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FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS, AL NO SER ESA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FISCAL, SI SE REQUIERE DE PAGO, SON INAPLICABLES LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS, ESA OBLIGACIÓN NO ES FISCAL NI CONSTITUYE UN CRÉDITO DE ESA NATURALEZA. FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. EXCEPCIONES QUE LA AFIANZADORA PUEDE OPONER CONTRA EL REQUERIMIENTO DE SU PAGO, CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 3/2015. · Registro digital (IUS): 25889
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2015-10-09
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Pág. 3931.

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS, AL NO SER ESA OBLIGACIÓN DE NATURALEZA FISCAL, SI SE REQUIERE DE PAGO, SON INAPLICABLES LA CADUCIDAD Y LA PRESCRIPCIÓN PREVISTAS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS ARTÍCULOS 67 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS, ESA OBLIGACIÓN NO ES FISCAL NI CONSTITUYE UN CRÉDITO DE ESA NATURALEZA.

FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES. EXCEPCIONES QUE LA AFIANZADORA PUEDE OPONER CONTRA EL REQUERIMIENTO DE SU PAGO, CUANDO LO QUE SE GARANTIZA ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES INHERENTES A DICHO PROCEDIMIENTO POR LOS INTERESADOS EN CASO DE SER DESCALIFICADOS.

AMPARO DIRECTO 3/2015. 11 DE JUNIO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ADRIANA LETICIA CAMPUZANO GALLEGOS. PONENTE: F. JAVIER MIJANGOS NAVARRO. SECRETARIO: JOSÉ ARTURO GONZÁLEZ VITE.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.-Los conceptos de violación restantes son inoperantes en parte e infundados en otra.

En principio se aclara que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo, los argumentos contenidos en los conceptos de violación formulados por la quejosa se analizarán en un orden diferente al propuesto, a fin de obtener una mejor compresión del asunto.

Efectuada la precisión anterior, se procede al estudio de los argumentos expuestos en el primer concepto de violación, a través de los cuales la quejosa destaca que la Sala responsable transgrede en su perjuicio la garantía de justicia completa e imparcial, tutelada por los artículos 17 constitucional y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, así como por lo dispuesto en la jurisprudencia, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.", toda vez que al relatar los argumentos que hizo valer en el escrito de demanda y su ampliación, los altera, modifica, suprime y agrega a su entender, por lo que al resolver no fue exhaustiva ni congruente.

Es inoperante el argumento reseñado con antelación, puesto que la quejosa no especifica la parte de los argumentos que refiere fue omitida, alterada o tergiversada en su sentido, por lo que este órgano colegiado se encuentra impedido para pronunciarse sobre ese aspecto, al constituir simples manifestaciones sin fundamento; así, al respecto es aplicable la jurisprudencia del tenor literal siguiente:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.-El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." (Novena Época. Registro digital: 185425. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, diciembre de 2002. Materia: Común. Tesis: 1a./J. 81/2002. Página: 61).

En el octavo concepto de violación la quejosa destaca la ilegalidad del fallo reclamado, por considerar que la Sala transgrede los derechos fundamentales tutelados por los artículos 1o., 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, al inaplicar lo dispuesto por los numerales 3o., 4o., 67, fracción IV y 146 del Código Fiscal de la Federación; 2 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, así como 14, 17 y 18, fracción VII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, vigentes en la época de los actos reclamados; 216 y 217 de la Ley de Amparo, 50 y 51 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; toda vez que calificó como inoperantes los argumentos que expuso en los conceptos de impugnación décimo cuarto y décimo quinto de la demanda de nulidad, por los cuales destacó la actualización de las figuras de caducidad y prescripción, por las siguientes razones:

1. La caducidad y la prescripción de la obligación, conforme a los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación, debido a que la contraprestación que percibe el Gobierno Federal por el otorgamiento de la concesión, es un aprovechamiento que tiene el carácter de crédito fiscal.

2. La caducidad de las facultades de la autoridad, en términos de lo dispuesto por los artículos 14, 57, fracción IV, 60, último párrafo y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para determinar responsabilidades o incumplimientos y sanciones a su fiada **********, pues cada vez que se dictó una ejecutoria por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, las autoridades tardaron más de treinta días en emitir una nueva resolución al fiado.

3. La caducidad que también hizo valer su fiada respecto de la emisión de la liquidación del adeudo, del acta circunstanciada de incumplimiento y del oficio-remisión a la ejecutora, previstos en el artículo 1 del Reglamento del Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

Temas que considera no fueron analizados debidamente, porque la juzgadora soslaya que a los procedimientos de licitación previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones les es aplicable supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo, así como que la contraprestación que ahí se señale y sus accesorios (sanciones), constituyen aprovechamientos fiscales, por lo que las obligaciones garantizadas en la póliza de fianza ********** y sus endosos son de naturaleza fiscal, por lo que no resulta aplicable la jurisprudencia invocada por la Sala, cuyo rubro es: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, ES INAPLICABLE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS, EN CUANTO PREVÉ LA CADUCIDAD EN FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES.", así como las tesis de rubros: "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, SON INAPLICABLES LOS ARTÍCULOS 67 Y 146 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO A LAS FIGURAS JURÍDICAS DE CADUCIDAD Y PRESCRIPCIÓN." y "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. DETERMINACIÓN DE LA APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD DE LA CADUCIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS."

Motivo por el cual considera que la Sala debió observar las jurisprudencias, cuyos rubros son: "AFIANZADORAS. SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA OPONER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRIBUYENTE FIADO LA HAYA O NO HECHO VALER.", "FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." y "CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

Carácter fiscal de la obligación garantizada que, refiere, se reconoce en la parte considerativa y en el punto primero resolutivo del oficio 1.-141, de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, por lo que resulta aplicable la caducidad y prescripción conforme a los preceptos legales del Código Fiscal de la Federación que indican, aun cuando la autoridad le solicitara y ella se sometiera expresamente al procedimiento regulado por los artículos 95, 95 Bis y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, puesto que en dichos preceptos legales se establece que, en esos casos, se estará a lo dispuesto por el código tributario federal.

Además, considera que la juzgadora cambia los hechos expuestos en la demanda, porque no hizo valer como causal de nulidad la configuración de la caducidad y prescripción, por ser inaplicables al procedimiento de ejecución previsto por los artículos 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación.

En principio, es necesario resaltar que sobre los temas que señala la quejosa, la Sala, en el considerando noveno del fallo reclamado, estableció que la obligación garantizada mediante la póliza de fianza y sus endosos correspondientes que se requieren de pago, no tienen el carácter fiscal que le atribuye la hoy impetrante de amparo, toda vez que derivan de un procedimiento de licitación en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, por lo que no son aplicables los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación, respecto de la caducidad y prescripción.

Como lo destaca la quejosa, la Sala del conocimiento invocó como fundamento de su determinación los criterios emitidos por el Poder Judicial de la Federación, en el sentido de que no resultan aplicables las figuras jurídicas de la caducidad y prescripción previstas en los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación, así como el numeral 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en cuanto a la previsión de la caducidad a favor de las instituciones garantes, ya que sólo opera dentro del procedimiento previsto en los artículos 93 y 93 Bis de la ley antes mencionada; es decir, la caducidad no opera en el procedimiento administrativo de ejecución previsto en el artículo 143 del código tributario federal.

En conclusión, la Sala estableció que existe jurisprudencia en el sentido de que los multicitados artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación son inaplicables al procedimiento para hacer efectiva la fianza en términos del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, debido a que las figuras jurídicas ahí consignadas y reguladas, hacen referencia a la extinción de las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones omitidas y sus accesorios, así como para imponer sanciones por omisiones a las disposiciones relativas y, por otra parte, por su particular regulación.

De la reseña anterior se establece que no asiste razón a la impetrante de amparo, en cuanto afirma que la Sala cambia los hechos expuestos en la demanda, así como que no los estudia debidamente, especialmente respecto de los conceptos de impugnación décimo cuarto y décimo quinto, ya que en éstos al destacar que la obligación garantizada en la fianza y sus endosos correspondientes, cuyo requerimiento de pago controvierte, son de naturaleza fiscal, la juzgadora estaba obligada a definir si era o no correcta esa apreciación y, por consiguiente, si son o no aplicables a ese procedimiento seguido al tenor del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas los artículos relativos a la caducidad y prescripción del Código Fiscal de la Federación.

Ahora bien, para establecer si es correcta o no la determinación de la Sala, en cuanto a calificar como inoperantes los argumentos hechos valer por la actora en el principal, es necesario definir qué se entiende por obligación fiscal y, a partir de ello, determinar si la obligación consignada en la fianza controvertida y sus endosos tienen tal carácter; hecho lo cual, evidenciar si son o no aplicables las figuras jurídicas de la caducidad y prescripción, reguladas por los artículos 67 y 146 del Código Fiscal de la Federación.

En ese estado de cosas, por obligación fiscal o tributaria, según la definición obtenida del Diccionario Jurídico Espasa, se entiende que: "Es la deuda tributaria o necesidad de pagar un tributo al fisco, al darse unas determinadas circunstancias."

Dino Jarach, en su obra intitulada "El hecho imponible", acota que la obligación tributaria, o simplemente el tributo, constituye en su esencia una prestación pecuniaria coactiva que pesa sobre un sujeto (contribuyente) a favor del Estado u otra entidad pública que tenga derecho a ese ingreso como consecuencia de su poder de imposición; es decir, indica que es el vínculo jurídico por medio del cual el fisco (sujeto activo) exige al contribuyente (sujeto pasivo) una prestación pecuniaria.

Por su parte, Hugo Carrasco Iriarte, en su obra intitulada "Derecho fiscal I" (Iure Editores), señala que las obligaciones tributarias derivan de la ley, de modo tal que la voluntad del legislador las determina, a diferencia del ámbito del derecho privado, donde la mayor parte de las obligaciones surgen de la voluntad de las partes (contratos). En otras palabras, la ley grava la actividad económica o hecho que, de realizarse, traerá como consecuencia el surgimiento de la obligación fiscal.

En lo conducente es aplicable la tesis, del tenor literal siguiente:

"DOCTRINA. PUEDE ACUDIRSE A ELLA COMO ELEMENTO DE ANÁLISIS Y APOYO EN LA FORMULACIÓN DE SENTENCIAS, CON LA CONDICIÓN DE ATENDER, OBJETIVA Y RACIONALMENTE, A SUS ARGUMENTACIONES JURÍDICAS.-En el sistema jurídico mexicano por regla general, no se reconoce formalmente que la doctrina pueda servir de sustento de una sentencia, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece las reglas respectivas, en su último párrafo, sólo ofrece un criterio orientador, al señalar que ‘En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.’; mientras que en su párrafo tercero dispone que ‘En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.’. Sin embargo, es práctica reiterada en la formulación de sentencias, acudir a la doctrina como elemento de análisis y apoyo, así como interpretar que la regla relativa a la materia penal de carácter restrictivo sólo debe circunscribirse a ella, permitiendo que en todas las demás, con variaciones propias de cada una, se atienda a la regla que el texto constitucional menciona con literalidad como propia de los juicios del orden civil. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior y que la función jurisdiccional, por naturaleza, exige un trabajo de lógica jurídica, que busca aplicar correctamente las normas, interpretarlas con sustento y, aun, desentrañar de los textos legales los principios generales del derecho para resolver las cuestiones controvertidas en el caso concreto que se somete a su conocimiento, considerando que todo sistema jurídico responde a la intención del legislador de que sea expresión de justicia, de acuerdo con la visión que de ese valor se tenga en el sitio y época en que se emitan los preceptos que lo vayan integrando, debe concluirse que cuando se acude a la doctrina mediante la referencia al pensamiento de un tratadista e, incluso, a través de la transcripción del texto en el que lo expresa, el juzgador, en lugar de hacerlo de manera dogmática, debe analizar, objetiva y racionalmente, las argumentaciones jurídicas correspondientes, asumiendo personalmente las que le resulten convincentes y expresando, a su vez, las consideraciones que lo justifiquen." (Novena Época. Registro digital: 189723. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, mayo de 2001. Materia: Común. Tesis: 2a. LXIII/2001. Página: 448).

Al respecto, es conveniente traer a colación lo dispuesto por el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución Federal, en cuanto prevén la facultad exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en materia de contribuciones; asimismo, debe tomarse en cuenta, en lo conducente, las tesis que son del tenor siguiente:

"FACULTADES DE LEGISLAR, (SOBRETASA AD-VALOREM DEL 15% A LOS ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN).-De acuerdo con los artículos 31, fracción IV, y 73, fracción VII, de la Constitución Federal de la República, los impuestos tienen que ser establecidos por medio de leyes expedidas por el Poder Legislativo, y así se satisface la exigencia de que sean los propios gobernadores los que determinen las cargas fiscales que deben soportar; la creación de esas cargas no sólo implica señalar el hecho o la situación que origina la causación del impuesto, sino que necesariamente debe contener la cuota del mismo, puesto que por definición es una prestación en dinero o en especie, (artículo 2o. del Código Fiscal de la Federación); y si no se fija la tarifa o base para calcular, en realidad no se ha creado impuesto alguno y es necesaria la fijación de la cuota del impuesto porque el artículo 31 constitucional previene que las leyes deben disponer la manera de contribuir proporcional y equitativamente a los gastos públicos, lo cual no sería susceptible de apreciación sin el señalamiento concreto de la carga correspondiente; y como la fijación de la cuota de impuestos, aludida, es atributo de la ley y forma parte necesaria de la facultad legislativa en materia tributaria, autorizar al Ejecutivo, para modificar esa fijación, es delegar en su favor, aunque no sea más que parcialmente, la potestad legislativa, contrariando así la prohibición del artículo 49 constitucional, que previene que en ningún otro caso diverso del de suspensión de garantías pueden otorgarse al Ejecutivo facultades para legislar." (Quinta Época. Registro digital: 318848. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CXIV. Núm. 1. Materia: Administrativa. Página: 254).

"FACULTADES DE LEGISLAR.-El artículo 73 fracciones VII y XXIX constitucionales, prohíbe que se autorice por el Congreso de la Unión al ciudadano presidente de la República para modificar las tarifas de los impuestos de importación. El Congreso tiene la facultad exclusiva de gravar el comercio exterior y de establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de egresos y el Presidente de la República, en ningún caso puede establecer impuestos, y será inconstitucional la delegación de facultades que para ello se haga en su favor; y si modifica una tarifa, la modificación implica la creación de un nuevo impuesto que, por las razones ya dichas, resulta inconstitucional." (Quinta Época. Registro digital: 319880. Instancia: Segunda Sala. Tesis aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo CIII. Núm. 4. Materia: Administrativa. Página: 996).

De lo anterior se colige que la obligación fiscal es el deber de entregar una cantidad de dinero al Estado, en virtud de haberse causado un impuesto, cantidad que el Estado puede exigir y sancionar en caso de que no se cumpla con el pago oportuno; de ahí que para que una fianza pueda entenderse que garantiza una obligación fiscal, debe relacionarse necesariamente con el pago de una contribución debidamente consignada en una ley, motivo por el cual si en el caso no es motivo de controversia que la obligación principal consignada en la fianza deriva de la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo móvil, como un requisito para que **********, y después en su lugar **********, fiada de la hoy quejosa, estuvieran en aptitud de participar en ese procedimiento, es insoslayable que la obligación consistente en el pago del ochenta por ciento de la contraprestación ofrecida al Gobierno Federal, no constituye una obligación de carácter fiscal, ya que su cumplimiento deriva de lo convenido por las partes participantes en la licitación, aun cuando en ésta las empresas interesadas no intervengan en la confección de los términos y condiciones previstas para su desarrollo y realización, puesto que no existe un mandato legislativo que las obligue a concursar y, por consiguiente, a pagar esa prestación.

Al respecto, es oportuno transcribir la parte conducente de la póliza de fianza **********, contenida en el documento número **********, de once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve:

"...Para garantizar por ********** con Registro Federal de Contribuyentes..., y domicilio sito en... las sanciones a que en términos del manual de la subasta se haga acreedora la empresa fiada durante el proceso de la subasta, derivada de la licitación para el otorgamiento de concesiones para el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, para la prestación del servicio de acceso inalámbrico fijo o móvil, y las causales de descalificación a que hace referencia el numeral 8 de las bases de licitación correspondientes..." (folio 131 del cuaderno de nulidad)

En ese contexto, si el requerimiento y la exigibilidad de la fianza se sustentaron como una pena por el incumplimiento del fiado a las bases pactadas en el procedimiento de licitación, el procedimiento que debía seguirse no encuentra relación con el diverso previsto en los artículos 93 y 93 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que remite al Código Fiscal de la Federación, lo que hace patente que la parte quejosa no estaba legitimada para proponer excepciones y defensas al tenor de este último ordenamiento pues, se insiste, en el caso en particular no se está en presencia de una obligación fiscal que el Estado hubiera hecho exigible ejerciendo su potestad tributaria, al exigir el pago de una contribución o aprovechamiento; tampoco se está en presencia de la exigibilidad de una multa administrativa que, por su naturaleza de aprovechamiento, según el artículo 3o. del propio código tributario, se vuelva exigible a través de dicho procedimiento.

En ese tenor, contrario a lo expuesto por la parte quejosa, la falta de estudio de los conceptos de nulidad relacionados con sus defensas y excepciones vinculadas con la obligación principal y con la participación de la fiada en el procedimiento de licitación, no constituye ningún detrimento a sus derechos fundamentales de audiencia, defensa adecuada, debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dichos mandatos no tienen el alcance de otorgar al gobernado la posibilidad de ejercitar derechos y excepciones ajenos a la naturaleza de la fianza y al procedimiento a través del cual se le requirió y se le hace exigible el monto que garantizó a través del contrato que celebró con su fiado.

Esto es, si el procedimiento seguido para hacer exigible la fianza en cuestión, al tenor del artículo 95 de la Ley de Instituciones de Fianzas, tuvo como presupuesto la firmeza de la declaratoria de incumplimiento por parte de la empresa que participó en la licitación de que se trata, al ser eficaz y exigible el acto en el que se determinó ese incumplimiento de la obligación principal, surgió el derecho de la autoridad administrativa -rectora en el procedimiento de licitación- de hacer exigible las penas pactadas por las partes, siendo en ese momento, cuando surge el derecho de la empresa quejosa para cuestionar la exigibilidad de esa obligación accesoria, a través de las excepciones y defensas pertinentes, las cuales, necesariamente, deben ser congruentes con la naturaleza de la fianza que garantizó y con el procedimiento regulado en el numeral antes señalado que, incluso, como ya se dijo, fue el pactado por las partes en el contrato respectivo.

Además, se reitera, las excepciones y defensas que el código tributario establece para el caso de la exigibilidad de una fianza que garantiza obligaciones fiscales, no pueden aplicarse ni por igualdad de razón al procedimiento que se analiza, pues acorde con lo previsto en los artículos 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y 141, fracción III, del código indicado, cuando se garantiza una obligación fiscal con fianza otorgada por alguna institución afianzadora, la autoridad puede requerir el cobro del crédito fiscal al contribuyente o a la afianzadora, en el orden que estime pertinente, ya sea conjunta o separadamente, y hacerlo efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución, lo que hace razonable que en este supuesto se permita al fiador y al fiado oponer excepciones relacionadas con la obligación principal y la accesoria; sin embargo, en el procedimiento en cuestión (artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones y Fianzas) la exigibilidad del contrato accesorio se actualizó hasta en tanto se determinara por sentencia firme el incumplimiento del licitante y, partir de ese acontecimiento, se hizo exigible la fianza como obligación accesoria, no por incumplir o garantizar alguna obligación fiscal, ni para hacer exigible algún crédito de esa naturaleza, tampoco como una multa administrativa (aprovechamiento), sino como pena por incumplimiento a los términos acordados en el procedimiento de licitación.

Al respecto resulta aplicable, por analogía, dada la similitud de los contratos de obra pública y los procedimientos de licitación en que participa el Estado, la tesis aislada 1a. CLXXXIX/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 725, del tenor literal siguiente:

"FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA. ES DE NATURALEZA ACCESORIA.-En los contratos de obra pública, la obligación principal que asume el contratista consiste en ejecutar la obra objeto del contrato y, como consecuencia, se genera el deber de garantizar su cumplimiento. Ahora bien, cuando esto último se hace a través de un contrato de fianza en el que se establece como garantía cierta cantidad de dinero para el caso de incumplimiento de los términos acordados en el contrato de obra pública, la vida jurídica del contrato de fianza es accesoria al contrato principal, por lo que no puede desvincularse de la naturaleza del acto administrativo que lo rige, ni de las disposiciones que lo regulan."

Lo anterior es así, puesto que como lo determinó el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión **********, interpuesto por **********, en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo **********, seguido ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, que promovió en contra de la resolución contenida en el oficio **********, de tres de agosto de dos mil cuatro, por el cual se determinó su descalificación en el procedimiento de licitación y se ordenó hacer efectiva la fianza de mérito, el objeto del cobro del importe de la fianza controvertida, esto es, la contenida en la póliza número **********, de veintiuno de abril de mil novecientos noventa y nueve, es obtener el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato de licitación en los términos ahí establecidos (como se advertirá en párrafos subsecuentes); razón por la cual es intrascendente que en el oficio **********, de veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y nueve, la autoridad administrativa manifestara que el adeudo derivado de la licitación constituya un aprovechamiento, puesto que únicamente resalta el carácter que tiene el pago que debe realizarse por el otorgamiento de la concesión al referirse al "adeudo" y no así respecto de la naturaleza de la obligación que se garantizó para poder concursar en la licitación de mérito.

Por consiguiente, si los razonamientos de la hoy quejosa parten de la consideración toral de que la obligación consignada en la fianza ********** y sus endosos tienen el carácter de una obligación fiscal, es evidente que la determinación a la que arribó la Sala responsable, al calificarlos como inoperantes, se encuentra ajustada a derecho porque no tienen tal carácter, motivo por el cual no resultan aplicables los criterios cuyos rubros son: "AFIANZADORAS. SE ENCUENTRAN LEGITIMADAS PARA OPONER LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DEL CRÉDITO FISCAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRIBUYENTE FIADO LA HAYA O NO HECHO VALER.", "FIANZAS OTORGADAS EN FAVOR DE LA FEDERACIÓN PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES FISCALES A CARGO DE TERCEROS, LA PRESCRIPCIÓN A FAVOR DE LAS INSTITUCIONES GARANTES SE RIGE POR LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN." y "CADUCIDAD DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 67, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE ESTABLECE EL PLAZO PARA QUE OPERE AQUÉLLA EN TRATÁNDOSE DE FIANZAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUIDAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD Y SE

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25889-440078a7/fianzas-otorgadas-a-favor-de-la-federacion-en · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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