ACOPIO DE ARMAS DE FUEGO. EL DELITO PREVISTO Y SANCIONADO EN EL ARTÍCULO 83 BIS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, SE ACTUALIZA POR LA POSESIÓN DE MÁS DE CINCO ARMAS DE FUEGO RESERVADAS PARA LAS FUERZAS ARMADAS DEL PAÍS, SIN CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y CON INDEPENDENCIA DEL LUGAR EN DONDE SE DESCUBRA LA EXISTENCIA DEL ARMAMENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 71/2013. SUSCITADA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO; PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO TERCER CIRCUITO. 15 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LO QUE RESPECTA A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS POR LO QUE SE REFIERE AL FONDO; JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ RESERVÓ SU DERECHO A FORMULAR VOTO CONCURRENTE. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIO: ALFONSO FRANCISCO TRENADO RÍOS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo, tercero, fracción VI, y cuarto del Acuerdo General Plenario Número 5/2001, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diferente circuito, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de la Primera Sala. Lo anterior, con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de la contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que fue realizada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
TERCERO. Posturas contendientes. Con la finalidad de establecer y determinar si existe o no la contradicción de tesis denunciada, se estima conveniente analizar las consideraciones y argumentaciones en que basaron sus resoluciones los Tribunales Colegiados contendientes.
De inicio, se destaca que, en el presente asunto, las resoluciones de los amparos directos en materia penal que constituyen los criterios sometidos a contradicción de tesis, tienen como antecedente un proceso penal en el que se impugnó la sentencia definitiva dictada en segunda instancia.
Así también, se menciona que las resoluciones, materia de la contradicción de tesis, surgieron de asuntos en los que los antecedentes procesales que les dieron origen son similares y consisten en lo que se cita enseguida:
1. Los Jueces de Distrito, a los que correspondió el conocimiento de cada uno de los asuntos, dictaron sentencia definitiva, confirmada por el Tribunal Unitario correspondiente, en contra de los respectivos responsables por los siguientes delitos:
• Respecto del proceso penal que dio lugar al juicio de amparo directo número **********, del índice del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región: acopio de armas de fuego, previsto y sancionado por el artículo 83 Bis, fracción II, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y e), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tipificado por el numeral 83 Quat, fracción II, vinculado con el ordinal 11, inciso f), ambos del mencionado cuerpo de leyes, perpetrado en términos del precepto 13, fracción II, del Código Penal Federal.
• En el proceso penal que originó el amparo directo **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito: acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Bis, fracción II, en relación con el 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos de los reservados para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso f), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
• En el proceso penal, antecedente del amparo directo penal **********, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito: acopio de armas de fuego, previsto y sancionado por el artículo 83 Bis, fracciones I y II, en relación con el diverso numeral 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; portación de armas de fuego sin licencia, a que se contrae el precepto 81, en relación con los ordinales 9, fracción III y 10, fracción II, del propio ordenamiento legal, y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, descrito y penado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el diverso 11, incisos b), c) y f), de la referida ley especial.
• En el proceso penal que dio lugar al juicio de amparo directo penal ********** y en el que originó el juicio de amparo directo penal **********, ambos del índice del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito: acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado por los artículos 83 Bis, fracciones I y II, en relación con el numeral 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto por el artículo 83 Quat, fracciones I y II, en concordancia con el numeral 11, incisos b) y c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
2. Inconformes con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de apelación; por lo que hace a la acreditación de los delitos señalados, se confirmó la sentencia condenatoria.
3. En contra de las determinaciones de referencia, los sentenciados interpusieron juicio de amparo, en los que se determinó negar el amparo solicitado; sólo en uno de los casos se concedió el amparo, que es el criterio que dio lugar a la denuncia de contradicción.
Las resoluciones dictadas en los respectivos recursos de revisión son las que se encuentran en debate en el presente asunto y se relacionan a continuación:
a) Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región.
Emitido en la resolución dictada dentro del amparo directo penal **********, en el sentido de conceder el amparo solicitado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo combatido y dicte otro bajo las consideraciones que enseguida se reproducen:
• Que en el caso particular no quedó debidamente acreditado el delito de acopio de armas de fuego contemplado en el numeral 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Ello es así, ya que, en efecto, del material probatorio aportado a la causa penal **********, únicamente quedó acreditado el ilícito de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, tipificado por el numeral 83 Quat, fracciones I y II, vinculado con el ordinal 11, inciso f), ambos del cuerpo de leyes antes mencionado, en concordancia con los incisos b), c) y e).
• Que lo anterior es así, debido a que la afluencia de los elementos que obran en la causa penal son suficientes para justificar la plena responsabilidad penal del solicitante de la protección constitucional, en la comisión de uno de los ilícitos atribuidos, pero no respecto del otro.
• Que lo anterior es porque el quejoso señala que la responsable violó en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en vista de que le fue aplicada la ley en forma inexacta, toda vez que señala que para tener por materializado el delito de acopio de armas de fuego se encuentra el relativo a que el activo despliegue una conducta posesoria de los materiales bélicos, de conformidad con el artículo 10 de la Carta Magna, el que autoriza a los ciudadanos mexicanos a poseer armas en su domicilio, con excepción de las prohibidas, y a portar tales artefactos en los lugares establecidos. Es decir, existe una separación entre la posesión que se actualiza cuando el armamento se asegura en el interior del domicilio del ciudadano, mientras que la portación ocurre cuando se da fuera del mismo. El quejoso concluye que, para llevar a cabo la conducta de acopiar, debe hacerse en un lugar acondicionado para ello, como puede ser una bodega o establecimiento, pero no un vehículo, pues éste sólo serviría, en su caso, para desplazarlos de un sitio a otro, pero tal conducta no integraría el tipo penal de acopiar.
• Que las anteriores consideraciones resultan fundadas, pues para la actualización del delito de acopio de armas de fuego es menester que la posesión de los artefactos bélicos se despliegue dentro de un sitio acondicionado para tal conducta, principalmente, un bien inmueble, pero no fuera de él.
• Que los elementos para la actualización del supuesto jurídico de acopio de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas Castrenses son: El objeto material que está constituido por la existencia de más de cinco armas de fuego, clasificadas como de uso exclusivo de los institutos armados del país; la acción, que consiste en poseer la cantidad de instrumentos bélicos incautados, entendida como una conducta positiva desplegada por alguien, al tenerlas a su disposición en un momento determinado, y los elementos normativos relativos a la tenencia material de las armas de fuego se debe concretar sin permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin formar parte de alguno de los institutos armados del país a los que se autoriza su posesión.
• Lo anterior es así, a criterio del órgano colegiado, según pudo desprenderlo de la jurisprudencia 1a./J. 195/2005, sustentada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, de rubro: "PORTACIÓN DE ARMAS DE FUEGO. SE INTEGRA ESE DELITO CUANDO ÉSTA SE LLEVA CONSIGO, EN CUALQUIER PARTE DEL VEHÍCULO Y CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE EL SUJETO ACTIVO DEBA REALIZAR PARA ALLEGÁRSELA."
• Que por cuanto hace a la posesión de armas, debe destacarse lo establecido por la tesis 1a. CXVIII/2007, de rubro: "POSESIÓN DE ARMAS DE FUEGO. PARA EFECTOS DEL LUGAR EN EL QUE PUEDE EJERCERSE ESE DERECHO, LAS NEGOCIACIONES MERCANTILES NO QUEDAN COMPRENDIDAS DENTRO DE LA ACEPCIÓN ‘DOMICILIO’ A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 10 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."
• Que respecto del delito de "acopio", debe entenderse la posesión de más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; si bien el artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos no define el término de "posesión", lo cierto es que con base en los criterios descritos anteriormente, éste debe entenderse sujeto a un bien inmueble, puesto que la posesión de armas fuera de éste constituye específicamente la figura de la portación.
• Que al encontrarse las armas afectas al caso en la vía pública. En forma concreta, cuando el activo se desplazaba en un vehículo, por ende, no puede decirse que dichas armas estaban siendo poseídas por el activo, sino más bien portación acorde con la delimitación de ambos conceptos descrita en párrafos anteriores, pues para la materialización de la conducta de acopio de armas de fuego de uso exclusivo es menester que esta conducta se lleve dentro de un lugar acondicionado para juntarlas o reunirlas.
• Que para llevar a cabo la conducta de "acopio", es menester realizarla en un lugar acondicionado para juntar o reunir cosas, que, en el caso, lo constituyen más de cinco armas de las de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• Por lo anterior, estimó que la circunstancia de que el sujeto activo lleve las armas dentro de un vehículo, constituye medularmente la conducta de portación de armas de fuego, ya que se porta un arma no sólo cuando ésta se trae consigo, sino también cuando se encuentre al alcance inmediato de la persona, por ejemplo, dentro de la cabina de un automóvil; en ambos casos, en la vía pública; de ahí que no le fue aplicada la ley en forma exacta.
• Por consiguiente, concedió el amparo para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el fallo combatido y dicte otro prescindiendo de considerar que, en el caso, quedaron debidamente acreditados los elementos del delito de acopio de armas de fuego.
• Asimismo, como se advirtió, la posible contradicción entre los criterios sustentados por los tribunales ya mencionados, en esa sentencia, emitida por mayoría de votos de los Magistrados integrantes, con el voto en contra de uno de ellos, se determinó realizar la denuncia correspondiente.
b) Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito.
Dictó resolución en el amparo directo penal **********, donde determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, al considerar lo siguiente:
• Que del análisis de las constancias que integran la causa penal **********, del índice del Juzgado Tercero en el Estado de Quintana Roo, se concluye que es legal la determinación del Magistrado del Tribunal Unitario responsable, al considerar en cuanto a los medios de prueba que obran en la misma, que son suficientes para tener por demostrados los delitos de acopio de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como el de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• Que el delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se encuentra previsto y sancionado en el artículo 83 Bis, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso h), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de lo cual se colige que el delito se integra mediante la comprobación de los siguientes elementos: a) la existencia de más de cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; b) que el sujeto activo realice la acción de acopio de esas armas, es decir, que las posea; y, c) que esa conducta posesoria se realice sin contar con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo anterior quedando debidamente acreditado con el acervo probatorio relacionado en la resolución combatida, pues pone de manifiesto que varios sujetos activos poseyeron más de cinco armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• Que el delito de posesión de cartuchos de los reservados para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea se encuentra previsto y sancionado por el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; de dichos preceptos se colige que los elementos integradores del delito son: a) la existencia de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea; b) que el o los sujetos activos realicen la acción de poseerlos; y, c) que la posesión de tales cartuchos se realice sin contar con el permiso correspondiente por parte de la Secretaría de la Defensa.
• Que en relación con el primer elemento del delito, aun cuando el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos contenga la expresión "cantidades mayores a las permitidas", ello no debía entenderse en forma gramatical, sino de manera sistemática, porque se debe partir de la premisa de que el legislador expresamente prohíbe la posesión o portación de armas reservadas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses a los particulares, es evidente que la posesión de los cartuchos, que resultan accesorios a dichas armas, también está prohibida y, por ende, la tenencia de cualquier cantidad de ellos resulta punible, además de que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas permitidas a los particulares en términos de la ley referida.
• Que del análisis de las constancias se advierte que se surten los requisitos para la emisión de una sentencia condenatoria en contra de la quejosa, por su responsabilidad en la comisión de delitos especificados, puesto que se colman los referidos elementos de ambos ilícitos, porque se acreditó la existencia de más de cinco armas de fuego (seis granadas de fragmentación) y ciento veintiún cartuchos calibre .223", clasificados en el artículo 11, inciso c), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; armamento y cartuchos que fueron poseídos por un grupo de sujetos activos, en el interior del vehículo en el que fueron encontradas, y otros cartuchos en la periferia donde se capturó a una de ellas, sin que contaran con el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional.
• Que lo anterior se afirma, porque lo elementos integrantes de los delitos en mención quedaron debidamente acreditados con el acervo probatorio relacionado en la resolución que se combatió, puesto que ponen en evidencia que el día catorce de enero de dos mil nueve la encausada y otras personas iban a bordo de una camioneta, y sin el permiso correspondiente poseían seis granadas de fragmentación y ciento veintiún cartuchos calibre .223"; tales hechos los tuvo acreditados el Magistrado responsable con la fe ministerial, realizada en el lugar de los hechos; con la diligencia ministerial, en la que el representante social federal hizo constar que recibió los objetos relacionados con el delito, dictámenes periciales y testimoniales.
• Que los delitos que se le imputan se encuentran debidamente acreditados en autos de la causa natural, en términos del artículo 13, fracción II, en relación con el numeral 9o., primer párrafo, del Código Penal Federal, al demostrarse que la ahora quejosa obró dolosamente, porque a sabiendas de que es delito poseer cartuchos y armas, sin el permiso correspondiente, quiso la realización de la conducta descrita por la ley, siendo que es una persona con plena capacidad para querer y entender los hechos que se le reprochan, pues no existe prueba de que se desprenda que estaba menoscabada su capacidad cognoscitiva, es decir, la conducta delictiva la realizó como autor material o directo, porque tenía pleno dominio del hecho, pudiendo detener el proceso causal del resultado, esto es, que poseyó en el interior del vehículo en el que circulaba seis granadas de fragmentación y ciento veintiún cartuchos calibre .223"; por lo que no requirió mayor actividad que su persona para cometer tal conducta, al desplegar en forma individual, directa y necesaria movimientos corporales que le permitieron llevar a cabo esa posesión.
c) Criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito.
En la resolución del amparo directo penal **********, determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, al considerar lo siguiente:
• Que los elementos del delito de acopio de armas de fuego son: la existencia de más de cinco armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, que el agente del delito posea tal armamento, al tenerlo en su ámbito de acción y disponibilidad personal, y que tal proceder lo ejecute alguien que no pertenezca a las instituciones armadas del país.
• Que los componentes del diverso delito de portación de armas de fuego sin licencia son: la existencia de armas de fuego, de aquellas que pueden ser portadas o poseídas por los particulares, que el activo traiga consigo o tenga dentro de su radio de acción y disponibilidad tales armas, y que esa conducta la ejecute sin la licencia requerida.
• Los anteriores delitos se encuentran debidamente acreditados; esto es así por las probanzas de cargo allegadas a la causa penal, ya que el activo poseyó más de cinco armas de fuego de las que están reservadas a los institutos armados del país; portó una escopeta y un rifle, de los que puede tener a su alcance un particular previa obtención de la licencia requerida, además, tuvo en su ámbito de acción y disponibilidad personal, municiones que son utilizables en armas de aquella naturaleza, con lo que se acreditan las conductas atribuidas.
• Es decir, se acreditó la plena responsabilidad del quejoso, al tomar en cuenta el parte informativo, el conjunto de pruebas directas que se recabaron por el Ministerio Público, como son: las declaraciones de los elementos militares aprehensores que tomaron conocimiento directo e inmediato de los hechos, que describieron el armamento y las circunstancias de su hallazgo, precisamente en posesión del inculpado; el dictamen pericial por el cual se determinó cuáles armas son del uso exclusivo y cuáles no están reservadas a la milicia, según la ley; la fe ministerial mediante la cual se acreditó la existencia material del armamento y el vehículo en el que fueron localizados los objetos (armas y cartuchos), mismo que conducía el inculpado al ser detenido; asimismo, se tomó en cuenta la declaración rendida por el inculpado ante el fiscal que integró la averiguación previa, ratificada ante el Juez del proceso, a la que le otorgó el carácter de confesión. Medios de convicción conjuntos de acuerdo con los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, que consideró eficaces para acreditar que a las seis horas del veinte de julio de dos mil nueve, el agente del delito desplegó actos propios y característicos de los delitos de acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego sin licencia y el diverso de posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• Que se encuentra ubicado en un concurso ideal de delitos, de conformidad con el artículo 64, en relación con el diverso 18 del Código Penal Federal, cuya ratio estriba en que en tal hipótesis se tendrá que aplicar la pena que pertenezca al delito de mayor sanción, la que se aumentará hasta en una mitad del máximo de su duración.
d) Criterio del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito.
Sostenido en las resoluciones de los amparos directos en materia penal ********** y **********, en los cuales determinó confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado, bajo las siguientes consideraciones:
• Que en la causa penal existen pruebas bastantes y suficientes que acreditan el cuerpo del delito de acopio de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y el diverso de posesión de cartuchos para arma de fuego, así como la plena responsabilidad penal de los quejosos.
• Lo anterior es así, toda vez que, contrario a lo que se alegó en los conceptos de violación, los medios probatorios que obran en el juicio de origen fueron correctamente apreciados por el tribunal de segunda instancia, ya que se valoraron y adminicularon entre sí, conforme a las reglas contenidas en los artículos 279 al 290 del Código Federal de Procedimientos Penales, medios de convicción que son aptos y suficientes para tener por acreditado el cuerpo de delito de acopio de armas de fuego y del diverso posesión de cartuchos, pues se justificó que los quejosos, de manera consciente, voluntaria, conociendo el carácter antijurídico de su conducta, queriendo y aceptando el resultado de los hechos ilícitos prohibidos por la ley, acopiaron armas y poseyeron más de cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.
• En otra inconformidad planteada por los quejosos, es que infundadamente se señala que el Magistrado responsable no aplicó una tesis en la que se establece que el tribunal de apelación debe estudiar si están acreditados los elementos del tipo penal y la responsabilidad del sentenciado, pues, una vez que el Tribunal Colegiado revisó el fallo combatido, advirtió que el tribunal de segunda instancia sí se pronunció sobre si estaban acreditados o no los elementos que integran los cuerpos de los delitos de que se trata.
• Específicamente, dicho órgano jurisdiccional federal, en la resolución emitida dentro del juicio de amparo directo **********, en análisis de los conceptos de violación en donde el quejoso argumentó que la autoridad responsable, en forma indebida, consideró que se originó el delito de acopio de armas de fuego, cuando en realidad y legalmente sólo podía tenerse por acreditado el delito de portación de varias armas de fuego del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha diferenciado cuándo existe posesión de armas de fuego y cuándo su portación. Así como el disenso de que, analizando el tipo penal de acopio de armas de fuego, como parte esencial y nuclear del tipo, se tiene a la posesión, pues el acopio se constituye por la posesión de cinco o más armas de fuego de ese uso exclusivo, luego, insistió el quejoso, el acopio se rige por las reglas de la posesión de armas de fuego y no por las de la portación, que es muy diferente y más especializado, ya que requiere de más elementos integradores para su configuración y amerita penas diferentes, y finalizó diciendo el impetrante de garantías que, en el presente caso, los militares afirmaron que las armas de fuego se tenían en un vehículo, por lo que no podía originarse otro delito más que el de portación de esas armas de fuego. Dicho Tribunal Colegiado calificó de infundadas tales inconformidades, precisando como reflexión jurídica que el artículo 83 Bis de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se configura por la posesión de más de cinco armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, por tanto, dijo que ese tipo penal requiere el manejo del concepto de posesión, para lo cual acudió a como lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aunque, dijo, lo analizó en relación con un delito contra la salud, en el que señaló: "para que la posesión de enervantes constituya elemento configurativo del delito de contra la salud, no es necesario que el agente lleve la droga precisamente consigo, basta que el estupefaciente se encuentre bajo su control personal y dentro del radio de acción de su disponibilidad"; así las cosas, para el Tribunal Colegiado Federal, el delito de acopio de armas, previsto en el artículo 83 Bis de la ley invocada, se actualiza cuando alguien tiene bajo su control personal y dentro del radio de acción de su disponibilidad más de cinco armas de fuego de las reservadas para el uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, hipótesis que, dijo, en el caso se actualizó, pues se detuvo al imputado junto con otra persona, cuando cada una de ellas, en sus manos, tenía un arma larga y las demás armas se localizaron en el interior del vehículo en el que se encontraban las mencionadas personas.
CUARTO. Existencia de la contradicción. Ahora bien, de conformidad con lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar la procedencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la tesis de jurisprudencia número P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio ha sido interrumpido.
La forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.
Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto del mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una contradicción de tesis será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -y no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas -no necesariamente contradictorias en términos lógicos- aunque legales.
Resumiendo: si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces, es posible afirmar que para que una contradicción de tesis sea procedente es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:
1. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de efectuar el arbitrio judicial, a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.
2. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.
El discernimiento expuesto es tomado y resulta complementario del criterio sustentado por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 36/2007-PL.(2)
Por otro lado, cabe señalar que, aun cuando el criterio del Tribunal Colegiado denunciante es aislado, mientras que el adoptado por los diversos órganos jurisdiccionales federales de diferente circuito se reiterase en cuatro ejecutorias en el mismo sentido, sin que en ningún caso se hubiera emitido jurisprudencia al respecto, esa circunsta
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24569-695ce01c/acopio-de-armas-de-fuego-el-delito-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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