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Modo: Corpus Pro

TERCEROS PARA EFECTOS REGISTRALES. EL TÉRMINO "GRAVAMEN" PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3o., FRACCIÓN XV, DE LA LEY CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE SONORA, INCLUYE A LOS EMBARGOS.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 180/2013. · Registro digital (IUS): 24608
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEG
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 919.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 180/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL ENTONCES PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO, ACTUAL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN, EN APOYO DEL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL QUINTO CIRCUITO. 19 DE JUNIO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 215, 216, 217 y 226, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del día tres de abril de dos mil trece; en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de Circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.

No pasa inadvertido, que a partir del cuatro de octubre de dos mil once entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de ese año, mediante el cual, se reformó, entre otras disposiciones, la fracción XIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen facultades para resolver las contradicciones de tesis que se susciten entre los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los tribunales de un mismo circuito con diferente especialización, no así, respecto de los criterios sustentados entre dos Tribunales Colegiados de un mismo circuito, lo cual se reitera en el artículo 226, fracciones II y III, de la Ley de Amparo en vigor.

En esa distribución de competencias, esta Primera Sala advierte que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se encuentra reconocida constitucionalmente como órgano terminal en la solución de este tipo de conflictos; de ahí, que dicha competencia constitucional para conocer de contradicciones de tesis, deba estimarse extendida a los criterios contradictorios suscitados entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, como sucede en el presente caso.

Tal extensión de competencia encuentra justificación jurídica en un criterio de mayoría de razón, dado que si bien, en la Constitución y la nueva Ley de Amparo, esa competencia se otorga de manera específica a los Plenos de Circuito, mientras éstos no queden debidamente habilitados y en funcionamiento, este Alto Tribunal debe asumir el conocimiento de la presente contradicción de tesis, a fin de resolver de manera pronta la cuestión planteada, porque de esa forma se otorga certeza jurídica para la solución de los asuntos competencia de los Tribunales Colegiados contendientes; de lo contrario, se generaría indefinición en la solución de asuntos como el que ahora se analiza, en claro perjuicio del orden público y el interés social.

Lo anterior, se corrobora en virtud de que en sesión pública de trece de febrero de dos mil doce, por mayoría de diez votos el Pleno de este Alto Tribunal, determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de las contradicciones de tesis suscitadas incluso entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.

SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, pues fue realizada por **********, ********** y ********** (secretaria de tribunal en funciones de Magistrada de Circuito), Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.

TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dieron origen a la denuncia de contradicción, son las siguientes:

I. Criterio del Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, quien conoció de los amparos en revisión ********** y **********.

En relación con el amparo en revisión **********, se señalan los siguientes antecedentes:

El nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, se protocolizó en escritura pública número **********, el contrato de compraventa celebrado entre **********, como vendedor, y ********** y **********, como compradores, pasada ante la fe del Juez local propietario del Municipio de **********, Sonora, en funciones de notario público,(1) respecto de un lote de terreno urbano y su construcción ubicado en el barrio **********, al norte de **********, Sonora. La compraventa referida no fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad correspondiente.

Con posterioridad, un endosatario en procuración de ********** promovió un juicio ejecutivo mercantil, en contra de **********.

De dicha demanda conoció el Juez Mixto de Primera Instancia, registrándolo como juicio mercantil número **********, seguidas las etapas procesales, por auto de seis de enero de mil novecientos noventa y dos, el Juez ordenó el embargo del lote en cuestión, y mediante diligencia de diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, el bien referido quedó formalmente embargado.

En contra de lo anterior, el diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, ********** y **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo ser propietarios del inmueble embargado, y ser ajenos al juicio mercantil número **********.

El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, que conoció del juicio de amparo, dictó resolución en la cual determinó negarlo, esencialmente, porque los artículos 3456 a 3458 del Código Civil para el Estado de Sonora vigente en ese momento, establecían que los documentos que debieran registrarse y no se registren, no producirán efectos frente a terceros, entendiéndose por terceros para efectos del registro "a todos aquellos que tengan constituidos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción ..."

Inconformes con dicho fallo, los quejosos, interpusieron recurso de revisión, del cual, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, quien revocó la sentencia y concedió el amparo a los quejosos, con base en las consideraciones siguientes:

"Son esencialmente fundados los agravios transcritos y suficientes para revocar la resolución recurrida y otorgar a los quejosos, la protección constitucional solicitada.

"Sostienen los inconformes que la resolución de que se trata le (sic) causa agravio al no haber sido materia de análisis la totalidad de las cuestiones planteadas al juzgado, pues éste se abstuvo de hacer declaración alguna respecto a la calidad de poseedores del bien inmueble de que se trata, con el cual se ostentaron al presentar su demanda de garantías; y, además, que con los medios de convicción aportados al juicio quedó debidamente acreditada su calidad de propietarios del bien ya referido, por lo que consideran que es ilegal el embargo trabado sobre el mismo, derivado de un juicio ejecutivo mercantil en el cual no son parte y en el que se afecta el inmueble cuando éste ya había salido del patrimonio del deudor.

"Ahora bien, del análisis de las constancias que integran el juicio de garantías del que deviene el acto reclamado, se advierte que tal y como lo señalan los inconformes quedó debidamente acreditado su carácter de poseedores y propietarios del inmueble de que se trata, con la escritura pública número 18, pasada ante **********, Juez local propietario en funciones de notario público de la población de **********, Sonora de fecha nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, que contiene el contrato de compraventa, celebrado entre ********** por una parte y como compradores ********** y **********, respecto a un lote de terreno y su construcción ubicado en el barrio **********, al norte el pueblo de **********, Sonora, con una superficie de ********** metros cuadrados; escritura que no fue presentada para su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

"De igual forma quedó debidamente acreditado que mediante diligencia de diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, el bien de que se trata quedó formalmente embargado, en los actos del juicio ejecutivo mercantil número **********, promovido por el endosatario en procuración de **********, en contra de **********.

"También quedó debidamente acreditado con la escritura de referencia y el dicho de **********, ********** y **********, que los aquí quejosos, tienen su domicilio en el bien inmueble de que se trata.

"Así, las cosas, es evidente que los recurrentes adquirieron la propiedad el (sic) bien inmueble cuya posesión ostentan mediante contrato de compraventa de nueve de julio de mil novecientos ochenta y seis, es decir, con anterioridad al embargo, por tanto, si el secuestro practicado respecto al multicitado bien se llevó a cabo hasta el diez de marzo de mil novecientos noventa y dos, es claro que éste ya había salido del patrimonio de **********, demandado en el juicio del que deriva el acto reclamado, sin que sea óbice a ello, que no se hubiera escrito la compraventa en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

"En este punto, cabe señalar que el embargo sólo es legítimo cuando recae en bienes del deudor y no en los que ya salieron de su patrimonio, aun cuando éstos (inmuebles) no se encuentren inscritos a favor del nuevo dueño, pues esa inscripción sólo tiene efectos declarativos y no constitutivos de derechos.

"En mérito a lo anterior, es de invocarse por ser aplicable al caso, la tesis jurisprudencia número 767, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis comunes, página 1265, que dice: ‘EMBARGO PRACTICADO EN BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR, ILEGALIDAD DEL. El embargo sólo puede ser eficaz cuando recae en bienes que corresponden al demandado, y no es jurídico que por no haberse inscrito oportunamente la compraventa, el acreedor del vendedor tenga derecho a secuestrar lo que ha salido del patrimonio de éste.’

"Ahora bien, debe decirse que aun cuando este tribunal en la ejecutoria pronunciada en el amparo directo número **********, sostuvo el criterio de que, conforme a la legislación local, el embargo constituye un derecho real de garantía, y por tanto, si no se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el contrato de compraventa respectivo, éste sólo surte efectos entre los contratantes, no así para los terceros; sin embargo, de acuerdo a lo que establece el artículo 194 de la Ley de Amparo, se rectifica el criterio sustentado en la citada ejecutoria, pues se estima que la jurisprudencia antes invocada es aplicable el efecto, puesto que por una parte, la naturaleza jurídica del embargo no varía, ya que la misma consiste precisamente en que el secuestro no otorga un derecho real sobre lo embargado, ni un poder directo o inmediato sobre éste que puede ser oponible a quien invoca el dominio de la propiedad; consecuentemente, la no inscripción de la respectiva escritura donde conste la compraventa no puede tener el efecto de legitimar un embargo en bienes que ya no forman parte del patrimonio del deudor.

"Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado reiteradamente que el embargo no otorga un derecho real sobre lo secuestrado, tal y como se evidencia de la tesis jurisprudencial número 766, página 1258, del Apéndice citado con antelación, que dice: ‘EMBARGO, NATURALEZA JURÍDICA DEL. EL SECUESTRO NO OTORGA AL EJECUTANTE UN DERECHO REAL SOBRE LO EMBARGADO.’

"Asimismo, la propia Tercera Sala de nuestro Más Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis número 38/92, en sesión celebrada el diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres, consideró lo siguiente: ‘El citado derecho real confiere a su titular un poder directo e inmediato sobre una cosa; lo faculta a exigir de los demás, que se abstengan de actuar sobre el mismo objeto o su relación con él; también otorga un derecho de persecución del citado titular sobre el inmueble correspondiente, así como un derecho de preferencia, cuando se trata naturalmente de los derechos reales que constituyen una garantía. Por el contrario, el embargo no confiere al embargante el poder directo e inmediato sobre la cosa, ya que ésta se coloca bajo la guarda y custodia de un depositario, que puede ser incluso el propio embargante, pero con limitaciones claras y específicas sobre la citada cosa, derivadas de la figura del depósito. En el embargo, la cosa objeto de él, no está a disposición del embargante, ni tampoco el depositario tiene un poder directo e inmediato sobre la cosa embargada, sólo tiene las facultades y limitaciones que derivan del depósito. Por otro lado, el referido embargo tampoco concede al embargante el derecho pleno de persecución, ya que éste, consiste en la facultad de obtener todo o parte de las ventajas de que es susceptible una cosa, reclamándola de cualquier poseedor, por lo que si bien el embargante puede tener el derecho de reclamar, éste se limita a su carácter de depositario.’

"En esa tesitura, resulta incuestionable concluir que el embargo no constituye un derecho real sobre los bienes embargados, sino que únicamente otorga un derecho (sic) persona sobre los bienes del deudor, mismo que se hace efectivo a través del secuestro; por tanto, para que éste resulte legítimo debe recaer en bienes que correspondan al demandado, más aún, si se considera que conforme lo dispuesto por el artículo 399, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, la ejecución de las resoluciones judiciales únicamente debe afectar al deudor y su patrimonio y no a terceros, cuyos bienes y derechos, deben ser respetados.

"Asimismo, es pertinente señalar que la preferencia que la ley establece respecto de las inscripciones en el Registro Público, sólo se refiere a acreedores con iguales derechos, esto es, derechos reales.

"Por otra parte, debe decirse que el Juez de Distrito, para negar el amparo peticionado, se apoyó especialmente en los artículos 3457 y 3458 del Código Civil del Estado de Sonora; sin embargo, esos preceptos fueron derogados por la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, publicada en el Boletín Oficial del Estado, el treinta y uno de diciembre de mi novecientos noventa y dos, vigente el día siguiente de su publicación.

"Aun, cuando es verdad que la citada ley recogió en su mayoría las disposiciones derogadas; sin embargo modificó el contenido del artículo 3458, precepto que establecía que tercero, para efectos registrales era, entre otros quien tenía constituido un embargo en su favor.

"En efecto, los artículos ya derogados 3457 y 3458 del Código Civil del Estado de Sonora, establecían textualmente lo siguiente: ‘Artículo 3457. Los documentos, que conforme a esta ley deberán registrarse y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir perjuicio a tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’; ‘Artículo 3458. Se entiende por terceros, para los efectos del registro, a todos aquéllos que tengan constituidos derechos reales, gravámenes o embargos sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción conforme al artículo 3456.’

"Por su parte, los preceptos de la Ley Catastral citada, que recogen, en parte los anteriores dispositivos, dicen:

"‘Artículo 52. Los documentos que conforme a esta ley sean registrables y no se registren, sólo producirán efectos entre quienes los otorguen; pero no podrán producir efectos en perjuicio de tercero, el cual sí podrá aprovecharlos en cuanto le fueren favorables.’

"‘Artículo 2o. Para los efectos de esta ley y sus reglamentos, deberá entenderse por: ... III. Terceros todos aquéllos que tengan constituidos derechos reales y gravámenes sobre los bienes o derechos que sean objeto de inscripción.’

"Como se ve, las nuevas disposiciones que rigen en materia de registro ya no contemplan en la definición de terceros, a aquellos que tengan constituido un embargo, pues sólo se refiere a quienes tengan en su favor algún gravamen.

"Así, esta modificación implica que, ya no se contempla la protección que se daba a los terceros que tenían constituido un embargo a su favor, puesto que aun cuando pueda considerarse que el embargo es un gravamen, éste se refiere a uno de carácter personal, y no a uno de naturaleza real, como podrían ser las hipotecas u servidumbres, pues el análisis del artículo 2o., fracción III, de la citada Ley Catastral, pone de manifiesto que debe entenderse, al referirse a gravámenes, que éstos son aquellos de carácter real, dada la supresión antes referida y en el caso, el embargo no tiene la misma categoría que un derecho real.

"En esta tesitura, resulta incuestionable que al omitirse la protección a los terceros embargantes en el artículo 2o., fracción III, multicitado, resulta plenamente aplicable al efecto la tesis jurisprudencial sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 7/94 en sesión de veintisiete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, que es del tenor literal siguiente: ‘EMBARGO, ES ILEGAL EL TRABADO EN BIENES SALIDOS DEL DOMINIO DEL DEUDOR, AUN CUANDO NO SE ENCUENTREN INSCRITOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD A NOMBRE DEL NUEVO ADQUIRENTE. (LEGISLACIÓN DE DURANGO SIMILAR A LA DEL DISTRITO FEDERAL). De conformidad con lo dispuesto en el Código Sustantivo Civil del Estado de Durango, la falta de registro del documento traslativo de la propiedad ocasiona que el derecho respectivo no sea oponible frente a terceros. No obstante lo anterior, el acreedor quirografario no tiene un derecho real, ni poder directo e inmediato sobre la cosa; el embargo, aun cuando se encuentre registrado no puede ser oponible a quienes adquirieron con anterioridad la propiedad del bien. Luego entonces, dado que el mandamiento de ejecución debe recaer en bienes del deudor, es de establecerse que una vez demostrado fehacientemente que el bien ya no pertenecía al deudor, el embargo registrado sobre este bien con posterioridad al acto traslativo de la propiedad, es ilegal, por más que no se encuentre inscrito a nombre del nuevo propietario, de cuya omisión no puede prevalerse al acreedor quirografario.’

"En ese orden de ideas, al resultar esencialmente fundados los agravios expresados por los recurrentes, lo procedente es revocar la sentencia que se revisa y en virtud de que se demostró que el embargo reclamado es ilegal dado que se efectuó en bienes que no pertenecían al deudor, pues habían salido de su patrimonio, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados ...".

El Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito también conoció del amparo en revisión **********, cuyos antecedentes son los siguientes:

El tres de agosto de mil novecientos noventa y dos, se protocolizó en escritura pública número ********** del índice de la notaría pública **********, en Hermosillo, Sonora, el contrato de compraventa celebrado entre ********** y ********** como compradores, y ********** y **********, como vendedores, respecto de cierto lote del fraccionamiento **********, ubicado en Hermosillo, Sonora.

Posteriormente, **********, en su carácter de endosatario en procuración de **********, promovió juicio ejecutivo mercantil, en contra de **********, entre otros.

De dicha demanda conoció el Juzgado Tercero del ramo Civil, registrándolo con el número **********, seguidas las etapas procesales, el catorce de mayo de mil novecientos noventa y tres el ejecutor adscrito al Juzgado Tercero del ramo Civil declaró formalmente embargado el lote referido; posteriormente se remató, adjudicó y expidió factura judicial al adjudicatario, y se ordenó la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

En contra de lo anterior, el diecinueve de julio de mil novecientos noventa y cinco, **********, en su carácter de titular del ********** del inmueble, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. El Juez Segundo de Distrito admitió la demanda a trámite, y le concedió el amparo, esencialmente con base en las consideraciones del amparo en revisión **********, emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que acaban de ser transcritas.

Inconforme con dicho fallo, la parte tercero perjudicada, interpuso recurso de revisión, en el cual se dolió de que el Juez de Distrito no haya tomado en cuenta el texto de la Ley Catastral y Registral del Estado de Sonora, que considera terceros para efectos registrales a los titulares de gravámenes, sin distinguir si se trata de derechos reales o personales, y en particular, a los artículos 61 y 64 de dicho ordenamiento, que establecen que la preferencia entre derechos reales y otros derechos o gravámenes, se determina por la fecha de su inscripción en el registro, y que sólo será preferente el derecho real adquirido con anterioridad, si se dio al Registro Público el aviso preventivo que prevé la ley.

Del recurso de revisión conoció el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, quien confirmó la sentencia de amparo, reiterando el mismo criterio del amparo en revisión **********, como sigue:

"Quinto. No le asiste la razón al inconforme, cuando sostiene que el Juez recurrido se excede en las facultades que le otorga la ley al realizar una indebida aplicación de la misma, ya que del análisis de la resolución recurrida se advierte que la autoridad de amparo lejos de tratar de interpretar la ley, como lo sostiene el inconforme, aplica los criterios sustentados por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las contradicciones de tesis ********** y **********, en las que se analiza la naturaleza jurídica de los derechos reales y el embargo, y determina que este último no es susceptible de considerarse como un derecho real desde el momento en que no confiere al embargante un poder directo e inmediato sobre la cosa; de tal forma que, si la interpretación a que se refiere el quejoso se encuentra contenida en las ejecutorias de las que emanan las tesis de contradicción, ello evidencia que los razonamientos vertidos en el acto recurrido no constituyen apreciaciones subjetivas del Juez de amparo, producto de una indebida interpretación de las disposiciones que fundan el acto; por el contrario, denotan el estricto apego a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, que establece que la jurisprudencia que sustenten el Pleno y «las» Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatorio no sólo para los Tribunales Colegiado y Unitarios de Circuito, sino también para los Juzgados de Distrito, de manera que si la resolución recurrida encuentra sustento en las tesis de contradicción ya señaladas y por disposición expresa por la ley, los criterios en ellas establecidos son obligatorios para el Juez recurrido, su proceder ningún agravio le causa al inconforme debido a que contrariamente a lo expuesto por este último, el Juez de amparo, no transgrede la libre facultad de apreciación que le concede la ley, así como tampoco, altera las reglas preexistentes de apreciación de la misma, sin que por otro lado se hubiese extralimitado en su función jurisdiccional.

"Así las cosas, si como se advierte en la tesis de contradicción **********, que la autoridad de amparo cita en su resolución, el embargo no puede considerarse como un derecho real, luego la aplicación del artículo 2o., fracción III, de la Ley Catastral que, practica el Juez recurrido y de la que depende que, es tercero quien tiene un derecho real o un gravamen constituido sobre los inmuebles, es correcta desde el momento en que si en la ejecutoria referida líneas arriba se establece que en el embargo la cosa objeto del mismo no está a disposición del embargante, ni tampoco tiene un poder directo ni inmediato sobre ella, es evidente que contrario a lo expuesto por el recurrente, tampoco le concede un derecho de persecución tal y como quedó ya establecido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de ahí, lo infundado del alegato vertido por el inconforme.

"Por otra parte, debe decirse que la simple transcripción que practica el recurrente de las disposiciones contenidas en la Ley Catastral del Estado de Sonora, no son suficientes para destruir el caudal de razonamientos expuestos por el Juez de Distrito en los que sostiene que la no inscripción de la escritura de compraventa no puede tener el efecto de legitimar un embargo de bienes que no forman parte del patrimonio del deudor, fundando su razonamiento en lo establecido por el artículo 52 de la citada ley que dispone que los documentos que conforme a la ley deban ser registrados y no se registren, producen efectos entre quienes los otorguen pero no contra terceros, estableciendo que deben (sic) entenderse por tercero, de acuerdo a lo previsto por el artículo segundo de la mencionada legislación, que son todos aquellos que tengan constituidos derechos reales y gravámenes sobre los bienes o derechos que son objeto de inscripción, argumentando; asimismo, que tales disposiciones no protegen a los terceros con un embargo a su favor desde el momento en que aun cuando éste es considerado como un gravamen, éste es personal y no real como lo podrán ser las hipotecas y servidumbres, y que además, de acuerdo a la fracción III del mismo ordenamiento, se desprende que al referirse a gravámenes por ellos debe entenderse aquellos de carácter real; por tanto, si el inconforme en esta parte del agravio se limita a exponer que no existió aviso preventivo y al faltar éste el gravamen que reclama la quejosa es plenamente válido, ello evidencia lo ineficaz del mismo para controvertir en forma adecuada el fundamento toral que en esta parte sustenta a la resolución recurrida.

"En ese orden de ideas, dado lo infundado e ineficaz de los agravios vertidos lo procedente es confirmar la resolución que se revisa."

De las anteriores ejecutorias, derivó la siguiente tesis aislada V.1o.3 C, que se identifica con el número de registro IUS: 202080, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 831, de rubro y texto siguientes:

"EMBARGO DE BIENES SALIDOS DEL PATRIMONIO DEL DEUDOR. ES ILEGAL AUN CUANDO NO SE INSCRIBAN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). RECTIFICACIÓN DEL CRITERIO SOSTENIDO POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO. El embargo sólo es legítimo cuando recae en bienes del deudor y no en los que ya salieron de su patrimonio, aun cuando éstos (inmuebles) no se encuentren inscritos a favor del nuevo dueño, pues esta inscripción sólo tiene efectos declaratorios y no constitutivos de derechos. El embargo no constituye un derecho real sobre los bienes embargados, sino que únicamente otorga un derecho personal sobre los bienes del deudor, mismo que se hace efectivo a través del secuestro; por tanto, para que éste resulte legítimo debe recaer en bienes que correspondan al demandado, más aún si se considera que conforme a lo dispuesto por el artículo 399, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, la ejecución de las resoluciones judiciales únicamente debe afectar al demandado y su patrimonio y no a terceros, cuyos bienes y derechos, deben ser respetados. La nueva Ley Catastral y Registral del Estado no contempla en la definición de tercero, a aquellos que tengan constituido un embargo a su favor, porque aun cuando puede considerarse que el embargo es un gravamen, éste se refiere a uno de carácter personal y no a uno de naturaleza real."

II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, quien conoció del amparo en revisión **********, en apoyo del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito -amparo en revisión **********-, con los antecedentes siguientes:

El veintiuno de enero de dos mil once, se celebró en escritura pública el contrato de compraventa, entre **********, **********, como compradora, y ********** y otros, como vendedores, respecto de un porcentaje de los derechos de propiedad de dos lotes de terreno ubicados en el Municipio de **********, Sonora.

El catorce de marzo de dos mil once, **********, mediante su endosatario en procuración, demandó en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiaria a **********, el pago de diversas prestaciones.

De dicha demanda conoció el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Mercantil, con sede en Hermosillo, Sonora. El catorce de abril de dos mil once, se emplazó al demandado a juicio y se le requirió el pago, y al no verificarse, la parte actora señaló b

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24608-ef16952e/terceros-para-efectos-registrales-el-termino-gravamen-previsto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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