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Modo: Corpus Pro

IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. EL RECIBO DE PAGO DE AQUÉL NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES. LA AFIRMATIVA FICTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 28 BIS 4 DE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN NO CONSTITUYE LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA POR LA QUE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINE, CUANTIFIQUE O LIQUIDE EL MONTO A PAGAR POR DICHA CONTRIBUCIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2013. · Registro digital (IUS): 25398
Órgano: Plenos de Circuito · Publicación: 2015-01-09
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO.
Localización: Décima Época. Plenos de Circuito. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 14, Enero de 2015, Tomo II, Pág. 1331.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 12/2013. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL CUARTO CIRCUITO. 28 DE OCTUBRE DE 2014. MAYORÍA DE DOS VOTOS DE LOS MAGISTRADOS LUIS ALFONSO HERNÁNDEZ NÚÑEZ Y SERGIO JAVIER COSS RAMOS. DISIDENTE: JORGE MEZA PÉREZ. PONENTE: SERGIO JAVIER COSS RAMOS. SECRETARIO: NOEL ISRAEL LOERA RUELAS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 226, fracción III, de la Ley de Amparo, 41 Bis, 41 Ter, fracción I, y 55 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los artículos 10 y 49 del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, y de acuerdo a lo establecido en el oficio SECJACNO/CNO/1255/2014, emitido por el secretario ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se trata de la denuncia sobre la posible contradicción de tesis, en materia administrativa, sustentadas por dos Tribunales Colegiados de este circuito.

SEGUNDO. Legitimación. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.

El artículo 227, fracción III, de la ley de la materia establece que las contradicciones de tesis a que se refiere la fracción III del artículo 226,(1) podrán ser denunciadas ante los Plenos de Circuito, por el procurador general de la República, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes y sus integrantes, los Jueces de Distrito o las partes en los asuntos que las motivaron.

En el caso, la denuncia de contradicción de criterios la formularon los Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, José Luis Torres Lagunas (entonces presidente), Luis Alfonso Hernández Núñez y Víctor Pedro Navarro Zárate, quienes resolvieron el amparo directo 542/2013, asunto respecto del que se denuncia la posible contraposición de criterios, con el sostenido en el amparo directo 294/2013, del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, por lo que es dable concluir que la denuncia proviene de parte legítima.

TERCERO. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 294/2013, en sesión de veintiocho de agosto de dos mil trece, consideró lo siguiente:

"SEXTO. Análisis y solución del problema jurídico. Es fundada una parte del primer concepto de violación atendida en su causa de pedir, cuyo estudio es preferente, pues de resultar fundado generaría un mayor beneficio, de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo,(2) e innecesario el estudio de los restantes argumentos contenidos en ese y el segundo concepto, los cuales no se transcriben, pero que más adelante serán precisados a detalle en la medida que ello resulte estrictamente indispensable para la comprensión de la decisión que respecto de ellos se sostiene en esta ejecutoria.(3)

"En este concepto la quejosa aduce que la resolución que se combate carece de fundamentación y motivación, y no cumple con los principios de congruencia externa, exhaustividad y unidad, al limitarse aplicar lo previsto en el numeral 91 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, sosteniendo que el acto impugnado lo es un comprobante de pago y no constituye un acto de autoridad conforme al artículo 8o. del Código Fiscal del Estado; dejando de aplicar los numerales 17, fracciones I y X, 33, fracción II, inciso a), 44, fracción IV, 81, fracción I, 87 y 88, fracción II, y dispositivo 40, fracción III, del Código Fiscal del Estado, preceptos 28 Bis 3 y 28 Bis 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, así como los artículos 1o., 14, 16 y 17 constitucionales.

"Señala, que la autoridad omitió dictar una sentencia ajustada a derecho, de conformidad con el numeral 87 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, puesto que analizó en forma y sentido inexacto el agravio esgrimido en el recurso de revisión, al considerar el impuesto sobre adquisición de inmueble como autodeterminable.

"Previa transcripción de las fojas diecinueve y veinte de la sentencia reclamada y los numerales 28 Bis 3, fracción III, y 28 Bis 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, sostiene que los juzgadores confunden la función del notario público con las atribuciones conferidas hacia la Tesorería Municipal, así como la diferencia entre impuestos autodeterminables y determinables, toda vez que del procedimiento atinente a la aplicación del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se desprende solamente la figura de una nota declaratoria como acto preliminar, mediante la cual el notario público propone a las tesorerías el monto que debe pagarse a manera de tributo, sin que implique una decisión final al encontrarse supeditada a la aceptación o rechazo por parte de la Tesorería Municipal.

"Asimismo, menciona que la autoridad demandada no sólo recepcionó el pago del impuesto, sino que, al no haber devuelto la nota en el término de diez días hábiles, se produjeron las consecuencias por virtud de una afirmativa ficta, es decir, la determinación, liquidación y cobro por concepto del impuesto referido.

"Manifiesta, ante un razonamiento de las diferencias entre un impuesto autodeterminable y determinable, que en el caso concreto, si bien la nota declaratoria formulada por el notario público, donde pretende enterar el tributo a nombre del contribuyente se trata de un impuesto autodeterminable; empero, al momento de que se origina la condicionante de que la Tesorería Municipal tiene la atribución de aceptar o rechazar dicha nota, en ese acto se ejercen facultades de comprobación, como lo ordena el precepto 28 Bis 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León.

"Transcribe a su vez la foja veintidós de la sentencia recurrida y sostiene que el recibo oficial de pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles demuestra fehacientemente la recaudación y recepción del pago e indirectamente la afirmativa ficta de la demandada, demostrándose que dicho documento constituye un acto de autoridad, mismo que trasciende en forma definitiva a la esfera jurídica del gobernado, puesto que existe una erogación pecuniaria en perjuicio de su patrimonio, siendo reclamable a través del juicio contencioso administrativa, en términos del arábigo 17, fracciones I y X, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado.

"Pues bien, asiste razón jurídica a la quejosa, ya que, como afirma, de los artículos 28 Bis 3 y 28 Bis 4 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, se desprende que al no haber devuelto la nota declaratoria en el término de diez días, se produjeron las consecuencias de los actos reclamados por virtud de una afirmativa ficta, es decir, la determinación, liquidación y cobro del pago por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles.

"En efecto, en dichos numerales se prevé, en lo de interés:

"‘Artículo 28 Bis 3. En la determinación de este impuesto se deberán seguir las reglas siguientes:

"‘...

"‘III. En las adquisiciones que se hagan constar en escrituras públicas, actas fuera de protocolo o cualquier otro instrumento o contrato en que intervengan los notarios, Jueces corredores y demás fedatarios que por disposición legal tengan funciones notariales, calcularán el impuesto bajo su responsabilidad, haciendo constar en la escritura o documento el procedimiento para su cálculo y lo declararán y enterarán mediante la formulación de una nota oficial, conforme al modelo autorizado; la nota declaratoria deberá estar firmada por el fedatario conjuntamente con el contribuyente, debiendo señalarse domicilio común para el efecto de oír y recibir notificaciones en el Municipio donde se ubique el inmueble adquirido. Si se omite el señalamiento del domicilio para recibir notificaciones en los términos señalados en este párrafo, la Tesorería Municipal podrá notificar por estrados las resoluciones respectivas. Si el impuesto es cubierto directamente por el contribuyente, el fedatario hará constar tal circunstancia en la escritura del documento en que intervenga, antes de proceder a autorizar dicho instrumento. En el documento que se presente para su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, los fedatarios insertarán los datos del recibo oficial o declaración de pago del impuesto correspondiente.’

"‘Artículo 28 Bis 4. El pago del impuesto deberá hacerse:

"‘...

"‘IV. En los casos no previstos en las fracciones anteriores, dentro del mes siguiente a aquel en que los contratantes firmen la escritura pública correspondiente, y si no están sujetos a esta formalidad, a partir del momento en que se adquiera el dominio conforme a las leyes.

"‘...

"‘La Tesorería Municipal recibirá la nota oficial del impuesto sobre adquisición de inmuebles y devolverá al contribuyente una copia en la que se haga constar su recepción, debiendo aceptarse o rechazarse en un plazo no mayor de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su presentación. Transcurrido dicho plazo sin que se notifique el rechazo, la nota se tendrá por aceptada, sin perjuicio de las facultades de fiscalización que conserva la autoridad. Una vez aceptada la nota oficial, la Tesorería Municipal registrará la operación, dando el aviso correspondiente a la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicho evento a fin de que se proceda a la actualización del padrón catastral.

"‘Cuando no se haya cumplido con lo estipulado en esta ley, para la presentación de la nota o se requiera al notario ante el que se tramita la escrituración del inmueble o al contribuyente para que proporcione algún otro elemento necesario para resolver, se tendrá un término de 30 días para proporcionar lo solicitado, transcurrido dicho plazo, sin que se cumpla con lo solicitado, la autoridad municipal podrá proceder a realizar la liquidación y cobro del impuesto correspondiente.

"‘Una vez configurada la afirmativa ficta, el impuesto podrá ser consignado mediante depósito ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la que a su vez, pondrá a disposición del Municipio el monto de lo recaudado.

"‘El documento donde conste la adquisición del inmueble de que se trate será inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mediante la exhibición de la nota oficial en la que aparezca la fecha de recepción y del recibo oficial que acredite el entero o consignación del impuesto.

"‘...

"‘La nota declaratoria del impuesto sobre adquisición de inmuebles no se admitirá cuando se advierta cualquier irregularidad en ella o el impuesto, la actualización y demás accesorios no estén determinados correctamente.’

"Del (sic) los apartados transcritos, se advierte que los notarios y otros funcionarios que participan como auxiliares del fisco, elaboraran una nota oficial conforme al formato autorizado en la que hacen constar el cálculo del impuesto, que declaran y enterarán bajo su responsabilidad.

"También se desprende que la nota oficial es recibida por la Tesorería Municipal, quien debe aceptarla o rechazarla en un plazo de diez días contados desde su recepción, y que de no emitirse rechazo en ese plazo, se configura una afirmativa ficta.

"Configurada fictamente la aceptación, se registra la operación, se dará aviso para la modificación del padrón catastral, se consigna el pago del impuesto, y se utiliza para inscribir el documento en que consta la operación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

"Dicha nota oficial no se admitirá cuando presente cualquier irregularidad en ella o el impuesto, la actualización y demás accesorios no estén determinados correctamente.

"Lo expuesto es útil para advertir que dicha nota oficial en conjugación con su aceptación ficta, es un acto de autoridad.

"En efecto, independientemente de la teoría respecto de los impuestos determinables o autodeterminables, lo cierto es que sí es posible desprender que la nota oficial dadas esas características, se traduce en un acto de autoridad fiscal que impacta en la esfera jurídica del gobernado.

"Es así, pues como sostuvo la Sala y reconoce la quejosa, en la elaboración de la nota oficial que contiene la cuantificación del tributo, la autoridad no tiene intervención alguna, sino que es el particular quien se enfrenta a la actuación del funcionario (notario público en el caso), que en auxilio del fisco elabora dicha nota.

"Sin embargo, como lo esboza la peticionaria del amparo, al presentarse la nota ante la Tesorería Municipal, la autoridad fiscal deja de ser un simple receptor del pago, pues ya se encuentra obligada a verificar la regularidad de dicha nota y a emitir en cierto plazo un rechazo, toda vez que, de lo contrario, se da una aceptación ficta, que es por sí misma un acto de autoridad, en tanto que la figura de la afirmativa ficta es precisamente la presunción de que la autoridad emitió una respuesta en sentido afirmativo respecto de algo sometido a su potestad, pero sobre todo, conlleva consecuencias.

"De la parte final del citado artículo 28 Bis 4, se advierte que la autoridad está obligada a verificar la nota y a rechazarla de encontrar cualquier irregularidad en ella o el impuesto, la actualización y demás accesorios no estén determinados correctamente.

"En ese sentido, la aceptación ficta que se configura tras el transcurso de diez días sin que se lleve a cabo el rechazo, implica que la autoridad reconoce que no encontró irregularidad en la nota o el cálculo del impuesto, la actualización y accesorios, lo que implica que la autoridad hace suyos dicho cálculo, liquidación y cobro.

"Y en esa tesitura, esa aceptación impacta en la esfera jurídica del gobernado, ya que implícitamente se reconoce la regularidad en el cumplimiento de dicha obligación, pues aunque la autoridad se encuentra en posibilidad de hacer uso de sus facultades de comprobación, ello no significa que no existan esa aceptación y reconocimiento sobre dicho dato, independientemente de que esa percepción varíe con nueva información que en uso de tales facultades resulte.

"Pero además, tal aceptación trae más impactos en la esfera del gobernado, pues a través de ella, es posible registrar la operación y dar aviso para la modificación del padrón catastral, y más importante aún, confiere al gobernado la posibilidad de acudir para inscribir el documento en que consta la operación en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de tal manera que su operación adquiera publicidad y sea oponible a terceros en términos de la legislación civil.

"Incluso, sólo hasta aceptar la nota, la autoridad puede consignar el pago del impuesto ante la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, la que a su vez, pondrá a disposición del Municipio el monto de lo recaudado.

"De lo hasta aquí expuesto, resalta que la recepción y aceptación ficta de la nota oficial, no puede equipararse a la simple recepción del pago de una autodeterminación, como lo hace la Sala Superior, sino que, por el contrario, esa actuación por sus particularidades impacta en la esfera del gobernado de tal manera que se traduce en un acto de autoridad impugnable ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, como lo advirtió la Sala ordinaria, pues fue dicha recaudadora quien hizo suyas y aceptó fictamente la determinación, cuantificación, liquidación, cobro y recepción del pago por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, que es el acto reclamado en aquella instancia contenciosa.

"Incluso en la propia jurisprudencia que invoca la responsable, el Alto Tribunal reconoce que, si bien el recibo de pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos no es un acto de autoridad, sí lo son la negativa a proporcionar servicios administrativos o la determinación del monto a pagar, como se advierte de la parte final de dicho criterio,(4) y en el caso, no se reclama únicamente la recepción del pago, sino también dicha determinación.

"Al no advertirlo así, la Sala Superior vulneró los derechos fundamentales de seguridad y legalidad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación en estudio, se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal a Alma Rosa Salinas Maldonado para el efecto de que la Sala Superior deje insubsistente la sentencia impugnada, y atendiendo a las consideraciones de esta ejecutoria, declare infundado el único agravio formulado por la autoridad recurrente y ante la ausencia de otros reclamos, confirme la resolución de primera instancia.

"Conforme al sentido del fallo, no se abordará el estudio de la otra parte del mismo primer concepto de violación, ni el segundo, atinentes a destacar los vicios del acto de autoridad reclamado y la inconstitucionalidad de la norma ahí aplicada, pues ninguno de ellos modificaría el sentido del fallo o traería un mayor beneficio."

CUARTO. El Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver, el amparo directo 542/2013, en sesión de dieciocho de septiembre de dos mil trece, consideró lo siguiente:

"VIII. Por razón de técnica jurídica, pese a que la lectura de la demanda de amparo deja ver que la parte quejosa vierte conceptos de violación en los que reclama la inconstitucionalidad de los artículos 28 Bis y 28 Bis 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado, se abordarán, en primer término, los conceptos relativos a la legalidad de la sentencia reclamada, por los motivos siguientes:

"Conforme a lo dispuesto por el artículo 175, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo en vigor, en el juicio de amparo directo la ley no puede ser acto reclamado, sino sólo materia de examen en el capítulo de considerandos del fallo respectivo.

"Es decir, como en el amparo directo la ley no puede ser acto reclamado, el resultado favorable a que puede arribar el Tribunal Colegiado sólo tendrá el efecto de amparar y proteger al quejoso contra la sentencia que reclame, sin que quede protegido contra la ley a pesar de que el tribunal pudiera considerarla inconstitucional. La consecuencia de un fallo favorable, por razones de inconstitucionalidad de la ley aplicada, sólo impide que la autoridad aplique la ley inconstitucional en ese preciso y específico asunto. No ocurre lo mismo en el amparo indirecto, porque en ese caso, la ley sí es acto reclamado y el eventual pronunciamiento de fondo que emita el Juez rige la situación jurídica del quejoso en relación con la ley reclamada. Si la decisión final es ampararlo ninguna autoridad puede aplicarle la ley válidamente; en cambio, si el amparo fue negado se le deberá aplicar la ley cuantas veces se coloque en la hipótesis que prevea, sin perjuicio, desde luego, de que pueda impugnar los eventuales vicios de ilegalidad por su incorrecta aplicación.

"En esa tesitura, debe tenerse en consideración que los principios reguladores del dictado de las sentencias de garantías, entre otros, los de congruencia y exhaustividad, revelan que el estudio que debe realizarse en esta materia, ha de partir de lo principal a lo accesorio, por lo que, en consecuencia, no siendo la norma general la impugnación principal ni fundamental en el juicio de amparo directo, sino un aspecto subsidiario, entendido este último como aquella cuestión que cobra relevancia cuando el tópico fundamental no prospera, es indudable que sólo en el supuesto de que se advierta que dicha norma determine el sentido toral de la sentencia, por referirse a un aspecto fundamental, es posible que se dé preferencia al examen de los conceptos de violación que sobre el particular se esgriman.

"En cambio, si no se refiere a un aspecto primordial y a través del análisis de los conceptos de legalidad, como sería la indebida aplicación de la norma impugnada, se llegara a la conclusión de la inconstitucionalidad del acto reclamado, es indudable que no sería procedente abordar el examen de ésta, pues a nada práctico conduciría, habida cuenta que por las particularidades del juicio de que se trata, la determinación de inconstitucionalidad de la norma general sólo tiene efectos limitados a la sentencia reclamada.

"Por las razones que la informan, sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 3/2005, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. De acuerdo con la técnica para resolver los juicios de amparo directo del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, con independencia de la materia de que se trate, el estudio de los conceptos de violación que determinen su concesión debe atender al principio de mayor beneficio, pudiéndose omitir el de aquellos que, aunque resulten fundados, no mejoren lo ya alcanzado por el quejoso, inclusive los que se refieren a constitucionalidad de leyes. Por tanto, deberá quedar al prudente arbitrio del órgano de control constitucional determinar la preeminencia en el estudio de los conceptos de violación, atendiendo a la consecuencia que para el quejoso tuviera el que se declararan fundados. Con lo anterior se pretende privilegiar el derecho contenido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en garantizar a los ciudadanos el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia, esto es, que en los diversos asuntos sometidos al conocimiento de los tribunales de amparo se diluciden de manera preferente aquellas cuestiones que originen un mayor beneficio jurídico para el gobernado, afectado con un acto de autoridad que al final deberá ser declarado inconstitucional.’(5)

"En el litigio que es motivo de estudio, el quejoso demandó la nulidad de: ‘... la determinación, cuantificación, liquidación, cobro y recepción del pago por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles para el año dos mil once, del predio marcado con el número de expediente catastral **********, en cantidad de $********** (********** pesos, moneda nacional), deducida del recibo oficial con número de folio **********, de fecha ********** de ********** de **********, expedido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León.’

"Esto es, alegó que en el recibo con número de folio **********, de treinta de noviembre de dos mil once, emitido por la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León, se aplicaron en su perjuicio los artículos 28 Bis y 28 Bis 1 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, que estima inconstitucionales.

"En la primera instancia de la fase contenciosa, el Magistrado de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado decretó el sobreseimiento del juicio, al considerar que los actos materia del procedimiento no constituían actos de autoridad impugnables en el juicio de nulidad y, por ende, actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 56, fracción IX, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León.

"En el recurso de revisión interpuesto contra dicho fallo, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, confirmó la determinación impugnada.

"Así, tanto en la primera como en la segunda instancia, de la fase contenciosa, la autoridad administrativa no ha analizado el fondo del problema principal debatido, que consiste en la nulidad del comprobante de pago por concepto de impuesto sobre adquisición de inmuebles, precisamente, por haberse estimado que existe un aspecto procedimental previo que impide su análisis.

"La anterior circunstancia particular del litigio que es motivo de estudio, genera una situación sui géneris en el terreno de los hechos, que obliga al estudio de la cuestión de legalidad previamente al aspecto constitucional, pues resulta necesario que primero se estudien los conceptos de violación tendentes a controvertir el sobreseimiento en el juicio, porque de su resultado depende directamente que se analice o no el fondo del asunto.

"En efecto, ya se dijo que en el juicio de amparo directo no se cuestiona la constitucionalidad de las leyes por vía de acción, sino por vía de excepción, lo que se traduce en que el ejercicio de la acción constitucional se endereza contra la sentencia, laudo o resolución reclamados, siendo el análisis de la norma general aplicada un argumento más para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada, es decir, lo que se pretende al impugnar la ley es que se declare la inconstitucionalidad del acto reclamado que se funda en la norma objetada en vía de conceptos de violación.

"Atento a lo señalado se tiene que, el análisis que deba efectuarse de la norma general no puede desvincularse del acto de su aplicación, porque no se impugna aquélla por sí misma, en abstracto, sino a consecuencia del segundo.

"De ahí que en la presente resolución serán materia de estudio, en primer término, los conceptos de legalidad esgrimidos por la quejosa, ya que, de llegar a ser fundados provocarían por vía de consecuencia la procedencia del juicio respecto del acto concreto de aplicación de la norma que se tilda de inconstitucional, siendo que la aplicación del precepto es un requisito indispensable para analizar el tema de constitucionalidad, entonces, a efecto de poder determinar si en el caso procede o no el estudio de la inconstitucionalidad que propone el quejoso, en principio, deben analizarse los razonamientos que hace valer el impetrante, a efecto de combatir el sobreseimiento decretado respecto del juicio de nulidad, puesto que de subsistir dicho sobreseimiento, no podría analizarse la inconstitucionalidad de una ley, aplicada en un documento, como lo es el recibo con número de folio **********, de treinta de noviembre de dos mil once, si respecto de dicho acto no fue procedente el juicio de nulidad; por tales razones, debe tratarse, en primer lugar, el tema de legalidad antes que el de constitucionalidad de la ley, en tanto que el estudio de éste depende directamente del resultado del primero.

"Sirve de apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 21/2003, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica:

"‘REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA SENTENCIA IMPUGNADA SOBRESEE EN EL JUICIO POR ESTIMAR QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, A PESAR DE QUE EN LA DEMANDA SE HUBIEREN PLANTEADO CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD. De la interpretación armónica de lo dispuesto en los artículos 107, fracciones V y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 158, primer párrafo, 83, fracción V, 84, fracción II, 88, primer y segundo párrafos, 89, último párrafo, 90, último párrafo y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regulan el juicio de amparo en la vía directa y la impugnación de la sentencia con que culmina, se desprende que la sentencia en la que se hubiere decretado el sobreseimiento, por haberse actualizado alguna causal de improcedencia, al tenor de lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, es irrecurrible en revisión, aun cuando aquél fuera ilegal y en la demanda relativa se hubieren planteado cuestiones de constitucionalidad de leyes o la interpretación de algún precepto constitucional, toda vez que al no haber pronunciamiento de fondo, no podrían abordarse los agravios relativos a aquellas cuestiones o a la omisión de su examen, sino únicamente los referidos al proceder del tribunal, con lo cual no sería posible satisfacer la finalidad que se persigue con el citado recurso consistente en salvaguardar los derechos de las partes en el juicio de garantías contra la aplicación incorrecta de la Constitución Federal por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito y en unificar su interpretación, esto es, de aceptar la procedencia del recurso se resolvería la legalidad del fallo, y no se cumpliría con el propósito de que las sentencias de amparo directo sólo sean recurribles cuando decidan cuestiones de constitucionalidad.’(6)

"Asimismo, se invocan, como apoyo a lo expresado, la tesis de jurisprudencia VI.3o.A. J/29, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, y la tesis aislada I.9o.A.10 A (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que en su orden se citan:

"‘AMPARO DIRECTO. CASO DE EXCEPCIÓN EN EL QUE PREVIAMENTE AL ESTUDIO DEL TEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DEBE ANALIZARSE EL DE LEGALIDAD. Conforme al criterio que sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la tesis 2a. CXIX/2002, que aparece publicada en la página trescientos noventa y cinco del Tomo XVI, octubre de dos mil dos, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: «MPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DEL TEMA PROPIAMENTE CONSTITUCIONAL DEBE REALIZARSE ANTES QUE EL DE LEGALIDAD.», si bien el análisis del tema de inconstitucionalidad de la ley es preferente al de legalidad, aun en amparo directo, ello no implica que dicho análisis pueda efectuarse desvinculando de maner

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25398-c70d2ee5/impuesto-sobre-adquisicion-de-inmuebles-el-recibo-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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