DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN. PARA CUANTIFICAR EL MONTO DE LA CAUCIÓN CUANDO SE RECLAME UNA CONDENA ESTIMABLE EN DINERO DEBE APLICARSE, POR UNA SOLA VEZ, LA TASA DE INTERÉS INTERCAMBIARIA DE EQUILIBRIO (TIIE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 285/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO Y EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO. 9 DE OCTUBRE DE 2013. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE TRES VOTOS EN CUANTO A LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS EN CUANTO AL FONDO. AUSENTE: ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Carta Magna; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente a partir del día tres de abril de dos mil trece; en relación con los puntos primero, segundo y tercero, del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece; en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala. Lo anterior con base, además, en la decisión adoptada por el Pleno de este Alto Tribunal, en sesión pública de once de octubre de dos mil once, derivada de la diversa contradicción de tesis número 259/2009.
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional y 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, pues fue realizada por los Magistrados integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, uno de los órganos colegiados entre los que se suscita la posible contradicción, por lo que se actualiza el supuesto de legitimación a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterios de los tribunales contendientes. Para efectos de determinar si existe una contradicción de tesis, es necesario conocer las consideraciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que dieron origen a la denuncia de contradicción, partiendo de que ambas derivan de los mismos antecedentes que se narran a continuación:
Antecedentes
1. Juicios laborales. Ambos asuntos derivan de juicios laborales, en los que una persona física (trabajador) demanda de su patrón (personas morales constituidas como sociedades anónimas de capital variable), el despido injustificado del que aduce fue objeto, haciendo valer diversas prestaciones.
2. Laudo definitivo. En ambos casos, la parte demandada fue condenada a pagar en favor de la parte actora varias de las prestaciones que fueron reclamadas.
3. Juicio de amparo directo. Inconforme con dicho fallo, en ambos casos, la parte demandada promovió juicio de amparo directo, y solicitó en su demanda de amparo la suspensión de los actos reclamados.
4. Recurso de queja. En contra del auto que decidió sobre la medida suspensional, la parte quejosa interpuso en ambos casos un recurso de queja.
I. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, quien conoció del recurso de queja laboral 57/2012.
En este asunto, en el auto que resolvió sobre la suspensión del acto reclamado, la Junta responsable negó la suspensión respecto de la reinstalación del trabajador, pero la otorgó respecto del resto de la condena, esto es, respecto del pago de salarios caídos, aumentos salariales, reembolso del fondo de ahorro y aportaciones de pensión voluntaria, entre otras prestaciones, a las que fue condenada. Sin embargo, resolvió que para que surta efectos la suspensión, el quejoso debía exhibir una fianza por el resto de la condena.
Inconforme con la anterior determinación, la empresa demandada interpuso recurso de queja laboral, el cual fue registrado con el número 57/2012, y fue del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, quien lo declaró fundado, en lo que interesa, con base en las siguientes consideraciones:
"Ahora bien, del análisis del laudo emitido dentro del juicio laboral de origen, se aprecia que la Junta condenó a la patronal, aquí recurrente, al pago de $********** ... por concepto de salarios caídos, por tal razón, ese será el monto base sobre el que se calcularán los daños y perjuicios.
"Para ello, debe tomarse en consideración que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 2/2010 ... sostuvo, en esencia, que la tasa de interés interbancaria de equilibrio constituye un indicador monetario que, incluso por encima del Índice Nacional de Precios al Consumidor, refleja de manera más fiel el valor del dinero en un determinado periodo, ya que permite conocer tanto la pérdida promedio que acarrea para un individuo no tener bajo su dominio una determinada cantidad monetaria (daño), como el rendimiento que pudo originar la cantidad que se dejó de percibir (perjuicio), según las condiciones reales del mercado.
"Por tanto, la Primera Sala concluyó que a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios que puedan originarse al tercero perjudicado con motivo de la interposición de un juicio de garantías, debe atenderse a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, pues es la que integra tanto el valor real del dinero como el rendimiento que el mismo puede generar, que son los conceptos que precisamente se busca garantizar con la caución de trato.
"El anterior criterio quedó reflejado en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 95/2011 ... ‘DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.’ (se transcribe)
"No obsta para aplicar al presente asunto, la tesis de jurisprudencia transcrita, la circunstancia de que en la misma se haga referencia al trámite suspensional derivado de un juicio de amparo indirecto, y no directo, como el que en la especie nos ocupa, pues, a juicio de este tribunal, el tema que de manera efectiva se atiende y resuelve mediante el pronunciamiento general contenido en la ejecutoria de trato, relativo a la forma o parámetro a tomar en cuenta para determinar el monto de los daños y perjuicios que el tercero perjudicado pueda sufrir por el otorgamiento de la suspensión en un juicio de amparo, resulta perfectamente identificable con la cuestión que en la especie se suscita, ya que los conceptos que se pretenden garantizar en ambos casos, es decir, tanto en el amparo directo como en el indirecto, son exactamente los mismos, o sea, los daños y perjuicios que puedan causársele al tercero perjudicado con el otorgamiento de la suspensión.
"De ahí que no exista razón alguna para considerar que el parámetro o mecanismo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación en la jurisprudencia de trato, para determinar el monto de la citada garantía suspensional en un juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 125 de la ley de la materia, no pueda ni deba aplicarse para la solución de esa misma cuestión, pero en un juicio de amparo directo, en términos del artículo 174 de la misma legislación, pues ... la cuestión verdaderamente relevante es determinar, cuál es el indicador monetario más efectivo para determinar el valor real del dinero y, por ende, el detrimento que el mismo pudo haber sufrido por un determinado periodo (daño), así como el rendimiento que en su caso podrá originar la cantidad que dejó de percibirse (perjuicio), lo que no se altera en lo absoluto por la vía o estadio procesal dentro del juicio constitucional en el cual se genere la cuestión relativa.
"Cabe destacar que el Máximo Tribunal del País concluyó en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia antes transcrita que, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios que puedan originarse al tercero perjudicado con motivo de la interposición de un juicio de garantías, debe atenderse a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a veintiocho días, pues es la que integra tanto el valor real del dinero, como el rendimiento que el mismo puede generar, que son los conceptos que, precisamente, se busca garantizar con la caución de trato.
"Sin embargo, es importante destacar que en una nueva reflexión, este órgano de control constitucional considera que en dicho criterio jurisprudencial no se establece impedimento para que se cuantifique dos veces la referida tasa de interés interbancaria de equilibrio, a fin de calcular los daños y perjuicios.
"Ello es así, pues si bien es cierto el Máximo Tribunal de la Nación resolvió que ese indicador económico refleja de manera más fiel tanto el daño ... como el perjuicio ... también lo es que no hizo ninguna precisión en ese sentido, esto es, no señaló que bastaba con calcular en una ocasión la tasa de interés interbancaria de equilibrio, para así obtener la suma de dinero que el solicitante de la medida suspensional debe exhibir para garantizar los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al actor.
"Por tal motivo, es válido concluir que la precisión hecha por la Primera Sala ... en el sentido de que dicho indicador contemplaba ambos aspectos, debe ser entendida en el sentido de que con dicho indicador pueden ser calculados tanto los daños como los perjuicios.
"Lo antes expuesto se encuentra en armonía con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte en la ... contradicción de tesis 48/98 ... donde se resolvió que: la caución que debe otorgar el patrón para responder de los daños y perjuicios que se puedan causar al trabajador con la suspensión de la ejecución de un laudo, debe comprender dos partidas, a saber:
"a) La primera, que responde por los daños que con tal medida se puedan causar a la parte obrera, es decir, tiende a resarcir el daño o menoscabo de su poder adquisitivo por el diferimiento de su pago hasta que se resuelva el amparo; y,
"b) La segunda partida, relativa a los perjuicios que la medida cautelar pueda provocar, que garantice la privación de las ganancias lícitas que obtendría el trabajador, de tener bajo su dominio, durante el citado lapso, la respectiva prestación pecuniaria, suma equivalente al rendimiento que en el mismo lapso produciría tal prestación, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, como puede ser la ‘tasa de interés interbancaria de equilibrio’ o algún otro indicador similar que, por su publicación en el Diario Oficial de la Federación, genere certeza a las partes y a la mencionada autoridad responsable.
"Con base en las consideraciones antes expuestas, se arriba a la conclusión de que en el presente asunto, la tasa de interés interbancaria de equilibrio se cuantificará en dos ocasiones para así obtener el monto de los daños y perjuicios.
"Bajo esa premisa, es válido concluir que este órgano colegiado no comparte los razonamientos inmersos en la ejecutoria de la cual derivó la tesis XV.5o.8 A (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito ... de rubro: ‘SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. AL FIJARSE EL MONTO DE LA GARANTÍA PARA QUE SURTA EFECTOS, EL VALOR DE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) NO DEBE CUANTIFICARSE DOS VECES, ES DECIR, APLICARLO AL DETERMINAR POR SEPARADO TANTO EL MONTO DE LOS DAÑOS COMO EL DE LOS PERJUICIOS QUE PUDIERAN OCASIONARSE CON LA MEDIDA AL TERCERO PERJUDICADO.’, encaminados a demostrar que al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión, no debe cuantificarse dos veces la tasa de interés interbancaria de equilibrio, es decir, aplicar su valor al determinar por separado tanto el monto de los daños como el de los perjuicios que pudieran ocasionarse con la medida al tercero perjudicado.
"Lo anterior es de esa forma, pues ... la precisión hecha por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la tasa de interés interbancaria de equilibrio, contemplaba tanto los daños como los perjuicios, debe ser entendida en el sentido de que con dicho indicador económico pueden ser calculados ambos aspectos, mas no que bastaba con calcular en una ocasión dicha tasa, para así obtener la suma de dinero que el solicitante de la medida suspensional debe exhibir para garantizar los daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar al actor.
"Bajo ese contexto, procede denunciar la posible contradicción de criterios existente entre el asunto que se resuelve con los puntos jurídicos que, se respetan, pero no se comparten, sustentados por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito; procedimiento que deberá efectuarse por los conductos legales, a través de la presidencia de este órgano colegiado ..."
II. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien conoció del recurso de queja laboral 60/2010 (sic).
En este asunto, en el auto que resolvió sobre la suspensión del acto reclamado, la Junta responsable otorgó la suspensión respecto del pago de la condena, calculada en $********** siempre y cuando la demandada garantizara la suma de $********** por concepto de daños, y una cantidad idéntica por concepto de perjuicios, mismas cantidades que fueron calculadas tomando en cuenta el monto total de la condena, al cual se le aplicó la tasa de interés interbancaria de equilibrio publicada por el Banco de México.
Inconforme con la anterior determinación, la empresa demandada interpuso recurso de queja laboral, el cual fue registrado con el número 60/2012, y fue del conocimiento del Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, quien también declaró fundado el recurso de queja, en lo que interesa, con base en las consideraciones siguientes:
"b) Fundado
"No obstante lo dicho en párrafos anteriores, el planteamiento en análisis resulta en otra parte fundado, porque de conformidad con el propio criterio jurisprudencial en análisis, contenido en la tesis 1a./J. 95/2011, la garantía que debe exigirse para asegurar los daños y perjuicios que el tercero perjudicado pueda llegar a sufrir por el otorgamiento de la suspensión a su contraparte en un juicio de amparo, cuyo monto debe calcularse utilizando la tasa de interés interbancaria de equilibrio, no debe exigirse por duplicado, como incorrectamente se hizo en el acuerdo impugnado.
"En efecto, como se dijo antes, en el criterio jurisprudencial de mérito, el Máximo Tribunal del País concluyó que, a fin de determinar el monto de los daños y perjuicios que puedan originarse al tercero perjudicado con motivo de la interposición de un juicio de garantías, debe atenderse a la tasa de interés interbancaria de equilibrio, pues es la que integra tanto el valor real del dinero, como el rendimiento que el mismo puede generar, que son los conceptos que, precisamente, se busca garantizar con la caución de trato.
"Sin embargo, en dicho criterio no se exige que se cuantifique dos veces la referida tasa de interés interbancaria de equilibrio, puesto que la finalidad del pronunciamiento relativo consistió en encontrar el indicador económico que reflejara de manera más fiel tanto el daño (detrimento del patrimonio), como el perjuicio (ganancia lícita), obteniéndose que la tasa de interés interbancaria de equilibrio contemplaba ambos aspectos, es decir, tanto el valor real del dinero como el rendimiento que el mismo puede generar en un determinado periodo.
"Por ello, no se justifica la duplicidad en la aplicación de la señalada tasa de interés interbancaria de equilibrio, para determinar el monto de los daños y perjuicios en un determinado caso, se insiste, porque en ese indicador ya se encuentran reflejados ambos conceptos, o sea, tanto la depreciación de una determinada cantidad por el transcurso del tiempo (daños), como la ganancia lícita que esa misma cantidad pudo generar por ese mismo periodo (perjuicios), sin que el Máximo Tribunal hubiera hecho alguna precisión en sentido contrario, al establecer el criterio de marras.
"Así, es claro que el tribunal responsable actuó de manera incorrecta en el auto recurrido, al haber cuantificado dos veces la garantía suspensional fijada tanto respecto de los daños como de los perjuicios que se le puedan causar al tercero perjudicado con el otorgamiento de la medida cautelar, en aplicación de la tasa de interés interbancaria de equilibrio, vicio que habrá de corregirse en la parte final del presente estudio, precisamente cuando este Tribunal Colegiado, en sustitución de la autoridad responsable -ante la inexistencia de reenvío-, determine con plenitud de jurisdicción el monto de la referida garantía suspensional."
CUARTO. Existencia de la contradicción de tesis. Sentada la exposición de las ejecutorias materia de análisis, debe determinarse a continuación si existe la contradicción de tesis denunciada:
Para determinar lo anterior, debe analizarse si los Tribunales Colegiados contendientes, al resolver los asuntos que son materia de la denuncia, sostuvieron tesis contradictorias, entendiéndose por tesis, el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico jurídicas para justificar su decisión en una controversia, pues lo que determina la existencia de una contradicción, es que dos o más órganos jurisdiccionales terminales del mismo rango adopten criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, o sobre un problema jurídico central, independientemente de que las cuestiones fácticas que rodean los casos que generan esos criterios no sean iguales, ya que las particularidades de cada caso no siempre resultan relevantes, y pueden ser sólo adyacentes.
Así lo determinó el Pleno de este Alto Tribunal, en la tesis jurisprudencial 72/2010, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(1)
Lo anterior con la finalidad de proporcionar certidumbre en las decisiones judiciales y dar mayor eficacia a su función unificadora de la interpretación del orden jurídico nacional.
Con base en lo anterior, esta Primera Sala estima que sí existe la contradicción de tesis, debido a que ambos Tribunales Colegiados se pronunciaron respecto del mismo punto de derecho.
Al respecto, cabe precisar que ambos Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios al resolver recursos de queja interpuestos por la parte quejosa en contra de los acuerdos emitidos por la autoridad responsable, en los que fijaron el monto al que debe ascender la garantía para que surta efectos la suspensión de la ejecución de los respectivos laudos, que establecen una condena líquida o estimable en dinero.
Así, si bien ambos Tribunales Colegiados de Circuito resolvieron otorgar la suspensión del acto reclamado, sujeto a que la parte quejosa otorgara una garantía al tercero perjudicado respecto de los daños y perjuicios que pudiesen ocasionarse con la suspensión, y ambos también aplicaron la tasa de interés interbancaria de equilibrio para determinar los daños y perjuicios correspondientes, en atención al criterio de la jurisprudencia 1a./J. 95/2011, derivado de la contradicción de tesis 2/2010, resuelta por esta Primera Sala, la realidad es que arribaron a conclusiones disímiles.
Puesto que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito consideró que, si bien es cierto que la Primera Sala estableció en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011, que la tasa de interés interbancaria de equilibrio contempla tanto los daños como los perjuicios, lo cierto es que no precisó que fuese suficiente con calcular la referida tasa una sola vez, ni estableció impedimento para que se cuantifique dos veces la referida tasa, por tanto, concluyó que la tasa de interés interbancaria de equilibrio se cuantificará en dos ocasiones para así obtener el monto de los daños y perjuicios.
Por su parte, el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito consideró que, la finalidad del criterio establecido por la Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 95/2011, fue encontrar el indicador económico que reflejara de manera más fiel tanto el daño como el perjuicio, concluyendo que la tasa de interés interbancaria de equilibrio contemplaba ambos aspectos, motivo por el cual, no se justifica la duplicidad en la aplicación de la referida tasa al fijar el monto de la garantía para que surta efectos la suspensión y, por tanto, la referida tasa no debe cuantificarse dos veces.
Así las cosas, corresponde a esta Primera Sala determinar si para fijar el monto de los daños y perjuicios que debe garantizar la parte quejosa, que solicita la suspensión del acto reclamado, debe cuantificarse dos veces la tasa de interés interbancaria de equilibrio o es suficiente con que se cuantifique una sola vez.
QUINTO. Estudio de fondo. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio que se sustenta en el presente fallo, de conformidad con los razonamientos siguientes:
En primer lugar, la suspensión del acto reclamado es una medida cautelar que tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos que se impugnan en la demanda de amparo, para conservar la materia del juicio, mientras dura su trámite.
Lo anterior debido a que, si se conserva la materia del juicio de amparo, se evita la consumación de la violación de los derechos fundamentales que fue reclamada y se facilita restituir al quejoso en el goce de los derechos vulnerados.
Por tanto, la suspensión del acto reclamado tiene carácter provisorio, porque el acto reclamado sólo se paraliza mientras dura el juicio de amparo y, por otra parte, tiene naturaleza conservativa, debido a que su finalidad es mantener una situación de hecho existente.
Ahora bien, cuando quien promueve un amparo solicita la suspensión del acto reclamado, la misma puede ocasionar daños y perjuicios al tercero perjudicado, en virtud de que se le impide, provisionalmente, ejecutar el acto impugnado que tiene a su favor. Máxime cuando el acto reclamado consiste en una condena líquida o estimable en dinero.
En efecto, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado coloca en una situación privilegiada a quien solicita el amparo, generando un desequilibrio respecto del tercero perjudicado, al que se impide ingresar en su esfera jurídica un derecho que aparentemente le corresponde.
Por ello, para que de algún modo se restablezca el estado de cosas existente en un principio entre los gobernados que acuden al juicio de amparo, tanto el artículo 107 de la Constitución Federal, como los artículos 173 y 174 de la Ley de Amparo abrogada, prevén el otorgamiento de una garantía a favor del tercero perjudicado, con la finalidad de indemnizarle de los daños y perjuicios que le sean ocasionados con la paralización del acto reclamado, cuando se promueve un amparo y se otorga la suspensión.
En lo que interesa, el artículo 107 constitucional establece lo siguiente:
"Artículo 107. ... X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social.
"Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de las sentencias definitivas en materia penal al comunicarse la promoción del amparo, y en las materias civil, mercantil y administrativa, mediante garantía que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión pudiere ocasionar al tercero interesado. La suspensión quedará sin efecto si este último da contragarantía para asegurar la reposición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguientes."
Por su parte, la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril del año en curso, que es aplicable al criterio que resulte del presente asunto -en virtud de que los recursos de queja objeto de las ejecutorias que contienden en esta contradicción de tesis, se rigieron por dicha ley-, en lo que interesa a los juicios de amparo directo, establece lo siguiente:
"Artículo 170. En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley."
"Artículo 173. Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.
"En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo segundo, 126, 127 y 128.
"Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las providencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se dictarán de plano, dentro del preciso término de tres días hábiles."
"Artículo 174. Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales del trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia.
"La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado."
Del artículo 173 arriba transcrito se desprende que en los juicios de amparo directo en materias civil y administrativa, la autoridad responsable podrá decretar la suspensión del acto reclamado, a instancia del agraviado, siempre y cuando se cumplan los requisitos a que se refiere el artículo 124 del mismo ordenamiento -que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público-, y quien lo solicite otorgue caución bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada.
El mismo precepto remite a los artículos 125 al 128 del mismo ordenamiento, que regulan la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo indirecto, de los cuales se desprende la misma obligación de otorgar garantía bastante para responder de los daños y perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercero perjudicada, así como la posibilidad de que el tercero perjudicado otorgue una contrafianza, con la finalidad de que cese la suspensión.(2)
Por su parte, el artículo 174, también transcrito, regula en forma específica la suspensión del acto reclamado en los juicios de amparo en materia laboral, precisando que cuando la parte quejosa es el patrón, deberá negarse la suspensión si pone al trabajador en peligro de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo; de manera que la suspensión sólo podrá concederse por el excedente de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador, en cuyo caso, la suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos que en los juicios en materias civil y administrativa.
Esto es, la tutela que otorgó el legislador a los trabajadores en materia de suspensión de los laudos que les resulten favorables, se limita a que la autoridad responsable niegue parcialmente la medida precautoria, para el efecto de que se ejecute el laudo por un monto equivalente al necesario para asegurar la subsistencia del trabajador y de su familia, mientras se resuelve el juicio de garantías; normas protectoras que no estimó conveniente el legislador extender a la fijación de la caución que debe otorgar la patronal para garantizar los daños y perjuicios que puedan causarse al trabajador, como consecuencia del otorgamiento de la suspensión del laudo en la parte que reste por ejecutar.
De manera que, por lo que ve al monto al que debe ascender la caución relativa -tema al que se constriñe la presente contradicción de tesis-, esta cuestión se rige por principios generales, aplicables a la suspensión de cualquier acto reclamado en un juicio de garantías que pueda acarrear daños y perjuicios al tercero perjudicado, que se encuentra interesado en que éste subsista.
Motivo por el cual, no es óbice al presente estudio, el que los criterios contendientes hayan surgido de asuntos en materia laboral, en los que el peticionario de amparo es el patrón; puesto que, para los efectos de la presente contradicción de tesis, la determinación de los daños y perjuicios que se causen al tercero perjudicado, cuando el Juez ha acordado que la suspensión es procedente, tienen el mismo tratamiento que en los amparos en materias civil o administrativa, además de que el estudio parte de la premisa de que el Juez ha acordado favorablemente sobre el otorgamiento de la suspensión, porque se han cumplido los demás requisitos que establece la ley.
Una vez e
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24823-45f95bf3/danos-y-perjuicios-derivados-del-otorgamiento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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