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Modo: Corpus Pro

AVERIGUACIÓN PREVIA Y PREINSTRUCCIÓN. EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 188 DE LA LEGISLACIÓN PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (AHORA ARTÍCULO 30 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES), EXIGE QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE -MINISTERIO PÚBLICO O JUEZ- DEJE CONSTANCIA FEHACIENTE EN EL ACTA RESPECTIVA DE QUE SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DEL INCULPADO LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DICHO NUMERAL ESTABLECE. Cumplimiento de formalidades relativas. La autoridad competente debe dejar constancia en forma clara, integral y suficientemente detallada de que se colmaron las exigencias y formalidades de la disposición.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. · Registro digital (IUS): 24736
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2013-12-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Pág. 741.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN AGUASCALIENTES. 5 DE NOVIEMBRE DE 2013. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS. AUSENTE: JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ SANTILLÁN. PONENTE: ÁLVARO OVALLE ÁLVAREZ. SECRETARIA: INDIRA ANG ARMAS.

Aguascalientes, Aguascalientes. El Pleno del Trigésimo Circuito, en la sesión ordinaria correspondiente al cinco de noviembre de dos mil trece, emite la siguiente:

Resolución

Mediante la cual se dirime la contradicción de tesis 1/2013, cuyo probable tema, en términos de la denuncia, consiste en determinar si es necesario que en el acta que se levante con motivo de la declaración preparatoria, se refleje fiel y detalladamente la manera en que se den a conocer al inculpado las prerrogativas que consagran los artículos 20 constitucional, y 188 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes.

I. Antecedentes de la denuncia

Denuncia de la contradicción. Mediante escrito recibido en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el veintiocho de enero de dos mil trece, Iván Millán Escalera, Juez Cuarto de Distrito de la Novena Región Auxiliar, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, denunció la posible contradicción de tesis, que en su opinión existe entre el Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito al resolver el amparo en revisión 352/2012 y el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver los amparos en revisión 136/2012 y 268/2012.

II. Trámite

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en auto de cinco de febrero de dos mil trece, admitió a trámite la denuncia y ordenó su registro como contradicción de tesis 36/2013; asimismo, requirió a las presidencias de los Tribunales Colegiados contendientes remitieran copia certificada de las ejecutorias relativas a los amparos en revisión 352/2012 y 268/2012, de sus respectivos índices, que son materia de la denuncia, en términos de lo establecido en la Circular 3/2011-P del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; ello a fin de integrar el expediente. Además, ordenó turnar el asunto para su estudio a la ponencia del Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; así como dar vista al procurador general de la República para que en el plazo de treinta días emitiera su parecer, de estimarlo pertinente.

El subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante certificación de once de febrero de dos mil trece, señaló que el plazo concedido al procurador general de la República para que emitiera su opinión en el asunto, transcurriría del doce de febrero al veintisiete de marzo de dos mil trece.

Integración del asunto. El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil trece, tuvo por integrada la contradicción de tesis, por lo que ordenó remitir los autos al Ministro designado como ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

El agente del Ministerio Público de la Federación emitió su opinión en el sentido de que la contradicción de tesis es inexistente, en virtud de que no se actualiza el antagonismo de criterios denunciado.

Previo dictamen del Ministro ponente, en el sentido de remitir el expediente relativo al Pleno del Trigésimo Circuito por ser el órgano competente, en auto de uno de julio de dos mil trece el presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó el envío del asunto, el tres de julio del propio año el presidente de este Pleno de Circuito lo tuvo por recibido y el cinco de agosto de dos mil trece determinó el envío de los autos a su ponencia para la formulación del proyecto respectivo, dentro de los noventa días siguientes a que se refiere el artículo 183 de la Ley de Amparo vigente, aplicado por analogía ante la falta de regulación.

No obstante lo anterior, en auto de tres de septiembre se agregó el dictamen de la secretaria de Estudio y Cuenta, y considerando que no se había recabado la copia certificada del amparo en revisión 136/2012, se giró para tal efecto el oficio correspondiente, el cual se tuvo por cumplido por auto de seis del referido mes, por lo que se devolvió al ponente el expediente para la formulación del proyecto.

III. Competencia y legitimación

1. Competencia. Este Pleno del Trigésimo Circuito es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece y 41-Bis, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados del mismo circuito.

2. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 227, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, en el caso, pues fue hecha por Iván Millán Escalera, Juez Cuarto de Distrito de la Novena Región Auxiliar, quien emitió dos de las sentencias de las cuales derivaron las resoluciones que se dictaron por los órganos colegiados respectivos en los amparos en revisión 352/2012 y 268/2012 y que motivaron la denuncia de contradicción de tesis; en apoyo a los Juzgados Primero y Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes.

IV. Existencia de la contradicción

1. Conforme a lo resuelto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión de treinta de abril de dos mil nueve, la mecánica para abordar el análisis sobre la existencia de las contradicciones de tesis no necesita pasar por el cumplimiento irrestricto de los requisitos establecidos en la jurisprudencia P./J. 26/2001, emitida por el Tribunal Pleno, cuyo rubro dice: "CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.",(1) puesto que dicho criterio fue ya interrumpido.

2. Una nueva forma de aproximarse a los problemas que plantean los Tribunales Colegiados en este tipo de asuntos debe radicar en la necesidad de unificar criterios y no en la de comprobar que se reúnan una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

3. El sentido del concepto contradictorio, ha de entenderse cuidadosamente en función no tanto del estado de los criterios enfrentados, sino de la finalidad antes apuntada: la unificación de criterios como fuente generadora de seguridad jurídica. Es decir, la condición que debe observarse está más ligada con el fin que con el medio. La esencia de la contradicción, entonces, radica más en la necesidad de unificar criterios que en la de comprobar que se reúna una serie de características determinadas en los casos resueltos por los Tribunales Colegiados.

4. Por ello, para comprobar que una contradicción de tesis es procedente, será indispensable determinar si existe una necesidad de unificación, es decir, una posible discrepancia en el proceso de interpretación más que en el producto mismo. Dicho en otras palabras, para determinar si existe o no una antinomia de criterios, será necesario analizar detenidamente cada uno de los procesos interpretativos involucrados -no tanto los resultados que ellos arrojen- con el objeto de identificar si en algún tramo de los respectivos razonamientos se tomaron decisiones distintas, no necesariamente contradictorias en términos lógicos, aunque legales.

5. Lo anterior, no es más que el reflejo natural de los procesos interpretativos. Como se sabe, los sistemas jurídicos no contienen respuestas correctas únicas, esencialmente, porque las fuentes del derecho son sólo la materia prima del ejercicio jurisdiccional, mediante el cual, se va creando el llamado derecho en acción. La discrecionalidad o arbitrio judicial puede definirse como aquella facultad que tienen los órganos jurisdiccionales para aplicar el derecho a las circunstancias concretas del caso que han de resolver. Más precisamente, se trata de una facultad que la ley concede a los juzgadores para que dentro de límites más o menos amplios la interpreten en relación con el supuesto concreto que han de solventar o completen algún extremo que la misma ley deja a su propio juicio.

6. Por ello, las contradicciones de tesis que el Pleno de Circuito está llamado a resolver, deben avocarse a reducir al máximo, cuando no a eliminar, ese margen de discrecionalidad creado por la actuación legal y libre de los tribunales contendientes.

7. En esa línea de pensamiento, si la finalidad de la contradicción de tesis es la unificación de criterios, y si el problema radica en los procesos de interpretación -que no en los resultados- adoptados por los tribunales contendientes, entonces es posible afirmar la existencia de una contradicción de tesis cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a. Que los tribunales contendientes hayan resuelto alguna cuestión litigiosa en la que se vieron en la necesidad de ejercer el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo mediante la adopción de algún canon o método, cualquiera que fuese.

b. Que entre los ejercicios interpretativos respectivos exista al menos un tramo de razonamiento en el que la interpretación ejercida gire en torno a un mismo tipo de problema jurídico: ya sea el sentido gramatical de una norma, el alcance de un principio, la finalidad de una determinada institución o cualquier otra cuestión jurídica en general.

Sirve de apoyo a lo expuesto la tesis de jurisprudencia del Pleno de este Alto Tribunal 72/2010 y la tesis aislada, cuyos rubros y textos son los siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(2)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. DEBE ESTIMARSE EXISTENTE, AUNQUE SE ADVIERTAN ELEMENTOS SECUNDARIOS DIFERENTES EN EL ORIGEN DE LAS EJECUTORIAS."(3)

De igual modo, con base en dicho criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió las siguientes jurisprudencias:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. FINALIDAD Y CONCEPTO."(4)

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONDICIONES PARA SU EXISTENCIA."(5)

8. Posturas contendientes. En primer orden se sintetizan las consideraciones y argumentaciones en que los Tribunales Colegiados contendientes basaron sus resoluciones, las que servirán para dar respuesta a una primera interrogante: ¿Existe contradicción en los criterios que refieren los denunciantes?

9. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 352/2012, analizó un asunto con las siguientes características:

El Juez Quinto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado, el treinta de junio de dos mil doce, dictó auto de formal prisión dentro del proceso penal 188/2012, en contra de ********** y **********, por los delitos de robo calificado previsto y sancionado en la legislación penal.

********** por conducto de su defensor particular **********, el trece de agosto de dos mil doce promovió demanda de amparo; señaló como autoridad responsable al Juez Quinto Penal del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, como acto reclamado el auto de formal prisión que antecede.

El Juez Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien correspondió conocer del asunto, previo requerimiento, por auto de veintiuno de agosto de dos mil doce ordenó su registro bajo el número 1412/2012-XII. Solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y dio al Ministerio Público la intervención que legalmente le compete.

Seguido el trámite correspondiente, el cuatro de septiembre de dos mil doce, se celebró la audiencia constitucional, el expediente de amparo fue turnado al Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, quien emitió sentencia el cinco de octubre de dos mil doce, en la que determinó amparar y proteger al quejoso.

En contra de la anterior decisión, el quejoso promovió recurso de revisión. El Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por auto de doce de noviembre de dos mil doce, ordenó su registro como amparo en revisión penal 352/2012.

El citado órgano dictó sentencia el diez de enero de dos mil trece, en la que determinó modificar la resolución impugnada y amparar y proteger al quejoso.

Las razones del Tribunal Colegiado en relación al tema de la presente contradicción, son las siguientes:

"26. La Ministerio Público recurrente aduce que, contrariamente a lo señalado por el Juez Federal, el juzgador natural sí cumplió con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción V, constitucional, y en los numerales 188, 189 y 190 de la Legislación Penal del Estado.

"27. Que ello es así, porque de la lectura del acta de fecha dieciocho de junio de dos mil doce, relativa a la declaración preparatoria de **********, se advierte que en la misma nombró defensor y se le informó sobre sus derechos y garantías constitucionales, el delito que se le imputa, las personas que declararon en su contra, el contenido de la denuncia, así como las pruebas que obran en autos.

" Que además, al inquirir al inculpado para que manifestara si era su deseo declarar, indicó que no ratificaba las declaraciones que le fueron leídas, y que era su deseo no responder las preguntas de las partes, además de que solicitó la ampliación del término constitucional para ofrecer pruebas a su favor.

"28. Esos argumentos son fundados.

"29. Ciertamente, de la sentencia recurrida se advierte que el Juez Federal determinó que en la declaración preparatoria rendida por el ahora quejoso en la causa penal de origen, la autoridad responsable incumplió con las formalidades esenciales del procedimiento porque en ésta únicamente se limitó a mencionar que le dio lectura a la denuncia, y al resto de las probanzas existentes en la causa penal, sin que ello reflejara que efectivamente se haya realizado.

"30. Ahora bien, este tribunal estima que, como lo sostiene la recurrente, contrariamente a lo considerado por el Juez Federal, el Juez responsable sí observó lo dispuesto en los artículos 20, apartado A, fracción III, constitucional y 188 de la Legislación Penal del Estado; numerales que, en lo conducente, establecen:

"‘Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

"‘A. Del inculpado:

"‘...

"‘III. Se le hará saber en audiencia pública, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, rindiendo en este acto su declaración preparatoria.’

"‘Artículo 188. Antes de comenzar su declaración ante las autoridades competentes, se comunicará detalladamente al inculpado, el hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, en la medida conocida, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación típica, un resumen del contenido de las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables.’

"31. De los preceptos transcritos se advierte que al momento de rendir su declaración preparatoria, se le hará saber al inculpado el nombre de su acusador y la naturaleza y causa de la acusación, comunicándole detalladamente el hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, incluyendo aquellas que sean de importancia para la calificación típica, un resumen del contenido de las pruebas existentes y las disposiciones penales que se juzguen aplicables, todo con la finalidad de que conozca bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo.

"32. En el caso, según consta en los autos del juicio de origen, en fecha treinta de junio de dos mil doce, el inculpado ********** rindió su declaración preparatoria en los siguientes términos:

"Texto escaneado

"33. Del documento digitalizado se desprende:

"• Que una vez iniciada la diligencia, el Juez del conocimiento asentó, previamente a la declaración, que hizo saber detalladamente al indiciado el hecho punible que se le atribuye, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo, puesto que procedió a dar lectura a la denuncia presentada por ********** y enseguida le informó los hechos constitutivos del delito que se le atribuyen, la naturaleza y causa de la acusación, las garantías que le otorga el artículo 20, apartado A de la Constitución y que se dio lectura íntegra de las pruebas que integran la indagatoria.

"• Que se hicieron de su conocimiento todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo en la medida conocida del hecho punible que se le imputa, así como aquellas que son de importancia para la calificación típica.

"• También se obtiene que nombró como su abogado al licenciado **********, defensor de oficio, quien aceptó y protestó el cargo por encontrarse presente.

"• Que luego el indiciado manifestó que no era su deseo declarar, ni contestar preguntas del Ministerio Público.

"34. Lo anterior demuestra que el Juez de la causa sí informó al inculpado las circunstancias de tiempo, lugar y modo del hecho punible, así como aquellas de importancia para su defensa; pues expresamente indicó que se le dio lectura a la denuncia formulada en su contra, y las pruebas desahogadas hasta el momento.

"35. Entonces, no existe razón para poner en duda lo asentado por la autoridad jurisdiccional del fuero común, máxime que el acta de la diligencia respectiva fue firmada por todos los que en ella intervinieron; es decir, el inculpado, su defensor, la agente del Ministerio Público, el juzgador y la secretaria de Acuerdos, quien dio fe de todo lo actuado en esa diligencia, sin que exista prueba que desvirtúe la eficacia de dicha actuación judicial.

"36. Todo lo anterior, evidencia que se cumplió con lo perseguido por los numerales 20, apartado A, constitucional y 188 de la Legislación Penal del Estado, pues el inculpado sí conoció de manera integral el cuadro fáctico en que acontecieron los hechos.

"37. Por tanto, asiste razón a la fiscal federal inconforme al señalar que la diligencia de declaración preparatoria rendida por ********** sí fue legalmente practicada; de lo que deviene lo fundado de los agravios vertidos al respecto."

10. Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, al resolver el amparo en revisión 268/2012, analizó un asunto con las siguientes características:

El Juez Segundo de lo Penal del Estado de Aguascalientes, el tres de septiembre de dos mil doce, dictó auto de formal prisión dentro del proceso penal 208/2011, en contra de ********** por los delitos de violación y de robo calificado.

El inculpado por conducto de su defensor particular **********, el diecisiete de enero de dos mil doce promovió demanda de amparo; señaló como autoridad responsable al Juez Segundo Penal del Estado de Aguascalientes y como acto reclamado el auto de formal prisión que antecede.

El Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, a quien correspondió conocer del asunto, por auto de diecinueve de enero de dos mil doce admitió la demanda y ordenó su registro bajo el número 88/2012-III. Solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y dio al Ministerio Público la intervención que legalmente le compete.

Seguido el trámite correspondiente, el treinta y uno de mayo de dos mil doce, se celebró la audiencia constitucional, el expediente de amparo fue turnado al Juez Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, quien emitió sentencia el doce de julio de dos mil doce, en la que determinó amparar y proteger al quejoso.

En contra de la anterior decisión, el agente del Ministerio Público de la Federación promovió recurso de revisión. El Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, por auto de veintitrés de agosto de dos mil doce, ordenó su registro como amparo en revisión penal 268/2012.

El citado órgano dictó sentencia el once de octubre de dos mil doce, en la que determinó confirmar la resolución impugnada.

Las razones del Tribunal Colegiado en relación al tema de la presente contradicción, al resolver el amparo en revisión penal 268/2012 son las siguientes:

"QUINTO. Los agravios son ineficaces.

"En otro apartado, la representante social aduce, en síntesis, que es infundado lo resuelto por el Juez de Distrito acerca de que en la toma de la declaración preparatoria de la quejosa, no le fue hecho de su conocimiento los aspectos de modo, tiempo y lugar del hecho delictivo imputado, ni tampoco lo relativo a su concreta ubicación en los hechos que dieron motivo a su consignación, ya que la autoridad responsable leyó a la inculpada las constancias que obran en la averiguación previa comunicándole detalladamente el ilícito atribuido, lo que se desprende de la manifestación verbal del aquí quejoso realizada en la misma diligencia; de ahí que sí se cumplió con lo dispuesto en el artículo 188 de la normatividad penal del Estado.

"Lo así alegado es inoperante, ya que la agente ministerial no ataca directa ni eficazmente las consideraciones esgrimidas por el Juez Federal para concluir que en el desahogo de la declaración preparatoria de la quejosa, no se cumplió lo dispuesto por el citado numeral 188, al haber incurrido la autoridad responsable en diversas omisiones; para lo cual el a quo externó lo siguiente:

"I) De la lectura integral del acta relativa a la declaración preparatoria de la quejosa, se advierte que el juzgador responsable no le comunicó la información concerniente al hecho punible que se le atribuye, es decir, las circunstancias conocidas de tiempo, lugar y modo, así como de las que resultaban de importancia para la calificación típica; o en otras palabras, no le hizo de su conocimiento, de manera integral y detallada, el cuadro fáctico que revele los aspectos de modo, tiempo y lugar en que acontecieron los hechos considerados típicos atribuidos en el proceso penal;

"II) Ello a pesar de que la autoridad debió comunicarle todas las circunstancias de las que tuviera noticia hasta ese instante, respecto a los hechos que se le imputan en el proceso penal respectivo, tales como el día y hora en que supuestamente realizó cada uno de los delitos que se le imputaban, es decir, el robo y la violación y, por último, el modo o forma en que se llevaron a cabo;

"III) Tampoco la autoridad jurisdiccional cumplió con su obligación legal de realizar un resumen del contenido de las pruebas existentes, para que así la parte inculpada pudiera conocer el alcance de éstas;

"IV) Sin que las deficiencias señaladas, puedan considerarse cumplidas con lo plasmado por el Juez Penal al haber referido: ‘... se hace saber al indiciado que se le imputa el delito de violación y robo calificado previsto por el (los) artículo(s) 24, 44 f I y 45 f I de la Legislación Penal, en agravio de **********, **********, ********** y **********, ocurrido a las 21:00 horas del día cuatro de septiembre de dos mil diez, posteriormente se le leyó la denuncia interpuesta en su contra por **********. Enseguida se le informó al inculpado el nombre de su denunciante y los hechos constitutivos de éste, así como la naturaleza y causa de acusación, ... se le hacen saber las pruebas existentes en su contra ... también se le hace saber todas las constancias que obran dentro del expediente en cuanto a las pruebas que se encuentran enderezadas en su contra, ...’; ya que con lo así asentado, no se le dio conocer a la parte quejosa de manera integral el cuadro fáctico en que acontecieron los hechos que se le imputan, pues el juzgador únicamente se limitó a mencionar que le dio lectura a la denuncia y al resto de las probanzas existentes en la causa penal, sin que se refleje que ello efectivamente se haya realizado;

"V) Para tener por cumplida la obligación que el artículo 188 de la Legislación Penal impone al juzgador para garantizar la adecuada defensa durante la etapa de preinstrucción, es imprescindible que al inculpado se le den a conocer detalladamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aparece ocurrió el ilícito que se le imputa, así como el resumen de las pruebas existentes en la averiguación previa y las disposiciones aplicables a cada caso concreto, a la par que se requiere que tales exigencias se reflejen fielmente en el acta respectiva, sin que ello implique una reproducción total o indiscriminada de las actuaciones relativas, pero sí una especificación puntual de los aspectos más relevantes;

"VI) Al destacarse tales omisiones, lo que se pretende es la erradicación de formatos que no den certeza, como en la especie, de que al imputado realmente se le hicieron saber los derechos que prevé tanto la Constitución Federal como la legislación local, a fin de que no sean estériles y provoquen estado de indefensión; y

"VII) Tampoco se advierte de la lectura íntegra del acta relativa a la declaración preparatoria, que el Juez responsable le haya hecho saber al quejoso su derecho consistente en la posibilidad de ampliar el término constitucional de setenta y dos horas, para así estar en aptitud de allegar al proceso pruebas de descargo, previo al dictado del auto de formal prisión, con lo que se vulneró la garantía de defensa adecuada consagrada en los artículos 19 y 20 de la Constitución.

"Basta confrontar lo expuesto por la representación social en el agravio con las consideraciones esgrimidas por el Juez de Distrito acabadas de reseñar, para advertir que la recurrente en modo alguno se refiere a lo estimado por el juzgador acerca de que en el desahogo de la declaración preparatoria, la autoridad responsable no hizo del conocimiento del inculpado su derecho a solicitar la ampliación del término constitucional con la finalidad de que aportara pruebas de descargo, y que ante ello, se violó el derecho a una defensa adecuada tutelado por los artículos 19 y 20 constitucionales.

"Esa consideración que llevó al Juez de Distrito a estimar que la autoridad responsable incurrió, además de otras, en omisiones en la toma de la declaración preparatoria, se reitera, para nada es combatida, ni siquiera referida, por la recurrente; y ante tal circunstancia, es que resulta suficiente para declarar la inoperancia del agravio, precisamente por no atacar la totalidad de los argumentos externados por el Juez de amparo en relación con la temática que se aborda.

"Ello es así, porque el a quo estimó que el Juez Penal incurrió, grosso modo, en dos omisiones en el desahogo de la declaración preparatoria de la quejosa que infringieron sus derechos fundamentales, y que condujeron al juzgador de amparo a tildar de ilegal esa diligencia, a saber: una, relativa al incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 188 de la legislación, y la otra, en haber omitido hacer de su conocimiento el derecho a solicitar la duplicidad del término constitucional; de ahí que si la parte recurrente sólo se enfoca en tratar de combatir la primera de tales razones, es inconcuso que el agravio resulta inoperante, al permanecer intocada, merced a su falta de impugnación, la otra consideración esgrimida por el a quo para resolver como ilegal la susodicha diligencia.

"...

"Pero además, y al margen de que en estricta técnica sea dable hacerlo, cabe decir que lo esgrimido por la recurrente en contra de la diversa consideración del Juez de Distrito relativa a que no se dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 188 de la Legislación Penal del Estado de Aguascalientes, resulta inoperante.

"Esto es así, porque para tratar de desvirtuar lo así sostenido por el a quo, la representante social esencialmente afirma que sí se dio cumplimiento al citado numeral en virtud de que en la diligencia de declaración preparatoria, le fueron leídas al aquí quejoso las constancias que obran en la averiguación previa comunicándole detalladamente el ilícito atribuido, y que incluso así lo manifestó verbalmente el propio inculpado.

"Empero, con tal señalamiento no puede estimarse que se combata lo razonado por el Juez de Distrito, particularmente lo que sostuvo acerca de que las deficiencias que encontró en la toma de la multicitada declaración preparatoria, no podían estimarse cumplidas con el mero señalamiento que hizo la autoridad responsable en el sentido que le dio lectura a la denuncia y al resto de las probanzas existentes en la causa penal, ya que, expresó el Juez de amparo, eso debió haberse reflejado efectivamente en el acta respectiva.

"Es decir, sostuvo el Juez Federal, que debían darse a conocer a la parte inculpada de forma detallada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aparece ocurrió el ilícito imputado, así como el resumen de las pruebas existentes en la averiguación previa y las disposiciones aplicables a cada caso concreto; y que tales exigencias, resultaba indispensable que quedaran asentadas fielmente en el acta respectiva, sin que ello implique una reproducción total o indiscriminada de las actuaciones relativas, pero sí una especificación puntual de los aspectos más relevantes, a fin de erradicar los formatos que no den certeza, como en la especie, de que al sujeto imputado realmente se le hicieron saber los derechos que prevé tanto la Constitución Federal como la legislación local.

"Luego, como esos razonamientos no son combatidos por la parte recurrente, sino que, por el contrario, se limita a decir que el cumplimiento al numeral 188 de la normatividad penal se dio con el he

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24736-94cf031a/averiguacion-previa-y-preinstruccion-el-cumplimiento-de-lo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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