PÉRDIDAS FISCALES. LA AUTORIDAD EXACTORA DEBE DISMINUIR LAS QUE EL CONTRIBUYENTE REVISADO TENGA PENDIENTES DE AMORTIZAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, CUANDO DETERMINE EL RESULTADO FISCAL CON MOTIVO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y AQUÉLLAS HAYAN SIDO MATERIA DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 158/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, Y PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, ASÍ COMO EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 22 DE OCTUBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)
TERCERO. A efecto de verificar si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, es menester destacar las consideraciones sustentadas en las ejecutorias respectivas.
I. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la revisión fiscal 25/2012.
"... Es infundado el agravio en el que en esencia, la recurrente aduce la Sala Fiscal ilegalmente declaró la nulidad de la resolución impugnada, porque la autoridad demandada no aplicó lo dispuesto en el artículo 90, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en dos mil tres, ya que la parte actora acreditó en su declaración anual de dicho impuesto en el ejercicio fiscal de dos mil dos, haber declarado una pérdida fiscal por setenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos, que debió restar a la utilidad fiscal determinada; sin tomar en cuenta que en términos del diverso numeral 61 de la citada Ley del Impuesto sobre la Renta, quien tiene la obligación de aplicar las pérdidas fiscales es el propio contribuyente y no la autoridad fiscal y si aquél no disminuyó dicho menoscabo del ejercicio anterior al revisado, pierde su derecho para hacerlo hasta por la cantidad que pudo haberlo efectuado, ya que ese derecho es exclusivo de los contribuyentes, además de que en la ley no se establece que en caso de que el contribuyente no ejerza ese derecho, la autoridad fiscal tiene obligación de aplicarlo.
"El artículo 90, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio fiscal revisado a la contribuyente, preveía: (se transcribe)
"El citado precepto, en el párrafo final, dispone que para obtener el resultado fiscal, se restará a la utilidad fiscal determinada las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores.
"Conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la citada legislación, el resultado fiscal del ejercicio se obtiene: 1) disminuyendo de los ingresos acumulables las deducciones autorizadas para obtener la utilidad fiscal; y, 2) a la utilidad fiscal se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; así, independientemente de la cantidad que se obtenga, ésta se denomina ‘resultado fiscal’ y constituye la base gravable para el pago del impuesto.
"Ahora, el problema a dilucidar en el presente asunto, radica en determinar si correspondía exclusivamente a la contribuyente y no a la autoridad fiscal, disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y, por consiguiente, si al no haberlo hecho aquélla perdió su derecho a su aplicación.
"El artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el ejercicio de dos mil tres, disponía: (se transcribe)
"Por su parte, el diverso numeral 10 de la citada ley, en lo que interesa, preveía: (se transcribe)
"De los preceptos transcritos se advierte que la pérdida fiscal no es sino la diferencia entre los ingresos acumulables en un ejercicio y las deducciones autorizadas por la ley, cuando el monto de éstas es mayor que el de los ingresos. En este contexto, una vez realizados los cálculos correspondientes y si el resultado obtenido arroja pérdidas, la misma ley señala en qué lapso y bajo qué condiciones puede efectuarse la deducción de éstas.
"Así pues, el contribuyente que sufría pérdidas estaba en posibilidad de disminuirlas de la utilidad fiscal durante los diez ejercicios siguientes.
"Por otro lado, cabe traer a colación lo que establecen los artículos 5o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación, que respectivamente disponían: (se transcriben)
"El artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, contiene el derecho sustantivo previsto en el diverso numeral 10, fracción II, de la ley en cita, en el que se establece la posibilidad para el contribuyente de disminuir sus pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios, en lo que se refiere a la actualización de dichas pérdidas para efectos de su amortización en años subsecuentes y, además, el artículo 61 de la ley en estudio prevé una fórmula específica de carácter sustantivo que incide directamente sobre uno de los elementos fundamentales del tributo, como lo es en este caso la base gravable.
"Es decir, el artículo 10, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, prevé la base para determinar el impuesto sobre la renta de las personas morales, la que constituye el resultado fiscal, al que se le aplicará la tasa respectiva; además, para obtener la base del tributo, en principio se debe obtener la utilidad fiscal, la cual es el resultado de disminuir de la totalidad de los ingresos acumulables del ejercicio, las deducciones autorizadas por la ley.
"Posteriormente, a la utilidad se le disminuirán las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios y, es entonces, cuando interviene la fórmula para actualizar las pérdidas que se encuentren pendientes de amortizar de ejercicios anteriores.
"En ese orden de ideas, la fórmula para actualizar las pérdidas disminuibles inciden directamente sobre la base del tributo, ya que no es sino esa fórmula la que determinará el monto actualizado neto a disminuir de la utilidad obtenida.
"Por consiguiente, es inconcuso que dicho precepto al establecer cargas a los particulares (pues incide en la base del tributo) es de aplicación estricta, esto conforme a lo establecido en los artículos 5o. y 6o. del Código Fiscal de la Federación, en los que se establece que corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario.
"Consecuentemente, por regla general, en el causante recae la responsabilidad de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria, lo que se denomina ‘autodeterminación de las contribuciones’, que parte de un principio de buena fe, el cual le permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias.
"Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis XVI/2006, de rubro: ‘OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.’,(3) en lo que al caso interesa, determinó que ciertamente corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario; consecuentemente, en el causante recae la responsabilidad de determinar en cantidad líquida las contribuciones a enterar, mediante la realización de las operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley hacendaria, por lo que dicha autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual le permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias.
"Agregó: de la correcta interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente sino que es una modalidad relativa al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, cuya atención se supervisa por la autoridad fiscal, tal como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.
"Por otro lado, esos procedimientos tienen como objeto, el que las autoridades fiscales puedan comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados, han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y proporcionar información a otras autoridades de igual índole; por lo cual, están facultadas para rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, pues tan es así que las autoridades fiscales pueden requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión que se trate.
"Entonces, si bien es cierto que, por regla general a la actora corresponde disminuir, conforme a lo dispuesto en los artículos 10, fracción II y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, más si es dentro de las facultades de comprobación que ejerce la autoridad.
"Contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, la contribuyente no está en esa posibilidad de aplicar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, cuando es la propia autoridad quien determina el resultado fiscal gravable, como ocurre en el caso, por lo siguiente:
"Ya se dijo que, aun cuando a la contribuyente conforme a los artículos 10, fracción II y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, corresponde disminuir, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; sin embargo, tratándose las facultades de comprobación que ejerce la autoridad, la contribuyente no está en posibilidad de aplicar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar, en razón de que es la propia autoridad quien determina el resultado fiscal gravable; de ahí que era la autoridad, quien sí estaba obligada al momento de emitir la liquidación correspondiente a disminuir las pérdidas fiscales que tuvo pendiente de aplicar la actora en el ejercicio anterior, porque en la emisión de la resolución liquidadora no tiene intervención la contribuyente sino la autoridad fiscal.
"Esto es, en principio, la contribuyente cuenta con diez años para disminuir la pérdida fiscal de la utilidad fiscal de ejercicios anteriores; por ende, si no la hizo deducible en el ejercicio siguiente, no pierde su derecho a hacerlo en posteriores hasta agotarla, tal como lo establece el segundo párrafo del artículo 61 del Código Fiscal de la Federación, pues eso lo constituye la autodeterminación fiscal; empero, cuando la autoridad fiscal en ejercicio de su facultad de comprobación, es la que determina la utilidad fiscal de la contribuyente, entonces es ella quien tiene la carga de aplicar tanto la utilidad como la pérdida fiscal, al obtener el resultado fiscal; porque de no hacerlo de esa forma, la propia autoridad es la que estaría vedando el derecho de la contribuyente a disminuir su pérdida fiscal durante los diez ejercicios siguientes hasta agotarla, es decir, ya no se trata de una autodeterminación fiscal sino de una determinación de autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
"Además, en el caso, no era posible que la contribuyente restara las pérdidas fiscales que se omitieron tomar en cuenta por parte de la autoridad demandada, dado que, quien determinó la utilidad fiscal lo fue la autoridad demandada, y ello derivado de la visita domiciliaria que le practicó a la contribuyente, revisión que abarcó del ejercicio comprendido del uno de enero de dos mil tres al treinta y uno de diciembre ese año, por lo que la contribuyente no estaba en posibilidad de haber disminuido las pérdidas que aduce y, por consiguiente, la autoridad fiscal al emitir el oficio determinante del crédito, debió verificar o comprobar si la información dada por la contribuyente, respecto al ejercicio fiscal del dos mil tres, era correcta y apegada a las disposiciones fiscales y así poder considerar o no las pérdidas de que se hablan.
"Por tanto, si bien es cierto que el artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicable al caso, establece que es el contribuyente quien debe disminuir las pérdidas que sufra y que no puede ser transmitido a otra persona, cierto también lo es que, cuando la utilidad fiscal fue determinada por la autoridad fiscal, es a ésta y no al contribuyente a quien compete comprobar si es procedente o no la pérdida fiscal, tal como lo sostuvo la Sala del conocimiento en la sentencia ahora recurrida.
"Lo anterior tiene sustento, en la tesis XIV.P.A.5 A, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, cuyo criterio comparte ese tribunal, publicada en la página 2785, Tomo XXIX, enero de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 168078, de rubro y texto siguientes:
"‘PÉRDIDAS FISCALES. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO AL CONTRIBUYENTE DISMINUIR LAS PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, CUANDO DETERMINA EL RESULTADO FISCAL GRAVABLE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN.’ (se transcribe).
"Además, corrobora lo anterior, el contenido expreso del último párrafo del artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que: para obtener el resultado fiscal, debe restarse la utilidad fiscal determinada conforme a lo dispuesto en dicho numeral, las pérdidas fiscales pendientes de disminuir de ejercicios anteriores.
"Consecuentemente, la Sala Fiscal resolvió ajustado a derecho al determinar que si la contribuyente acreditó que en su declaración anual del impuesto sobre la renta del ejercicio fiscal de dos mil dos, declaró una pérdida fiscal por ese ejercicio de setenta mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos, la autoridad demandada, en términos de lo dispuesto en el citado artículo 90, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debió restar a la utilidad fiscal determinada en la visita correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil tres, la pérdida fiscal pendiente de disminuir en el ejercicio anterior, porque correspondía a la autoridad demandada y no a la contribuyente, disminuir las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores, virtud a que fue ella quien determinó el resultado fiscal gravable en ejercicio de sus facultades de fiscalización.
"Razón por la cual, este tribunal no comparte el criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en la tesis III.1o.A.4 A, publicada en la página 579, Tomo II, agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro: 204587, que invoca la autoridad recurrente, de rubro y texto siguientes:
"‘PÉRDIDAS FISCALES. NO DISMINUIDAS OPORTUNAMENTE, POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRIBUYENTE, SE PIERDE EL DERECHO A TAL DISMINUCIÓN EN EJERCICIOS POSTERIORES.’ (se transcribe)
"Porque la contribuyente no está en posibilidad de disminuir sus pérdidas fiscales pendientes de aplicar cuando es la autoridad fiscal quien, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, es la que determina el resultado fiscal gravable y, por esa razón, ya no se trata de una autodeterminación efectuada por el contribuyente sino de una determinación por autoridad fiscal. ..."
II. Criterio sostenido por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 128/2007.
"... Es infundado el agravio hecho valer por la autoridad recurrente y, por tanto, insuficiente para revocar el fallo impugnado.
"En principio, cabe señalar que conforme al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, tal y como lo sostiene la recurrente, corresponde a los contribuyentes la determinación de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario; pero dicha autodeterminación de las contribuciones se sustenta al amparo del principio de buena fe, el cual le permite declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Esta autodeterminación no constituye un derecho a favor del contribuyente, sino que es una modalidad relativa al cumplimiento de las obligaciones a su cargo, cuya atención se supervisa por la autoridad fiscal, tal como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria.
"Sirve de apoyo a lo anterior la tesis siguiente:
"‘OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE.’ (se transcribe)
"También es importante señalar que la información contenida en las declaraciones de impuestos, bajo este principio, debe estimarse cierta, salvo que la autoridad demuestre lo contrario con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación; por ende, resulta correcta la valoración que otorgó la responsable a las diversas declaraciones exhibidas por la contribuyente, principalmente la declaración correspondiente al ejercicio dos mil tres, presentada vía electrónica el día quince de abril de dos mil cinco (fojas 199 a 224), pues en términos de lo dispuesto por el artículo 46, fracción III, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología y para valorar su fuerza probatoria, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. En el caso, no existe controversia de que la contribuyente presentó dichas declaraciones a través de los medios electrónicos puestos a disposición de los contribuyentes por la autoridad hacendaria, y que la autoridad fiscal tiene en su poder las mismas en el expediente administrativo que tiene abierto a nombre de esa persona moral.
"En las referidas declaraciones, fueron declaradas pérdidas fiscales de los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, en cantidades de $**********, $**********, $**********, $**********, $**********, $**********, $********** y $**********.
"Por otra parte, a foja 110 del juicio de nulidad, obra el escrito de fecha once de diciembre de dos mil seis, mediante el cual, en contestación a la última acta parcial, la contribuyente manifestó que tenía pérdidas acumuladas para efectos del impuesto sobre la renta, por lo que no se causaría ningún impuesto a cargo en la declaración anual.
"Otro dato relevante y que se encuentra en relación con lo dispuesto por el artículo 5o. del Código Fiscal de la Federación, lo es el hecho de que la contribuyente, además de que no estuvo en posibilidad de la determinación de las contribuciones a su cargo, tampoco la tuvo para disminuir la pérdida fiscal de otros ejercicios, pues fue la autoridad fiscalizadora, la que en ejercicio de sus facultades, determinó el resultado fiscal gravable, razón por la cual, correspondía a la propia autoridad al emitir la resolución correspondiente, tomar en cuenta y aplicar, en su caso, las pérdidas fiscales sufridas por la contribuyente en los ejercicios anteriores, en razón de que lo mismo sólo podía ser realizado por la autoridad, dada la naturaleza de la referida resolución, en donde para su emisión no intervino la persona moral auditada.
"Bajo estas premisas resulta correcta la forma de resolver de la Sala responsable; en efecto, la autoridad fiscalizadora, no respetó lo establecido por el artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año dos mil cuatro, mismo que establecía que a la utilidad fiscal determinada debía restarse las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de otros ejercicios; esto es, la liquidadora después de haber determinado el monto de la utilidad, debió de haber disminuido el total de las pérdidas de los ejercicios de 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003; por lo que al no hacerlo así infringió en perjuicio de la actora lo dispuesto por los artículos 10 y 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el primer numeral, que refiere que las personas morales deberán calcular el impuesto sobre la renta, aplicando al resultado fiscal obtenido en el ejercicio la tasa del 32%, así como que a la utilidad fiscal del ejercicio se le disminuirán, en su caso, las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores; y el segundo, que entre otras cuestiones, define el concepto de pérdida fiscal y que la ocurrida en un ejercicio podrá disminuirse de la utilidad fiscal de los diez ejercicios siguientes hasta agotarla.
"Sin que sea óbice a lo anterior, el que la contribuyente no aportara los documentos suficientes en la instancia administrativa para demostrar la pérdida fiscal que refiere, pues como se dijo, dichos documentos obran en poder de la autoridad fiscalizadora, en el expediente administrativo abierto ante ella a nombre de la persona moral, parte actora en el juicio de nulidad y gozan del valor probatorio a que se refirió la Sala responsable, así como por el hecho de que las cantidades señaladas por la contribuyente pueden ser motivo de revisión por parte de la autoridad en ejercicio de sus facultades si la ley así se lo permite.
"Máxime que quien determinó la utilidad fiscal fue la autoridad y, por ende, la contribuyente no estuvo en posibilidad de haber disminuido las pérdidas que tuvo en los ejercicios anteriores, por lo que la autoridad fiscalizadora al emitir el oficio determinante del crédito debió considerar las pérdidas fiscales reflejadas en las declaraciones de los ejercicios fiscales de la persona moral visitada.
"Tampoco es óbice a lo anterior lo que sostiene la recurrente en el sentido de que las facultades de comprobación de la autoridad se limitaron al ejercicio de dos mil cuatro y, que por ello, no podía comprobar la pérdida fiscal de la contribuyente y de considerar lo que ésta manifestó se corre el riesgo de tomar una cantidad mayor a la que le correspondía.
"Se sostiene lo anterior, toda vez que, como se dijo, la autoridad puede hacer uso de sus facultades de comprobación para verificar si la información dada por los contribuyentes es correcta y apegada a las disposiciones fiscales, siempre y cuando sus facultades no hayan caducado o se actualice la prescripción a favor de los gobernados y en tanto no lo haga debe presumirse que la información proporcionada es cierta bajo el principio de buena fe.
"Respecto al criterio que refiere la recurrente, emitido por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, en la ejecutoria de fecha cuatro de mayo de dos mil cuatro, al resolver la revisión fiscal **********, interpuesta también por la hoy recurrente, cabe señalar que el mismo no resulta obligatorio para este tribunal, además de que sólo se transcribió una parte de la ejecutoria correspondiente, por lo que no se puede apreciar todo el contexto en el que se emitió.
"En ese orden de ideas, estuvo en lo correcto la responsable al resolver que la demandada, representada ahora por la recurrente, no se ajustó a derecho, careciendo la resolución impugnada, del requisito de fundamentación y motivación que todo acto debe revestir en términos de lo dispuesto por el artículo 16 constitucional en relación con el 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, por lo que se incurrió en una omisión de formalidades en la emisión de la resolución impugnada de nulidad, actualizándose la causal de anulación prevista por la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 52, fracción III, del mismo ordenamiento jurídico, siendo igualmente correcto por estar apegado a derecho, que la Sala responsable haya decretado la nulidad para el efecto de que la autoridad demandada de emitir nueva liquidación, cumpla con la garantía de la debida fundamentación y motivación acorde a lo resuelto por esa juzgadora, así como que al derivar el acto impugnado del ejercicio de facultades discrecionales que las leyes otorgan a las autoridades administrativas, se actualizó el supuesto previsto en el párrafo cuarto del inciso b) de la fracción I del artículo 57 del ordenamiento en cita, que dispone que si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada. ..."
Del citado criterio derivó la tesis aislada número XIV.P.A.5 A, consultable en la página 2785 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, correspondiente a la Décima Época,(4) del rubro siguiente:
"PÉRDIDAS FISCALES. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD Y NO AL CONTRIBUYENTE DISMINUIR LAS PENDIENTES DE APLICAR DE EJERCICIOS ANTERIORES, CUANDO DETERMINA EL RESULTADO FISCAL GRAVABLE EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN."
III. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal 2/95.
"Pues bien, para evidenciar lo incorrecto de la interpretación realizada por la Sala aquo (sic), en relación con los numerales transcritos, conviene precisar cuál es el hecho o circunstancia que ameritó esa interpretación. Tal hecho o circunstancia consiste en elucidar, a la luz de los referidos preceptos legales, si la utilidad fiscal determinada por la autoridad administrativa visitadora en ejercicio de sus facultades de comprobación, hasta por la cantidad N$ ********** (ingresos que la contribuyente declaró como deducibles por concepto de depreciaciones y gastos, que no acreditó en el ejercicio fiscal revisado), se debieron disminuir las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, cuya suma se precisa en un dictamen fiscal y en una declaración de impuestos complementaria, o, por el contrario, si con base en la utilidad fiscal la autoridad administrativa estuvo en lo correcto al determinar exigir el pago del impuesto sobre la renta omitido, hasta por la suma de N$**********.
"La interpretación lógica sistemática de los preceptos legales en cuestión, aplicables al caso concreto, permite establecer, válidamente, que tiene razón la parte recurrente cuando aduce que legalmente no cabía disminuir a las utilidades fiscales determinadas las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores señalados en el dictamen de estados financieros y en la declaración complementaria mencionados (sic), ya que la contribuyente perdió el derecho de hacerlo en su declaración normal de impuestos, ya que pretendiendo equiparar las utilidades fiscales netas obtenidas en el ejercicio fiscal revisado, a las deducciones por concepto de depreciaciones y gastos que no acreditó, omitió declarar esas utilidades fiscales para efectos del pago del impuesto correspondiente en lugar de disminuir dicha utilidad fiscal de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. La improcedencia legal para que la autoridad auditora disminuyera oficiosamente, a la utilidad determinada, las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, nace precisamente de las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación antes transcritos, en su parte subrayada, puesto que se establece como derecho exclusivo del contribuyente disminuir la utilidad fiscal (en el caso por la suma de N$ **********), en el ejercicio de que se trate (por lo que aquí concierne es el revisado por la autoridad, y si no lo hace (como sucedió en la especie) entonces concurre la pérdida de derecho de hacerlo en ejercicios posteriores, lo cual indica claramente que la utilidad fiscal no declarada es susceptible de considerarse base para establecer el correspondiente pago del impuesto, que por razones obvias no había sido cubierto. De ahí que, contrariamente a lo considerado por la Sala aquo (sic), la actuación de la autoridad demandada, aquí recurrente, se ajustó a lo previsto por los aludidos numerales, pues la autoridad fiscal válidamente determinó el impuesto sobre la renta causado, con base en las utilidades fiscales no declaradas, en lugar de disminuirlas de las pérdidas de ejercicios fiscales anteriores, ya que este derecho, como se dijo, le correspondía ejercerlo en forma exclusiva y oportuna a la empresa contribuyente, y si no lo ejerció en la declaración normal relativa al ejercicio fiscal revisado, legalmente ya no puede hacerlo en posteriores declaraciones.
"La consideración en el sentido de que se daba la condición prevista por el numeral 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para tener por perdido el derecho de la contribuyente a disminuir las utilidades fiscales no declaradas, obtenidas en el ejercicio revisado, de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores porque, señala la Sala, las pérdidas fiscales son mayores (N$ **********) que las utilidades obtenidas (N$ **********), es ilógica e incongruente, pues, como atinadamente sostiene la recurrente, denota una incorrecta interpretación del aludido numeral, ya que el decaimiento del derecho de la empresa contribuyente en todo
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25395-899b98eb/perdidas-fiscales-la-autoridad-exactora-debe-disminuir-las · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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