INCONFORMIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 188 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS MEXICANAS. LA RESOLUCIÓN DICTADA EN AQUÉLLA NO ES LA DEFINITIVA EN EL PROCEDIMIENTO PARA COLOCAR A UN MILITAR EN SITUACIÓN DE RETIRO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 317/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS. AUSENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. SECRETARIA: AMALIA TECONA SILVA.
CONSIDERANDO:
5. PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de este Máximo Tribunal, en virtud de que el tema sobre el que versa la posible contradicción de criterios entre Tribunales Colegiados de distinto circuito corresponde a la materia administrativa, en la que esta Segunda Sala se encuentra especializada.
6. Resulta ilustrativa la tesis P. I/2012 (10a.) del Pleno de este Máximo Tribunal, con el rubro y datos de publicación siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011).". [Tesis P. I/2012 (10a.), aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 2000331]
7. SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, toda vez que fue formulada por el Magistrado presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios denunciados como divergentes.
8. TERCERO. Ejecutorias contendientes. Con el propósito de establecer si existe o no la contradicción de tesis denunciada, resulta conveniente transcribir, para su posterior análisis, las consideraciones en que se apoyaron las respectivas resoluciones de los Tribunales Colegiados contendientes.
9. I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 7/2013, en sesión de veinte de junio de dos mil trece, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"NOVENO. Punto de estudio. ... En los agravios denominados ‘primero’ y ‘segundo’, en esencia, la parte recurrente controvierte la desestimación hecha por el Juez de Distrito, respecto de la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, hecha valer al rendir informe justificado. Lo anterior porque -en su opinión- la resolución recaída a la inconformidad, emitida por la Dirección General de Justicia Militar, no constituye la resolución definitiva en el procedimiento de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas no culmina con la resolución. Continúa manifestando que dicha cuestión se evidencia con el hecho de que en la resolución respectiva se ordena el envío de la documentación al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) a efecto de que emitan el dictamen correspondiente. En apoyo de su dicho invoca, entre otras, la tesis emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, de rubro: ‘RETIRO DEL SERVICIO MILITAR. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA DECRETARLO NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’. Los agravios de referencia son infundados. Ello es así, por las razones siguientes: Los artículos 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM), son del tenor siguiente: ‘Artículo 186.’ (transcribe). ‘Artículo 187.’ (transcribe). ‘Artículo 188.’ (transcribe). ‘Artículo 193.’ (transcribe). ‘Artículo 194.’ (transcribe). ‘Artículo 196.’ (transcribe). ‘Artículo 198.’ (transcribe). ‘Artículo 199.’ (transcribe). ‘Artículo 200.’ (transcribe). ‘Artículo 201.’ (transcribe). ‘Artículo 202.’ (transcribe). Los preceptos legales transcritos regulan el procedimiento relativo a la declaración de retiro de los militares. Ahora bien, la lectura acuciosa de los dispositivos de trato evidencia que prevé dos momentos destacados durante la sustanciación del procedimiento respectivo, a saber: 1. La declaración de retiro. 2. La determinación del beneficio (haberes, prestaciones y compensaciones). En ese sentido, aun cuando la ley, formalmente, unifica estos dos momentos en un solo procedimiento, lo cierto es que, materialmente, se trata de dos diversas etapas que culminan con dos pronunciamientos destacados, que si bien son sucesivos, resuelven cuestiones diferentes de manera definitiva. Luego, del artículo 196, párrafo último, de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM) se advierte que la resolución recaída a la inconformidad reviste la característica de ser definitiva -para efectos de la declaración de retiro-, puesto que la determinación emitida por la Dirección General de Justicia Militar en lo relativo a la causa de retiro debe ser acatada por la Junta del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM). Lo cual se corrobora con lo estipulado en la última parte del primer párrafo del artículo 198 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (LISSFAM). De modo tal que con independencia de que la resolución que emita la Junta respectiva pueda ser combatida a través del recurso de reconsideración, lo cierto es que la declaración de retiro no formará parte de la litis. Por tanto, no hay necesidad de esperar al dictado de la orden de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar por parte del titular de la secretaría que corresponda (Defensa Nacional o Marina), prevista en el artículo 202 de la ley de la materia. Ello, en virtud de que, como se explicó, la declaratoria de retiro adquiere firmeza desde que la Dirección General de Justicia Militar dicta la resolución respecto de la inconformidad. O, en su caso, al haber dejado transcurrir el plazo para manifestarla -aceptación tácita-, de conformidad con el artículo 193, último párrafo, de la ley de la materia. De ahí lo infundado de los agravios que se analizan. ... DÉCIMO. Denuncia de contradicción de tesis. Constituye hecho notorio para este tribunal federal, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, la existencia de la ejecutoria recaída al ARAD. 37/2012 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito dictada -por unanimidad- en sesión plenaria de treinta y uno de mayo de dos mil doce. Lo anterior, en virtud de que se encuentra publicada en la red Intranet del Poder Judicial de la Federación. Es de invocarse la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, de rubro: ‘HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN PARA LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO LAS RESOLUCIONES QUE SE PUBLICAN EN LA RED INTRANET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.’. La lectura acuciosa de la ejecutoria de trato evidencia que, en virtud de ella, se revocó la sentencia recurrida y se decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías por considerar acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 114, fracción segunda, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Es decir, porque el acto reclamado no reviste la característica de ser la ‘resolución definitiva’ dictada en el procedimiento -seguido en forma de juicio- de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas. En el entendido de que uno de los actos combatidos en sede constitucional lo constituye -precisamente- la resolución recaída al recurso de inconformidad emitida por el director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional. Tal como acontece en el presente asunto. Dicha conclusión es contradictoria con lo sostenido por este Tribunal Colegiado en la presente ejecutoria. Ello, en virtud de que, tal como se explicó en líneas precedentes, en opinión de este tribunal federal la resolución recaída a la inconformidad reviste la característica de ser definitiva, puesto que la declaración emitida por la Dirección General de Justicia Militar en lo relativo a la causa de retiro debe ser acatada por la Junta del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), acorde con los artículos 196, párrafo último, y 198, primer párrafo, última parte, de la ley de la materia. De modo tal que, con independencia de que la resolución que emita la Junta respectiva, pueda ser combatida a través del recurso de reconsideración, lo cierto es que la declaración de retiro no formará parte de la litis. Luego, tal como lo establece el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, lo procedente es denunciar la contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que decida cuál debe prevalecer." (El subrayado es nuestro)
10. II. Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 37/2012, en sesión de treinta y uno de mayo de dos mil doce, sostuvo, en la parte que interesa, lo siguiente:
"TERCERO. Se hace innecesario el análisis de los agravios, pues este tribunal, de oficio, advierte que se surte una causal de improcedencia distinta de la que examinó la Juez Federal, lo que trae como consecuencia que se decrete el sobreseimiento total en el juicio, como posteriormente se precisará. En primer término, es menester señalar que la procedencia de la acción constitucional es de orden público y su análisis debe efectuarse sin importar que las partes la aleguen o no en cualquier instancia en que el juicio se encuentre, con fundamento en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene justificación cuando, encontrándose el asunto en revisión, se advierte la existencia de una o varias causas de improcedencia diferentes a la que el juzgador de primer grado estimó actualizada, desestimada, o bien, al advertirse un motivo distinto de los apreciados en relación con una misma causa de improcedencia, dado que, en esos casos, es indudable que el tribunal revisor, de oficio, debe emprender el estudio de la procedencia de la acción. La afirmación precedente se encuentra corroborada con lo dispuesto por el artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece que el Pleno y las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión observarán, entre otras reglas, la relativa a que si consideran infundada la causa de improcedencia examinada por el juzgador de amparo podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o revocar la resolución recurrida y entrar al fondo del asunto para pronunciar la sentencia que corresponda concediendo o negando el amparo; lo cual, en otras palabras, significa que el legislador permite al tribunal revisor examinar la procedencia del amparo bajo supuestos diversos que no sólo involucran a las hipótesis legales analizadas por el juzgador de primer grado. El principio de congruencia, en el aspecto de que se trata, consiste en que la procedencia del juicio de garantías es de orden público y conduce a considerar que, a pesar de que el juzgador haya tenido por actualizada o desestimada determinada hipótesis de improcedencia, el tribunal revisor bien puede abordar el estudio bajo un matiz distinto, que puede ser alumbrado por diversa causa constitucional, legal o jurisprudencial, o aun ante la misma causal por diverso motivo, si se considera que un supuesto de improcedencia puede generarse por diversas razones. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de jurisprudencia P./J. 122/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, noviembre de 1999, página 28, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA SENTENCIA COMBATIDA.’ (transcribe). De igual manera, apoya la conclusión alcanzada la tesis aislada P. LXV/99, sustentada por el Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, septiembre de 1999, página 7, que dice: ‘IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (transcribe). Una vez aclarado lo anterior, debe decirse que de la sentencia que se revisa se desprende que en el considerando cuarto, en lo que a nuestro estudio importa subrayar, se tuvieron como actos reclamados destacados (que aquí se ordenan cronológicamente, para una mayor claridad, de acuerdo con su fecha de emisión), los siguientes: Del director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, el oficio número SGB-XI-14974, de veinte de septiembre de dos mil diez, por el que se resolvió el recurso de inconformidad y se declaró la procedencia definitiva de retiro del quejoso por incapacidad. De la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas: La resolución de ocho de diciembre de dos mil diez, a través de la cual se le concedió al quejoso el beneficio económico de compensación con motivo del retiro forzoso por incapacidad en actos fuera del servicio (resolución provisional). La resolución de veintitrés de febrero de dos mil once, a través de la cual se resolvió el recurso de reconsideración y se concedió el beneficio económico de compensación (resolución definitiva). Del director de Seguridad Social Civil y Militar de la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el oficio 511.16/472591 307-A.2.3-2549/11, de uno de abril de dos mil once, por medio de cual se sancionó el beneficio concedido al quejoso. Ahora bien, en relación con los referidos actos, el juicio constitucional es improcedente de acuerdo con los artículos (sic) 114, fracción II, en relación con el 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo. El artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo establece: ‘Artículo 114.’ (transcribe). De conformidad con el texto del artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, es procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito en contra de actos que no provengan de tribunales administrativos o del trabajo; sin embargo, cuando los actos que provengan de esas autoridades emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva. Por procedimiento debe entenderse aquella secuencia de actos realizados por una autoridad concatenados entre sí y ordenados a la consecución de un fin determinado. Este proceder ordenado y sistematizado puede ser impulsado ya de manera oficiosa por la propia autoridad, por estar así facultada en términos de las leyes y reglamentos vigentes, o bien, a instancia de los particulares, es decir, por solicitud expresa cuando el particular eleve una petición a la autoridad y que requiere, para ser satisfecha favorablemente, la verificación de una serie de etapas subsecuentes hasta la obtención de un resultado final, es decir, de una resolución definitiva. En esta parte del estudio resulta conveniente mencionar lo que establecen los artículos 186, 187, 188, 193, 194, 196, 198, 199, 200, 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas que, en la parte que interesa, dicen a la letra: ‘Artículo 186.’ (transcribe). ‘Artículo 187.’ (transcribe). ‘Artículo 188.’ (transcribe). ‘Artículo 193.’ (transcribe). ‘Artículo 194.’ (transcribe). ‘Artículo 196.’ (transcribe). ‘Artículo 198.’ (transcribe). ‘Artículo 199.’ (transcribe). ‘Artículo 200.’ (transcribe). ‘Artículo 201.’ (transcribe). ‘Artículo 202.’ (transcribe). De los numerales transcritos se advierte que el procedimiento administrativo para decretar el retiro de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas -denominado incidente de retiro-, puede dividirse en tres grandes fases o etapas procesales que se desarrollan ante autoridades diversas, a saber: a) La que se sustancia ante la Secretaría de la Defensa Nacional o ante la Secretaría de Marina. En esta fase, la secretaría correspondiente debe recabar todos los elementos de prueba que permitan comprobar la causa de retiro de un militar, ya sea porque proceda el retiro forzoso o voluntario. Con apoyo en las pruebas reunidas, la secretaría declarará (provisionalmente) la procedencia del retiro por estimar comprobada la personalidad militar del interesado, encontrarse en el activo y estar demostrada una o varias causas de retiro. La anterior resolución puede ser impugnada ante la propia secretaría que la hubiera dictado mediante recurso de inconformidad; debiendo referirse las objeciones, exclusivamente, a la procedencia o improcedencia del retiro, a la jerarquía militar con que debe ser retirado el interesado y al cómputo de sus servicios. Posteriormente, la secretaría de Estado debe resolver la inconformidad dentro del plazo de cuarenta y cinco días a partir de que se hubiera presentado, teniendo esta determinación el carácter de una declaración definitiva de retiro (artículos 186, 187, 188 y 193). b) La que se desarrolla ante el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta etapa da inicio cuando el citado instituto recibe de la secretaría de origen el incidente de retiro y el expediente militar. Corresponde al instituto, en principio, la formulación de un dictamen para determinar la procedencia del beneficio de retiro con base en los hechos probados y tomando en cuenta las pruebas aportadas por las partes. Posteriormente, con base en el anterior dictamen, la Junta Directiva del instituto debe dictar resolución (provisional) dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, concediendo o negando el beneficio de retiro, pero siempre debiendo respetar, al dictar sus resoluciones, lo ya resuelto de manera definitiva por la secretaría correspondiente en cuanto al reconocimiento de la personalidad del militar, su jerarquía, las causas de retiro y el tiempo de servicios prestados. Si el militar no está conforme con la resolución anterior, se le concede el derecho de hacer valer en su contra recurso de reconsideración. El medio de defensa debe resolverse por la propia Junta del instituto y la resolución que se dicte, confirmando, modificando o revocando la resolución provisional, tiene el carácter de definitiva. Cabe señalar que los agravios planteados en el recurso no pueden versar sobre lo ya resuelto de manera definitiva por la secretaría que hubiera iniciado el trámite de que se trata (artículos 196, 198 y 199). c) La que tiene lugar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una vez que la Junta del instituto dictó la resolución definitiva en el incidente de retiro correspondiente, debe remitir a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el acuerdo a través del cual se concede el haber de retiro, las pensiones o las compensaciones para el efecto de que dicha dependencia lo sancione y así pueda ser ejecutado. Una vez hecho lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe notificar su resolución de aprobación o denegación al citado instituto y éste, a su vez, notificará tanto su resolución como la de la secretaría mencionada a la dependencia que hubiera iniciado el procedimiento de retiro (artículos 200 y 201). Finalmente, sólo hasta que culmina el procedimiento descrito, y una vez que la secretaría de origen recibe la notificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público referente a la sanción del beneficio concedido, girará las órdenes de baja en el activo y alta en situación de retiro del militar, cuando así proceda (artículo 202). Por tanto, la resolución con la que culmina el procedimiento no es la emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sino la que posteriormente pronuncie, según el caso, la Secretaría de la Defensa o de Marina decretando la baja en el activo. Pues bien, de todo lo antes expuesto es posible afirmar que el procedimiento de retiro de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas consta de una serie de etapas o fases procesales, concatenadas entre sí, y que se siguen en forma de juicio. Lo anterior es así, pues no es hasta que se agotan en su integridad las fases que lo componen -en las que se otorga el derecho de defensa al interesado-, y se reciben en la secretaría que inició el procedimiento las resoluciones de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pueden girarse las órdenes de baja en el activo y, en su caso, alta en situación de retiro del militar o marino. En efecto, el retiro de un miembro de las Fuerzas Armadas Mexicanas sólo puede decretarse hasta que se agotan cada una de las fases procesales analizadas y se reciben en la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina las resoluciones que se mencionan en el párrafo precedente. Las conclusiones anteriores, en cuanto a que el procedimiento de retiro de un militar, de conformidad con los artículos analizados, se sigue en forma de juicio y culmina con la recepción de parte de la secretaría de origen de la resolución definitiva emitida por la Junta del citado instituto, con el propósito de que se giren las órdenes de baja en el activo y, en su caso, alta en situación de retiro del militar, han sido definidas en otras ocasiones por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como se advierte de la tesis aislada 1a. XXII/2003, que es aplicable en lo conducente y que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Novena Época, mayo de 2003, página 244, que dice: ‘RETIRO DEL SERVICIO MILITAR. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA DECRETARLO NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.’ (transcribe). Lo expuesto con antelación tiene relevancia en el caso concreto, pues si, en términos de lo que dispone el artículo 114, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido hasta que se dicte la resolución definitiva con la que culmine un procedimiento seguido en forma de juicio, resulta entonces que el juicio de garantías origen del toca es improcedente respecto de todos aquellos actos que no constituyen la resolución definitiva, en razón de que los actos que reclamó el quejoso en su demanda de garantías son de índole intraprocesal. Lo anterior es así, porque el juicio constitucional, de acuerdo con el mencionado numeral, procede, exclusivamente, en contra de la resolución definitiva que da por concluido el procedimiento, en el caso, el de retiro. Por tanto, como el quejoso no reclamó dicha resolución, es inconcuso que, como ya se había anunciado, el juicio de amparo es improcedente en relación con los actos de las autoridades referidos párrafos atrás. La decisión anterior encuentra sustento, además, en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Tomo LVII, Tercera Parte, página 152, que dice: ‘VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. AMPARO CONTRA LAS.’ (transcribe). En tal virtud, al surtirse la causal de improcedencia de acuerdo con los artículos (sic) 114, fracción II, en relación con el 73, fracción XVIII, ambos de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el juicio con apoyo en la fracción III del artículo 74 de la citada ley. En este orden de consideraciones, al ser improcedente el juicio por los actos que se reclaman del director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y del director de Seguridad Social Civil y Militar de la Dirección General Adjunta de Estrategia y Política Presupuestaria de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, procede hacer extensivo el sobreseimiento respecto de los actos reclamados al presidente de la República y Congreso de la Unión, consistentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, en la promulgación y expedición de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, específicamente de sus artículos 24, 33, 34, 35, 50, 51, 157, 174, 183, 196, tercer párrafo y 198, ya que, además de que no se pueden desvincular de su acto de aplicación, el perjuicio que pudieran ocasionar dichos numerales al quejoso se actualizaría, en su caso, al reclamarse la resolución definitiva. Apoya lo anteriormente expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, que dice: ‘LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.’ (transcribe). En las relacionadas consideraciones se impone revocar la sentencia recurrida y decretar el sobreseimiento total en el juicio. En virtud de la conclusión alcanzada, la revisión adhesiva ha quedado sin materia." (El subrayado es nuestro).
11. CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. En principio, es importante recordar que de acuerdo con el criterio del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la contradicción de tesis se actualiza cuando las Salas de este Máximo Tribunal, o bien, dos o más Tribunales Colegiados de Circuito, adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, salvo que esas diferencias sean relevantes e incidan en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos.
12. Lo anterior se corrobora con la jurisprudencia P./J. 72/2010 y la tesis aislada P. XLVII/2009, cuyos rubros y datos de publicación en seguida se citan:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES." (Jurisprudencia P./J. 72/2010, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 7 del Tomo XXXII, agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 164120)
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS." (Tesis P. XLVII/2009, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 67 del Tomo XXX, julio de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro IUS: 166996)
13. Con el objeto de resolver si, en el caso, se configura o no la contradicción de tesis, se procede a sintetizar los elementos de hecho y de derecho que los Tribunales Colegiados contendientes tomaron en consideración para sustentar los criterios denunciados como opuestos.
14. I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito.
15. A) El uno de octubre de dos mil diez, el director general de Justicia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional emitió el oficio SGB-IX-28343, a través del cual declaró la procedencia provisional de retiro del quejoso, por incapacidad en segunda categoría, por actos fuera del servicio.
16. B) El quejoso formuló inconformidad contra el aludido oficio y el veintitrés de julio de dos mil doce, el citado director emitió la resolución respectiva en la que desestimó la inconformidad, declaró la procedencia definitiva de retiro y ordenó la remisión del expediente al Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM) para la elaboración del dictamen correspondiente.
17. C) En contra de esta última resolución, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito que conoció del asunto decidió otorgar la protección constitucional respecto de dicha resolución.
18. D) Inconforme con la concesión de amparo, el director general de Justicia Militar interpuso recurso de revisión, del cual tocó conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en cuya ejecutoria sustentó la resolución recaída a la inconformidad tiene la característica de ser definitiva y que, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso 114, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, porque lo determinado p
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24734-6b13d65a/inconformidad-prevista-en-el-articulo-188-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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