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Modo: Corpus Pro

SENTENCIAS DICTADAS EN EL PROCEDIMIENTO SUMARIO. LOS ARTÍCULOS 356, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 383, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, AL PROHIBIR EN SU CONTRA LA PROMOCIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN, Y EL DIVERSO 372, FRACCIÓN II, QUE LAS UBICA COMO DEFINITIVAS E IRREVOCABLES, SON CONTRARIOS AL ARTÍCULO 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y, POR TANTO, DEBEN INAPLICARSE.

Tipo de asunto: AMPARO DIRECTO 457/2013. · Registro digital (IUS): 25225
Órgano: Tribunales Colegiados de Circuito · Publicación: 2014-09-19
Promovente: —
Localización: Décima Época. Tribunales Colegiados de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Pág. 2320.

AMPARO DIRECTO 457/2013. 29 DE MAYO DE 2014. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: DÍDDIER ROLANDO RAMÍREZ CANTO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO POR LA COMISIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES DE MAGISTRADO. SECRETARIO: LUIS ARMANDO COAÑA Y POLANCO.

CONSIDERANDO:

QUINTO. Estudio de fondo. Este Tribunal Colegiado, al ejercer el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, y atendiendo a consideraciones supletorias de la queja, como autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la vigente Ley de Amparo, estima que procede otorgar el amparo impetrado por ********** o **********, al advertir que las normas generales ordinarias que fueron aplicadas en la causa penal de origen contravienen derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como pasa a exponerse.

Al respecto, cobra aplicación la tesis 2a. XVII/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el viernes veintiocho de febrero de dos mil catorce, con el rubro y texto siguientes:

"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR PARTE DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES. El párrafo segundo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, de donde deriva que los tribunales federales, en los asuntos de su competencia, deben realizar el estudio y análisis ex officio sobre la constitucionalidad y convencionalidad de las normas aplicadas en el procedimiento, o en la sentencia o laudo que ponga fin al juicio. Ahora bien, esta obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito."

Mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de junio de dos mil once, se modificó el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los órganos del sistema jurisdiccional mexicano, deberán ejercer el control de constitucionalidad. Así, en virtud del reformado texto del aludido precepto, se da otro tipo de control, ya que, se estableció que todas las autoridades del Estado Mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado Mexicano es parte, lo que también, comprende el control de convencionalidad; de lo que se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los Jueces nacionales tanto federales como del orden común, están facultados para emitir pronunciamiento en respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la referida Norma Fundamental y por los tratados internacionales.

En lo conducente, el artículo 1o. de la Constitución Federal, reformado mediante publicación de diez de junio de dos mil once, en el Diario Oficial de la Federación dice:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. ..."

Es inobjetable que la porción normativa reproducida, obliga a todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también, por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona.

Obligación que debe interpretarse junto con lo establecido en el artículo 133 constitucional; así, se obtiene que los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. En estos casos, los Jueces están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.

Lo anterior quedó manifestado en la tesis P. LXVII/2011 (9a.), emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el expediente varios 912/2010 (cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco), publicada en la página 535 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de dos mil once, que dice:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los Jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los Jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

Igualmente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, tal y como se aprecia de la tesis P. LXVIII/2011 (9a.), publicada en la página 551, Libro III, Tomo 1, diciembre de dos mil once del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que literalmente establece:

"PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El mecanismo para el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial debe ser acorde con el modelo general de control establecido constitucionalmente. El parámetro de análisis de este tipo de control que deberán ejercer todos los Jueces del país, se integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos 1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte."

En concordancia con lo anterior, este órgano colegiado está obligado a velar por el debido cumplimiento de los derechos fundamentales otorgados a los gobernados y analizar el presente caso, tomando en cuenta las normas relativas a los derechos humanos previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a una interpretación más extensa, atendiendo al principio pro persona que se desprende del párrafo segundo del artículo primero de la propia Constitución.

Ahora bien, importa señalar para efectos del presente asunto, que el veinte de enero de dos mil doce, la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, emitió sentencia en la cual resolvió pertinente condenar a la aquí quejosa ********** o **********, como penalmente responsable del delito de robo denunciado por **********, imponiéndole como sanciones seis meses de prisión, concediéndole los beneficios de la sustitución de la pena de prisión, por tratamiento en libertad, multa, semilibertad, trabajo a favor de la comunidad y condena condicional, a su elección, amonestándola; habiendo especificado la juzgadora que dicha sentencia causó ejecutoria, por haberse dictado en un procedimiento sumario, conforme a lo que establecen los artículos 371 y 372, fracción II, del Código de Procedimientos en Materia Penal de esa entidad, aplicable al caso.

En lo que a este amparo interesa, conviene conocer el texto del mencionado numeral 372, fracción II:

"Artículo 372. Son irrevocables y por tanto causan ejecutoria:

"I. ... ;

"II. Las sentencias definitivas dictadas en los procedimientos sumarios; y,

"III. ... "

En contra de la anterior sentencia ********** o **********, promovió demanda de amparo directo, debido precisamente, a que los artículos 356, último párrafo y 383, fracción I, del citado código adjetivo, expresamente prohíben la procedencia del recurso de apelación, respecto de los procesos sumarios penales.

"Artículo 356. ...

"...

"...

"El Juez dictará el fallo que proceda, dentro de los 3 días siguientes, en contra del cual no se admitirá recurso alguno."

"Artículo 383. Son apelables:

"I. Las sentencias definitivas, menos las dictadas en los procedimientos sumarios;

"II. ... "

Por tanto, se advierte que en el caso se contravienen los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la justicia, que reconocen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que específicamente prevé como garantías judiciales el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

"En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

"En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho."

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

... ."

Convención Americana sobre Derechos Humanos

"Artículo 8. Garantías judiciales.

"1. ...

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

"a) ...

"h) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior.

"3. ..."

Lo anterior, porque los ya reproducidos artículos 356, último párrafo y 383, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, proscriben el recurso de apelación en contra de la sentencia aquí reclamada, en razón de haberse dictado en un procedimiento sumario, en tanto que el diverso numeral 372, fracción II, del propio ordenamiento, la ubica como definitiva al conceptuarla inmutable e irrevocable ante la potestad común, esto es, le otorga eficacia de cosa juzgada.

Lo que trae como consecuencia que se viole en perjuicio de la quejosa su derecho a la segunda instancia en un procedimiento penal, el cual, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una garantía primordial judicial que debe respetarse en el marco del debido proceso, en aras de permitir que, una sentencia adversa pueda ser revisada por un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica.

Ello es así, porque la sentencia condenatoria emitida en única instancia afecta el derecho fundamental de la sentenciada al debido proceso, que se encuentra previsto en el reproducido precepto 14 constitucional; pues, la doble conformidad judicial, expresada mediante la íntegra revisión del fallo condenatorio, confirma el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional del Estado, y al mismo tiempo brinda mayor seguridad y tutela los derechos del sentenciado, dado que le otorga una nueva oportunidad para ejercer su defensa y refuerza la protección en contra del error judicial.

Aunado a lo anterior, precisa destacar que el principio de cosa juzgada implica la intangibilidad de una sentencia sólo si se llega a ella respetándose el debido proceso, pues una sentencia pronunciada en contravención a ello, produce una cosa juzgada "aparente".

Esta misma lógica ha sido sostenida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha puntualizado que si bien los Estados tienen un margen de apreciación para regular el ejercicio del recurso, no pueden sin embargo establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho de recurrir el fallo.

Por ende, este Tribunal Colegiado considera que debe respetarse el derecho que tiene el quejoso a recurrir una sentencia adversa a fin de que pueda ser revisada por un tribunal distinto y de superior jerarquía orgánica, a través de un medio de impugnación procesal penal, a efecto de hacer efectivo su derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional.

Ahora bien, como ya se señaló, los artículos 356, último párrafo y 383, fracción I, del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, disponen que las sentencias definitivas dictadas en el proceso sumario penal, son inapelables, lo que implica que la sentencia que condenó a ********** o ********** no es susceptible de ser analizada por un tribunal superior.

Entonces, se tiene que, por un lado, las normas de origen internacional otorgan el derecho a una segunda instancia, al señalar que el fallo condenatorio mínimamente debe ser revisado por un tribunal superior ampliando las garantías del sentenciado, quien tiene la oportunidad de que nuevamente su caso sea revisado, ahora por un órgano superior, que en la misma sede resolverá en consecuencia, sin menoscabo de que, luego de transitada la etapa del recurso ordinario (en el caso, apelación), de obtener fallo desfavorable, se conserva el derecho de promover juicio de amparo.

Por otro lado, las normas internas invocadas, concretamente los numerales 356, último párrafo, 372, fracción II y 383, fracción I, del código local de enjuiciamiento penal, restringen los derechos mínimos del sentenciado, al vedarle la oportunidad de que su caso sea revisado por un órgano superior.

El contenido de los dispositivos legales referidos en el párrafo que antecede, no permite una interpretación conforme, pues no hay manera de considerar que el condenado o el ofendido, en su caso, tiene derecho a impugnar en una segunda instancia la sentencia condenatoria o absolutoria, al prever que no procede el recurso de apelación en contra de las sentencias que se dicten en el proceso sumario, ubicándolas como irrevocables ante la potestad común y confiriéndoles la eficacia de cosa juzgada; por lo mismo, la determinación judicial que tuvo por acreditado en su integridad el delito de robo y la plena responsabilidad de la hoy quejosa, no es susceptible de ser analizada por un tribunal superior, lo que implica restricción a sus derechos fundamentales.

Cabe dejar apuntado, que dada su naturaleza, el juicio de amparo no constituye una segunda o tercera instancias, sino un mecanismo de control de constitucionalidad de normas y actos de autoridad, encaminado a la inmediata protección de los derechos fundamentales y no a la declaración del derecho sustantivo de los particulares; por ello, el análisis de las cuestiones de legalidad corresponde a los tribunales de instancia quienes resolverán si condenan o absuelven en definitiva a determinada persona, como dispone el artículo 380 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán.

"Artículo 380. El recurso de apelación tiene por objeto estudiar la legalidad de la resolución impugnada, para establecer, en consecuencia, que no se aplicó la ley correspondiente o se aplicó ésta inexactamente, si no se violaron las reglas de valoración de la prueba, si la resolución es contraria a las constancias de autos o no se fundó o motivó correctamente, con la finalidad de que el tribunal de segunda instancia, confirme, revoque o modifique la resolución apelada."

Dicho en otras palabras, el fin último del juicio de amparo no es decidir de manera directa e inmediata el derecho de los justiciables ante las autoridades, sino proteger a los gobernados en el goce de los derechos fundamentales.

En ese contexto, el juicio de amparo no puede sustituir al medio de defensa ordinario que contempla el artículo 8, numeral 2., inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y tampoco puede convalidar el derecho humano del sentenciado o el ofendido a una doble instancia en un proceso penal.

Sobre todo, que durante la secuela procesal del recurso de apelación interpuesto contra sentencias, los artículos 395 y 396 del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, otorgan una oportunidad adicional a las partes de ofrecer y perfeccionar los medios específicos de prueba que el propio código reconoce, e incluso el tribunal de alzada podrá perfeccionar pruebas de oficio; prerrogativa que no contempla el juicio de amparo directo, pues al tenor del artículo 75, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor, el acto se apreciará tal y como aparece probado ante la autoridad responsable sin que puedan considerarse pruebas que no hayan sido rendidas ante esa autoridad.

Además, a través del juicio de amparo no puede reclamarse la existencia de contraindicios que den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora y, por ende, a un fallo absolutorio, pues ello está reservado exclusivamente al Juez natural por el principio que rige en materia penal, atinente a que en caso de duda debe absolverse; en tanto que el juicio de amparo está estrechamente vinculado con el restablecimiento del derecho humano conculcado, obligando a la autoridad responsable a respetarlo; sin que ello implique que pueda sustituirse en funciones propias de esta última.

Sin que pase inadvertido para este Tribunal Colegiado, que si bien el procedimiento sumario, que el Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán prevé y regula en sus artículos 355 al 358, tiene como propósito sustancial favorecer razonablemente la prontitud y expedición en la impartición de justicia; empero, al tenor del citado numeral 355, aquél se instaura oficiosamente sin otorgar oportunidad a los procesados de optar por la vía ordinaria (que sí permite apelar la sentencia), con decremento en el disfrute de derechos fundamentales como el debido proceso, que garantizan valores e intereses que deben quedar transversalmente asegurados.

El referido artículo 355, dice:

"Artículo 355. En los casos de delitos cuya sanción no exceda de 3 años de prisión, sea o no alternativa o la aplicable no sea privativa de libertad, en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso según corresponda el Juez, de oficio, declarará abierto el procedimiento sumario, y concederá a las partes en el propio auto un término de 5 días, para que ofrezcan las pruebas que estimen pertinentes y que puedan desahogarse en un plazo que no exceda de 15 días. Cuando fuesen varios los delitos por el que se sigue el proceso, se estará a la sanción máxima del mayor, para resolver sobre la apertura del procedimiento sumario."

No obsta a lo anterior, la circunstancia atinente a que en contra de las sentencias dictadas en sede administrativa procede de inmediato la acción constitucional de amparo directo como medio extraordinario de defensa, habida cuenta que el comentado artículo 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tutela garantías judiciales en el específico marco del proceso penal, como se advierte de su texto que nuevamente se reproduce:

"Artículo 8. Garantías Judiciales.

"1. ..

"2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

"a) ...

"h) Derecho de recurrir del fallo ante Juez o tribunal superior.

"3. ..."

Por otra parte, es manifiesta la pretensión de la hoy quejosa de que se revise lo actuado ante la Juez penal responsable con la finalidad de revertir el fallo condenatorio, pues ante la ausencia de un recurso ordinario en sede judicial que le permita inconformarse con esa decisión, instó el juicio de amparo directo.

Consecuentemente, la decisión del Juez responsable, atinente a declarar que causaba ejecutoria el fallo condenatorio que se le reclama, infringió los derechos fundamentales de la quejosa ********** o **********, puesto que no desaplicó la porción contenida en los preceptos legales referidos, que proscriben el recurso de apelación cuando se trata de una sentencia dictada en el proceso sumario, colocándola como irrevocable ante la potestad común y con eficacia de cosa juzgada, a pesar de estar obligado a ejercer el control de convencionalidad, dada la restricción a los derechos fundamentales de acceso efectivo a la justicia y debido proceso de la sentenciada, prevista por la norma interna citada, y porque, en ese momento ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos había establecido la responsabilidad del Estado Mexicano, en el sentido de que los órganos del Poder Judicial deben ejercer de oficio el control de convencionalidad.

Ciertamente, la Convención constituye una norma vigente y de observancia obligatoria al momento en que se emitió la sentencia reclamada, y nuestro país aceptó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, según la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos noventa y nueve, en los términos ya destacados al inicio de este considerando; de manera que, como parte del Estado Mexicano, los órganos integrantes del Poder Judicial deben observar las determinaciones de la Corte, que incluye la jurisprudencia obligatoria cuando el Estado es parte en el juicio y orientadora en los restantes.

Tiene aplicación la tesis P. LXIX/2011 (9a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 552 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro III, Tomo 1, diciembre de dos mil once:

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.-La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los Jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los Jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."

En las relacionadas consideraciones, es clara la infracción a los derechos fundamentales al debido proceso y acceso efectivo a la justicia que, en favor de la quejosa reconocen los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al contenido de las garantías judiciales que específicamente prevé el artículo 8 numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y, en reparación de ello, procede concederle el amparo y protección constitucionales que solicita.

SEXTO.-Efectos de la concesión del amparo: En consecuencia, el amparo se concede para que la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, cumpla con lo siguiente:

1. Desaplique lo dispuesto por los artículos 356, último párrafo, 372, fracción II y 383, fracción I, todos del Código de Procedimientos en Materia Penal del Estado de Yucatán, en la parte que prohíben la procedencia del recurso de apelación, contra las sentencias dictadas en los procedimientos sumarios, y le otorgan el carácter de irrevocables con eficacia de cosa juzgada; y,

2. En consecuencia, haga del conocimiento de la quejosa y su defensor, así como a las partes en el proceso que, en atención a la desaplicación de dichas hipótesis normativas, se estará a lo dispuesto en el artículo 384 del referido código procesal de la materia, en lo relativo al plazo previsto para la interposición del recurso de apelación, en caso de que algún sujeto legitimado lo estime pertinente, atendiendo a las formalidades previstas al efecto.

Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, y dada la naturaleza del acto, se otorga a la autoridad responsable el término de tres días para que dé cumplimiento total a lo ordenado en el fallo protector, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se seguirá el procedimiento establecido en los artículos 192 al 198 de la referida ley.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo, asimismo, en los artículos 74, 75, 77 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve:

ÚNICO.-Para los efectos precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a *

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25225-91eb3fd8/sentencias-dictadas-en-el-procedimiento-sumario-los-articulos · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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