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Modo: Corpus Pro

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. EL ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIO DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 16 DE AGOSTO DE 2011, AL DEJAR SIN EFECTOS LOS CONVENIOS CELEBRADOS POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA CON LOS PARTICULARES EN MATERIA DE REUBICACIÓN DE ANUNCIOS BAJO EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE LA ENTIDAD, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2013. · Registro digital (IUS): 24770
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2014-01-17
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, Pág. 2322.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CUARTO Y OCTAVO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 11 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE DIECISÉIS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA, HUMBERTO SUÁREZ CAMACHO, MIGUEL DE JESÚS ALVARADO ESQUIVEL, JORGE ANTONIO CRUZ RAMOS, ALFREDO ENRIQUE BÁEZ LÓPEZ, FRANCISCO GARCÍA SANDOVAL, MARÍA GUADALUPE SAUCEDO ZAVALA, OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ, JORGE ARTURO CAMERO OCAMPO, FERNANDO ANDRÉS ORTIZ CRUZ, ARTURO CÉSAR MORALES RAMÍREZ, JOSÉ ÁNGEL MANDUJANO GORDILLO, MARÍA GUADALUPE MOLINA COVARRUBIAS, GERMÁN EDUARDO BALTAZAR ROBLES, ANGELINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ Y DAVID DELGADILLO GUERRERO. DISIDENTES: JOSÉ PATRICIO GONZÁLEZ LOYOLA PÉREZ Y SONIA ROJAS CASTRO. PONENTE: OSMAR ARMANDO CRUZ QUIROZ. SECRETARIO: FRANCISCO AJA GARCÍA.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Anexo del Acuerdo General 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, así como con el punto primero, fracción I, punto segundo, fracción I, numeral 1, punto tercero, fracción I, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se trata de una contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados de Circuito, y en un tema que corresponde a la materia administrativa, de la especialidad de este Pleno de Circuito.

SEGUNDO. La contradicción de tesis se denunció por parte legitimada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución General de la República y 227, fracción III, de la Ley de Amparo, toda vez que se formuló por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para precisar la legitimación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe conocerse el contenido de los preceptos en comento, lo cuales establecen lo siguiente:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

"...

"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de un mismo circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que los motivaron podrán denunciar la contradicción ante el Pleno del Circuito correspondiente, a fin de que decida la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.

"Cuando los Plenos de Circuito de distintos circuitos, los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo circuito o los Tribunales Colegiados de un mismo circuito con diferente especialización sustenten tesis contradictorias al resolver las contradicciones o los asuntos de su competencia, según corresponda, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los mismos Plenos de Circuito, así como los órganos a que se refiere el párrafo anterior, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, con el objeto de que el Pleno o la Sala respectiva, decida la tesis que deberá prevalecer.

"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo cuyo conocimiento les competa, los Ministros, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República o las partes en los asuntos que las motivaron, podrán denunciar la contradicción ante el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la ley reglamentaria, para que éste resuelva la contradicción.

"Las resoluciones que pronuncien el Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia así como los Plenos de Circuito conforme a los párrafos anteriores, sólo tendrán el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectarán las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese ocurrido la contradicción."

"Artículo 227. La legitimación para denunciar las contradicciones de tesis se ajustará a las siguientes reglas:

"I. Las contradicciones a las que se refiere la fracción I del artículo anterior podrán ser denunciadas ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito, los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, los Jueces de Distrito, el procurador general de la República, o las partes en los asuntos que las motivaron.

"II. Las contradicciones a las que se refiere la fracción II del artículo anterior podrán ser denunciadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los Ministros, los Plenos de Circuito o los Tribunales Colegiados de Circuito y sus integrantes, que hayan sustentado las tesis discrepantes, el procurador general de la República, los Jueces de Distrito, o las partes en los asuntos que las motivaron.

"III. Las contradicciones a las que se refiere la fracción III del artículo anterior podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito por el procurador general de la República, los mencionados tribunales y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron."

Las disposiciones transcritas no establecen en forma expresa que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté facultado para denunciar la probable contradicción de tesis suscitada entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito; no obstante dicha omisión, este Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, como se indicó, estima que el mencionado funcionario está legitimado para hacer la solicitud de que se trata.

Para confirmar el aserto que antecede, debe tenerse presente, en primer término, que en un Estado constitucional democrático, no basta el reconocimiento de los derechos y la división de los poderes públicos, sino que también se requiere de recursos judiciales efectivos y de tribunales verdaderamente independientes, que brinden respuestas protectoras oportunas a las nuevas exigencias de tutela de una sociedad democrática.

En ese sentido, en el artículo 49 de la Constitución Federal se prevé que el Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; asimismo, el numeral 94, primer párrafo, de la citada Ley Suprema refiere que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito.

Los numerales en comento establecen lo siguiente:

"Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial."

"Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito."

En efecto, tomando en cuenta las diversas facultades que le son conferidas en la Constitución Federal, en relación con los demás órganos autónomos del Poder Judicial de la Federación, se advierte que constitucionalmente se ubica como el Máximo Órgano de ese poder en el ámbito jurisdiccional y, por ende, como órgano competente para dirimir los conflictos que al respecto se susciten al seno de éste.

Dicho en otros términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el Máximo Tribunal Constitucional del País y cabeza del Poder Judicial de la Federación, puesto que tiene, entre sus responsabilidades, defender el orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno, a través de las resoluciones judiciales que emite; además de solucionar, de manera definitiva, asuntos que son de gran importancia para la sociedad. Asimismo, imparte justicia en el más alto nivel, es decir, el constitucional, por lo que no existe en nuestro país autoridad que se encuentre por encima de ella o recurso legal que pueda ejercerse en contra de sus resoluciones.

Entonces, al ser la protectora de la Constitución y de los derechos fundamentales ahí contenidos, está interesada en resolver toda controversia que al respecto se suscite al seno del mismo, tales como contradicciones de criterios entre órganos colegiados, puesto que al definir la postura que debe prevalecer se evitaría que las personas estuvieran en un estado de inseguridad jurídica y, por ende, se alcanzaría el fin último de la contradicción de tesis, esto es, la unificación de criterios.

También, cabe precisar que, de conformidad con el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación recae en su presidente.

Igualmente, debe tenerse presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 2a. XIX/2008, al interpretar el artículo 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo abrogada, definió que no obstante que dicho precepto legal no establecía en forma expresa que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estaba facultado para denunciar la probable contradicción de tesis entre las Salas del Alto Tribunal, dicho funcionario sí estaba legitimado para denunciar la probable contradicción de tesis entre las Salas del Máximo Tribunal.

La tesis en comento es de rubro, texto y datos de identificación siguientes:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. EL PRESIDENTE DEL ALTO TRIBUNAL TIENE LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIARLA. El artículo 197, primer párrafo, de la Ley de Amparo no establece expresamente que el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación esté facultado para denunciar la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por las Salas del Alto Tribunal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 14, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la representación de la Suprema Corte recae en su presidente. Asimismo, del artículo 25 del mismo ordenamiento legal se infiere que los presidentes de las Salas representan a éstas. Luego, si conforme al citado artículo 197 de la Ley de Amparo, los Ministros que integran las Salas pueden ejercer la atribución de que se trata, es dable concluir, por mayoría de razón, que también puede ejercerla el Ministro presidente del Alto Tribunal, pues sostener lo contrario conduciría a conclusiones jurídicamente inadmisibles, ya que se llegaría a la determinación ilógica de que los presidentes de las Salas, que únicamente representan a éstas, cuentan con la facultad para denunciar la posible contradicción de tesis entre las sustentadas por aquéllas, en tanto que el Ministro presidente, en quien recae la representación de aquél, carece de la misma." (Tesis aislada 2a. XIX/2008, Novena Época, Núm. Registro IUS: 170363, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 721)

En consecuencia, si bien es verdad que el artículo 227, fracción III, de la Ley de Amparo es omiso en legitimar en forma expresa al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para denunciar las contradicciones que se susciten entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito; también es cierto que de una interpretación funcional del citado precepto, se arriba a la conclusión de que sí se encuentra legitimado para denunciar esas contradicciones, en virtud de que es el representante del Máximo Tribunal del País, el cual, como se indicó, vela por garantizar los derechos fundamentales de las personas, entre otros, el de la seguridad jurídica.

Sostener lo contrario conduciría a conclusiones jurídicamente inadmisibles, pues se llegaría a la determinación ilógica de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al detectar alguna contradicción entre diversos Tribunales Colegiados, no pudiera denunciarla, lo cual tendría como resultado que con dicha actuación inobservara una de sus principales funciones, es decir, la protección de los derechos fundamentales de las personas.

TERCERO. Ahora, es conveniente tener en cuenta los principales antecedentes que dieron origen a los criterios de los Tribunales Colegiados contendientes, así como las consideraciones esenciales de los mismos:

I. Respecto del amparo en revisión RA. 130/2012, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, los antecedentes son los siguientes:

a) Por escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil once en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, Promo Medios Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de su apoderado Gustavo Araujo Jiménez, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal respecto de las autoridades y contra los actos que a continuación se transcriben:

"Autoridades responsables: 1. Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 2. Secretario de Gobierno; de Desarrollo Urbano y Vivienda; del Medio Ambiente; de Obras y Servicios; de Finanzas; de Transportes y Vialidad; de Protección Civil; y de Seguridad Pública, todos del Gobierno del Distrito Federal. 3. Directora general jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal."

"Actos reclamados: a) La expedición, promulgación, refrendo, publicación y puesta en vigor de los artículos 3o. y 11o. transitorios del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del día 15 de agosto de 2011. b) Todos los actos de aplicación y procedimientos que sean consecuencia de los efectos legales producidos por la entrada en vigor de dichos artículos del reglamento, en perjuicio de mi representada o aquellos que, en su caso, se inicien y que afecten la esfera jurídica y patrimonial de la empresa quejosa y que tengan como fundamento legal, los artículos tercero y décimo primero transitorios del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 15 de agosto de 2011."

b) Por razón de turno, correspondió conocer de la referida demanda al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, donde se registró con el número de expediente 959/2011, y por acuerdo de siete de octubre de dos mil once se admitió a trámite.

c) Seguido el juicio, el trece de enero de dos mil doce, se celebró la audiencia constitucional, la cual concluyó el veinte de marzo siguiente con el dictado de la sentencia, cuyo punto resolutivo es:

"ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías, promovido por Promo Medios Comunicación, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de los actos y autoridades precisados en el resultando primero, en términos de los considerados tercero, cuarto y último de la presente resolución."

d) Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, el nueve de abril de dos mil doce, la quejosa interpuso recurso de revisión, del cual, por razón de turno, tocó conocer al Cuarto Tribunal Colegiado en la materia y circuito referidos, donde por acuerdo de presidencia de veintitrés de abril de dos mil doce, se formó el toca RA. 130/2012, y se admitió a trámite dicho recurso.

e) En sesión de nueve de agosto de dos mil doce, por unanimidad de votos, el Pleno del referido órgano colegiado resolvió el citado amparo en revisión en los siguientes términos:

"PRIMERO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia dictada por la Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, engrosada el veinte de marzo de dos mil doce, en el juicio de amparo 959/2011, promovido por Promo Medio Comunicación, S.A. de C.V.

"SEGUNDO. No se sobresee en el juicio de amparo, por los motivos señalados en el considerando quinto de esta sentencia.

"TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Promo Medios Comunicación, S.A. de C.V., en contra de los actos y las autoridades que se identifican en el considerando sexto de este fallo, por las consideraciones ahí expuestas."

De la ejecutoria de amparo, en la parte que interesa, se obtienen las siguientes consideraciones jurídicas:

1. En el considerando séptimo se determinó, en primer lugar, que del artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa que el Constituyente otorgó al Ejecutivo Local la facultad reglamentaria que le permite expedir las normas necesarias para dotar de operatividad plena a las leyes, la cual está limitada por el principio de legalidad que constriñe al Poder Ejecutivo a desarrollar o pormenorizar únicamente la materia regulada en la ley.

2. Que de ese principio fundamental derivan dos postulados subordinados conocidos como: de reserva de ley y de subordinación jerárquica. En el primero, la ley es la única fuente, puesto que no se permite la regulación de una determinada materia a otro tipo de normas; mientras que en el segundo, se autoriza que otra parte de la materia la regulen normas secundarias, siempre y cuando en la legislación se determinen expresa y limitativamente las directrices a las que dichas normas deberán ajustarse, regulándose así los aspectos o elementos esenciales de esa materia, circunstancia que evita que el Poder Ejecutivo rebase la frontera que le delimita la propia reserva.

3. Se sustentó que la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal tiene por objeto regular la instalación de publicidad exterior para garantizar la protección, conservación, recuperación y enriquecimiento del paisaje urbano en la entidad, y hacer efectivo el derecho de sus habitantes a desarrollarse en un entorno natural y urbano armónico que propicie una mejor calidad de vida, ello de conformidad con el artículo 1o. de la mencionada legislación.

4. En el artículo 2o. del propio ordenamiento se reconocen diversos lineamientos fundamentales que establecen que la publicidad exterior es una actividad que fomenta el desarrollo económico de la ciudad, cuyo impacto debe ser acorde con el paisaje urbano, por lo cual debe ser regulada en beneficio del interés general, para evitar la contaminación visual.

5. Se señaló que de los artículos segundo, tercero y cuarto transitorios de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, se arriba a dos conclusiones: a) las personas incorporadas al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda desde dos mil cuatro, no tienen la obligación de retirar la planta de anuncios descrita en el inventario que, en su oportunidad, presentaron ante dicha dependencia; y, b) la expedición de permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios, se realizará, por única ocasión, conforme al registro de inventarios de anuncios realizado por los participantes en dicho programa, respetando la proporcionalidad y la equidad en la distribución de espacios.

6. Que el punto b) señalado era de singular relevancia, porque de conformidad con los artículos 53, 54 y 55 de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, los permisos relativos los otorga la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, previo sorteo público efectuado por el Consejo de Publicidad Exterior.

7. También se precisó que los permisos temporales revocables de espacios para anuncios en los nodos publicitarios se otorgarán a quienes resulten ganadores del sorteo público, no obstante, el propio legislador estableció una excepción en las disposiciones transitorias para las personas inscritas en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal de dos mil cuatro, al señalar que la concesión de permisos administrativos temporales revocables se realizará, atendiendo al registro de inventarios de anuncios realizado por los participantes del programa aludido, respetando la proporcionalidad y la equidad en la distribución de espacios, cuenta habida que tampoco están obligados a retirar sus anuncios en los términos del artículo segundo transitorio de la Ley de Publicidad Exterior de la entidad.

8. Que los referidos privilegios se justifican si se toma en consideración que las personas adheridas al programa respectivo registraron ante la referida secretaría un inventario de los anuncios que tenían instalados, los cuales operaban con autorización de las autoridades administrativas; de ahí que deba entenderse que el sorteo público a que se refieren los numerales transcritos, es para permisos que se otorguen respecto de anuncios no incorporados a ese programa, ya que los que fueron inscritos se expedirán respetando la proporcionalidad y equidad en la distribución de espacios en relación con los inventarios.

9. Que en el artículo 3o. transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, se establece que se dejan sin efectos, entre otros ordenamientos, los "Lineamientos para el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal", publicados el seis de diciembre de dos mil cuatro en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y en el décimo primero, que se dejan sin efectos los convenios que el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hubiese celebrado con los particulares en materia de reubicación o regularización de anuncios, sean autosoportados, de azotea, adosados, vallas o de cualquier otro tipo, desde el año dos mil uno a la fecha de publicación de ese reglamento, lo cual ponía de manifiesto lo fundado de los argumentos expuestos por la promovente del amparo, en virtud de que el jefe de Gobierno excedió sus facultades reglamentarias en la medida en que dejó sin efectos lo reconocido con antelación por la legislación que se encuentra reglamentando.

10. Lo anterior era así, toda vez que el desconocimiento de los convenios referidos implica que la promovente del amparo deba someterse a los nuevos lineamientos que se establezcan en materia de reordenamiento de publicidad, siendo que, en el caso, la quejosa celebró dos convenios con la referida secretaría en el que se precisaron las formas y términos en que se llevaría a cabo dicha reorganización, y en la propia ley se establecen los lineamientos en que se otorgarán los permisos y licencias correspondientes; además de que con tal motivo, la propia dependencia le expidió cinco autorizaciones condicionadas.

11. Luego, se indicó que el artículo 13o. transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal establece un nuevo procedimiento por el cual deberá llevarse a cabo la reubicación de anuncios en nodos y corredores publicitarios, destacando que se constriñe a las personas que hayan incorporado sus anuncios al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal instrumentado por la secretaría de referencia desde dos mil cuatro, a retirarlos para ser reubicados y sujetarse al procedimiento que ahí se detalla, en el que se favorece el acuerdo entre las personas con derecho a ser reubicadas y, en su caso, el sorteo público, en el que se otorga preferencia a quienes hubiesen retirado sus anuncios en primer lugar.

12. Por lo que, los Magistrados del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinaron que le asistía razón a la quejosa, en la medida que en la disposición reglamentaria examinada se le obliga a retirar los anuncios respectivos para tener derecho a participar en un procedimiento de reubicación que se basa en el acuerdo que celebre con otras personas que se encuentren en su situación y, de no lograrlo, someterse a un sorteo, con lo que se alteran los lineamientos establecidos en la ley de la materia.

13. Asimismo, señalaron que en los artículos 3o. y 4o. transitorios de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal se dispone, respectivamente, que sólo deben retirarse los anuncios que no se hayan incorporado al Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda desde dos mil cuatro, y que el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios, se realizará conforme al registro de inventarios de anuncios realizado por los participantes del programa, respetando la proporcionalidad y la equidad en la distribución de espacios.

14. Además, sostuvieron que en el artículo tercero transitorio de la citada ley se aprecia que la Asamblea Legislativa reconoció plenamente la existencia del Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal y, en el cuarto, se establece que se procederá a la reubicación de los anuncios que hayan cumplido con los ordenamientos jurídicos aplicables, conforme al registro de inventario realizado por los participantes, respetando la proporcionalidad y la equidad en la distribución de los espacios, lo que evidencia que no fue voluntad del legislador dejar sin efectos los lineamientos del citado programa, publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el seis de diciembre de dos mil cuatro, ni los convenios celebrados por las empresas incorporadas al programa, en cumplimiento a lo establecido en el artículo tercero de dicho ordenamiento, sino reconocer su validez y vigencia.

15. Por lo que el Pleno del Tribunal Colegiado del conocimiento determinó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, al emitir los artículos 3o. y 11o. transitorios del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, no se ajustó a las directrices contenidas en los artículos tercero y cuarto transitorios de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, lo que evidencia que excedió su facultad reglamentaria prevista en el artículo 122, apartado C, base segunda, fracción II, inciso b), de la Constitución Federal, toda vez que mientras los artículos de la norma subordinada declaran insubsistente el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana del Distrito Federal, sus lineamientos, avisos y convenios suscritos; los artículos transitorios de la ley en cita reconocen la existencia del programa, al señalar que sólo deben retirarse los anuncios que no se hayan incorporado a éste, y que el otorgamiento de permisos administrativos temporales revocables de espacios para anuncios en nodos publicitarios se realizará conforme al registro de inventarios de los participantes del programa, lo que evidencia que el reglamento no se ajusta a lo establecido en la ley, motivo por el cual se viola el principio de subordinación jerárquica.

De las consideraciones precisadas derivó la tesis aislada I.4o.A.24 A (10a.), Núm. Registro IUS: 2002376, Décima Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Tomo 2, diciembre de 2012, página 1525, cuyos rubro y texto señalan:

"PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. LOS ARTÍCULOS TERCERO Y DÉCIMO PRIMERO TRANSITORIOS DEL REGLAMENTO DE LA LEY RELATIVA, AL NO RECONOCER EL PROGRAMA DE REORDENAMIENTO DE ANUNCIOS Y RECUPERACIÓN DE LA IMAGEN URBANA, INSTRUMENTADO MEDIANTE LINEAMIENTOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL LOCAL EL 6 DE DICIEMBRE DE 2004, VIOLAN EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA. El artículo décimo tercero transitorio del Reglamento de la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal establece un procedimiento para la reubicación de anuncios publicitarios, diverso al estipulado en el Programa de Reordenamiento de Anuncios y Recuperación de la Imagen Urbana, instrumentado mediante lineamientos publicados en la Gaceta Oficial local el 6 de diciembre de 2004. Por su parte, la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal en sus artículos 53, 54, 55 y segundo a cuarto transitorios, dispone: a) Los publicistas que no cuenten con licencias deberán retirar sus anuncios (excepto aquellos que se hayan incorporado al indicado programa), y b) La expedición de los permisos administrativos temporales revocables de espacios publicitarios se otorgará por sorteo público, salvo para los publicistas adheridos al programa, que estarán sujetos al inventario de anuncios registrados. Por su parte, los preceptos tercero y décimo primero transitorios del citado reglamento prevén que se abrogan: i) El mencionado programa, ii) Sus lineamientos, iii) El aviso mediante el cual se da a conocer el listado de las personas físicas y/o morales dedicadas a la publicidad exterior adheridas a dicho programa, y iv) Se dejan sin efectos los convenios celebrados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal en materia de reordenamiento de publicidad, con lo cual se modifica la situación en la que se encontraban los publicistas adheridos al programa por virtud de la cual podían conservar sus anuncios y los obliga a someterse a nuevos procedimientos para obtener las licencias o los permisos. Lo anterior pone de manifiesto que aun cuando tanto la indicada ley como su reglamento establecen un nuevo procedimiento para la reubicación de anuncios, la primera reconoce los efectos del programa anterior, pues quienes se

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24770-9cf7ee8a/publicidad-exterior-del-distrito-federal-el-articulo-decimo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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