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INDUSTRIA PENITENCIARIA. LA LIMITACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, NO VULNERA LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. REINSERCIÓN DEL SENTENCIADO A LA SOCIEDAD. SU ALCANCE CONFORME AL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRABAJO PENITENCIARIO. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, QUE PREVÉ UN DESCUENTO DIRIGIDO AL SOSTENIMIENTO DEL REO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO DE AQUÉL, VULNERA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. TRABAJO PENITENCIARIO. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, QUE PREVÉ UN DESCUENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL REO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO DE AQUÉL, VULNERA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. TRABAJO PENITENCIARIO. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS, QUE PREVÉ UN DESCUENTO PARA EL SOSTENIMIENTO DEL REO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGA COMO RESULTADO DE AQUÉL, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. TRABAJO PENITENCIARIO. LOS SENTENCIADOS POR DELITOS GRAVES NO DEBEN ENTENDERSE EXCLUIDOS DE AQUÉL, COMO MEDIO PARA LOGRAR SU REINSERCIÓN A LA SOCIEDAD. TRABAJO PENITENCIARIO. SU DESARROLLO DEBE ESTAR ERIGIDO SOBRE LA OBSERVANCIA Y EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.

Tipo de asunto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2012. · Registro digital (IUS): 24657
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
Localización: Décima Época. Pleno. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 1, Pág. 528.

NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. EL ARTÍCULO 6o., PÁRRAFO PENÚLTIMO, DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2012, AL RESTRINGIR LAS ACTIVIDADES DE INDUSTRIA PENITENCIARIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS CUYOS INTERNOS SE ENCUENTREN EXCLUSIVAMENTE RELACIONADOS CON LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O REQUIERAN MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, ES CONSTITUCIONAL. (Razones aprobadas por mayoría de diez votos, en contra del voto del Ministro José Ramón Cossío Díaz)

NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2012, AL PREVER QUE LOS REOS PAGARÁN SU SOSTENIMIENTO EN EL RECLUSORIO CON CARGO A LA PERCEPCIÓN QUE TENGAN EN ÉSTE COMO RESULTADO DEL TRABAJO QUE DESEMPEÑAN, VULNERA LOS DERECHOS AL MÍNIMO VITAL Y A LA LIBERTAD DE TRABAJO, ASÍ COMO LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, DE SEGURIDAD JURÍDICA Y, POR ENDE, DE DIGNIDAD HUMANA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. Los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cossío Díaz votaron en contra de algunas de las consideraciones)

NORMAS MÍNIMAS SOBRE READAPTACIÓN SOCIAL DE SENTENCIADOS. LOS DESCUENTOS AL SALARIO QUE PERCIBAN LOS PRESOS, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY QUE LAS ESTABLECE, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 19 DE ENERO DE 2012, AL NO TENER COMO FINALIDAD LA INTEGRACIÓN AL GASTO PÚBLICO, NO SON DE NATURALEZA TRIBUTARIA Y, POR ENDE, NO SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS RELATIVOS DE LA MATERIA. (Razones aprobadas por mayoría de nueve votos. Los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cossío Díaz votaron en contra de algunas de las consideraciones)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 24/2012. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 14 DE MAYO DE 2013. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. SECRETARIA: LAURA GARCÍA VELASCO.

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de mayo de dos mil trece.

VISTOS; Y,

RESULTANDO:

PRIMERO. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, Raúl Plascencia Villanueva, en su carácter de presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, promovió acción de inconstitucionalidad solicitando la invalidez de las normas que más adelante se señalan, emitidas y promulgadas por las autoridades que a continuación se precisan:

II. Los órganos legislativo y ejecutivo que hubieran emitido y promulgado las normas generales impugnadas: A) Órgano legislativo: Congreso de la Unión, integrado por las Cámaras de Diputados y de Senadores. B) Órgano ejecutivo: presidente de los Estados Unidos Mexicanos. III. La norma general cuya invalidez se reclama y el medio oficial en que se publicó: Los artículos 6o., párrafo décimo primero y 10, párrafo segundo, ambos de la Ley de Readaptación Social de Sentenciados, reformada mediante el "Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 6o., 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2012.

SEGUNDO. Los conceptos de invalidez que hace valer el promovente son, en síntesis, los siguientes:

El diecinueve de enero de dos mil doce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 3o., 6o., 10 y 11 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados", mediante el cual se realizaron modificaciones respecto de diversos temas, entre ellos, la construcción y adaptación de reclusorios con áreas destinadas al trabajo penitenciario y el pago de manutención de los internos, con cargo a las percepciones obtenidas por el trabajo desempeñado.

Derivado de tal reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó acción de inconstitucionalidad, a través de la cual estimó violados diversos derechos fundamentales:

a) Derecho de los sentenciados por delincuencia organizada al principio de reinserción social, y de seguridad jurídica, contenido en el artículo 18 de la Constitución Federal;

b) Principios básicos para el tratamiento de los reclusos adoptados y proclamados por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en la resolución 45/III de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, sobre todo, principio número ocho;

c) Principio de equidad en prisiones; y,

d) Prohibición de cobrar contribuciones y gabelas en las cárceles.

La reforma modificó e introdujo diversas disposiciones en torno al trabajo penitenciario, reiterando lo relativo a la contribución de la manutención de los reclusos, con cargo a la percepción del resultado de la labor que desempeñen, expuestos en los artículos 6o. y 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados.

El artículo 6o. establece una facultad correspondiente a la Secretaría de Seguridad Pública, para que oriente y apruebe los proyectos de convenios sobre la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones, así como el remozamiento o adaptación de los existentes, en los que se deberán contemplar espacios e instalaciones que promuevan y faciliten el desempeño de actividades de industria penitenciaria, lo que se ajusta al principio de reinserción que rige el dispositivo 18 de la Ley Fundamental del País.

Sin embargo, se incluyó en dicho artículo y en el 10, por una parte, la prohibición expresa para renovar o adaptar aquellos establecimientos, cuyos internos se encuentren exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad y, por otra, la imposición a los reclusos que trabajen, de contribuir a su manutención con parte de la remuneración que perciben por el mismo, respectivamente.

A raíz de la reforma al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el sistema penitenciario descansa en la reinserción social, sobre la base del respeto a los derechos humanos y al trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, por lo cual, para cumplimentar esa disposición, es imperativo efectuar las gestiones que proceden, como la modificación en las estructuras de reclusorios, que contempla espacios e instalaciones dirigidos a promover y facilitar el desempeño de actividades laborales.

La exposición de motivos que dio lugar a la reforma de los artículos impugnados, precisa, en concordancia con la reforma constitucional al artículo 18, que el sistema penitenciario mexicano tiene como objetivo primordial la reinserción del sentenciado, para lo cual deben estructurarse mecanismos que impulsen una correcta rehabilitación de los internos y su reinserción en la sociedad, para evitar su reincidencia.

Se hace hincapié en que el artículo 18 constitucional establece el trabajo como uno de los primeros instrumentos del respeto a los derechos humanos para la reincorporación de los internos, de donde se colige que el Constituyente consideró, como punto de partida para la reinserción, la necesidad de dotar de herramientas a los internos, para que, al cumplir su sanción, tengan la capacidad laboral necesaria para encontrar un oficio y tener un sustento económico que les impida volver a delinquir.

Destaca que el propio legislador tuvo en cuenta que las percepciones que reciben los internos deben ser suficientes, además de apoyar al sustento familiar y procurar el pago de la reparación del daño, para acumular un fondo de ahorro que sirva de soporte al sentenciado al reingresar a la sociedad.

No obstante, al analizar los preceptos 6o. y 10, en los párrafos cuestionados, se advierte que no se ajustan al marco constitucional relacionado con el sistema penitenciario, ni atienden a su fin último, que es la reinserción social del sentenciado; primero, al excluir a los establecimientos, cuyos internos se encuentren relacionados con la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad, de la posibilidad de contar con instalaciones que promuevan y faciliten la industria penitenciaria y, segundo, al imponerles la carga adicional de contribuir a su manutención, con el producto del trabajo, lo que es inequitativo y se aparta de la legalidad.

Así, en el primer concepto de invalidez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos indica que el artículo 6o., penúltimo párrafo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, es contrario al artículo 18 constitucional, al excluir a los reclusos sentenciados por delincuencia organizada del acceso al trabajo penitenciario, como base del principio de reinserción social del sentenciado.

Dicho artículo 18 constitucional regula el marco jurídico relacionado con el sistema penitenciario en nuestro país, que deriva en el deber de coordinación que sobre la materia debe resolverse entre los distintos niveles de gobierno, el marco legal en torno a la justicia para adolescentes y las formas alternativas de justicia, entre otras.

Reitera que la regulación constitucional en torno al sistema penitenciario, entendido como aquel cuyo objetivo es la reinserción social del sentenciado, mediante el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte, es producto, principalmente, de la trascendental reforma constitucional en materia penal del dieciocho de junio de dos mil ocho, cuyo objetivo primordial fue establecer un marco constitucional para generar condiciones tendentes a reestructurar el sistema de impartición de justicia en materia penal, incluida la etapa de ejecución de sanciones.

En dicha reforma, se sustituyó el término readaptación por el de reinserción, como base estructural del sistema penitenciario, además, se adicionaron la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción, ya no sólo el trabajo y la educación, como antes se establecía.

En ese contexto, el punto toral de la citada reforma constitucional en materia penal partió de la premisa esencial de la reinserción social como finalidad del sistema penitenciario, cuyo objetivo es lograr que los reclusos no vuelvan a delinquir e insertarlos a su entorno social. De tal forma, es claro el rechazo de concepciones excluyentes que propician resultados contrarios al de la reinserción.

Partiendo de tal premisa, el artículo 6o., penúltimo párrafo, de la norma impugnada, que excluye de la posibilidad de contar con instalaciones que promuevan y faciliten la industria penitenciaria a los sentenciados que se encuentren en establecimientos exclusivamente relacionados con la delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad, es inconstitucional, pues prohíbe expresamente la construcción o adaptación de este tipo de instalaciones en aquellos lugares.

Lo anterior va en contra del espíritu del Constituyente, pues la exclusión implicaría que los sentenciados por delitos de delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad no alcanzaran nunca una verdadera reinserción social, al quitarles la posibilidad de acceder al trabajo mediante la industria penitenciaria, elemento indispensable y piedra angular de la reinserción social, como expresamente lo dispone el artículo 18 constitucional.

Cobra relevancia la existencia de un gran número de instrumentos internacionales que prevén la reinserción social del sentenciado o, en su caso, la readaptación basada en el trabajo, como finalidad primordial del sistema penitenciario, a saber: (i) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 5.6; (ii) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.3; (iii) las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en mil novecientos cincuenta y cinco, principios 58, 59 y 71.1; (iv) la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos derivada del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, principio 8o.; y, (v) la Resolución 1/08, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, a instancia de su relatoría sobre los derechos de las personas privadas de libertad, elaboró los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.

Indica que existe consenso entre las diversas instancias internacionales, en el sentido de que el trabajo penitenciario se erige como un cimiento sobre el que se construye el principio de reinserción social del sentenciado, sin excluir a los sancionados por delitos graves, como la delincuencia organizada.

Por cuanto hace al artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, considera que es violatorio de los artículos 31, fracción IV y 19, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer la posibilidad de cobro de contribuciones a los sentenciados, así como permitir que se haga de manera inequitativa.

El artículo impugnado, en lo que interesa, dispone que con parte de la remuneración por el trabajo que realizan los internos, pagarán su sostenimiento en el reclusorio.

Se estableció, además, en ese precepto, que el pago se realizaría a base de descuentos, correspondientes a una proporción adecuada a la remuneración que perciba, igual para todos los internos de un mismo establecimiento, y el resto del producto de su trabajo se distribuiría a efecto de cubrir la reparación del daño, el sostenimiento de sus dependientes económicos, la Constitución de su fondo de ahorros y sus gastos menores.

En opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la disposición resulta contraria a lo establecido en el artículo 19 constitucional, el cual, en su último párrafo, expresamente prohíbe que dentro de las prisiones se cobren gabelas y contribuciones a los reclusos, en los siguientes términos:

Al efecto, la accionante especifica que una contribución es todo ingreso fiscal que percibe el Estado, aportado por los ciudadanos, con la finalidad de cubrir los gastos públicos, tal como lo indica la Constitución Política Mexicana en su artículo 31, fracción IV.

Refiere que la Constitución Federal regula las contribuciones, al disponer las obligaciones de todo ciudadano mexicano, pero condiciona lo anterior a que se realice de manera proporcional y equitativa. Refiere como apoyo la tesis de rubro: "EQUIDAD TRIBUTARIA. LA TRANSGRESIÓN DE ESTE PRINCIPIO NO REQUIERE COMO PRESUPUESTO QUE SE ESTABLEZCAN DIVERSAS CATEGORÍAS DE CONTRIBUYENTES."

Manifiesta que la disposición contenida en el artículo 10, párrafo segundo, impugnado, constituye una verdadera contribución, que rompe el principio de equidad, en tanto se cobrará únicamente a los internos que opten por desempeñar un trabajo, excluyendo a los que no lo hagan.

Considera, entonces, que la disposición impugnada sólo desincentivará al sentenciado a adquirir un trabajo penitenciario, pues se verá obligado a destinar parte de su remuneración al pago de su sostenimiento en la prisión, obligación que no deberá cumplir el recluso que no opte por el derecho a trabajar, cuestión que, insiste, no es acorde con los fines de la reinserción social, principio rector del sistema penitenciario, por lo que debe ser declarado inconstitucional.

Señala, además, que la disposición aquí impugnada, si bien ha sido reproducida en términos casi idénticos a aquellos en los que se encontraba, previo a la reforma que se impugna, ello no es óbice para controvertirla vía acción de inconstitucionalidad pues, en reiteradas ocasiones, este tribunal se ha pronunciado en el sentido de que una norma publicada a través de un medio oficial, así sea reproducida en los mismos términos, es un nuevo acto legislativo susceptible de ser impugnado por este medio de control de constitucionalidad. Lo anterior se refleja en la tesis de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LA INCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 391 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN EL DECRETO DE REFORMA A DICHO ORDENAMIENTO, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009, ASÍ COMO SU VINCULACIÓN CON UN PRECEPTO QUE FUE MODIFICADO EN SU TEXTO, CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN AQUELLA VÍA."

Indica, entonces, que la reforma al artículo 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados es un nuevo acto legislativo, a pesar de haber sido reproducido casi en los mismos términos y, por tanto, puede ser impugnado por medio de la presente acción de inconstitucionalidad.

Así, la accionante concluye que:

I. Los artículos 6o., penúltimo párrafo y 10, párrafo segundo, impugnados, resultan inconstitucionales, al contrariar los principios de reinserción social del sentenciado, de equidad y la prohibición del cobro de contribuciones y gabelas en las cárceles.

II. El principio de reinserción social del sentenciado ha sido reconocido como bien jurídico protegido en el ámbito internacional, sin embargo, la norma impugnada no fomenta el contacto directo entre el sentenciado y la sociedad, ni promueve el aprendizaje de conductas sociales, lo que es contrario al referido principio.

III. El pago de su manutención con el producto del trabajo del interno implica una contribución prohibida expresamente por el artículo 19, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de ser un cobro inequitativo al dirigirse sólo a los internos que optan por el derecho a trabajar.

TERCERO. Los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son los artículos 18 y 19; asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que se vulneran los artículos 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el principio 8 de la Declaración de Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos derivada del Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente y los principios 58, 59 y 71.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

CUARTO. Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil doce, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad, a la que correspondió el número 24/2012 y, por razón de turno, designó como instructor al Ministro Sergio A. Valls Hernández.

Por auto de veintidós de febrero de dos mil doce, el Ministro instructor admitió la presente acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió las normas impugnadas y al ejecutivo que las promulgó para que rindieran sus respectivos informes, así como a la procuradora general de la República para que formulara el pedimento correspondiente en relación con la presente acción.

QUINTO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al rendir su informe, señaló, sustancialmente, lo siguiente:

El artículo 6o., penúltimo párrafo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados no contraviene el artículo 18 de la Constitución Federal.

Lo anterior, ya que del párrafo impugnado no se desprende disposición alguna tendiente a excluir a los reclusos sentenciados por delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad, del derecho a su reinserción social o para adaptar los establecimientos en que se encuentran, sino que determina que en los centros que se encuentren destinados a personas que hayan cometido delitos de la delincuencia organizada o requieran medidas especiales de seguridad no se aplicará lo relativo a que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades de aprobación de proyectos a que se refieren los convenios en la construcción de nuevos establecimientos de custodia y ejecución de sanciones y en remozamiento o adaptación de los existentes para la industria penitenciaria.

Por otro lado, afirma que resulta claro que el precepto impugnado no transgrede en forma alguna el contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos ni de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, pues en concordancia con lo dispuesto por el artículo 18 constitucional, no se menoscaba ningún derecho relacionado con la readaptación social de los reclusos sentenciados por delincuencia organizada o que requieran medidas especiales de seguridad.

Además, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión tuvo como pretensión garantizar a las mujeres que se encuentren cumpliendo sus sentencias en los centros de reinserción social, la disposición de espacios necesarios para el desarrollo integral de sus hijas e hijos que permanezcan con ellas, incluyendo los servicios de alimentación, salud y educación de los menores hasta los seis años de edad, cuando así lo determine el personal capacitado con opinión de la madre y considerando el interés superior de la infancia.

Ahora bien, por cuanto hace a lo afirmado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, respecto del artículo 10, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, señala que no contraviene lo dispuesto por el artículo 19, último párrafo, de la Constitución Federal, debido a que el establecimiento de una aportación, producto de su trabajo, destinada a su propio sostenimiento, al de su familia y a la reparación del daño, así como a la creación de un fondo de ahorro propio, no puede considerarse como una disposición de carácter tributario o cobro de gabelas, en tanto la aportación hecha por los sentenciados no tiene como fin integrarse al gasto público del Estado.

SEXTO. Por su parte, el Senado de la República, al emitir su informe, indicó lo siguiente:

En primer lugar, señala que los artículos 6o., penúltimo párrafo, y 10, párrafo segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil doce, son constitucionales, toda vez que el acto legislativo que los modificó se ajusta a los procedimientos que la Constitución Federal regula.

Refiere que los preceptos impugnados fueron expedidos bajo el procedimiento previsto en los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Federal, además de que se expidió la normatividad de acuerdo a la competencia y en ejercicio de las facultades derivadas del artículo 73, fracciones XXI y XXX, en relación con el artículo 18, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Manifiesta que si bien el accionante, en su escrito inicial, señala que el artículo 6o., penúltimo párrafo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados vulnera el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es infundada tal afirmación.

Al respecto, indica que el artículo 18 constitucional regula la política penitenciaria del Estado Mexicano, orientada a propiciar el respeto de la dignidad de la persona humana y la satisfacción de sus necesidades básicas en los centros de reclusión, a efecto de lograr la reinserción social de los sentenciados.

En ese orden de ideas, refiere que el precepto constitucional reconoce ciertos derechos de los sentenciados, como la salud, el deporte, la educación y la realización de actividades laborales remuneradas y útiles que faciliten su reinserción en el mercado laboral del país y que les permita contribuir a su propio sustento económico.

Considera que debe tenerse presente que los derechos pueden ser limitados, de conformidad con la doctrina, de dos formas: (i) a través de los límites directos, impuestos por la propia Constitución; y, (ii) los límites indirectos, que son los creados por el legislador en uso de las reservas específicas establecidas en el Texto Constitucional.

Afirma que, en el caso, se está ante límites directos de forma que los derechos establecidos en el artículo 18 de la Constitución Federal encuentran algunas excepciones, como sucede con la delincuencia organizada, respecto de la cual se estipula que deben existir centros penitenciarios que cuenten con la seguridad e instalaciones necesarias para la protección de la integridad de las personas que se encuentren en ellos, disminuyendo los riesgos de fuga o violencia interna y limitando, en consecuencia, la creación de sitios destinados a la industria penitenciaria. Con base en lo anterior, afirma que la norma impugnada no se contrapone al Texto Constitucional y, por tanto, debe subsistir en el orden jurídico nacional.

Respecto a los argumentos esgrimidos con relación al artículo 10, párrafos primero y segundo, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social, mediante los cuales sostiene la accionante que son violatorios de los artículos 31, fracción IV y 19, último párrafo, de la Constitución Federal, al establecer la posibilidad de cobro de contribuciones a los sentenciados, afirma que son infundados.

En primer lugar, porque no establecen gabela o contribución alguna a los sentenciados, sino que sólo regula el sistema penitenciario con base en el trabajo en términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional.

Se prevé la organización del sistema penitenciario sobre la base del trabajo y la capacitación para el mismo, considerándolo un medio para lograr la reinserción social de los sentenciados, que debe respetar los principios de los artículos 5o. y 123 constitucionales (jornada máxima diurna de ocho horas y nocturna de siete, prohibición de condiciones insalubres y peligrosas y el trabajo nocturno industrial, etcétera).

Por otra parte, refiere que la previsión relativa a que el sentenciado pagará para coadyuvar económicamente al sostenimiento de su persona dentro del centro penitenciario, no vulnera las prohibiciones del último párrafo del artículo 19 constitucional, ya que la regulación se basa en el valor del trabajo y en el respeto a la dignidad de los sentenciados a ser tratados como personas, dignificándolas y resaltando su estadía, a través del desarrollo de su personalidad, del enriquecimiento personal, crecimiento cultural, etcétera.

Por tanto, manifiesta que el pago de los sentenciados, de forma alguna constituye una contribución, porque esta última, corresponde al ingreso fiscal que percibe el Estado, aportado por los ciudadanos, con la finalidad de cubrir los gastos públicos. En cambio, el sostenimiento de los sentenciados en los reclusorios, con cargo a la percepción que tengan como resultado del trabajo, tiene como finalidad satisfacer sus necesidades básicas.

Concluye que el pago de los sentenciados, para contribuir al sostenimiento en los centros de reclusión, es un valor que resalta su dignidad como personas y no una carga o servidumbre de los internos, por lo que no constituye una gabela, como lo afirma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

SÉPTIMO. Por su parte, el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, manifestó:

Con la finalidad de emitir una opinión referente a la validez o no de los artículos 6o. y 10 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicados en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de enero de dos mil doce, considera indispensable tener en cuenta lo siguiente:

La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados tiene su fundamento en el artículo 18 constitucional, estando vinculada la regulación referente a la delincuencia organizada al contenido de los artículos 16, 19, 20 y 73 del mismo ordenamiento; es así que de una interpretación sistemática y armónica de las referidas disposiciones se desprende que existe un régimen especial para los casos de delincuencia organizada.

Tal régimen especial constitucional es aplicable tratándose de los procesados y sentenciados en materia de delincuencia organizada cuando se establece que:

- No podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio;

- Se llevará a cabo la creación de centros especiales; y,

- Se restringirán las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros.

Manifiesta que la delincuencia organizada atenta contra los principios básicos de la vida comunitaria y de la esencia estatal, generando descomposición social e inestabilidad política, debilitando al Estado de derecho y a la capacidad efectiva de las instituciones públicas para defender los derechos fundamentales del ser humano.

Así pues, considera válida la existencia de un trato distinto a las personas que cometen delitos ocasionales por razones de orden circunstancial, que a quienes asumen cotidianamente patrones de conducta profesional para atentar contra el Estado y la sociedad. Por lo anterior, indica, la lucha eficiente contra la delincuencia organizada es un presupuesto necesario para fortalecer el país.

Sostiene que el establecimiento de centros especiales para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada obedeció a la peligrosidad de los internos y a su capacidad p

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24657-41f99156/industria-penitenciaria-la-limitacion-establecida-en-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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