, 5, 6 y 7, se reclama, en su calidad de ordenadoras y ejecutoras, haber admitido y haberle dado trámite a la solicitud de ejecución y remate de valores hecha respecto de la póliza de fianza número 88042717, emitida por mi mandante y que formulara la diversa autoridad responsable.
3. De las autoridades señaladas en los incisos 4, 5, 6, 7, 8 y 9, se reclama, en su calidad de ordenadoras y ejecutoras, la orden de remate contenida en el oficio No. 06-367-II-4.1/40417/2019/M, de fecha 17 de octubre de 2019 y la inminente ejecución y cumplimiento que se pretende dar a la orden de remate de valores que mi mandante tiene depositados en bolsa y/o en depósito de la Institución de Crédito denominada Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, así como la inminente transferencia de valores y/o entrega del numerario correspondiente por medio del billete de depósito que solicita y/o pago por el monto de las pólizas expedidas por mi mandante junto con sus accesorios, a las autoridades responsables señaladas en los incisos anteriores.
4. De las autoridades señaladas en los incisos 10, 11, 12, 13 y 14 se reclama, la aprobación, expedición, promulgación, publicación y entrada en vigor del artículo 282, fracción III, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
11. Conceptos de violación. La quejosa expresó, en síntesis, los siguientes conceptos de violación:
Primero. La fracción III del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas es inconstitucional por inobservar los derechos de audiencia y recurso judicial efectivo, ya que el procedimiento de remate que se contempla ahí, viola el derecho de audiencia al no permitirle impugnar en alguna vía la validez de la orden de remate, ni tampoco expresar defensas (excepciones) y comprobarlas, aunado a que no prevé que esa etapa concluya con una resolución completa y congruente que atienda las defensas planteadas, ni prevé medio de defensa para controvertir la decisión.
Estima que en el caso concreto, los actos reclamados son ilegales porque desde el veintiuno de febrero de dos mil catorce se emitió la sentencia de nulidad en contra del requerimiento de pago y, no obstante ello, fue hasta el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve cuando se notificó a la quejosa el trámite de ejecución mediante remate de valores, por lo que transcurrió en exceso el plazo de tres años para hacerlo, por lo que operó la figura de la prescripción en términos del artículo 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; sin embargo, ello no fue considerado al emitir la orden de remate dado que ni el artículo 95 de la anterior Ley Federal de Instituciones de Fianzas o el 282 de la actual Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas establecen una instancia o medio de defensa contra la aprobación y orden de remate.
Lo anterior genera un estado de indefensión para los gobernados porque no les permite hacer valer defensas distintas a las que la ley prevé (exhibir o comprobar el pago), como la extinción por prescripción, la caducidad o la improcedencia del procedimiento, entre otras, y ofrecer pruebas.
Más aún, que el artículo tachado de inconstitucional no prevé la posibilidad de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emita una opinión de procedencia a la solicitud de documentación o de su subsecuente remate de valores, sino que se limita a imponer a la comisión la obligación de dar continuación al procedimiento aun cuando no se satisfagan los extremos de éste; por ello estima que el legislador debió prever un procedimiento mediante el cual la autoridad ejecutora dé vista a la afianzadora no sólo para exhibir el pago o la impugnación hecha valer, sino también para exhibir u ofrecer cualquier otra excepción o prueba que desvirtúe la procedencia de la solicitud de remate y en atención a ello resolver en consecuente.
Segundo. La orden de remate de valores afecta directamente las garantías de audiencia, tutela judicial efectiva, legalidad, fundamentación y motivación, así como las de seguridad jurídica y propiedad, porque el artículo 14 constitucional impone que antes de emitir actos privativos se someta a las partes a un esquema de juicio previo en el que se observen las formalidades esenciales del procedimiento, con amplias y suficientes posibilidades de defensa y, en el caso, la responsable ordenó que se proceda al remate de valores sin oír a la quejosa. Lo anterior, porque la comisión no notificó el acto mediante el cual determinó la procedencia del remate ni emitió un acto administrativo con los requisitos legales para hacerlo, explicando las razones del remate mediante mandamiento dirigido a la propia recurrente, no así a la institución bancaria pues no es quien resiente el daño. Además, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas incumplió con los requisitos del acto administrativo en términos del artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
También señala que, previo a la emisión de la orden de remate, la autoridad debió pronunciarse sobre lo expresado por la aseguradora, en particular, respecto de la prescripción que se hizo valer, para lo cual la autoridad igualmente debió fundar y motivar debidamente las consideraciones respectivas; ello para actuar conforme a los derechos de tutela judicial efectiva y de audiencia previstos en los artículos 14 y 17 constitucionales.
Consideró que, si en materia jurisdiccional se debe emitir una decisión que presupone la posibilidad de optar por una solución o elegir entre varias, con mayor razón debe sostenerse dicha exigencia para una decisión administrativa, en la que no se ignorará el derecho de la quejosa a dar respuesta a sus argumentos y pruebas, así como sin valorar las documentales que la diversa responsable anexó a su solicitud.
Tercero. Ni el presidente de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas por sí a o través de sus directores o representantes debieron admitir a trámite la solicitud de remate formulada, ni debieron aprobarla.
Aunado a ello, la orden de remate partió de un análisis incompleto de las constancias en su poder; lo anterior porque señaló que la quejosa no acreditó alguna causal de suspensión ni de terminación del procedimiento de remate, lo que estima incorrecto porque debió considerar que se invocó como causal de improcedencia de la solicitud, la prescripción de la obligación garantizada (en términos del artículo 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas) derivado de la inacción de la ejecutora dentro del plazo de tres años contados a partir del dictado de la sentencia en el juicio de nulidad, lo que sucedió el veintiuno de febrero de dos mil catorce.
Cuarto. Los actos reclamados son inconstitucionales por vulneración de la garantía de debida fundamentación y motivación prevista en el artículo 16 constitucional, porque el cobro de la póliza se ha extinguido por prescripción, siendo improcedente el trámite y la aprobación del remate, ya que la obligación fue exigible desde la emisión de la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil catorce, en que se reconoció la validez del requerimiento de pago, por lo que si entre dicho momento y la fecha en que se le comunicó el remate de valores o la orden de remate transcurrieron más de cinco años, mientras que en materia de fianzas, la prescripción es de tres años (en términos de lo establecido en el artículo 175 multirreferido), entonces es evidente que al haber transcurrido en exceso tal plazo, no era posible continuar con el procedimiento de remate.
Sexto (sic). Dado que los actos de ejecución (como el cumplimiento de la orden de remate, la entrega del producto de remate, la imposición de sanciones como multas, así como las diligencias tendientes a lograr su ejecución) derivan de una orden ilegal y violatoria de derechos humanos, también deben considerarse violatorios de las garantías de legalidad, motivación y fundamentación.
12. Sentencia. La demanda fue turnada al Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en el que fue admitida a trámite.(7) Celebrada la audiencia constitucional, el juicio fue remitido al Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Uruapan, Michoacán, para su resolución,(8) cuyo titular sobreseyó y negó(9) la protección constitucional esencialmente por lo siguiente:
• Sobreseyó por inexistencia los actos atribuidos al director general Jurídico Contencioso y de Sanciones de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en representación del presidente, vicepresidente jurídico, vicepresidente de Operación Institucional y del director contencioso, esto es, la admisión y trámite de la solicitud de remate de valores respecto de la póliza 88042717, pues las autoridades negaron la existencia de esos actos al no haber emitido ni firmado la orden de remate reclamada; asimismo, la directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, en representación del titular y director general de Ingresos de dicha secretaría, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto consistente en la solicitud de ejecución y remate de valores respecto de la póliza de fianza precisada, en tanto que la directora general adjunta de Evaluación, Control Procedimental de Amparos, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público igualmente negó la existencia del acto consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sin que en alguno de los casos la quejosa hubiere aportado prueba para desvirtuar dichas negativas.
• Enseguida estimó que el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como las Cámaras de Diputados y Senadores, ambas del Congreso de la Unión, no tienen el carácter de autoridades responsables porque no se reclamaron vicios propios en su intervención en el procedimiento legislativo del que derivó el artículo 282, fracción III, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; por lo tanto, sobreseyó respecto de los actos atribuidos a dichas autoridades.
• Al analizar las causales de improcedencia, consideró la actualización de la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado al director general del Banco Nacional de México; lo anterior porque el juicio de amparo tiene por objeto resolver controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de autoridad que vulneren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y, en la especie, los actos reclamados de esa autoridad (inminente ejecución y cumplimiento de la orden de remate de valores, así como la transferencia de valores y/o entrega del numerario mediante billete de depósito) no se llevaron a cabo en un plano de supra a subordinación, sino que actuó en auxilio de la autoridad ordenadora.
• En cuanto al fondo, por lo que toca a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 282, fracción III, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como de los actos reclamados consistentes en la solicitud, admisión, trámite, ejecución y remate contenido en el oficio reclamado, se estimaron infundados los respectivos conceptos de violación, ya que en términos de la fracción IV del artículo 282 de esa ley, la institución afianzadora cuenta con un plazo de treinta días para demandar la nulidad del requerimiento de pago ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debiendo la autoridad ejecutora o la comisión suspender el procedimiento de ejecución cuando se informe y compruebe que se presentó oportunamente la demanda, con lo que el legislador reconoció la posibilidad del gobernado de combatir el requerimiento de pago ante los tribunales competentes, aportando pruebas y formulando los alegatos pertinentes, cumpliendo así con la garantía de audiencia, lo que implica que el particular cuenta con el derecho de intervenir ante la autoridad para ser oído y defenderse. • También calificó como infundado el argumento relacionado con que la decisión respecto de la solicitud de remate de valores viola los derechos fundamentales de audiencia, tutela judicial efectiva, legalidad, motivación y fundamentación, seguridad jurídica y propiedad, al no haberla fundado y motivado debidamente. Lo anterior, porque del contenido de dicho acto se advierte que la responsable cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento y en su determinación se expresaron las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en cuenta para emitir su pronunciamiento, señalando los fundamentos y razonamientos que estimó adecuados al caso, porque señaló como sustento a su determinación los artículos 55, fracción IV, y 95, fracción IV, de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en concordancia con las disposiciones décima primera, primer párrafo, y décima segunda, de las disposiciones transitorias de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de abril de dos mil trece; y en los artículos 4, fracción IV, inciso h), 11, fracción III, y 36, fracción VI, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de junio de dos mil quince; así como el artículo 282, fracción III, inciso b), párrafos séptimo, octavo y noveno de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
Precisó que la orden reclamada consta por escrito y que fue emitida por autoridad competente, colmando así las exigencias del primer párrafo del artículo 16 constitucional.
• Igualmente estimó infundado el concepto de violación en el que la quejosa se dolió de la omisión de notificarle el acto por medio del que se determinó la procedencia del remate de valores, ya que dicho acto le fue debidamente notificado, y que esto consta con el sello de recepción de la quejosa.
• En relación con el argumento relativo a que el remate de valores contenido en el oficio reclamado fue incorrecto porque la autoridad debió considerar la actualización de la prescripción, lo declaró infundado porque, en términos de lo informado por la responsable, la quejosa no acreditó el pago ni haber promovido el medio de defensa en contra del requerimiento de pago y porque la responsable se encontraba imposibilitada para determinar si era procedente la figura de la prescripción, ya que la facultad de determinarlo no se encuentra regulada en la ley de la responsable, por lo que la quejosa debió promover la prescripción en otras instancias, utilizando los recursos o medios de defensa que le permiten a los gobernados ofrecer pruebas y expresar argumentos que tiendan a obtener una decisión favorable a su interés.
• Debido a lo anterior, se negó el amparo y, en consecuencia, también por cuanto hace a los actos de ejecución que fueron reclamados al director de Notificación y Ejecución Fiscal, adscrito a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco, porque derivan de la ordenadora y no fueron reclamados por vicios propios, sino en vía de consecuencia.
13. Recurso de revisión. En contra de la anterior resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión,(10) en el cual manifestó lo siguiente:
Primer agravio. La sentencia recurrida transgrede lo establecido en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo porque la fundamentación y las consideraciones para negar el amparo son incorrectas y distintos al sentido de la norma, aplicación e interpretación.
El sobreseimiento decretado respecto de los actos reclamados al presidente y a las Cámaras de Diputados y Senadores fue equivocado porque el Juez agregó elementos normativos no previstos en el artículo 108 de la Ley de Amparo ya que no reclamó el refrendo del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, sino su promulgación y que, al rendir sus informes justificados, el presidente fue omiso en la rendición del informe por lo que existe la presunción de que el acto reclamado es cierto y en los informes de la Cámaras se aceptó la existencia del acto, por lo que la fijación del acto fue aceptada tácita o expresamente.
Sostiene que la fracción III del artículo 108 referido prevé dos supuesto que el Juez no advirtió y que interpretó incorrectamente, consistentes en que: (1) en caso de impugnar normas generales se deberá señalar a los titulares de los órganos del Estado a los que la ley encomiende su promulgación, supuesto en el que estima se encuentra y que cumplió; y, (2) en el caso de que las autoridades hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley, el quejoso deberá señalarlas como responsables únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios, supuesto en el que considera que de la lectura de la demanda de amparo es posible advertir que no expresó vicios de inconstitucionalidad relacionados con el refrendo de la ley sino que impugnó la norma por considerarla contraria a la Constitución. Al respecto, afirma que el requisito de procedibilidad es el de señalar a los titulares de los órganos a los que se les encomendó la promulgación de la ley, sin adicionar ni condicionar que el señalamiento sea por vicios propios en el momento de la promulgación y aprobación.
Segundo agravio. La sentencia recurrida transgrede lo previsto en las fracciones II, III y IV del artículo 74 de la Ley de Amparo porque para negar el amparo con motivo de la inconstitucionalidad de la ley reclamada se apoyó en consideraciones incompletas e incongruentes y sus fundamentos resultan incorrectos, pues no apreció el acto de manera adecuada en relación con los conceptos de violación que se plantearon. Para demostrarlo desarrolla los siguientes puntos:
• Punto uno. Se faltó al principio de congruencia y exhaustividad, lo que en el caso se observa porque el Juez no atendió a los antecedentes expuestos pues si bien en un primer momento se impugnó el requerimiento de pago de fianza y se decretó su validez en el juicio de nulidad, también debió atenderse que, dado el tiempo transcurrido de la notificación de la sentencia a la instauración del remate de valores pasaron más de tres años, plazo previsto para la prescripción, lo que generó una defensa o excepción superveniente, sobre lo cual el Juez de amparo omitió pronunciarse.
Esto es, como parte de la alegada inconstitucionalidad de la norma, se hizo valer el que ésta sólo permite impugnar el requerimiento de pago mas no así actos sucedidos con posterioridad a ese acto como lo es la orden de remate, ello a pesar de que sobrevenga posteriormente un motivo suficiente para extinguir en forma total el procedimiento de ejecución y remate o la obligación garantizada; por tanto, al no establecer la norma reclamada la posibilidad de que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas emita una opinión de procedencia de la solicitud, ese precepto legal indebidamente impone a la autoridad la obligación de dar continuación al procedimiento a pesar de que el mismo resulte ilegal.
Asimismo, la sentencia recurrida es incongruente porque en una parte se indicó que la responsable estaba imposibilitada para determinar si procedía o no la prescripción pues normativamente no es una facultad asignada en la ley a la Comisión responsable; sin embargo, el argumento relativo a que, en el caso concreto se actualizó la prescripción de la obligación en términos del artículo 175 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, tampoco fue analizado por el juzgador, lo cual implica que ese aspecto no puede analizarse en algún otro medio de defensa, ni por la autoridad durante el procedimiento de ejecución, ni en el juicio de amparo en contra de esos actos.
Punto dos. Sostiene la incorrecta apreciación del acto por parte del Juez a partir de lo que se generó una convicción errónea en relación con los conceptos de violación relativos a la inconstitucionalidad de la norma por no señalar de forma expresa el medio de defensa que permita un recurso efectivo, pues se remitió únicamente a la previsión legal del requerimiento de pago y el juicio de nulidad previsto en la fracción IV del artículo 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, lo que no fue materia de impugnación.
Asimismo, se dejó de observar que el amparo se promovió en contra de actos fuera de juicio, después de concluido, puesto que la demanda se enfocó en el remate de valores, siendo que el medio previsto para impugnar el requerimiento de pago sí se agotó previamente y que lo alegado es la falta de previsión de un medio de defensa en la etapa de remate; por ello afirma que el Juez de amparo confundió diferentes figuras y momentos para señalar que la quejosa contaba con el juicio de nulidad sin considerar que, en el caso, el medio de defensa cuya falta de previsión se reclama es para la etapa de remate.
Aún más, la recurrente señala que como medio ordinario de defensa intentó nuevamente el juicio de nulidad el cual le fue desechado y no obstante no se atendió tal consideración por el Juez de amparo. De lo anterior concluye que el Juez federal se equivocó en considerar el procedimiento de requerimiento de pago como si lo fuera el procedimiento de remate, cuando son distintos momentos del procedimiento para el cobro de fianzas.
Tercero. La sentencia recurrida transgrede lo previsto por la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo porque se apoya en fundamentos y consideraciones incorrectas, esto porque el Juez estimó infundado el planteamiento conforme al que la autoridad responsable incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento, pues consideró que, contrario a ese planteamiento, la autoridad expresó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas para emitir su pronunciamiento dando razones y fundamentos que estimó adecuados, lo que llevó a cabo por escrito y fue emitido por autoridad incompetente.
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/30727-e7a10d70/requerimiento-de-pago-de-fianzas-otorgadas-en-favor · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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