DEMANDA DE NULIDAD INTERPUESTA POR CORREO. EL ARTÍCULO 13, ANTEPENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL DISPONER QUE DEBE DEPOSITARSE EN EL LUGAR DONDE RESIDE EL DEMANDANTE, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
AMPARO DIRECTO 564/2013. J. JESÚS PADILLA PADILLA. 26 DE NOVIEMBRE DE 2013. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: GASPAR PAULÍN CARMONA. PONENTE: MA. ANTONIETA AZUELA DE RAMÍREZ. SECRETARIO: ULISES OSWALDO RIVERA GONZÁLEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO. En una parte de sus conceptos de violación, dice la quejosa que el artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, es violatorio del derecho humano de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República, así como de las garantías judiciales y de protección judicial, reconocidas por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo anterior es así, dice, pues si bien el artículo en cuestión permite presentar una demanda de nulidad a través del servicio de correo cuando el interesado no tenga su domicilio en la ciudad donde reside la Sala que deba conocer del asunto, a fin de evitar gastos innecesarios, inexplicablemente establece que ello sólo puede hacerse en la oficina de correos perteneciente al lugar de residencia de aquél, cuando el espíritu general de dichas normas es la accesibilidad y efectividad de los recursos judiciales y medios de defensa; de ahí que la porción normativa que impone tal exigencia resulte denegatoria de justicia por injustificada, excesiva y porque dificulta que la autoridad competente prevista por el sistema legal decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; para lo cual, además, debe tenerse en cuenta que tratándose del reconocimiento de derechos humanos se deben procurar las medidas más extensivas, mientras que su acotación o limitación debe hacerse de la manera menos gravosa.
Para dar respuesta a tales planteamientos, conviene tener presente el contenido de los siguientes preceptos:
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo:
"Artículo 13. El demandante podrá presentar su demanda, mediante Juicio en la vía tradicional, por escrito ante la Sala Regional competente o, en línea, a través del Sistema de Justicia en Línea, para este último caso, el demandante deberá manifestar su opción al momento de presentar la demanda. Una vez que el demandante haya elegido su opción no podrá variarla. Cuando la autoridad tenga este carácter la demanda se presentará en todos los casos en línea a través del Sistema de Justicia en Línea
"(Adicionado, D.O.F. 12 de junio de 2009)
"Para el caso de que el demandante no manifieste su opción al momento de presentar su demanda se entenderá que eligió tramitar el juicio en la vía tradicional.
"(Adicionado, D.O.F. 12 de junio de 2009)
"La demanda deberá presentarse dentro de los plazos que a continuación se indican:
"I. De cuarenta y cinco días siguientes a aquél en el que se dé alguno de los supuestos siguientes:
"(Reformado, D.O.F. 10 de diciembre de 2010)
"a) Que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, inclusive cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general.
"...
"(Reformado, D.O.F. 12 de junio de 2009)
"Cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México, correo certificado con acuse de recibo, siempre que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, pudiendo en este caso señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tenga su domicilio dentro de la jurisdicción de la Sala competente, en cuyo caso, el señalado para tal efecto, deberá estar ubicado dentro de la circunscripción territorial de la Sala. ..."
Constitución General de la República:
"(Reformado primer párrafo, D.O.F. 10 de junio de 2011)
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.
"(Adicionado, D.O.F. 10 de junio de 2011)
"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
"(Adicionado, D.O.F. 10 de junio de 2011)
"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."
"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. ..."
Convención Americana sobre Derechos Humanos:
"Artículo 8. Garantías Judiciales
"1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ..."
"Artículo 25. Protección Judicial
"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
"2. Los Estados Partes se comprometen:
"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;
"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y
"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."
Como se ha podido observar, la Constitución General de la República señala que en el país toda persona gozará de los derechos humanos reconocidos por ella y por los tratados internacionales de los que México sea parte, así como de las garantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y bajo las condiciones establecidas por la propia Constitución; agregando que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, además de que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos, previniendo, investigando, sancionando y reparando las violaciones que sobre ellos se hubieran cometido.
Asimismo, la Carta Magna ha reconocido la garantía de acceso a la justicia, conforme a la cual toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; además de establecer que ella, las leyes del Congreso de la Unión y todos los tratados internacionales que estén de acuerdo con la misma, serán la Ley Suprema de toda la Unión; tratados dentro de los cuales se encuentra la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo ocho establece las garantías judiciales, al señalar, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, así como en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella; mientras que su artículo veinticinco señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la misma Convención.
En relación con tales temas, vinculados con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que cualquier órgano jurisdiccional del país se encuentra facultado, e incluso obligado, a realizar de oficio un control de convencionalidad de las normas legales que apliquen en los asuntos puestos a su consideración, de manera tal que pueden dejar de aplicar aquellas que a su juicio impliquen la transgresión a algún derecho humano reconocido en la Carta Magna o en algún tratado internacional.
En efecto, sobre el nuevo régimen de derechos humanos que rige en el país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que lo dispuesto en los artículos 1o. y 133 constitucionales debe ser interpretado en el sentido de que cualquier autoridad jurisdiccional está obligada a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, dejando de aplicar ésta y dando preferencia a los primeros, lo cual ha sido denominado como el "control de convencionalidad ex officio".
Para llevar a cabo dicho control, el Alto Tribunal dijo que primero se debe interpretar la norma secundaria respectiva de manera conforme con la Constitución y los tratados internacionales, es decir, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; que en caso de que aquélla admita varias interpretaciones, se debe preferir la que sea más acorde con los derechos humanos, y que cuando tales alternativas no sean posibles, se deberá inaplicar la ley en cuestión.
Tales consideraciones se encuentran plasmadas en los siguientes criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
"Décima Época
"Registro: 160589
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P. LXVII/2011 (9a.)
"Página: 535
"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."
"Décima Época
"Registro: 160525
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P. LXIX/2011 (9a.)
"Página: 552
"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."
"Décima Época
"Registro: 160480
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro III, Tomo 1, diciembre de 2011
"Materia(s): Constitucional
"Tesis: P. LXX/2011 (9a.)
"Página: 557
"SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación con vías directas de control: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto; en segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda separada. Ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables en ambas. Es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad o por inaplicación, de los que conozca la Suprema Corte para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad."
"Décima Época
"Registro: 2002264
"Instancia: Primera Sala
"Jurisprudencia
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XV, Tomo 1, diciembre de 2012
"Materia(s): Común
"Tesis: 1a./J. 18/2012 (10a.)
"Página: 420
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y DE CONVENCIONALIDAD (REFORMA CONSTITUCIONAL DE 10 DE JUNIO DE 2011). Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto; no obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1o. constitucional, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración distintos de las vías directas de control previstas en la Norma Fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucionalidad de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano sólo podrán inaplicar la norma si consideran que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos."
"Décima Época
"Registro: 2003005
"Instancia: Pleno
"Tesis aislada
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Libro XVIII, Tomo 1, marzo de 2013
"Materia(s): Común
"Tesis: P. V/2013 (10a.)
"Página: 363
"CONTROL DIFUSO DE CONVENCIONALIDAD. LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA CUYA INCONVENCIONALIDAD SE DECLARA SÓLO TRASCIENDE A UNA INCONSTITUCIONALIDAD INDIRECTA DEL ACTO RECLAMADO AL NO EXISTIR LA DECLARATORIA RELATIVA. En materia de derechos humanos puede analizarse la contradicción entre una norma general interna y un tratado internacional a través del juicio de amparo, pues si bien es cierto que los juzgadores federales cuentan con facultades constitucionales para realizar el control concentrado en términos de los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también lo es que las tienen para efectuar el control de convencionalidad con motivo de lo previsto en los artículos 1o. y 133, última parte, de la propia Constitución, así como de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos, y por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el asunto varios 912/2010, del que derivó la tesis P. LXVII/2011 (9a.), de rubro: ‘CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.’. Lo anterior significa que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano contenido en un tratado internacional e, incluso, a la interpretación efectuada al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto de derecho interno y aplicando el instrumento internacional en materia de derechos humanos. En ese sentido, es innecesario reflejar la inconvencionalidad de una norma de derecho interno en los puntos resolutivos de la sentencia en la que se hace dicho pronunciamiento, pues éste sólo trasciende al acto de aplicación, en tanto que el control de convencionalidad no puede llegar más allá de la inaplicación de la norma interna en el caso específico; esto es, la inaplicación de la norma cuya inconvencionalidad se declara sólo trasciende a una inconstitucionalidad indirecta del acto reclamado, por lo que es innecesario llamar a juicio a las autoridades emisoras de la norma cuya inconvencionalidad se demanda, pues no habrá una declaratoria de inconstitucionalidad de ésta, sino sólo su inaplicación respecto del acto reclamado."
Con base en tales criterios, concretamente en la parte en que dicen que únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como Jueces constitucionales, podrán declarar la inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, último párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano colegiado estima medularmente fundados los conceptos de violación hechos valer por la quejosa en contra del artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Lo anterior es así, pues la limitante establecida en dicho precepto, en cuanto a que la posibilidad de presentar una demanda de nulidad vía correo certificado del Servicio Postal Mexicano está condicionada a que el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, resulta constitucionalmente injustificada e incompatible con las garantías judiciales reconocidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, al tenor de lo dispuesto en los artículos 17 de la Carta Magna, así como 8 y 25 de la citada Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una obligación del Estado Mexicano establecer para los gobernados tribunales donde se les administre justicia pronta y expedita, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, a fin de garantizar el derecho fundamental de que sean oídos, con las debidas garantías, por un órgano jurisdiccional competente, en la determinación de sus derechos civiles, laborales, fiscales o de cualquier otra clase, así como el de contar con un recurso sencillo, rápido y efectivo que los proteja contra actos que transgredan sus derechos fundamentales, dentro del cual se encuentra el deber de desarrollar las posibilidades de dicho recurso judicial.
A fin de garantizar el referido derecho de acceso a la justicia, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 13, establece que el gobernado que desee controvertir algún acto de la administración pública federal puede hacerlo presentando una demanda que puede tramitarse en la vía tradicional, por escrito ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que resulte competente según la materia de que se trate, o mediante el uso de las tecnologías de la información y comunicación, es decir, en línea o Internet, a través del Sistema de Justicia en Línea creado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil nueve.
Al efecto, el antepenúltimo párrafo del artículo en cuestión establece que cuando el demandante tenga su domicilio fuera de la población donde esté la sede de la Sala que deba conocer del asunto, la demanda podrá enviarse a través de Correos de México mediante correo certificado con acuse de recibo; sin embargo, el precepto agrega que ello será posible siempre y cuando el envío se efectúe en el lugar en que resida el demandante, quien podrá señalar como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en cualquier parte del territorio nacional.
La primera parte de dicho párrafo es perfectamente razonable, pues con ella se pretende evitar que los gobernados tengan que trasladarse hasta el lugar donde esté la sede de la Sala que deba conocer de su demanda, lo cual obedece, además, a que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no cuenta aún con un número suficiente de Salas Regionales en el país como para que siempre exista una geográficamente cercana a los ciudadanos; con lo cual se busca facilitarles el acceso a la justicia contencioso administrativa y evitarles los gastos que implicaría obligarlos a trasladarse para presentar una demanda, procurando así que aquélla sea accesible en la mayor medida posible.
La segunda parte del párrafo en cuestión, sin embargo, injustificada e inexplicablemente acota la posibilidad de presentar una demanda de nulidad a través del Servicio Postal Mexicano, pues limita dicha posibilidad a la oficina de correos del lugar que se considere la residencia del interesado, cuando en la práctica puede existir un gran número de circunstancias por las cuales la parte actora se encuentre, al momento en que deba presentar su demanda de nulidad, en un lugar distinto de donde reside regularmente.
Se estima injustificada dicha medida, pues no se advierte la existencia de una causa objetiva y razonable para que se limite la posibilidad de presentar una demanda por correo, pues hacerlo de esa forma, desde un lugar u otro, en sí mismo no representa ninguna ventaja indebida para el actor en perjuicio del demandado, en tanto que no se traduce en la ampliación del término que tiene para impugnar el acto en cuestión, ni en que quede eximido de cumplir con los requisitos procesales correspondientes; y en cambio, permitir que el gobernado presente una demanda de nulidad en la oficina de correos que exista en el lugar donde se encuentre en un momento determinado por razones de diversa naturaleza, o donde decidió llevar a cabo su defensa legal, se traduce en una medida efectiva para evitarle gastos innecesarios de traslado, pues actualmente la norma lo obligaría a trasladarse a su lugar de residencia a presentar la demanda por correo, o a la ciudad donde se encuentre la sede de la Sala competente para entregarla directamente, cuando se ha visto que el espíritu central de la norma, así como de la Carta Magna y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es procurar una justicia accesible para todas las personas en la máxima medida posible.
En otras palabras, no se advierte qué bien jurídico o institución procesal se pretenda salvaguardar con la prohibición de presentar la demanda en una oficina de correos distinta al del lugar habitual de residencia del actor y, por el contrario, el propio artículo 13, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece que el actor podrá señalar como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte de la República, lo cual pone de manifiesto que termina siendo un absurdo que se le exija presentar su demanda en la oficina de correos de su lugar de residencia habitual -aunque en el momento de hacerlo se encuentre fuera de él y deba trasladarse-, pero en cambio pueda recibir notificaciones de la Sala, también por correo certificado en los casos marcados por la ley, en cualquier lugar del territorio nacional; máxime en una época donde muchas personas encuentran su sustento en actividades económicas, profesionales o comerciales que suelen llevar a cabo sin tener un lugar fijo o estable que pueda considerarse como su residencia, y en tal medida el Estado debe responder con normas que sean acordes con una realidad económica, social y cultural de gran dinamismo, enmarcada en un entorno globalizado, donde la geografía deja de ser un punto de referencia importante para la determinación de los derechos de los individuos.
Desde otra perspectiva, el precepto que se examina, en la porción considerada inconstitucional, también limita indirectamente la defensa del gobernado, pues si cuenta con poco tiempo para preparar su demanda, y sólo podrá presentarla por correo en su lugar de residencia, el precepto lo condiciona, finalmente, a que la asesoría jurídica la busque sólo entre los profesionales del derecho que existan en su lugar de residencia, aun cuando eventualmente no sean los mejores; o bien, se ve obligado a realizar un traslado adicional para acudir a su lugar de residencia para enviar la demanda por correo, lo cual hace que dicha exigencia se torne innecesaria, exagerada y finalmente gravosa, tanto en lo económico como en la disponibilidad de tiempo, que en estos casos es un elemento de gran valor, porque es implacable y no se puede manejar caprichosamente.
Es decir, si por alguna razón determinada el actor se encuentra fuera de su lugar
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/24847-7e54bf72/demanda-de-nulidad-interpuesta-por-correo-el-articulo · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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