INTERRUPCIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN NEGATIVA. NORMA APLICABLE RESPECTO DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 267 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE JALISCO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 9/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y CUARTO, AMBOS EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. 12 DE AGOSTO DE 2014. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MAGISTRADOS MARTHA LETICIA MURO ARELLANO, VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ, GUSTAVO ALCARAZ NÚÑEZ, CARLOS MANUEL BAUTISTA SOTO Y EDUARDO FRANCISCO NÚÑEZ GAYTÁN. PONENTE: VÍCTOR MANUEL FLORES JIMÉNEZ. SECRETARIO: ALBERTO CARRILLO RUVALCABA.
Zapopan, Jalisco. Acuerdo del Pleno de Circuito en Materia Civil del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión de doce de agosto de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver, los autos relativos a la contradicción de tesis 9/2013, y;
RESULTANDO :
PRIMERO. En escrito presentado el tres de diciembre de dos mil trece, en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito, ********** y **********, por conducto de su apoderado **********, en su calidad de terceros interesados en el juicio de amparo directo ********** y de quejosos, en el diverso **********, ambos, del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, denunciaron la posible contradicción entre el criterio sustentado en esos juicios de amparo, y el que sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo circuito, en el amparo directo **********.
SEGUNDO. Por acuerdo de cinco de diciembre de dos mil trece, el presidente del Pleno de Circuito en Materia Civil del Tercer Circuito, admitió a trámite la posible denuncia de contradicción de tesis, ordenándola registrar bajo el expediente 9/2013, ahí mismo, requirió a los presidentes de los tribunales contendientes para que remitieran las copias certificadas de las ejecutorias relativas y para que informaran si los criterios sustentados en dichos asuntos se encontraban vigentes, o en su caso, la causa para tenerlos por superados o abandonados.
TERCERO. En proveído de trece de diciembre de dos mil trece, el entonces presidente de este Pleno de Circuito, recibió el oficio remitido por el presidente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el que por un lado, adjuntó copias certificadas de las ejecutorias emitidas en los juicios de amparo directo ********** y ********** y por otro, informó que el criterio sostenido en esos fallos, continúa vigente; luego, en diverso auto de once de febrero de dos mil catorce, el presidente del Pleno de Circuito, recibió el oficio remitido por el secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, por el que envió copias certificadas de la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo **********, de ese índice y solicitó a dicho órgano jurisdiccional, informara si el criterio ahí sostenido continúa vigente.
Así, en proveído de veintiséis de febrero último, el presidente de este Pleno de Circuito, tuvo a dicho tribunal informando que continúa vigente el criterio sustentado en ese juicio de amparo y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 14, fracción VII, del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo de la judicatura Federal, se turnaron los autos de la presente contradicción al Magistrado Víctor Manuel Flores Jiménez, presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Este Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 41 Bis y 41 Ter, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 226, fracción III, de la nueva Ley de Amparo, toda vez que se trata de una denuncia de contradicción suscitada entre criterios de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito.
SEGUNDO. La presente denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legitima en términos del artículo 227, fracción III, de la Ley de amparo vigente, al formularla ********** y **********, por conducto de su apoderado **********, en su calidad de terceros interesados en el juicio de amparo directo ********** y de quejosos, en el diverso **********, ambos del índice del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito.
TERCERO. Las consideraciones de las ejecutorias que propician la presente contradicción de tesis, son las siguientes:
I. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo **********, en sesión de trece de septiembre de dos mil siete, estableció lo que sigue:
"SÉPTIMO. Uno de los conceptos de violación hecho valer por el quejoso, resulta sustancialmente fundado. Primeramente, conviene realizar una breve reseña histórica de los antecedentes que informan el acto reclamado, consistente en la sentencia definitiva dictada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el trece de junio de dos mil siete, en los autos del toca de apelación **********, la que se obtiene de los autos del juicio de origen y del referido toca, a los que se les otorga plena eficacia probatoria, por tratarse de documentales públicas, en términos de lo dispuesto por los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 2, de esta última legislación. Así, se llega al conocimiento, en lo que ahora interesa, de lo siguiente: En escrito de cinco de agosto de dos mil dos, ********** y **********, la primera, con el carácter de cónyuge supérstite y la segunda como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, demandaron en la vía civil sumaria hipotecaria al ahora quejoso **********, por la declaración judicial en el sentido de que ha vencido el plazo pactado para el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de un contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria; por el pago de cien millones de pesos anteriores o su equivalente en moneda actual de cien mil pesos, por concepto de capital; por el de doce mil pesos actuales por concepto de interés ordinario, a razón de uno por ciento mensual, desde el cinco de agosto de mil novecientos noventa y uno a los mismos día y mes, pero de mil novecientos noventa y dos; por el de intereses moratorios a razón del diez por ciento mensual, a partir del cinco de agosto de mil novecientos noventa y dos; por el de impuestos; por el que en subasta pública se proceda a la venta del inmueble materia de garantía hipotecaria y; por el pago de gastos y costas. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Segundo de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, bajo expediente **********, quien la admitió en proveído de catorce de agosto de dos mil dos y, entre otras cuestiones, ordenó expedir y registrar la correspondiente cédula hipotecaria, así como emplazar al demandado, para que en el término de cinco días contestara la demanda, con el apercibimiento de que en caso contrario, se le tendría por confeso de los hechos de la misma y se le seguiría el juicio, en su rebeldía (folio 5 del cuaderno del juicio natural). En escrito de veinticinco de noviembre de dos mil cuatro, **********, solicitó al a quo natural le reconociera el carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ********** y, así le tuvo el Juez de primer grado, en proveído de uno de diciembre de ese año (fojas 15 y 16). Posteriormente, **********, en ocurso de veintiuno de septiembre de dos mil seis, solicitó al Juez de primer grado, entre otras cuestiones, que se le reconociera el carácter de albacea definitiva de la sucesión intestamentaria a bienes de **********, petición que fue acordada de conformidad en auto de veintiséis siguiente (fojas de la 24 a la 26). En diligencia de seis de noviembre de dos mil seis, previo citatorio dejado el tres anterior, el notificador adscrito al juzgado natural, llevó a cabo el emplazamiento a juicio al demandado ********** (folios 29 y 30). En escrito de trece de noviembre de dos mil seis, el demandado, por conducto de su apoderado **********, produjo contestación a la demanda incoada en su contra (fojas de la 33 a la 38). Sustanciado que fue el juicio de origen, el Juez de primer grado dictó sentencia definitiva el dieciséis de marzo de dos mil siete (que fue aclarada el diecisiete de abril posterior), en la que consideró que la parte actora justificó su acción, en tanto que el demandado no demostró sus excepciones, por lo que condenó a éste al pago de cien mil pesos en concepto de suerte principal, más los intereses ordinarios, a razón de uno por ciento mensual a partir del cuatro de agosto de mil novecientos noventa y uno y hasta el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y dos, así como al pago de los intereses moratorios a razón del diez por ciento mensual, desde su constitución en mora y hasta la total liquidación del adeudo, absolviéndolo del pago de impuestos y del de costas. En contra de esa resolución, el demandado interpuso recurso de apelación, del que correspondió conocer a la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, bajo el toca **********, la que en sentencia de trece de junio de dos mil siete, que constituye el acto aquí reclamado, confirmó el fallo apelado. Pues bien, resulta sustancialmente fundado el concepto de violación en el que el quejoso señala, en síntesis, que es contrario a derecho que la Sala responsable haya desestimado sus agravios esgrimidos en contra de la sentencia de primer grado, en los que alegó que la presentación de la demanda no interrumpió la prescripción en términos del ordinal 1198, fracción II, del anterior Código Civil para el Estado de Jalisco. En ese sentido, alega que el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no impera sobre el 1198, fracción II, del anterior Código Civil local, que, asegura, es el aplicable al juicio natural, en términos del octavo transitorio del actual. Así, arguye el disidente que dado que la cuestión a dilucidar consiste en la interrupción de la prescripción, es aplicable el artículo 1198, fracción II, del anterior Código Civil para el Estado de Jalisco y no el 267 del enjuiciamiento civil local, dado que aquél se encuentra en el capítulo V, ‘De la interrupción de la prescripción’, del título sexto ‘De la prescripción’, del Código Civil, en tanto que el diverso ordenamiento se localiza dentro de un título y capítulo que no regula específicamente esa interrupción, sino que en forma general regula el juicio ordinario y la presentación de la demanda, por lo que debe considerarse al artículo 1198, como ley especial, además de que la interrupción de la prescripción no se trata de una cuestión procesal, por ello, agrega el pretensor del amparo que, el hecho de que el artículo 267 de la codificación procesal establezca que la presentación de la demanda interrumpe la prescripción, ello no es aplicable al justiciable, dado que se contrapone a la ley especial. En esas condiciones, refiere que el numeral 1198, fracción II, del Código Civil para el Estado de Jalisco, vigente cuando se asumió la obligación reclamada, establecía que la sola presentación de la demanda no interrumpía la prescripción de la obligación, sino que para ello era necesario que se emplazara al demandado. Y, por último, el quejoso sostiene que el hecho de que el ordinal 270 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, no señale que uno de los efectos del emplazamiento sea el de interrumpir la prescripción, ello ni (sic) implica que el llamamiento a juicio no tuviere ese efecto, pues, reitera, ello proviene del artículo 1198, fracción II, del Código Civil para el Estado de Jalisco, en su texto anterior. Ahora, la Sala responsable, al resolver el recurso de alzada interpuesto por la parte demandada, en contra del fallo de primera instancia, determinó que contrario a lo alegado por el apelante, el término para que operara la prescripción de la acción se interrumpió con la presentación de la demanda. Según el tribunal de segundo grado, atento al principio de especialidad, deben imperar las reglas del procedimiento y que si desde el punto de vista subjetivo, la prescripción es el abandono del derecho que deriva de la inactividad del titular, la omisión se destruye con la sola presentación de la demanda, al significar el ejercicio de la acción. De modo que según la Sala responsable, el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece que los efectos de la presentación de la demanda son, entre otros, interrumpir la prescripción, por lo que consideró que no son las actuaciones judiciales al admitir la demanda o emplazar a los demandados, lo que en realidad la interrumpe y, agregó que además, del diverso ordinal 270, ibídem, no se advierte que uno de los efectos del emplazamiento sea el de interrumpir la prescripción, por lo que determinó que de ese precepto, en concordancia con ‘la regla procesal precisada en el párrafo precedente’ (artículo 267), se concluye que basta la sola presentación de la demanda, para que se interrumpa la prescripción, lo que justificó con el hecho de que la tardanza o dilación en el emplazamiento, no sería culpa del actor, una vez que haya hecho una manifestación de no dejar dormido su derecho frente al deudor, pues ello es una cuestión que le compete a la autoridad. Pues bien, primeramente, resulta oportuno precisar que de acuerdo con el contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria, fundatorio de la acción, celebrado el tres de agosto de mil novecientos noventa y uno y que se contiene en el primer testimonio de la escritura pública **********, pasada ante la fe del notario público ********** de Guadalajara, Jalisco, que ahora se tiene a la vista, se llega a la conclusión de que como bien, lo refiere el quejoso, en el justiciable es aplicable el Código Civil para el Estado de Jalisco, previo a las reformas contenidas en el Decreto Número 15776, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el veinticinco de febrero de mil novecientos noventa y cinco, por el que se derogó el anterior Código Civil para la misma entidad federativa, dado que el artículo octavo transitorio de ese decreto, establece lo que sigue: ‘OCTAVO. Los derechos y obligaciones derivados de hechos y actos jurídicos celebrados bajo la vigencia del código anterior se regirán por el mismo.’. De modo que, si como se ve, el contrato base de la acción, se celebró bajo la vigencia del Código Civil derogado, es éste el que debe regirlo. Así, dicha codificación aplicable al juicio natural, en su artículo 1198, fracción II, dispone lo siguiente: ‘Artículo 1198. La prescripción se interrumpe: ... II. Por demanda u otro cualquier género de interpelación judicial, notificada al poseedor o al deudor en su caso.’. De la interpretación de ese ordenamiento se conoce que para que la prescripción se vea interrumpida, se requiere una demanda o cualquier otra interpelación judicial; sin embargo, la presentación de una demanda, no basta para que opere tal interrupción, sino que además, debe ser notificada al deudor demandado, de modo que hasta que se practique esa notificación, de acuerdo a ese precepto, es cuando se interrumpe la prescripción. Lo anterior ha sido interpretado así, por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en la página 62 del Volumen Cuarta Parte, CXXXIII, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, así como por este propio Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en la tesis que aparece en el Tomo XI, marzo de mil novecientos noventa y tres, página 336, Octava Época, del referido Semanario, ambas citadas por el quejoso y, que en su orden dicen: ‘PRESCRIPCIÓN, INTERRUPCIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). En la fracción II del artículo 1198 del Código Civil del Estado de Jalisco, se dispone que el término de la prescripción se interrumpe por demanda u otro cualquiera género de interpelación judicial, notificada al poseedor o al deudor, en su caso. Esto significa que la sola presentación de la demanda, no es bastante para interrumpir la prescripción, sino que es necesario que se lleve al cabo la notificación, mediante el emplazamiento, en el cual se hace saber al demandado que existe una demanda en su contra, y se le previene que, dentro del término que se haya fijado, la conteste. Lo asentado se confirma si se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 270, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, entre los efectos del emplazamiento, está el de producir todas las consecuencias de la interpelación judicial, si por otros medios no se hubiere constituido ya en mora el obligado; y el emplazamiento es la mejor forma de interpelación.’. ‘PRESCRIPCIÓN. MOMENTO EN QUE SE INTERRUMPE LA. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1198, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL DE JALISCO. Un examen objetivo del precepto legal indicado en el rubro, permite razonar que para interrumpir la prescripción, la norma sustantiva exige: a) Una demanda o cualquier género de interpelación judicial; y b) Que la demanda o interpelación judicial sea notificada al deudor o posee
or. Bajo tal premisa, una correcta interpretación -ajustada estrictamente a lo dispuesto por la ley-, lleva a sostener que para la actualización de la causa interruptora aludida, deben cumplirse las dos condiciones descritas. Consecuentemente, el momento en que se interrumpe la prescripción, lo será, necesariamente, cuando se realice la última condición. Y debe quedar claro que conforme al principio de estricto derecho que rige la cuestión civil, cualquier interpretación diversa a la anterior, pugnaría con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional, en donde se establece que las sentencias que se dicten en esta materia, deben, como primer supuesto, ceñirse a la letra de la ley.’. En contraste, el ordinal 267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, establece: ‘Artículo 267. Toda contienda judicial principiará por demanda en la cual se expresará: I. El tribunal ante quien se promueva; II. El nombre del actor, de su abogado patrono, autorizado para recibir notificaciones y el domicilio que señale para oírlas; III. El nombre del demandado y el domicilio en que pueda ser emplazado; IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; V. Los hechos en que el actor funde su petición numerándolos y narrándolos sucintamente con claridad y precisión, de tal manera que el demandado pueda preparar su contestación y defensa; VI. Los fundamentos de derecho, procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; y VII. En su caso el valor de lo demandado. Los efectos de la presentación de la demanda son someter al actor a la competencia del Juez ante quien fue presentada la misma; interrumpir la prescripción si no lo está por otros medios; señalar el principio de la instancia; en su caso, impedir la tácita reconducción, la caducidad y los demás que expresamente señale la ley.’. (lo destacado es por parte de este tribunal). Este citado precepto del enjuiciamiento civil local, en su último párrafo, es precisamente en el que se apoya la Sala responsable para sostener que basta la presentación de la demanda, para interrumpir la prescripción de la acción y, resulta oportuno precisar que tal parágrafo, fue adicionado por Decreto Número 15766, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, es decir, con fecha posterior a la de celebración del contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria base de la acción (de tres de agosto de mil novecientos noventa y uno). Pues bien, como se deja visto, se está ante la presencia de dos normas jurídicas análogas, que prevén situaciones opuestas, para una misma figura, es decir, ambas establecen de manera disímil cómo se interrumpe la prescripción, en la medida de que el ordinal 1198, fracción II, del Código Civil para el Estado de Jalisco aplicable, establece que la prescripción se interrumpe, entre otras hipótesis, por demanda notificada al deudor, en tanto que el artículo 267 del Código de Procedimientos Civiles de la misma entidad federativa, establece en su último párrafo que entre los efectos de la presentación de la demanda se encuentra precisamente la interrupción de la prescripción. Resulta pertinente establecer que es intrascendente el hecho de que el artículo 1198, fracción II, se encuentre en el Código Civil para el Estado de Jalisco y que el 267, se localice en el de procedimientos civiles, habida cuenta que la ubicación legislativa de la norma, no determina su naturaleza sustantiva o adjetiva, pues por razones de técnica, imprecisiones y necesidades legislativas, es frecuente encontrar dentro de los códigos procesales normas sustanciales y en los sustantivos normas procesales y, así, la naturaleza de la norma no depende del ordenamiento en que esté prevista, sino de la función que cumpla, por lo que si una norma tiene una función instrumental continuará siendo procesal aunque se le incluya en un código sustantivo y si regula el fondo de una situación jurídica conservará su naturaleza sustantiva aun cuando se encuentre en una codificación adjetiva. Resulta aplicable la tesis que se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer (sic) Circuito, publicada en la página 1159 del Tomo XVIII, julio de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘NORMAS JURÍDICAS. SU UBICACIÓN LEGISLATIVA NO DETERMINA SU NATURALEZA SUSTANTIVA O PROCESAL. De acuerdo a la función que desempeñan las normas jurídicas pueden clasificarse en sustantivas o adjetivas, y si bien lo ordinario es que se encuentren establecidas en ordenamientos que correspondan a su función, esto es, que las que regulen el fondo de las situaciones jurídicas se comprendan en códigos sustantivos y las que determinen los medios y procedimientos para deducir los derechos se alberguen en ordenamientos procesales; por razones de técnica, imprecisiones y necesidades legislativas, es frecuente encontrar dentro de los códigos procesales normas sustanciales o materiales y en los códigos sustantivos normas procesales, adjetivas o de actuación. Por consiguiente, para determinar el carácter sustantivo o adjetivo de una norma debe atenderse a la función que desempeñe, prescindiendo de su inclusión en determinada codificación, dado que la naturaleza de la norma no depende del ordenamiento en que esté prevista, sino de la función que cumpla, es decir, la ubicación legislativa de la norma no es la que determina su naturaleza sustantiva o adjetiva, ni un criterio científico para identificar la norma procesal frente a la norma sustantiva. De manera que si la norma tiene una función instrumental continuará siendo procesal aunque se le incluya en un código de fondo y, consecuentemente, si regula el fondo de una situación jurídica conservará su naturaleza sustantiva a pesar de estar inmersa en una legislación adjetiva.’. En esas condiciones, tenemos que cuando se celebró el contrato base de la acción, el Código Civil para el Estado de Jalisco vigente, era precisamente el que contenía el transcrito artículo 1198, fracción II, en tanto que el Código de Procedimientos Civiles del mismo Estado, en ese entonces, no contenía el último párrafo del trasunto artículo 267. Bien, a efecto de establecer cuál de las dos normas es la que debe regir en el juicio natural, es decir, si el artículo 1198 del Código Civil, o bien, el 267, en su último párrafo, del de Procedimientos Civiles, ambos, del Estado de Jalisco, debe atenderse si a esta última disposición se le puede dar o no efectos retroactivos, pues en caso de que no lo fuere, ésta sería la norma que debe imperar. Esto es, dispone el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que sigue: ‘Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.’. Así, a ninguna ley se le puede dar un efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que, más que referirse a las leyes, alude a los actos de aplicación de las mismas; sin embargo, ello debe comprender también a las leyes mismas; de modo que la irretroactividad que prohíbe el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, así como a las autoridades que las aplican a un caso determinado y, para resolver la cuestión de la retroactividad, existen dos teorías: la de los derechos adquiridos y, la de los componentes de la norma. La primera se distingue entre dos conceptos: el de derecho adquirido que se define como aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico y, el de expectativa de derecho, que debe entenderse como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho, esto es, el derecho adquirido constituye una realidad, en tanto que la expectativa de derecho corresponde a algo que en el mundo fáctico no se ha materializado. En ese tenor, de acuerdo con esta teoría, si una ley o acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos, sino simples expectativas de derecho, no se viola la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el artículo 14 constitucional, ello, en razón de que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente; en cambio, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado. De modo que, de acuerdo con esta teoría, una ley es retroactiva cuando trata de modificar o destruir en perjuicio de una persona los derechos que adquirió bajo la vigencia de la ley anterior, toda vez que éstos ya entraron en el patrimonio o en la esfera jurídica del gobernado, y no cuando se aplica a meras expectativas de derecho. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 306, Tomo XIII, junio de dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ‘IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.’. Así, la garantía de la irretroactividad de las leyes que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a la teoría de que se trata, establece que no se pueden modificar o afectar los derechos que adquirió un gobernado bajo la vigencia de una ley anterior, con la entrada de una nueva disposición, pero las meras expectativas de derecho sí se pueden regular por las nuevas disposiciones legales, sin que se contravenga. Luego, la teoría de los componentes de la norma, se refiere a que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, en el que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, que los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y de cumplir con éstas, empero no siempre se generan de manera inmediata el supuesto y la consecuencia, sino que su realización puede ocurrir fraccionada en el tiempo, por lo que para que se pueda analizar la retroactividad o irretroactividad de las normas, es necesario analizar las siguientes hipótesis que pueden llegar a generarse: a) Cuando durante la vigencia de una norma jurídica, se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia, de modo que no se puede variar, suprimir o modificar ese supuesto o su consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad de las normas, habida cuenta que ambos nacieron a la vida jurídica con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley. b) Cuando la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas, en este caso, si el supuesto y algunas de
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25356-4f5ce7e5/interrupcion-de-la-prescripcion-negativa-norma-aplicable-respecto · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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