ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE SUPRIMIR DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "ORIENTAR EL SENTIDO DEL VOTO". (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTAN INEFICACES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ EN LOS QUE SE ADUCE QUE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, VULNERA LOS ARTÍCULOS 7, NUMERAL 2 Y 242, NUMERALES 1 Y 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PUES AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SÓLO ADMITE PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE UNA NORMA ORDINARIA CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN Y NO LA OPOSICIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DELITOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN ESA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE REGULA, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DELITOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN ESA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE SE IMPONDRÁN DE CIEN HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA A LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO QUE, EN EL DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DE SU MINISTERIO, O A QUIEN EN EL EJERCICIO DEL CULTO RELIGIOSO, PRESIONEN EL SENTIDO DEL VOTO O INDUZCAN EXPRESAMENTE AL ELECTORADO A VOTAR O ABSTENERSE DE VOTAR POR UN CANDIDATO, PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente) DELITOS ELECTORALES. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE SUPRIMIR LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "ORIENTAR EL SENTIDO DEL VOTO" DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE SUPRIMIR DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "ORIENTAR EL SENTIDO DEL VOTO". (Razones aprobadas por unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. RESULTAN INEFICACES LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ EN LOS QUE SE ADUCE QUE EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN MATERIA DE DELITOS ELECTORALES, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, VULNERA LOS ARTÍCULOS 7, NUMERAL 2 Y 242, NUMERALES 1 Y 2, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, PUES AQUEL MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SÓLO ADMITE PLANTEAR LA CONTRADICCIÓN DE UNA NORMA ORDINARIA CON UN PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN Y NO LA OPOSICIÓN ENTRE NORMAS SECUNDARIAS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
DELITOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN ESA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER LOS ELEMENTOS DEL TIPO PENAL QUE REGULA, RESPETA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL, CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
DELITOS ELECTORALES. EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL EN ESA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, AL PREVER QUE SE IMPONDRÁN DE CIEN HASTA QUINIENTOS DÍAS MULTA A LOS MINISTROS DE CULTO RELIGIOSO QUE, EN EL DESARROLLO DE ACTOS PROPIOS DE SU MINISTERIO, O A QUIEN EN EL EJERCICIO DEL CULTO RELIGIOSO, PRESIONEN EL SENTIDO DEL VOTO O INDUZCAN EXPRESAMENTE AL ELECTORADO A VOTAR O ABSTENERSE DE VOTAR POR UN CANDIDATO, PARTIDO POLÍTICO O COALICIÓN, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
DELITOS ELECTORALES. LA DETERMINACIÓN DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE SUPRIMIR LA PORCIÓN NORMATIVA QUE INDICA: "ORIENTAR EL SENTIDO DEL VOTO" DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY GENERAL DE LA MATERIA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 27 DE JUNIO DE 2014, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD RELIGIOSA, RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (Razones aprobadas por mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán y presidente Juan N. Silva Meza, en contra del voto de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas. El Ministro José Ramón Cossío Díaz estuvo ausente durante la toma de esta votación. El Ministro Sergio A. Valls Hernández estuvo ausente)
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 50/2014. PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 8 DE SEPTIEMBRE DE 2014. PONENTE: ALBERTO PÉREZ DAYÁN. SECRETARIA: GUADALUPE DE LA PAZ VARELA DOMÍNGUEZ.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día ocho de septiembre de dos mil catorce.
VISTOS, para resolver la acción de inconstitucionalidad identificada al rubro; y,
RESULTANDO:
PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, el veinticuatro de julio de dos mil catorce, José de Jesús Zambrano Grijalva, con el carácter de presidente del Partido de la Revolución Democrática, promovió acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto por el que se reforman los artículos 7, fracciones VII y XIV; 9, fracción VII; 10, primer párrafo y fracciones I y II; 11, fracción I y 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil catorce, combatiendo concretamente la reforma al artículo 16 de ese ordenamiento legal, señalando como autoridades demandadas al Congreso de la Unión, integrado por sus dos Cámaras, y al presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO. Conceptos de invalidez. El partido político promovente señaló que la norma cuya invalidez demanda es violatoria del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y expresó el concepto de invalidez que a continuación se resume:
1. La disposición cuya invalidez se demanda es contraria al bien jurídico protegido por el artículo 24 de la Constitución Federal, el cual claramente ordena que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política; y que bajo ese marco constitucional, se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de mayo de dos mil catorce, cuyo artículo 16 antes de su última reforma, quedó redactado en los siguientes términos: "Artículo 16. Se impondrán de cien hasta quinientos días multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de actos propios de su ministerio, o a quien en el ejercicio del culto religioso, presionen u orienten el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición."
Sin embargo, a pesar de que el artículo transcrito era acorde a lo establecido en el artículo 24 constitucional, las autoridades demandadas emitieron el decreto ahora impugnado, por el que se reformó, entre otros, el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, eliminando como conducta a sancionar, la consistente en orientar el sentido del voto, que pueden cometer los ministros de culto religioso, lo que es inconstitucional, porque permite que los sujetos referidos puedan inmiscuirse en asuntos político-electorales y proselitistas para orientar el criterio de sus feligreses o seguidores a que voten o se abstengan de votar en favor de un determinado candidato, partido político o coalición electoral; por tanto, viola lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Federal, que es claro en ordenar que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
Que de la lectura al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, se desprende que la palabra "orientar", en su sentido singular, es el hecho de informar a alguien de lo que ignora y desea saber del estado de un asunto o negocio, para que sepa mantenerse en él, y dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado; lo que llevado al caso demuestra la inconstitucionalidad de la norma, ya que el legislador, al eliminar el término "orientar", permitirá que los ministros de culto al momento de oficiar o de realizar sus ceremonias, informen a todos los asistentes algo que supuestamente ignoran y que desean saber, como lo es por quién votar o por quién no votar en una jornada electoral, es decir, orientarán el sentido del voto de sus feligreses, conducta que, precisamente, prohíbe el artículo 24 constitucional.
2. Agrega que el artículo 7, numeral 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el voto de los ciudadanos es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, por lo que quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción en los electores, de donde se advierte que protege lo previsto en el artículo 24 constitucional y, por ello, se ve vulnerado con la reforma al artículo 16 de la ley general combatida, ya que la supresión del término "orienten", permite que el voto del electorado pueda ser inducido y orientado a que se vote en pro o en contra de algún candidato, partido político o coalición electoral.
Asimismo, argumenta que la norma cuestionada deja completamente subjetivos y superficiales los elementos del tipo penal del delito electoral que pretende regular; así como propicia la oportunidad de que los ministros de culto en sus actos ceremoniales puedan emitir un discurso en el que aprovechando su liderazgo espiritual y moral, orienten a sus seguidores o feligreses respecto de la forma en que deben emitir su voto en una contienda electoral, lo que implica que esos actos equivalgan a actos de campaña electoral, pues encuadran en la definición que prevé el artículo 242, numerales 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es decir, equivaldría a llevar a cabo actividades en reuniones públicas, privadas, asambleas o marchas dirigidas al electorado para la promoción y obtención del voto en favor o en contra de algún candidato, partido político o coalición electoral.
TERCERO. Registro del expediente y admisión. Por acuerdo de veinticinco de julio de dos mil catorce, el Ministro integrante de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad con el número 50/2014, y admitirla a trámite; ordenó dar vista al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Senadores y Diputados, así como al titular del Poder Ejecutivo Federal, para que rindieran sus respectivos informes; y al procurador general de la República para que antes del cierre de la instrucción formule el pedimento respectivo. Asimismo, requirió a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión para que, al rendir el informe solicitado, enviaran copia certificada de los antecedentes del decreto legislativo impugnado, incluyendo las iniciativas, los dictámenes de las comisiones correspondientes, las actas de las sesiones en las que se hayan aprobado y en las que conste la votación de los integrantes de ese órgano legislativo, así como los Diarios de Debates.
De igual forma, requirió al presidente del Instituto Nacional Electoral para que informara a esta Suprema Corte la fecha en que inicia el próximo proceso electoral en el país; así como para que enviara copia certificada de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática y certificación de su registro vigente, precisando quiénes son los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional; y, por último, solicitó al presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la opinión de esa Sala en relación con el presente asunto.
CUARTO. Turno. Mediante auto de cuatro de agosto de dos mil catorce, el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que el expediente se turnara al Ministro Alberto Pérez Dayán, de conformidad con la certificación de turno de la misma fecha.
QUINTO. Desahogo de requerimientos. Por acuerdo de siete de agosto de dos mil catorce, el Ministro instructor tuvo por desahogado el requerimiento formulado al presidente del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió copia certificada de los estatutos vigentes del Partido de la Revolución Democrática, de su constancia de registro como partido político nacional e integración de su secretariado nacional; así como por rendido el informe relativo a la fecha de inicio del próximo proceso electoral en el país, a saber, que, por única vez, los procesos electorales ordinarios federales y locales, iniciarán en la primera semana de octubre de dos mil catorce. Asimismo, tuvo por rendido el informe solicitado al Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Senadores y de Diputados, así como tuvo por exhibidas las copias certificadas de los antecedentes legislativos de la norma general impugnada.
SEXTO. Desahogo de requerimiento. Mediante proveído de trece de agosto de dos mil catorce, el Ministro instructor ordenó que se agregara al expediente la opinión formulada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y dejó los autos a la vista de las partes para la formulación de alegatos.
SÉPTIMO. Informe de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. El Senado de la República, en el informe que le fue requerido, argumentó, en síntesis, lo siguiente:
1. Que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de diez de febrero de dos mil catorce, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político-electoral, lo que implicó modificar la legislación secundaria correspondiente, entre otras, la relativa a la instauración de un sistema de normas en materia penal, a fin de castigar a quienes contravengan los principios constitucionales electorales o impidan el libre disfrute y ejercicio de los derechos políticos consagrados en la Norma Suprema, por lo que se expidió la Ley General en Materia de Delitos Electorales, mediante decreto publicado el veintitrés de mayo de dos mil catorce.
Posteriormente, el legislador estimó oportuno realizar diversas modificaciones a ese ordenamiento, de técnica legislativa, sintaxis, semántica y precisión de conceptos, a fin de no dar lugar a arbitrariedades, acotando el margen de interpretación de las normas penales electorales; por ello, el veintisiete de junio de dos mil catorce se publicó el decreto que reformó algunas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para que sus disposiciones fueran precisas y claras, cumpliendo de esa manera con el principio de taxatividad previsto en el artículo 14 constitucional. Por tanto, aduce, la disposición impugnada cumple con los requisitos de fundamentación y motivación de los actos de autoridad legislativa.
2. Que la norma combatida no viola lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Federal, primero, porque se trata de un precepto que forma parte de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que tiene por objeto establecer los tipos penales, las sanciones, la distribución de competencias y la coordinación entre los órdenes de gobierno en materia de delitos electorales; y porque la modificación que se introdujo en el artículo 16 de esa ley, tiene como finalidad consolidar el marco normativo en materia penal electoral y describir las conductas a sancionar, de tal manera que su interpretación no quede sujeta a arbitrariedades; además de que la modificación no implicó cambios sustanciales, ni alteró los fines u objetivos de ese ordenamiento, según se advierte de su redacción original en el decreto de veintitrés de mayo de dos mil catorce.
3. Que de la lectura al artículo cuestionado se desprende que en la modificación se eliminó el término "orienten", permaneciendo las conductas de presionar e inducir al voto a los ciudadanos, por parte de los ministros de culto, lo que no modifica la teleología de la norma, que es la de evitar que esos sujetos se involucren en los asuntos del país o que intervengan en la voluntad de los ciudadanos en cuestiones político-electorales. Asimismo, la palabra "orientar", de alguna manera está englobada en los términos "presionar o inducir"; máxime que la acción de orientar corresponde más a una opinión, sin ser vinculante, a diferencia de las otras conductas que implican coacción e, incluso, amenazas, además de que son de resultado; en otras palabras, los verbos "presionar o inducir", van más allá que el de "orientar", lo que demuestra que la disposición combatida no contraviene el artículo 24 constitucional.
OCTAVO. Informe de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados, en el informe que le fue requerido, adujo, en síntesis, lo siguiente:
1. Argumenta que la acción de inconstitucionalidad es improcedente, porque el partido político combate una omisión legislativa y no el contenido del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, esto es, la omisión del legislador de establecer en ese precepto un supuesto normativo adicional, el relativo a orientar el sentido del voto; por ello, el medio de control intentado es improcedente, según el criterio de la Suprema Corte relativo a los tipos de omisiones legislativas, del que se desprende que existen cuatro, a saber, a) omisiones absolutas en competencia de ejercicio obligatorio; b) omisiones relativas en competencia de ejercicio obligatorio; c) omisiones absolutas en competencias de ejercicio potestativo; y, d) omisiones relativas en competencias de ejercicio potestativo; y que llevada al caso esa clasificación, sirve para demostrar que lo aducido por el partido político equivale a una omisión relativa de ejercicio obligatorio, pues expresó que la Ley General en Materia de Delitos Electorales no contempló, como supuesto normativo, el consistente en imponer multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de los actos propios de su ministerio "orienten" el sentido del voto.
En consecuencia, el medio de control de que se trata, no resulta procedente en términos de la fracción II del artículo 105 constitucional, disposición de la que no se advierte la procedencia de la acción contra la omisión legislativa de ajustar los ordenamientos legales secundarios a las prescripciones de la Constitución Federal.
2. Que se debe sobreseer en la acción de inconstitucionalidad ante la ausencia de conceptos de invalidez en contra de la norma impugnada, ya que la Suprema Corte ha establecido que en este medio de control constitucional el promovente deberá expresar cuando menos el agravio que estima le causa el acto o ley impugnados y los motivos que lo originaron, criterio que resulta aplicable, en virtud de que de lo argumentado en la demanda se advierte que la impugnación no derivaba del contenido del precepto combatido, en cuanto a su sentido o alcance, sino a la falta del establecimiento de un supuesto normativo, circunstancia que conduce a la ausencia de la expresión de agravio constitucional respecto del precepto cuestionado, de donde es patente que el actor no pretende una declaratoria de invalidez, y que ello demuestra la ausencia de conceptos de invalidez, por lo que debe sobreseerse en la acción.
3. Que otro motivo de sobreseimiento deriva de lo dispuesto en los artículos 19, fracción VII, 59 y 72 de la ley de la materia, ya que aun en el caso de que se dicte una sentencia estimatoria, sus efectos contrastarían con la pretensión deducida, esto es, el efecto de la declaratoria de invalidez no tendría como consecuencia la instauración legal del supuesto normativo relativo a la imposición de multa a los ministros de culto religioso que, en el desarrollo de sus actos, orienten el sentido del voto, sino, en su caso, la expulsión del orden normativo del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, lo que demuestra la improcedencia de la acción de inconstitucionalidad; máxime que de la lectura a esas disposiciones no se advierte que la declaratoria de invalidez tenga otro efecto que el de expulsar la norma impugnada del orden jurídico.
4. En cuanto al fondo del asunto, argumenta que el procedimiento legislativo que antecedió a la emisión de la norma combatida, se ajustó a lo ordenado en la Constitución Federal, ya que siguió las formalidades y requisitos previstos en los artículos 71 y 72 de ésta, y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
5. Que el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, no transgrede lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Federal; por el contrario, es congruente con lo que ordena, ya que de su la lectura se aprecia la descripción del tipo penal, esto es, que prohíbe a los miembros de culto religioso presionar el sentido del voto o inducir expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, de donde es claro que salvaguarda la norma constitucional, evitando que los actos públicos de expresión de la libertad religiosa se utilicen con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política.
NOVENO. Informe del Poder Ejecutivo de la Federación. El Poder Ejecutivo de la Federación, en el informe que le fue requerido, argumentó, en síntesis, lo siguiente:
1. Que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 105, fracción II, de la propia Carta Magna, en virtud de que el promovente pretende impugnar una omisión legislativa consistente en la falta de regulación en el texto del artículo combatido de la acción de "orientar el sentido del voto del electorado", por parte de los ministros de culto; de donde se advierte que la pretensión del partido promovente no es la expulsión del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sino la condena para que las autoridades reformadoras de dicho precepto, regulen la conducta de "orientar el sentido del voto del electorado", como un delito electoral, lo cual, evidentemente, no sólo es contrario a la naturaleza de la acción de inconstitucionalidad, sino también es violatorio de la atribución potestativa del legislador para fijar las conductas constitutivas de hechos delictivos.
2. Que el diecinueve de julio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 24 constitucional, en la cual se incorporó la prohibición, consistente en utilizar los actos públicos de expresión de la libertad religiosa con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, disposición que se encuentra relacionada con el diverso 130 de la propia Carta Magna, que prevé que los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna, y que tampoco podrán, en reunión pública, en actos de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar, de cualquier forma, los símbolos patrios.
Agrega que de la lectura a esas disposiciones, se desprende que el decreto combatido publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de junio de dos mil catorce, por medio del cual se reformó el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, no transgrede los preceptos constitucionales referidos, en virtud de que la reforma a ese precepto ordinario tuvo como finalidad realizar precisiones normativas y de redacción a algunas disposiciones de ese ordenamiento, a efecto de evitar posibles confusiones y vacíos legales; máxime que, al regularse en ella conductas consideradas como delitos, la claridad y precisión de las normas, objeto de la reforma, es imprescindible, lo que claramente se puede apreciar de la exposición de motivos correspondiente.
Reitera que a partir de un simple ejercicio de contraste del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con el diverso 24 de la Constitución Federal, no se puede desprender vicio alguno de inconstitucionalidad, en virtud de que el precepto combatido refrenda la prohibición que constitucionalmente tienen los ministros de culto de apartar el ejercicio de su ministerio de aspectos políticos, de proselitismo y propaganda electoral, al sancionar las conductas de presión o inducción sobre el electorado en el sentido de su voto o la abstención de ejercerlo respecto de un partido, candidato o coalición. Máxime que la ratio iuris, originalmente inscrita por el propio legislador, permanece en la norma combatida, aun con la eliminación de la frase "u orienten", como se podrá observar de la simple definición de las acciones de "presionar" e "inducir".
Bajo esta vertiente, aduce, de la interpretación del texto vigente del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, se desprende que el hecho de que se haya suprimido la conducta consistente en orientar el sentido del voto del electorado, no implica, en forma alguna, que dichos sujetos tengan permitido emplear su autoridad religiosa para influir o manipular el voto de los ciudadanos; por el contrario, la reforma a esa disposición pretende garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos respecto de las conductas que se encuentran sancionadas penalmente en materia electoral, como en el caso lo es, la incidencia en la voluntad de los votantes por los ministros de culto.
Por último indica, que el artículo 455 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prevé que la inducción a votar por un candidato o partido político, o a no hacerlo, en los lugares destinados al culto, en locales de uso público o en los medios de comunicación, constituyen infracciones de los ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones, conductas que serán sancionadas conforme al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; de donde es claro que la disposición combatida guarda congruencia con el régimen electoral a que pertenece.
DÉCIMO. Opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la opinión que formuló, sostuvo lo siguiente:
1. Que el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es acorde con la restricción señalada en el artículo 24 constitucional, que prohíbe a cualquier persona utilizar los actos públicos de expresión de la libertad de convicciones éticas de conciencia y de religión, con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política, como sería el utilizar las ceremonias, devociones o actos de culto respectivos, para presionar el sentido del voto, o inducir expresamente al electorado que acuda a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición, conducta que es sancionada expresamente por el artículo 16 de la ley general referida.
2. Que, contrariamente a lo señalado por el actor, el objeto de la reforma combatida no fue el dejar subjetivos e imprecisos los elementos del tipo previsto en el artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, sino fue establecer precisiones que señalen con mayor claridad las conductas de las personas que puedan incidir en la voluntad del elector al momento de votar, y no el avalar que los ministros de culto religioso en el ejercicio de su ministerio o cualquier persona en el ejercicio de un culto religioso, presionen el sentido del voto o induzca a sus feligreses para que voten o se abstengan de votar en favor de un determinado candidato, partido político o coalición; por tanto, la conducta realizada en estas condiciones, subsume cualquier supuesto, como sería el consistente en orientar; y que lo anterior también se sustenta si se acude al significado de los vocablos "presionar, inducir y orientar", de donde es factible concluir que en el vocablo "inducir", se subsume el diverso de "orientar", pues para lograr dirigir, guiar o encaminar a alguien es necesario una orientación en torno a aquello que no se sabe o se pretende conocer.
DÉCIMO PRIMERO. Pedimento de la Procuraduría General de la República. El procurador general de la República no formuló pedimento.
DÉCIMO SEGUNDO. Cierre de instrucción. Una vez cerrada la instrucción en este asunto, se envió el expediente al Ministro instructor para la elaboración del proyecto correspondiente.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el partido político promovente de la acción plantea la posible contradicción del artículo 16 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con la Constitución Gen
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25406-4e79102d/accion-de-inconstitucionalidad-procede-contra-la-determinacion-del · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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