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Modo: Corpus Pro

AUTO QUE APERCIBE AL PROCESADO CON REVOCAR SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2013. · Registro digital (IUS): 24572
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Primera Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 1, Pág. 846.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 58/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. 29 DE MAYO DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS RESPECTO DEL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal el trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno del mismo mes y año, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, en un tema que, por su naturaleza penal, corresponde a la materia de la especialidad de esta Primera Sala.

SEGUNDO. Legitimación. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en función de que fue formulada por el Magistrado presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, quien se encuentra facultado para ello, de conformidad con los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción II, de la Ley de Amparo.

TERCERO. Consideraciones de los Tribunales Colegiados. Las consideraciones de las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de la contradicción, son las siguientes:

1. El Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver la improcedencia penal **********, el treinta y uno de enero de dos mil trece, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"QUINTO. Uno de los agravios es sustancialmente fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida, por ese motivo es innecesario el estudio de los restantes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia cuatrocientos sesenta, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página trescientos noventa y siete, Tomo VI, Materia Común, Novena Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). Así como la tesis jurisprudencial quinientos setenta y cinco, con la que también se está de acuerdo, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página trescientos ochenta y tres, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año mil novecientos noventa y cinco, que reza: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe). El artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo establece: (se transcribe). Ese precepto y fracción prevén el principio de definitividad que, entre otros, rige el ejercicio de la acción constitucional y que consiste en agotar previamente a la interposición del juicio de amparo, los recursos que la ley contempla contra el acto reclamado, susceptibles de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues de no hacerlo, el juicio de amparo resulta improcedente, salvo los casos de excepción ahí indicados. En la ejecutoria que dio lugar a la jurisprudencia P./J. 17/98, publicada aquélla a partir de la página siete, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en lo que interesa: (se transcribe). Como puede observarse, en interpretación conjunta de los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 17, 22, fracción II, 23 y 117, todos de la Ley de Amparo, el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que una de las excepciones al principio de definitividad del juicio de amparo se actualiza ante el reclamo de actos que importen peligro de privación de la libertad. Por ese motivo, el quejoso no está obligado a agotar los recursos ordinarios correspondientes, cuando en el juicio de amparo reclama la orden de aprehensión o de reaprehensión, el auto de formal prisión o el de sujeción a proceso, o bien, el arresto decretado en su contra, pues esos actos afectan en forma directa e inmediata su libertad personal. Existen otras determinaciones que conllevan una afectación directa a ese derecho, como el acuerdo donde se concede el beneficio de la libertad provisional bajo caución y se fija la garantía necesaria para que surta efectos, pues esa caución puede estar fuera del alcance del agraviado y, por tanto, impedirle obtener su libertad; la resolución que declara infundado el incidente de traslación del tipo y adecuación de las penas, o el de libertad por falta de elementos para procesar, porque en esos supuestos, el quejoso debe continuar privado o restringido de su libertad a virtud de la sentencia condenatoria o el auto de formal prisión emitidos en su contra, respectivamente; la resolución donde se niega declarar la prescripción de la acción penal, porque implica la subsistencia de la orden de aprehensión o el auto de formal prisión decretados en su contra; inclusive, las determinaciones en que la autoridad judicial requiere al quejoso, a fin de que cumpla cierto requisito u obligación y lo apercibe con la imposición de un arresto para el caso de incumplimiento, pues en ese supuesto, existe riesgo inminente de que se prive de su libertad personal. Sirve de apoyo a esa enumeración, las siguientes tesis de jurisprudencia, las seis primeras sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la última por el Pleno de ese Máximo Tribunal, cuyos datos de identificación se indican enseguida: Tesis de jurisprudencia doscientos sesenta y seis, publicada en la página ciento noventa y cinco, Tomo II, Materia Penal, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, que reza: ‘PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN Y SU EJECUCIÓN.’ (se transcribe). Jurisprudencia sesenta y cinco, publicada en la página cuarenta y siete, Tomo II, Materia Penal, Octava Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, que dice: ‘AUTO DE SUJECIÓN A PROCESO, NO ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE APELACIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO QUE SE INTERPONE EN SU CONTRA.’ (se transcribe). Jurisprudencia 1a./J. 82/99, consultable en la página noventa y dos, Tomo X, diciembre de 1999, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘LIBERTAD PROVISIONAL. EL AUTO QUE FIJA EL MONTO Y FORMA DE LA GARANTÍA PARA DISFRUTARLA CONSTITUYE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.’ (se transcribe). Tesis de jurisprudencia doscientos tres, visible en la página ciento cuarenta y cinco, Tomo II, Materia Penal, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año dos mil, que establece: ‘INCIDENTE DE TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LAS PENAS. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE CONSTITUYE UN ACTO QUE AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL, POR LO QUE PUEDE IMPUGNARSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY.’ (se transcribe). Jurisprudencia 1a./J. 119/2005, consultable en la página sesenta y siete, Tomo XXII, octubre de 2005, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: ‘AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS, SIN NECESIDAD DE AGOTAR PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PREVISTOS EN LA LEY Y PUEDE PROMOVERSE EN CUALQUIER TIEMPO.’ (se transcribe). Tesis de jurisprudencia 1a./J. 101/2008, consultable en la página trescientos setenta y ocho, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: ‘PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN JURISDICCIONAL QUE NIEGA DECLARARLA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN QUE SEA NECESARIO AGOTAR PREVIAMENTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.’ (se transcribe). Jurisprudencia P./J. 17/98, publicada en la página seis, Tomo VII, febrero de 1998, materias civil y común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA.’ (se transcribe) ... . Ahora bien, cuando en el juicio de amparo se reclama el acuerdo a través del cual se requiere al quejoso para que cumpla con ciertos requisitos u obligaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le revocará el beneficio de la libertad provisional que se le otorgó y se girará orden de reaprehensión en su contra, se hacen presentes los puntos esenciales destacados, porque desde ese acto se señala la sanción que se impondrá al agraviado para el caso de incumplimiento, aquélla atenta en forma directa su libertad personal y, por tanto, lo obliga a observar la conducta requerida. Entonces, en este último caso es aplicable, por identidad de razones, la citada tesis de jurisprudencia P./J. 17/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre el particular, es aplicable la tesis aislada del Pleno de ese Alto Tribunal, publicada en la página catorce, Volumen 39, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ‘ANALOGÍA, APLICACIÓN POR, DE TESIS DEL TRIBUNAL EN PLENO.’ (se transcribe). En el presente caso, el quejoso reclamó el auto de veinte de diciembre de dos mil doce, pronunciado por el Juez Primero de Distrito en el Estado, en la causa penal **********, donde le ordenó presentarse ante el jefe de Departamento de Trabajo Social del Centro de Reinserción Social Número Uno del Estado, en un término de tres días, para realizar un estudio socioeconómico, y lo apercibe que de no presentarse, revocará el beneficio de la libertad provisional otorgado y ordenará su reaprehensión. En la resolución impugnada, el señor Juez Tercero de Distrito en el Estado estimó actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, básicamente, porque el acto reclamado admite el recurso de apelación previsto en el numeral 363 del Código Federal de Procedimientos Penales, y el quejoso no lo agotó antes de promover el juicio de garantías, con lo cual incumplió el principio de definitividad que rige su ejercicio. Sin embargo, como el acto reclamado afecta directamente la libertad personal del quejoso, es claro que encuadra dentro de los casos de excepción del principio de definitividad y, por ello, no opera la causa de improcedencia que consideró el señor Juez de Distrito. Al respecto, ilustra la tesis aislada VI.1o.P.269 P, que se comparte, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página tres mil ciento treinta y nueve, Tomo XXX, septiembre de 2009, materia penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘IDENTIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PROCESADO. CUANDO EN EL AUTO QUE LA ORDENA, SE APERCIBE QUE DE NO DARSE CUMPLIMIENTO SE REVOCARÁ LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN DE QUE GOZA EL INCULPADO Y SE ORDENARÁ SU REAPREHENSIÓN, SE SURTE UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, PROCEDE EN SU CONTRA EL AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe). En tal virtud, procede revocar la resolución impugnada y, en su lugar, ordenar la admisión de la demanda de amparo de que se trata, siempre y cuando el juzgador no advierta algún otro motivo manifiesto e indudable de improcedencia."

Asimismo, el referido Tribunal Colegiado, al resolver la diversa improcedencia penal 95/2013, el veintiocho de febrero de dos mil trece, sostuvo igual criterio que en la citada improcedencia penal **********.

2. Por otra parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión penal **********, el veintinueve de octubre de dos mil cuatro, en lo que a esta contradicción de tesis interesa, señaló:

"SEXTO. Los ‘agravios’ expresados por el recurrente resultan insuficientes, pues no controvierten las consideraciones sustentadas en la sentencia de amparo recurrida, ni constituyen razonamientos demostrativos de algún agravio de derecho, consecuencia de una violación legal cometida en su perjuicio en la misma, únicos argumentos a examinar para resolver el recurso de revisión, pues sólo éstos conducirían a revocar o modificar una sentencia de amparo ilegal. En efecto, es sabido que por agravio, desde el punto de vista jurídico procesal, debe entenderse la lesión de un derecho cometida, entre otros casos, en una determinación jurisdiccional en perjuicio del destinatario, porque en ésta se aplicó indebidamente la ley o dejó de aplicarse la que rige el caso concreto, motivo por el cual, cuando ésta se impugna, el recurrente, en cada argumento expresado para demostrar su ilegalidad, debe precisar la parte de la misma que se lo causa, citar los preceptos legales violados y explicar el motivo o concepto por el cual fueron infringidos, datos requeridos al plantear un motivo de inconformidad y que, por lo mismo, debió satisfacer el inconforme en los planteamientos formulados en el escrito en análisis, para poder tomarlos en cuenta al resolver el presente recurso de revisión. En tal virtud, tales razonamientos expresados por el inconforme no son aptos jurídicamente para ser tomados en consideración como agravios en el caso a estudio, en virtud de que no conducen a destruir todos los expresados por el Juez de Distrito, para negarle el amparo, por lo cual resultan insuficientes para analizar en cuanto al fondo la sentencia recurrida. Con independencia de lo anterior, este Tribunal Colegiado advierte que, en el caso, se actualiza una causa de improcedencia en el juicio, lo que es materia de estudio preferente, por ser una cuestión de orden público que impide de todas formas abordar el análisis del fondo del asunto, por lo que en términos de lo que disponen la ley de la materia y la jurisprudencia aplicables, se hará pronunciamiento en relación con dicha cuestión. La Ley de Amparo, al respecto, establece: ‘Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: I. ... XVIII. ... Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio.’. A su vez, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, sobre el tema estableció que no obstante un Juez de Distrito al resolver el juicio de amparo, desestime causas de improcedencia y con independencia de que en el recurso de revisión no se exprese algún argumento sobre ese punto particular, ello no impide al Tribunal Colegiado, al conocer del asunto, estimar actualizada alguna causa de improcedencia, al ser el análisis de aquella cuestión de orden público y que la ley de la materia dispone sea examinada oficiosamente. El criterio anterior se sostiene en la jurisprudencia 286, consultable en la página 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, cuyos rubro y contenido dicen: ‘IMPROCEDENCIA. ESTUDIO OFICIOSO EN LA REVISIÓN DE MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS POR EL INFERIOR.’ (se transcribe). A su vez, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre el mismo tema, ha establecido el siguiente criterio, en la jurisprudencia 2a./J. 30/97, consultable en la página 137, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio 1997, del rubro y contenido siguientes: ‘REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.’ (se transcribe). En el caso a estudio, del expediente se advierte que la demanda de amparo promovida por **********, se interpuso en contra de un acuerdo de trámite, dictado por el Juez responsable, en el cual le fijó el término de diez días para que compareciera ante las autoridades competentes a fin de recabar estudio de personalidad y ser identificado administrativamente y le advirtió que en caso de no hacerlo, le revocaría la libertad provisional, previa anuencia del Ministerio Público. En tal virtud, el presente juicio de amparo indirecto resulta improcedente, puesto que se promueve en contra de un acuerdo dentro de un procedimiento penal que contiene un requerimiento hecho al procesado por el Juez de instancia, a fin de que comparezca ante las autoridades correspondientes dentro del término precisado para los fines señalados, haciéndole saber que de no cumplir con ello, le revocaría la libertad otorgada en la causa. Ahora bien, el beneficio de la libertad provisional contemplado en el artículo 20, fracción I, constitucional, constituye más que un beneficio para el procesado, una medida cautelar, cuyo otorgamiento produce un estado de libertad limitado, vinculado a los fines del proceso, por lo que el procesado, con relación a éste, queda sujeto al órgano jurisdiccional que lo procesa, mediante las condiciones impuestas al otorgársele dicha medida, es decir, ésta garantiza que el encausado quede sujeto al procedimiento correspondiente, por lo cual le puede ser revocado en cualquier momento, de no cumplir con las obligaciones señaladas para disfrutar del mismo, mediante las cuales se le hace saber la obligación de acatar las órdenes del juzgado o tribunal y cuyo incumplimiento le pueden acarrear la revocación del mismo. Ahora bien, en el caso particular, la determinación del Juez de instancia reclamada por el quejoso, en la cual se le requiere para que cumpla con la determinación de identificarse administrativamente y de recabar su estudio de personalidad, es una determinación en contra de la cual la ley procesal prevé un recurso por el cual pudo ser revocada o modificada. En efecto, el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, en el título cuarto, capítulos I y II, respecto de los medios de impugnación procedentes en contra de las determinaciones emitidas en la tramitación de una causa penal, en lo que interesa, dispone: (se transcriben). De lo antes transcrito, se advierte que en el procedimiento penal del fuero común, todas las resoluciones jurisdiccionales son recurribles, ya mediante el recurso de revocación o a través de la apelación, resultando procedente este último respecto de un número limitado de resoluciones, concretamente las señaladas en el precepto 418 transcrito, o en las hipótesis de los numerales 492, 497 y 540 del ordenamiento adjetivo en cuestión, por lo que resulta procedente en contra de todas aquellas determinaciones no apelables, el señalado recurso de revocación. De lo anterior, se concluye que antes de promover el juicio de amparo del cual deriva el presente recurso de revisión, en contra del acuerdo impugnado el quejoso debió interponer dicho medio de defensa, pues con base en éste, pudo obtener la anulación o modificación del mismo, a efecto de satisfacer el principio de definitividad exigido previa la tramitación del juicio de garantías. En este sentido, la Ley de Amparo dispone: (se transcribe artículo 73). Luego entonces, en el caso se actualiza la causa de improcedencia transcrita, puesto que la ley considera improcedente el juicio de amparo contra cualquier resolución tomada por tribunales judiciales, emitidas dentro del procedimiento, contra las cuales la ley del acto prevea algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, siempre que la reparabilidad del acto reclamado sea factible dentro del mismo procedimiento en el cual tuvo lugar, obligando al quejoso a agotar tales recursos o medios de defensa, sin tomar en consideración si los mismos suspenden o no el acto reclamado, pues el precepto legal transcrito no condiciona a dicha circunstancia la obligación de cumplir con el principio de definitividad. No obsta en contrario que, en el acuerdo reclamado, el Juez de instrucción señalara al quejoso la posibilidad de revocarle la libertad provisional para el caso de incumplir con lo ordenado en el mismo, pues tal advertencia no actualiza la excepción prevista en el segundo párrafo de la fracción transcrita, al no constituir peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos en el numeral 22 de la Constitución. Ciertamente, que en el acuerdo reclamado se advierta al procesado **********, que si no cumple con lo ordenado, le será revocada la libertad provisional concedida en el proceso, implica que dicha prevención sólo le da a conocer las consecuencias a generar de no acatar la obligación impuesta dentro del proceso, pero este tipo de prevención no le depara perjuicio en su esfera jurídica, pues constituye simple reiteración de una obligación y el aviso que de no acatarla le ocasionará hasta entonces la revocación de la libertad provisional de que disfruta. Luego entonces, el requerimiento hecho al quejoso en el acuerdo reclamado, como reiteración de la obligación contraída al momento de acogerse al beneficio de la libertad provisional y la amenaza que de no acatarla le acarrearía la revocación del beneficio señalado, por incumplimiento de ésta, no constituye un acto de molestia que lesione su esfera jurídica, pues sólo lo obliga a cumplir con una obligación procesal consistente en el debido acatamiento a lo ordenado por el Juez que le instruye proceso, para la debida tramitación de éste, mas no le restringe ningún derecho sustantivo por sí mismo, de ahí que, como se dijo, no se actualiza la causa de excepción a efecto de que pudiera promover juicio de garantías, sin antes haber interpuesto el medio de defensa precisado. De tal manera, resulta procedente revocar en lo impugnado, la sentencia a estudio, para sobreseer en el juicio de amparo promovido por **********, en contra de la determinación jurisdiccional precisada, en términos de lo previsto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 1571, visible en la página 2515, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del contenido literal siguiente: ‘RECURSOS ORDINARIOS.’ (se transcribe). Igualmente, aplicable al caso es la jurisprudencia 1577, visible en la foja 2523, del Apéndice al Semanario Judicial invocado, del texto siguiente: ‘RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO.’ (se transcribe)."

De las consideraciones anteriores derivó la siguiente tesis aislada:

"AMPARO IMPROCEDENTE. SI NO SE AGOTA EL RECURSO ORDINARIO CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DEL PROCESO POR EL CUAL REQUIERE AL INCULPADO RECABAR FICHA SIGNALÉTICA Y ESTUDIO DE PERSONALIDAD, APERCIBIDO CON REVOCARLE LA LIBERTAD PROVISIONAL. Es equivocada la determinación del Juez de Distrito de negar al quejoso el amparo solicitado en contra del acuerdo reclamado al Juez de instancia, consistente en que lo requirió para que recabe su ficha signalética y el estudio de personalidad, apercibido que de no cumplir dicha determinación en el plazo fijado al efecto, le revocaría la libertad provisional, pues resulta indudable que el Juez de garantías no atendió el principio de que el análisis de las causas de improcedencia en el juicio de amparo son de orden público y por lo mismo de estudio preferente, en virtud de que si a dicho quejoso le fue concedida la libertad provisional a que alude el artículo 20, apartado A, fracción I, constitucional, medida cautelar que produce un estado de libertad limitado, vinculado a los fines del proceso, mediante las condiciones impuestas, al ser jurídicamente revocable dicha concesión por incumplimiento de las obligaciones señaladas al otorgarla, es evidente que el acuerdo respectivo es recurrible mediante la interposición del recurso ordinario, lo cual debe hacerse antes de la interposición del juicio de amparo indirecto, con el fin de cumplir con el principio de definitividad, por lo que quedó obligado a agotar dicho medio de impugnación y, al no hacerlo, se actualizó la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el recurso procedente tendría por objeto modificar, revocar o nulificar el proveído señalado. En consecuencia, el requerimiento correspondiente sólo constituye reiteración de las obligaciones contraídas al obtener la libertad procesal, que no constituye un acto de molestia que lesione la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues sólo lo obliga a cumplir con una obligación procesal, pero no le restringe derecho sustantivo alguno que actualice la causa de excepción señalada en el precepto legal invocado, en virtud de la cual pueda promover el juicio de amparo.

"Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. Amparo en revisión **********. 29 de octubre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Velasco Félix. Secretario: Daniel Juan García Hernández." (Tesis aislada, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, febrero de 2005, página 1627)

CUARTO. Existencia de la contradicción. En primer lugar, debe determinarse si en el caso existe contradicción de criterios, pues sólo en tal supuesto es factible que esta Sala emita un pronunciamiento en cuanto al fondo de la presente denuncia.

Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apoya en el criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, al resolver, por unanimidad de diez votos, en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la contradicción de tesis 36/2007-PL, en cuanto a que, de los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 197 y 197-A de la anterior Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito, en las sentencias que pronuncien sostengan "tesis contradictorias", entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho.

Es de precisar, que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas.

De lo anterior se sigue, que la actual integración del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la existencia de la contradicción de tesis debe estar condicionada a que las Salas de esta Corte o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien:

a) Sostengan tesis contradictorias, entendiéndose por "tesis" el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia; y,

b) Que dos o más órganos jurisdiccionales terminales adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo originan no sean exactamente iguales.

La finalidad de dicha determinación es definir puntos jurídicos que den seguridad jurídica a los gobernados, pues para ello fue creada desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la figura jurídica de la contradicción de tesis.

Sirven de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada XLVII/2009, también del Tribunal Pleno, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)

CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(2)

De igual modo, con base en dicho criterio, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(3)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(4)

Tomando en cuenta lo anterior, en la especie, sí existe contradicción de criterios entre los emitidos por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por la razones que se exponen a continuación:

En principio, se encuentra satisfecho el requisito consistente en que al resolverse los negocios jurídicos sometidos a la consideración de los Tribunales Colegiados, se examinó una cuestión jurídica esencialmente igual, relativa a determinar si el quejoso tiene obligación de agotar el re

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24572-fc770a82/auto-que-apercibe-al-procesado-con-revocar-su · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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