AVERIGUACIÓN PREVIA. SI EN EL PLIEGO DE CONSIGNACIÓN RESPECTIVO EL MINISTERIO PÚBLICO NO ESPECIFICA LOS HECHOS Y LA CONDUCTA IMPUTADOS AL INDICIADO, EL JUEZ DE LA CAUSA DEBERÁ CONSIDERARLA DEFICIENTE POR CARECER DE MATERIA Y DEVOLVERLA A AQUÉL, SIN PERJUICIO DE QUE POSTERIORMENTE EJERZA NUEVAMENTE LA ACCIÓN PENAL.
AMPARO EN REVISIÓN 555/2012 (EXPEDIENTE AUXILIAR 101/2013). 18 DE FEBRERO DE 2013. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JUAN RAMÓN RODRÍGUEZ MINAYA. SECRETARIO: JOSÉ LUIS ORDUÑA AGUILERA.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO. Suplencia de la queja. Es innecesario el estudio y análisis de los agravios hechos valer por el recurrente, ya que este órgano colegiado advierte queja deficiente que suplir en términos del artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación a una violación de forma en el dictado del acto reclamado, de carácter preeminente.
Antes de demostrar lo anterior, para una mejor comprensión del asunto que nos ocupa, resulta conveniente destacar los antecedentes del acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa.
Mediante comparecencia de dieciocho de junio de dos mil diez, ante el Ministerio Público residente en la ciudad de Calkini, Campeche, ********** denunció hechos que constituían probablemente la comisión de un delito.
En dicha comparecencia, el declarante señaló, en esencia, que hacía aproximadamente cinco años, había adquirido una franquicia para establecer una sucursal de **********, en el predio **********, de la calle **********, entre **********, de la localidad de **********, pero que al no poder atenderla, se comunicó a la Ciudad de México, donde le informaron que podía ceder esa franquicia a alguien que la quisiera, por lo que en febrero de dos mil diez, se presentó a su domicilio el aquí recurrente **********, quien le indicó que contaba con varias franquicias de la farmacia que tenía el querellante, por lo que negociaron la cesión mediante el pago de **********.
Asimismo, relató que el tres de mayo de dos mil diez, después de realizados los trámites, entregó los documentos de cesión de derechos a **********, quien le entregó el cheque ********** de la institución bancaria Bancomer, con número de cuenta **********, fechado el diez de mayo de dos mil diez, indicando que para esas fechas ya tendría fondos suficientes, de tal manera que al llegar ese día y presentarse el querellante a una sucursal de ese banco, el documento bancario le fue devuelto por contar con fondos insuficientes para su cobro, lo que hizo del conocimiento del indiciado, quien inicialmente le pidió que esperara más tiempo para el cobro, ya que todavía no contaba con numerario suficiente para hacerlo efectivo, lo que el pasivo hizo, empero en fechas posteriores, el recurrente se negó a pagar el adeudo inicial.
La anterior denuncia de hechos dio origen a la averiguación previa **********, del índice de la Dirección de Averiguaciones Previas de la agencia del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Campeche.
Seguidas las investigaciones ministeriales, se ordenó la comparecencia del aquí recurrente **********, quien rindió declaración en relación con los hechos materia de la denuncia ante el órgano técnico investigador mediante escrito de cuatro de enero de dos mil once, ratificado en la misma data.
En el referido escrito, el aquí recurrente manifestó, en esencia, que el trato para adquirir una franquicia de **********, lo hizo con **********, padre del denunciante **********, pues aquél le dijo que el negocio estaba a nombre de éste, pero que en realidad él lo administraba, por lo que convinieron la transacción por la cantidad de **********.
Fue así, narró el aquí recurrente, que le entregó un cheque a ********** por la cantidad convenida, el cual podría cobrar hasta que la franquicia estuviera a su nombre, lo cual ocurrió el veinticinco de mayo de dos mil diez; sin embargo con anterioridad a esa data se intentó cobrar el cheque, lo cual no se pudo por insuficiencia de saldo.
Asimismo, señaló el recurrente que el veintiuno de mayo de dos mil diez, le entregó a ********** ********** y ********** en medicinas, por lo que únicamente le quedaría a deber **********; sin embargo, ********** le dijo que le tenía que pagar los **********.
Por último, reconoció el recurrente que le debe a ********** únicamente la cantidad de ********** por concepto de la franquicia adquirida y no los de **********, que asegura; además, de que no actuó de mala fe ni intentó engañarlo.
Seguidas las indagaciones, el once de mayo de dos mil once, el órgano técnico acusador ejerció la acción penal en contra del aquí recurrente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, en relación con el 363, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche y, en consecuencia, solicitó la orden de aprehensión correspondiente.
La solicitud ministerial fue del conocimiento del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Ramo Penal Primer Distrito con residencia en San Francisco Kobén, Campeche, como causa penal **********, quien en resolución de ocho de agosto de dos mil once, determinó conceder la orden de aprehensión solicitada.
Inconforme con lo anterior, el aquí recurrente promovió juicio de amparo indirecto en su contra, el cual fue del conocimiento de la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche como expediente **********, quien le concedió la suspensión definitiva y le ordenó que se presentara ante el Juez de la causa a rendir su declaración preparatoria.
El veinticuatro de agosto de dos mil once, el aquí recurrente se presentó ante el Juez de la causa penal y rindió por escrito su declaración preparatoria, en la que aceptó lo declarado ante el Ministerio Público e hizo diversas consideraciones de derecho en relación con la acreditación del delito de fraude específico.
El veintisiete de agosto de dos mil doce, el Juez de la causa dictó el auto de término constitucional que constituye el acto reclamado en el juicio constitucional que se revisa, en el que decretó la formal prisión del aquí recurrente **********, por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, en relación con el 363, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche.
Por auto de treinta y uno de agosto de dos mil doce, la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Campeche sobreseyó en el juicio de amparo ********** promovido en contra de la orden de aprehensión por cambio de situación jurídica al haberse dictado el auto de formal prisión; determinación que confirmada por el tribunal auxiliado.
Ahora bien, sentados los antecedentes del acto reclamado, como ya se adelantó, este órgano colegiado advierte queja deficiente que suplir, ya que de un análisis de la sentencia recurrida en relación con el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado en el juicio constitucional que se revisa, se desprende que la a quo pasó desapercibido que la consignación hecha por el Ministerio Público carecía de las formalidades legales que debe reunir para que pudiera ser atendida la solicitud ministerial.
En principio, debe tenerse en cuenta el concepto y naturaleza de la consignación hecha por el representante social (Ministerio Público) al momento de ejercer la acción penal dentro de una averiguación previa.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 478/2011,(1) señaló que la acción penal es el derecho que tiene el Estado de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso.
Asimismo, indicó el Alto Tribunal que el ejercicio de la acción penal exigía una investigación previa del hecho respecto del cual se solicitaría la aplicación de la ley; ello lo hacía mediante la búsqueda de datos que acreditaran la existencia del delito y la responsabilidad de quien en él participa, todo lo cual se realizaba durante la etapa de la averiguación previa.
Explicó la Primera Sala, que una vez que el Ministerio Público verificaba la existencia del hecho delictuoso, iniciaba el ejercicio de la acción penal con la correspondiente consignación por escrito ante la autoridad jurisdiccional. Así, la consignación representa el primer sometimiento de los hechos al conocimiento de la autoridad judicial y, a través de ella, el Ministerio Público solicita al juzgador el inicio del proceso, ofreciendo las pruebas con las que cuente hasta ese momento para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad; concomitantemente, puede solicitar el libramiento de las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan, el aseguramiento precautorio de bienes, entre otras cosas.
Es así que señaló el Máximo Tribunal del País que era a través de la consignación, que el Ministerio Público realizaba una función acusatoria por excelencia, la cual se contenía en los artículos 21 (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho) y 102 de la Constitución Federal.
Por último, en lo que interesa, la Primera Sala precisó que una vez ejercitada la acción penal, iniciaba el periodo de preinstrucción del proceso, durante el cual la autoridad judicial definía la situación jurídica del indiciado y, ello se expresaba, entre otros, en el auto de formal prisión, el cual encontraba su fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de junio de dos mil ocho).
Por otra parte, Franco Villa(2) define a la consignación, como "la determinación del Ministerio Público, a través de la cual ejercita la acción penal ante los tribunales, teniendo como presupuesto la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado para que se aplique la ley al caso concreto y resuelvan si hay fundamento o no para seguir un proceso en su contra."
Por su parte, el tratadista Marco Antonio Díaz de León,(3) define a la consignación como "el acto por el cual, de manera escrita, el Ministerio Público ejercita la acción penal y expresa la pretensión punitiva ante el órgano jurisdiccional."
La Enciclopedia Jurídica Mexicana,(4) en relación a esta figura jurídica, en la parte que interesa señala: "La consignación en materia penal es la instancia a través de la cual el Ministerio Público ejercita la acción punitiva, por considerar que durante la averiguación previa se ha comprobado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado. Cuando el propio MP presenta el escrito de consignación ante el Juez penal competente (escrito que debe considerarse como equivalente a la demanda en las restantes ramas procesales), solicita del tribunal la iniciación del procedimiento judicial; las órdenes de comparecencia y las de aprehensión que procedan; el aseguramiento precautorio de bienes para los efectos de la reparación del daño, y en su caso, las sanciones respectivas; pero al mismo tiempo debe ofrecer las pruebas de la existencia de los delitos y de la probable responsabilidad de los inculpados. ..."
De las anteriores definiciones, se desprende que la consignación es el acto mediante el cual el Ministerio Público ejerce la acción punitiva al considerar que de los hechos materia de la averiguación previa, se desprenden la comisión de un delito; por lo que debe estar acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
Asimismo, se desprende que por su naturaleza la consignación debe considerarse como el equivalente a la demanda en las restantes ramas procesales, pues es a partir de ésta que se inicia una pretensión, en este caso punitiva, ante una instancia jurisdiccional.
En relación con la pretensión que sustenta toda demanda, debe decirse que su naturaleza jurídica es la de vincular o sujetar a una persona en determinado sentido y para ciertos efectos jurídicos concretos a través de una sentencia.
De igual forma debe decirse que la pretensión tiene dos elementos esenciales; su objeto y razón; esto es, lo que persigue con ella y la afirmación de que lo reclamado se deduce de ciertos hechos que coinciden con los presupuestos fácticos de la norma jurídica cuya actuación se pide para obtener dichos efectos.(5) Por tal razón, es que en la demanda se exige indicar lo que se pide y los fundamentos de hecho.
Así, el objeto de la pretensión lo constituye el determinado efecto jurídico perseguido, la tutela jurídica que se reclama; mientras que la razón de la pretensión se identifica con la causa petendi de la demanda, es decir, la relación entre el conjunto de hechos que constituyen un relato histórico de las circunstancias de donde se cree deducir lo que se pretende y la afirmación de su conformidad con el derecho.
Por otra parte, en relación con los requisitos que debe contener la consignación, Franco Villa(6) considera que la consignación:
"Se formulará por escrito, expresando el lugar y fecha en que se pronuncie, los nombres y apellidos del indiciado, un resumen de los hechos delictuosos denunciados y relación de pruebas desahogadas, las consideraciones legales que funden y motiven la comprobación del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, los artículos de la ley que apoyen la resolución de que se trata, y las proposiciones concretas en las cuales se menciona que se consigna ante el Juez de Distrito correspondiente, la averiguación previa, que se ejercita acción penal en contra del probable responsable, por el delito que se menciona en la misma y se solicitará al Juez del conocimiento libre orden de aprehensión o comparecencia; pidiéndole que inicie el procedimiento judicial correspondiente, le dé al Ministerio Público Federal la intervención que a su representación compete; resolviendo, en su caso, sobre la situación jurídica de detenidos, objetos o instrumentos del delito, la designación de la autoridad que la dicte, los testigos con quien actúe y los demás resolutivos que resulten procedentes conforme a la ley."
Es así que, entre otros requisitos, la consignación debe contener un resumen o relatoría sucinta de los hechos que dieron origen a la averiguación previa y que son materia de imputación al indiciado, ya que al tener la naturaleza similar a la de una demanda, la pretensión (punitiva), como en cualquier juicio de otra materia, debe estar sustentada en los hechos que le dieron origen.
En relación con el marco constitucional, de conformidad con el artículo 19 de la Carta Magna, anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho,(7) los requisitos mínimos que debe expresar una autoridad judicial en el dictado de un auto de formal prisión, son los siguientes:
1. Expresión del delito que se le impute al acusado;
2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito.
3. Los datos que arroje la averiguación previa.
4. Comprobar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
De igual forma, los artículos 16, párrafo segundo, 20, apartado A, fracción III, 21, primer párrafo,(8) y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen lo siguiente:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.
"No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado."
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:
"A. Del inculpado: ...
"III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria."
"Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas."
"Artículo 102.
"A. ...
"Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine."
De los preceptos constitucionales en cita, se desprende que en materia federal, le corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de los delitos federales por lo que, por regla general, sólo éste se encuentra facultado para solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados, entre otras prerrogativas, las cuales se sustentan en la denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.
Asimismo, que el indiciado tiene derecho a conocer el hecho punible que se le atribuye a fin de que esté en aptitud de poder contestar el cargo y preparar su defensa.
Por otra parte, el artículo 75 de la Constitución Política del Estado de Campeche,(9) dispone que la ley organizará el Ministerio Público del Estado, a quien le corresponde la persecución ante los tribunales locales, de todos los delitos del orden común y, por tanto, solo éste se encuentra facultado para solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados y solicitar la aplicación de penas.
En relación con lo anterior, el artículo 2 del código procesal penal del Estado de Campeche,(10) establece que le corresponde al Ministerio Público el ejercicio exclusivo de la acción penal.
De un análisis sistemático de los preceptos constitucionales y legales citados, se desprende que el ejercicio de la acción penal es facultad exclusiva del Ministerio Público y, por esa razón, sólo éste puede solicitar el inicio de un procedimiento penal.
Si esto es así, como requisito constitucional de un auto de formal prisión, debe existir el ejercicio previo de la acción penal por parte del Ministerio Público y, consecuentemente, la solicitud de que éste sea procesada por su probable participación en los hechos que tuvo por probados y que, a su consideración, constituyen un delito, lo cual se encuentra contenido en la consignación correspondiente.
Ahora, en relación con la acción penal, los artículos 6, 306, 322 y 422 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Campeche disponen lo siguiente:
"Artículo 6. El Ministerio Público pedirá al Juez la aplicación de la sanción correspondiente al caso concreto de que se trate o la libertad del procesado, sea porque el delito no haya existido, sea porque existiendo no sea imputable al procesado, o porque exista en favor de éste alguna de las circunstancias excluyentes de responsabilidad previstas por el Código Penal, o en los casos de amnistía, prescripción y perdón o consentimiento del ofendido.
"Artículo 7. En el primer caso del artículo anterior, el Ministerio Público presentará sus conclusiones, en las que después de hacer resumen de los hechos que aparezcan comprobados en el proceso, fijará con precisión las disposiciones penales que, a su juicio, sean aplicables."
"Artículo 306. Cuando aparezca de la averiguación previa que existe denuncia o querella, que se han reunido los requisitos previos que en su caso exija la ley y que se han acreditado los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado, el agente del Ministerio Público ejercitará la acción penal ante el órgano jurisdiccional que corresponda; éste radicará de inmediato el asunto, abriendo expediente en el que se resolverá lo que legalmente corresponda y practicará, sin demora alguna, todas las diligencias que resulten procedentes. Si la consignación es con detenido, deberá inmediatamente ratificar la detención, si ésta fuere constitucional; de no serlo decretará la libertad del detenido con las reservas de ley."
"Artículo 322. El Juez al dictar el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, podrá cambiar la clasificación legal que de los hechos se hizo al ejercitarse la acción penal, siempre que funde debidamente tal modificación, atendiendo a las constancias de autos."
"Artículo 422. El Ministerio Público, dentro del término de quince días, practicará desde luego las diligencias necesarias para poder determinar si se hace consignación de los hechos a los tribunales, o no; en el primer caso, y siempre que estos hechos sean de tal naturaleza que si se llegare a dictar sentencia con motivo de ellos, ésta deba necesariamente influir en las resoluciones que pudieran dictarse en el negocio, el Ministerio Público pedirá, y el Juez, o tribunal ordenará que suspenda el procedimiento civil, hasta que se pronuncie una resolución definitiva en el asunto penal."
De una lectura armónica de las normas que preceden, se aprecia que en el ejercicio de la acción penal, el Ministerio Público debe hacer una relación de los hechos que tuvo por comprobados durante la fase de averiguación previa, de los cuales se deben desprender elementos suficientes para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
En ese sentido, la consignación hecha a un Juez del orden penal, debe contener los hechos que constituyen una conducta que encuadra en un tipo penal, la cual, precisamente, se le atribuye al indiciado y técnicamente se le conoce como probable responsabilidad.
Por tanto, el Juez penal analizará la consignación ministerial y determinará en el auto de término constitucional, si la conducta derivada de los hechos que tuvo por acreditados el órgano técnico acusador, son constitutivos del delito por el que se ejerció la acción penal; asimismo, verificará si hay elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad del indiciado.
Incluso, el Juez en materia penal se encuentra autorizado para cambiar la clasificación legal que de los hechos que hizo el Ministerio Público al ejercitar la acción penal, siempre que funde debidamente tal modificación, en atención a las constancias de autos.
Así las cosas, es de concluirse que uno de los elementos principales de una consignación en el ejercicio de la acción penal es la determinación y comprobación de los hechos que dieron origen a la averiguación previa y que integran los elementos del cuerpo del delito, el cual es reprochable al indiciado.
Se afirma lo anterior, ya que es a partir de los hechos que se determina la clasificación legal del delito que se le imputa a un indiciado y, sobre todo, porque los mismos constituyen el objeto de reproche y el ejercicio mismo de la acción penal.
Esto es, el acto de imputación que se realiza en el ejercicio de la acción penal recae, esencialmente, en una conducta derivada de los hechos.
Tan es así, que el juzgador puede variar la clasificación legal de los hechos pero siempre tomando en cuenta los mismos, sin ir más allá de éstos; es decir, la determinación del delito por parte de la autoridad judicial está limitada a los hechos plasmados en el pliego de consignación, lo que significa que no puede modificarlos ni incorporar aquellos que el órgano acusador no estimó.
Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 64/2012 (10a.)(11) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EL JUZGADOR DEBE LIMITARSE A LOS HECHOS MATERIA DE LA CONSIGNACIÓN, SIN QUE PUEDA TOMAR EN CUENTA AQUELLOS QUE DERIVEN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA QUE SEAN DISTINTOS A LOS SEÑALADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO. El artículo 163 del Código Federal de Procedimientos Penales, faculta a la autoridad judicial a dictar el auto de formal prisión por el delito que realmente aparezca comprobado, siempre que tome en cuenta sólo los hechos materia de la consignación. La interpretación literal y genético-teleológica de esta norma permite afirmar que el juzgador no puede variar los hechos materia de la consignación y considerar las actuaciones de la averiguación previa y los hechos que de ellas se deriven, cuando no los hubiera señalado el Ministerio Público en el pliego de consignación, a fin de determinar la situación jurídica del inculpado. Esta afirmación encuentra su justificación en las funciones que desempeñan el Ministerio Público, como órgano acusador, y el Juez, como rector del proceso, las cuales no pueden concurrir. La función del Juez es determinar si la actuación del Ministerio Público cumple o no con los estándares legales a efecto de tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad motivo de la consignación, fijando la materia del proceso con base, única y exclusivamente, en la imputación realizada por el Ministerio Público, sin que pueda asumir el papel de acusador, coadyuvante o asesor del Ministerio Público, pues ello tornaría al proceso penal en un proceso inquisitivo. Toda decisión jurisdiccional tiene como base los principios de equidad procesal e imparcialidad, los que exigen que el Juez sea ajeno a cualquiera de los intereses de las partes, en términos del artículo 17 constitucional, y si bien es cierto que el Juez tiene la facultad de reclasificar los delitos, dicha rectificación sólo se realiza a nivel de tipicidad, por lo que debe distinguirse de aquella actuación que modifica o agrega elementos fácticos diversos a los señalados por la única autoridad competente para ejercitar la acción penal, en términos del artículo 21 constitucional. Si se autoriza que el Juez incluya nuevos hechos en la acusación y que con base en ellos dicte un auto de formal prisión, entonces no se emitirá una actuación justa para el indiciado, porque lo dejará en estado de indefensión al negarle la posibilidad efectiva y equitativa de hacer valer sus puntos de vista y ofrecer pruebas, ya que los hechos por los que finalmente se dicta el auto, escapan de la materia de la acusación."
Además, no debe perderse de vista que la naturaleza de la consignación guarda similitud con la de una demanda, por lo que la pretensión contenida en aquélla (punitiva) debe encontrarse sustentada en los hechos que le dieron origen para que el juzgador esté en aptitud de pronunciarse respecto de su procedencia.
Por tanto, la autoridad judicial debe actuar tomando como base los hechos y argumentos aportados y vertidos por el Ministerio Público al solicitar el ejercicio de la acción penal, por lo que debe ceñirse a éstos, pudiendo sólo rectificar (a nivel de técnica jurídica) el estudio de tipicidad realizado por el representante social, o bien, el que verse sobre la probable responsabilidad.
En el caso que nos ocupa, el veintiocho de octubre de dos mil once el órgano técnico acusador ejerció la acción penal en contra del aquí recurrente por su probable responsabilidad en la comisión del delito de fraude previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, del Código Penal del Estado de Campeche y, en consecuencia, solicitó la orden de aprehensión correspondiente.
El ejercicio de la acción penal se hizo en los siguientes términos:
SE SUPRIME IMAGEN RELACIONADA CON EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL
En el auto de formal prisión que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo que se revisa, el Juez responsable consideró que el ejercicio de la acción penal era procedente, ya que se demostró el cuerpo del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, en relación con el 363, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche.
Por su parte, en la sentencia que se revisa, la a quo consideró que el acto reclamado no era violatorio de derechos fundamentales, ya que las pruebas que obraban en autos, eran aptas y suficientes para acreditar el cuerpo del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, en relación con el 363, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche, así como la probable responsabilidad de ********** en su comisión.
Ahora bien, sentado lo anterior, este órgano colegiado considera que la Jueza de Distrito pasó desapercibido que la consignación que contiene el ejercicio de la acción penal era deficiente al carecer de causa petendi.
En efecto, del escrito de consignación de once de mayo de dos mil once, dictado dentro de la averiguación previa **********, se advierte que el órgano técnico acusador omitió establecer los hechos que constituyeron el objeto y materia de la consignación misma, así como la conducta que le resulta reprochable al indiciado aquí recurrente.
Se afirma lo anterior, dado que el Ministerio Público en la referida consignación, únicamente se limitó a señalar que ejercía acción penal en contra de **********, por su probable participación en la comisión del delito de fraude específico, previsto y sancionado en el artículo 362, fracción IV, en relación con el 363, fracción III, del Código Penal del Estado de Campeche,en agravio de **********; asimismo, indicó que los elementos del cuerpo de ese delito y la probable responsabilidad se acreditaron con los medios de prueba que, de manera enunciativa, enumeró en forma de lista, para finalmente concluir con la solicitud al Juez penal de que girara la orden de aprehensión correspondiente.
Si esto es así, resulta claro que la consignación relatada carece de materia, ya que
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24326-7cb9d361/averiguacion-previa-si-en-el-pliego-de-consignacion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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