Corpus
Modo: Corpus Pro

AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DEBE LIMITARSE A RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, DE ACUERDO AL CONTENIDO DE LA CONSIGNACIÓN, AL CARECER DE FACULTADES PARA DETERMINAR POR SÍ MISMO LOS HECHOS Y LA CONDUCTA ATRIBUIDA MEDIANTE LA REVISIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA, SI ESTAS CIRCUNSTANCIAS NO FUERON PRECISADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL EJERCER LA ACCIÓN PENAL.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2014. · Registro digital (IUS): 25393
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ANTERIORMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIG
Localización: Décima Época. Primera Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I, Pág. 54.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 51/2014. SUSCITADA ENTRE EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO, ANTERIORMENTE PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA OCTAVA REGIÓN Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 8 DE OCTUBRE DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, POR LO QUE SE REFIERE AL FONDO. PONENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. SECRETARIO: JULIO VEREDÍN SENA VELÁZQUEZ.

III. Competencia

9. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente contradicción de tesis, que se denuncia como suscitada entre Tribunales Colegiados de distinto circuito. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en términos del criterio sustentado por el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis P. I/2012, de rubro:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(9)

10. Así como, por lo prescrito en el artículo 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en relación con los puntos segundo, fracción VII, tercero y quinto del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, en virtud de que se trata de una denuncia de contradicción de tesis suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de diversos circuitos, en un tema que, por ser de naturaleza penal, corresponde a la materia de especialidad de la Primera Sala.

IV. Legitimación

11. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, porque fue denunciada por la Magistrada presidenta de uno de los Tribunales Colegiados que emitió -al resolver diversos amparos en revisión- uno de los criterios contendientes. Por tanto, formalmente se actualizó el supuesto de legitimación a que aluden los artículos 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Federal, 226, fracción II, y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece.

V. Existencia de la contradicción

12. El presente asunto cumple con los requisitos de existencia de las contradicciones de tesis, fijados por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales exigen que:

a) Los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese;

b) Entre los ejercicios interpretativos respectivos se encuentre algún punto de toque, es decir, que exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general; y,

c) Lo anterior pueda dar lugar a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la forma de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible.

13. Tales requisitos se encuentran en las jurisprudencias de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(10) y "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(11)

14. A continuación se precisan las razones por las cuales se considera que en el caso concreto se actualizan todos los requisitos enunciados.

15. Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. A juicio de esta Primera Sala, los tribunales contendientes al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de las resoluciones emitidas por los Tribunales Colegiados que participan en esta contradicción de tesis, tal como se verá a continuación:

16. El Tribunal Colegiado denunciante, Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con anterior denominación Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, resolvió los juicios de amparo en revisión 458/2012 (expediente auxiliar 1088/2012), 532/2012 (expediente auxiliar 86/2013) y 555/2012 (expediente auxiliar 101/2013), en los que el acto reclamado consistió en el dictado de un auto de plazo constitucional por el que se decretó la formal prisión del quejoso en una causa penal.

17. El Tribunal Colegiado sostuvo que era procedente conceder el amparo solicitado, en virtud de que existía imposibilidad jurídica para que la autoridad judicial responsable decidiera la situación jurídica del inculpado, mediante el análisis de fondo del auto de formal prisión. Lo anterior, en virtud de que la consignación era deficiente y carecía de materia, porque el Ministerio Público no especificó los hechos y la conducta relacionados con el delito atribuido al indiciado.

18. Luego, si la consignación es el acto mediante el cual el Ministerio Público ejerce acción penal, por hechos materia de una averiguación previa de los que se desprende la comisión de un delito y la probable participación de una persona, con efectos de pretensión punitiva; entonces debe considerarse como un acto equivalente a una demanda de cualquier juicio de las restantes ramas procesales. Por tanto, tendrá que contener un resumen o relatoría de los hechos que dieron origen a la investigación ministerial y que son materia de la imputación hacia el indiciado.

19. Así, ante la circunstancia descrita, lo procedente es que el Juez de la causa penal considere deficiente la consignación y la devuelva al Ministerio Público para que la subsane, a efecto de que pueda nuevamente ejercer la acción penal.

20. El criterio sostenido por el Tribunal Colegiado denunciante, en su anterior denominación Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, se refleja en la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/5 (10a.),(12) con el contenido siguiente:

"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN RESPECTIVO EL MINISTERIO PÚBLICO NO ESPECIFICA LOS HECHOS Y LA CONDUCTA IMPUTADOS AL INDICIADO, EL JUEZ DE LA CAUSA DEBERÁ CONSIDERARLA DEFICIENTE POR CARECER DE MATERIA Y DEVOLVERLA A AQUÉL, SIN PERJUICIO DE QUE POSTERIORMENTE EJERZA NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL. De la interpretación sistemática de los artículos 16, 19, 20, apartado A, fracción III, 21, primer párrafo (en sus textos anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) y 102, apartado A, segundo párrafo, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 212, de rubro: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’; se colige que en el pliego de consignación de la averiguación previa el Ministerio Público debe expresar a la autoridad jurisdiccional la razón de la pretensión (causa imputandi), es decir, por una parte, especificar las pruebas con las que se cuente hasta ese momento; los hechos que con éstas se estima acreditados (fundamentos de hecho); y las normas que se consideran aplicables (fundamentos de derecho) y, por otra, la precisión de lo solicitado (objeto de la pretensión). Lo anterior, en virtud de que corresponde al juzgador calificar la pretensión punitiva y decidir si efectivamente existe la relación de coincidencia entre una conducta ocurrida históricamente (hecho específico real) y una conducta prevista como hipótesis en una norma jurídica a la que se vinculan consecuencias de derecho (hecho específico legal), ya sea conforme a los fundamentos de derecho expresados por el acusador o reclasificándolos normativamente, de ahí que los fundamentos de hecho sean indispensables. Ahora bien, si en dicho pliego el órgano técnico acusador no especifica los hechos y la conducta que se le imputan al indiciado, la consignación carece de materia pues, al no existir la expresión de un hecho específico real susceptible de ser analizado por el juzgador, éste no está en aptitud de pronunciarse oficiosamente respecto de la valoración de fondo de una orden de aprehensión o de un auto de término constitucional; además de que se dejaría en estado de indefensión al indiciado, porque al rendir su declaración preparatoria no podría cumplirse con la obligación prevista en la fracción III del mencionado artículo 20, apartado A, constitucional de informarle los hechos que se le imputan. Por tanto, el Juez de la causa deberá considerar que la consignación realizada por el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal es deficiente y devolverla a éste para que la subsane sin perjuicio de que posteriormente pueda ejercer nuevamente la acción penal."

21. En cambio, al resolver los amparos en revisión 191/2013, 165/2013, 184/2013, 166/2013 y 188/2013, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito expresó que no compartía el criterio sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región (actualmente Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito) y las razones del disentimiento.

22. Afirmó el Tribunal Colegiado que al no existir un ordenamiento legal que establezca las formalidades esenciales que debe cumplir el escrito de consignación, el Ministerio Público no está obligado a incorporar un apartado de hechos. Además, porque en la consignación se especifica el delito que se atribuye y los elementos que lo configuran, en tanto que de la averiguación previa que se anexa se desprenden las circunstancias en que se desarrollaron los hechos.

23. De ahí que en términos del artículo 19 de la Constitución Federal, es obligación del Juez que conoce de la causa penal señalar las circunstancias de ejecución del delito para efecto de resolver sobre el dictado del auto de plazo constitucional, porque esta resolución debe basarse en el estudio de los hechos que arroja la averiguación previa, a fin de determinar la existencia del cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal del inculpado.

24. Lo anterior, con independencia de que el Ministerio Público no precise en la consignación las circunstancias de comisión del delito, ya que éstas se advierten de la averiguación previa. Además de estimarse que la consignación es equiparable a una demanda de las restantes ramas procesales, la autoridad judicial tiene que estudiar de forma integral la consignación, como si fuera una demanda, y la averiguación previa que la acompaña. Lo cual permite al juzgador contar con los datos necesarios para dilucidar cuáles fueron los hechos de los que deriva el ilícito penal que se atribuye al indiciado.

25. El Tribunal Colegiado precisó que es una situación distinta cuando lo que se resuelve es la solicitud de orden de aprehensión o de presentación del inculpado, porque en estos casos la autoridad judicial sí debe verificar si el Ministerio Público cumple con los requisitos establecidos en los artículos 16 de la Constitución Federal y 306 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche. En caso contrario, el Juez deberá regresar el expediente al órgano ministerial para el trámite correspondiente.

26. Las razones sustentadas por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito dieron origen a las jurisprudencias XXXI.J/2 (10a.)(13) y XXXI.J/3 (10a.),(14) con el rubro y texto siguientes:

"AVERIGUACIÓN PREVIA. SI AL RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO, EL JUEZ ADVIERTE QUE EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN NO SE ESPECIFICAN LOS HECHOS Y LA CONDUCTA QUE SE LE REPROCHAN, ES ILEGAL QUE ARGUMENTE QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO TÉCNICAMENTE PARA DICTAR SU RESOLUCIÓN Y LO DEVUELVA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE LO SUBSANE Y EJERCITE NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL, PUES CONFORME AL ARTÍCULO 322 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CAMPECHE, PUEDE DICTAR EL FALLO ATENDIENDO A LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN EN AQUÉLLA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 64/2012 (10a.)]. Cuando el Ministerio Público presenta el pliego de consignación para solicitar una orden de aprehensión o presentación sin detenido, el Juez está facultado y debe estudiar y verificar que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 306 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche y, en caso contrario, devolverlo junto con el expediente para que se subsanen y se ejercite nuevamente la acción penal; sin embargo, si al resolver la situación jurídica del inculpado, el Juez advierte que en dicho escrito de consignación no se especifican los hechos y la conducta que se le reprochan, es ilegal que argumente que está imposibilitado técnicamente para dictar su resolución y lo devuelva al Ministerio Público para que lo subsane y ejercite de nueva cuenta la acción persecutoria; pues no existe ordenamiento alguno que establezca las formalidades legales esenciales que debe cumplir la representación social al momento de elaborar su escrito de consignación o que éste deba tener un apartado de ‘hechos’; por lo que, conforme al artículo 322 del citado código puede dictar el fallo atendiendo a las constancias de la averiguación previa; máxime si dentro del pliego de consignación se observa el delito que se le imputa al indiciado y los elementos que lo configuran, y de la propia indagatoria se adviertan las circunstancias de tiempo, modo y lugar de donde surgió el ilícito. De ahí que sea inaplicable la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XI, Tomo 1, agosto de 2012, página 212, de rubro: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO.’, en la que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en cuenta sólo los hechos materia de la consignación; pues en el Estado de Campeche, la redacción del mencionado precepto 322 es distinta, en cuanto señala que el Juez: ‘al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, podrá cambiar la clasificación legal que de los hechos se hizo al ejercitarse la acción penal, siempre que funde debidamente tal modificación, atendiendo a las constancias de autos.’; por lo que al no haber similitud entre ambas disposiciones, la interpretación del precepto federal que realiza la Primera Sala, y que dio origen a la jurisprudencia de referencia, no es aplicable a los casos penales en esta entidad."

"AVERIGUACIÓN PREVIA. LA FACULTAD DEL JUEZ PARA DEVOLVERLA AL MINISTERIO PÚBLICO PARA QUE SUBSANE LAS DEFICIENCIAS DEL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN Y EJERCITE NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL, TIENE LUGAR CUANDO CONOCE DE UNA SOLICITUD DE ORDEN DE APREHENSIÓN O PRESENTACIÓN SIN DETENIDO Y NO AL MOMENTO DE RESOLVER LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL INCULPADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CAMPECHE). Cuando el Ministerio Público presenta el pliego de consignación para solicitar una orden de aprehensión o presentación sin detenido, el Juez está facultado y debe estudiar y verificar que se hayan cumplido los requisitos establecidos en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 306 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche y, en caso contrario, devolverlo junto con el expediente para que se subsanen y se ejercite nuevamente la acción penal; sin embargo, cuando el procedimiento se encuentra en la fase de resolución de la situación jurídica del inculpado, y se adviertan vicios formales en dicho pliego de consignación, el juzgador no puede argumentar que está imposibilitado técnicamente para resolver y devolver los autos al Ministerio Público, pues su facultad para regresar a la representación social la averiguación previa para que subsane las deficiencias del pliego de consignación tiene lugar cuando conoce de una solicitud de orden de aprehensión o presentación sin detenido y no al momento de resolver la situación jurídica del inculpado, porque conforme al artículo 322 del citado código, la autoridad puede dictar un auto de formal prisión o de sujeción a proceso, incluso cambiar la clasificación legal que de los hechos se hizo al ejercitarse la acción penal, en atención a las constancias que obran en la indagatoria y que el Ministerio Público acompañó a su escrito de consignación."

27. Así, la necesidad interpretativa a la que se enfrentaron los Tribunales Colegiados contendientes tuvo que ver con la decisión que debería asumir un Juez al momento de resolver el auto de plazo constitucional, para definir la situación jurídica de una persona contra la que el Ministerio Público ejerció acción penal como probable responsable de la comisión de un delito. La problemática jurídica derivaba de que en el escrito de consignación no se especificaban los hechos y la conducta relacionados con el delito atribuido.

28. Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los Tribunales Colegiados contendientes existió un punto de toque con respecto a la resolución de un mismo tipo de problema jurídico a resolver. Los siguientes datos corroboran esta información:

29. Los Tribunales Colegiados resolvieron casos en los que se vieron obligados a establecer cuál debía ser la decisión de un Juez que conociera de una causa penal, si al dictar el auto de plazo constitucional advierte que en el escrito de consignación no se especifican los hechos y la conducta relacionados con el delito atribuido al inculpado.

30. En este punto es importante aclarar que la temática fue analizada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con anterior denominación Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, únicamente al resolver los juicios de amparo en revisión 458/2012 (expediente auxiliar 1088/2012), 532/2012 (expediente auxiliar 86/2013) y 555/2012 (expediente auxiliar 101/2013), que constituyen precedentes de la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/5 (10a.) que emitió. En estos casos se reclamó mediante amparo indirecto el auto de plazo constitucional por el que se decretó la formal prisión del promovente, como probable responsable de la comisión de un delito.

31. Respecto al problema jurídico referido, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con anterior denominación Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región resolvió que existía imposibilidad jurídica para que la autoridad judicial realizara el análisis de fondo sobre el ejercicio de la acción penal, a efecto de resolver la situación jurídica del inculpado en el auto de plazo constitucional, cuando en la consignación no especifican las circunstancias del hecho y la conducta atribuida al imputado. Esto, porque la consignación penal equivale a la demanda que se presenta en cualquier juicio y debe contener una referencia de los hechos investigados por el Ministerio Público, que son materia de la imputación. Por tanto, frente a la problemática precisada, el Juez debe resolver que la consignación es deficiente y devolverla al Ministerio Público para que la subsane, con la posibilidad de que pueda ejercer nuevamente la acción penal.

32. En cambio, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, ante el mismo planteamiento jurídico sostuvo que no existe una disposición jurídica que determine las formalidades con las que debe cumplir el escrito de consignación, por lo que no es obligatorio que contenga un apartado de los hechos por los que se ejerce la acción penal. Máxime que en el escrito de consignación se especifica el delito atribuido y los elementos que lo configuran, al cual se agrega la averiguación previa de la que se desprenden las circunstancias específicas del hecho base de la pretensión punitiva.

33. Por tanto, no existe impedimento jurídico para que el Juez resuelva la situación jurídica del inculpado, teniendo como base el escrito de consignación y la averiguación previa. Sin que sea procedente declarar la deficiencia de la consignación y devolverla al Ministerio Público para que la subsane, porque esto únicamente es aplicable cuando se resuelve la solicitud de orden de aprehensión o de presentación del inculpado.

34. Como puede observarse, ante un mismo problema jurídico sometido a su jurisdicción, los Tribunales Colegiados contendientes arribaron a una conclusión diferente. Así, ante la interrogante que plantea qué debe hacer la autoridad judicial cuando al dictar el auto de plazo constitucional advierta que en el escrito de consignación no se especifican los hechos y la conducta relacionados con el delito atribuido al inculpado, existen dos posiciones que proponen soluciones distintas.

35. La primera, en la que se sostiene que existe imposibilidad técnica para que el Juez analice de fondo el ejercicio de la acción penal, por lo que debe declarar la deficiencia del escrito de consignación y devolverlo al Ministerio Público para que lo subsane, a fin de que en otra ocasión insista en la pretensión punitiva.

36. Y una segunda posición, que contradice la anterior, al sostener que no existe tal imposibilidad técnica, porque no existe una norma jurídica que imponga como requisito de la consignación la precisión de los hechos y la conducta atribuida al imputado; por tanto, el Juez deberá resolver la situación jurídica del inculpado a partir del escrito de consignación, en el que se precisa el delito y los elementos que lo configuran, así como las constancias de la averiguación previa, de la que se desprenden la circunstancias de comisión del delito. Sin que deba ordenarse la devolución de la consignación al órgano acusador para que la subsane, pues ello solamente procede cuando se resuelve respecto de la solicitud de orden de aprehensión o presentación del indiciado.

37. Congruente con la identificación del punto de confrontación de criterios judiciales, no se consideran para resolver la presente contradicción de tesis las resoluciones dictadas en los amparos en revisión 292/2012 (expediente auxiliar 842/2012) y 361/2012 (expediente auxiliar 970/2012) del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con anterior denominación Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región. Lo anterior, porque con independencia de que configuren precedentes de la jurisprudencia XXVII.1o. (VIII Región) J/5 (10a.), en la que se refleja el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado, los actos reclamados en los juicios de amparo de los que derivan las citadas ejecutorias fueron órdenes de aprehensión.

38. En cambio todas las ejecutorias de las que derivó el criterio pronunciado por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, derivan de juicios de amparos indirectos promovidos contra autos de plazo constitucional en los que se decretó la formal prisión de la persona que tiene el carácter de quejoso. Decisión jurisdiccional en la que se centra el punto de decisión contradictorio entre los Tribunales Colegiados contendientes.

39. Pues incluso, respecto a las determinaciones de orden de aprehensión, ambos Tribunales Colegiados coinciden que ante la deficiencia de la consignación, procede devolverla al Ministerio Público para que la subsane y en otra oportunidad reitere el ejercicio de la acción penal.

40. Tercer requisito: surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. Finalmente, de las constancias de autos se advierte que los puntos de vista de los tribunales contendientes, al reflejar contradicción en sus consideraciones y razonamientos pueden dar lugar a la formulación de una pregunta genuina.

41. Concretamente, el problema por resolver admite ser fraseado de la siguiente manera: en el sistema procesal penal tradicional con preponderancia a la escritura, la etapa procedimental de preinstrucción concluye con el dictado del auto de plazo constitucional, en el que se define la situación jurídica del inculpado frente al ejercicio de la acción penal. Resolución por la que el Juez podrá decretar la formal prisión del inculpado, expresando el delito que se imputa, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos a partir de los cuales se tiene por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de aquél. Sin embargo, frente al caso en el que el Ministerio Público no precise en el escrito de consignación los hechos y la conducta materia de la imputación, se cuestiona sobre la decisión que debe asumir el Juez que conoce de la causa penal. Por una parte, hay una posición que sostiene la existencia de una imposibilidad técnica para resolver la situación jurídica del inculpado, porque la omisión en que incurre el escrito de consignación deja sin materia el ejercicio de la acción penal. Pero existe otra posición en sentido diverso, en la que se propone que la situación jurídica del indiciado debe definirse por el juzgador, a partir del análisis que realice de la consignación y de las constancias que integran la averiguación previa, a fin de determinar la pretensión punitiva, así como los hechos y la conducta materia de la imputación.

42. En este orden de ideas, la pregunta que debe responderse en la presente contradicción es:

¿Cuándo los hechos y la conducta relacionados con el delito atribuido no se establecen en el escrito de consignación, el Juez debe considerarlo deficiente y devolverlo al Ministerio Público para que lo subsane o puede extraer dichas circunstancias directamente de las constancias que integran la averiguación previa y resolver la situación jurídica del indiciado mediante el auto de plazo constitucional?

VI. Criterio imperante

43. Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al tenor de las razones jurídicas que se desarrollan en el presente apartado.

44. En consecuencia, la presente ejecutoria se basa en el desarrollo de dos tópicos esenciales. La delimitación de las funciones del Ministerio Público en ejercicio de la facultad para ejercer la acción penal, así como la aplicación a la problemática jurídica planteada y el alcance del criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se contiene en la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.). Para después desarrollar el análisis jurídico de la interrogante que es materia de la presente contradicción de tesis.

45. Acorde al esquema trazado, es importante precisar que los órganos jurisdiccionales contendientes -Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región) y Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito-, al emitir las ejecutorias en las que emitieron los criterios en contradicción hicieron referencia a la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.) dictada por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

46. Sin embargo, debe precisarse que el señalamiento al criterio jurisprudencial no fue con la finalidad de que a través de su aplicación se resolviera la problemática jurídica a la que se enfrentaban, sino a manera de referente como criterio orientador. Lo cual es importante aclarar, porque esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que una contradicción de tesis es improcedente cuanto los criterios de los Tribunales Colegiados constituyen únicamente la aplicación de la jurisprudencia.(15) Situación que no aconteció en el caso que se resuelve.

47. En efecto, respecto al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, anteriormente Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, se advierte que hizo referencia al criterio emitido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 478/2011, del que derivó la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.). Lo cual utilizó como criterio orientador para delimitar el carácter jurídico que tiene la consignación por la que el Ministerio Público ejerce la acción penal.

48. Por otra parte, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito al expresar las razones por las que no compartía el criterio jurídico sostenido por el entonces Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, también hizo referencia al criterio jurisprudencial, pero para afirmar que no era aplicable para resolver la problemática concreta. Al respecto, afirmó que el criterio reflejado

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25393-f7ca6477/auto-de-plazo-constitucional-el-juez-debe-limitarse · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

Precedentes relacionados

Tesis y jurisprudencia relacionadas

¿Litigas este tema?
En Corpus Iuris puedes buscar con IA en 11,708 sentencias de la SCJN, más de 300 mil tesis y 7 mil leyes, y consultarle al Corpus sobre este criterio.
Buscar precedentes Probar el Corpus gratis

Información referencial — la responsabilidad de validar las citas es del usuario.