PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. AUNQUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE NO EXIJA QUE EL JUSTO TÍTULO O ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO QUE CONSTITUYE LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN DE BUENA FE, SEA DE FECHA CIERTA, LA CERTEZA DE LA FECHA DEL ACTO JURÍDICO DEBE PROBARSE EN FORMA FEHACIENTE POR SER UN ELEMENTO DEL JUSTO TÍTULO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 9/2008).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 204/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO Y EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. 5 DE NOVIEMBRE DE 2014. LA VOTACIÓN SE DIVIDIÓ EN DOS PARTES: MAYORÍA DE CUATRO VOTOS POR LA COMPETENCIA. DISIDENTE: JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ. UNANIMIDAD DE CINCO VOTOS DE LOS MINISTROS ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA, JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ, JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO, OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS Y ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA, EN CUANTO AL FONDO. PONENTE: JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO. SECRETARIA: ROSA MARÍA ROJAS VÉRTIZ CONTRERAS.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Competencia. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es legalmente competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 226, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, en relación con los puntos primero, segundo y tercero del Acuerdo General Número 5/2013, emitido por el Pleno de este Alto Tribunal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil trece, en virtud de que se trata de una posible contradicción de tesis entre Tribunales Colegiados de distinto circuito y el tema de fondo corresponde a la materia civil, en la que se encuentra especializada esta Sala.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se identifica con el rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011)."(3)
SEGUNDO. Legitimación del denunciante. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, pues el Magistrado presidente del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, cuenta con facultad legal para formularla, atento a lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 227, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, dado que uno de los criterios en posible contradicción proviene del órgano jurisdiccional al que se encuentra adscrito y se actualiza el supuesto a que aluden los referidos preceptos.
TERCERO. Criterio de los Tribunales Colegiados. A fin de establecer las posturas contendientes en el presente asunto, es oportuno precisar las consideraciones y argumentaciones contenidas en las ejecutorias pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito que motivaron la denuncia de contradicción de tesis, así como los antecedentes que les dieron origen.
I. Criterio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el amparo directo 253/2014
El presente asunto derivó de un juicio ordinario civil, en el cual se demandó el ejercicio de la acción de prescripción positiva de un inmueble, con base en un contrato privado de compraventa celebrado en mil novecientos noventa y seis, certificado ante notario público en el año de dos mil siete.
De dicho asunto conoció el Juez Quinto de lo Civil del Primer Partido Judicial en el Estado de Jalisco, en el expediente 166/2007, quien dictó resolución en el sentido de que la acción intentada era improcedente, debido a que el contrato privado de compraventa carecía de fecha cierta.
En contra de la determinación anterior, el actor presentó recurso de apelación, del cual conoció la Séptima Sala del Supremo Tribunal de Justicia de la misma entidad federativa, en el toca 36/2012, quien dictó sentencia el treinta y uno de enero de dos mil doce, que confirmó la de primer grado.
En contra de la determinación anterior, el actor originario presentó demanda de amparo, de la que, por razón de turno, conoció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y, en sesión de quince de mayo de dos mil catorce, el referido Tribunal Colegiado dictó sentencia, en la cual determinó negar el amparo, con base en las siguientes consideraciones:
"CUARTO. Los conceptos de violación son infundados en parte e inoperantes por lo demás.
"El primer calificativo se atribuye a los motivos de inconformidad en los que se aduce que en el caso no cobra aplicación la jurisprudencia, de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, porque, a decir del quejoso, dicho criterio interpretó los preceptos del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que regulan la figura de usucapión, los cuales son diferentes a los del Código Civil del Estado de Jalisco, que también reglamentan tal institución, pero que este último ordenamiento no estatuye que la posesión apta para usucapir, además de ser en concepto de propietario, tenga que apoyarse en un justo título de fecha cierta.
"Ciertamente, el artículo 1148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León, que prevé: ‘La posesión necesaria para prescribir debe ser: I. En concepto de propietario y con justo título; II. Pacífica; III. Continua; IV. Pública.’, no es exactamente igual al 889 del Código Civil para el Estado de Jalisco, que especifica: ‘La posesión necesaria para usucapir debe ser: I. En concepto de propietario; II. Pacífica; III. Continua; y IV Pública.’, pues, en efecto, mientras aquél establece como uno de los requisitos para la usucapión que la posesión se apoye en un justo título, la apuntada normatividad jalisciense no lo dispone de manera expresa, sin embargo, el artículo 880 sí se refiere al justo título, ya que dice: (se transcribe).
"Sin embargo, esa circunstancia no es motivo para sustentar la inaplicabilidad de la jurisprudencia de mérito, toda vez que ésta también se refiere a la causa generadora de la posesión, por lo que el hecho de que en Jalisco no se exija que la posesión necesaria para usucapir deba apoyarse en un ‘justo título’, no significa que la persona que la haga valer quede exenta de revelar y justificar la causa generadora de su ocupación, caso en el que también tiene el deber de demostrar que el documento en que sustenta el motivo de su posesión sea de fecha cierta, no como acto traslativo de dominio perfecto, sino como hecho jurídico para conocer la fecha a partir de la cual ha de computarse el término legal de la prescripción, puesto que así lo establece la mencionada jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente aparece publicada con el número 96, en el Tomo V, Civil, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917, septiembre de 2011, página 103, bajo el rubro y texto siguientes:
"‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe)
"Cabe agregar que en el Estado de Nuevo León, al igual que en el de Jalisco, no existe disposición que establezca que el justo título o la causa generadora de la posesión deban ser de fecha cierta, sino que ese aspecto ha sido implementado por la jurisprudencia con el único fin de dar certeza y seguridad jurídica a los actos traslativos de dominio, así como de evitar que las partes que en ellos intervienen actúen de manera fraudulenta o dolosa, de suerte que al ser la fecha cierta de los documentos privados un principio general que se ha venido utilizando en el sistema jurídico mexicano, resulta inconcuso que la jurisprudencia de mérito debe ser aplicada en el Estado de Jalisco.
"...
"En mérito a lo expuesto, se desestiman por inoperantes los múltiples motivos de inconformidad, encaminados a evidenciar que es ilegal la sentencia reclamada, porque la legislación civil jalisciense no establece que deban de ser de fecha cierta los contratos privados en que se apoye la acción de usucapión de que se trate. Ello, porque es evidente que la eficacia de tales alegaciones se sustenta en un aspecto que fue previamente desestimado, como lo es el relativo a la inaplicabilidad de la jurisprudencia de rubro: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’, la cual, según se vio, sí cobra vigencia en el caso que se analiza y, por ende, la Sala responsable estuvo en lo correcto en determinar que para la procedencia de la acción de que se trata era menester que el contrato basal fuera de fecha cierta, lo que de suyo torna inoperantes los citados motivos de inconformidad."
II. Criterio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver los amparos directos 9/2010, 74/2010, 622/2010, 899/2010 y 860/2010
A continuación se transcribirán las consideraciones del DC. 860/2010, debido a que en ese asunto se aborda con mayor amplitud el tema de la contradicción de tesis que nos ocupa:
Dicho amparo deriva de un juicio ordinario civil en que la parte actora demandó la usucapión respecto de un inmueble que manifestó poseía desde 26 años antes, a raíz de un contrato privado de compraventa celebrado con el propietario, que exhibió en el juicio, acompañado de diversos recibos de pago de agua y predial del inmueble objeto de la litis realizados a lo largo de esos 26 años, que exhibió para acreditar su posesión respecto del inmueble, así como diversas testimoniales. Después de girar oficios para ubicar el domicilio de la parte demandada, se le emplazó por edictos y, dado que no contestó la demanda, se le tuvo por contestada en sentido negativo.
El Juez de primer grado resolvió que la parte actora no probó su acción, absolviendo a la parte demandada de las prestaciones reclamadas. Inconforme, la parte actora interpuso un recurso de apelación, que fue del conocimiento de la Segunda Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien confirmó la sentencia de primera instancia.
En contra de dicha resolución, la parte actora promovió un juicio de amparo directo que fue registrado con el número 860/2010, del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, quien resolvió amparar a la quejosa, con base en las consideraciones siguientes:
"... la jurisprudencia mencionada [‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’], fue emitida expresamente para la legislación sustantiva civil del Estado de Nuevo León y, por tanto, no puede resultar aplicable al abrogado Código Civil para el Estado de México -que fue la legislación conforme a la que se resolvió el caso concreto-, ya que esta última, contrario a lo ordenado por la primera de tales legislaciones, no exige la existencia de un justo título, sino que solamente establece que la posesión necesaria para usucapir debe ser en concepto de propietario.
"... Ahora bien, de la sentencia reclamada se advierte que la Sala responsable para resolver como lo hizo, o sea, para confirmar la sentencia apelada, se sustentó únicamente en la circunstancia de que el contrato de compraventa base de la acción carecía de fecha cierta, porque con las pruebas aportadas por la actora no se justificó que dicho contrato básico haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante un funcionario público, o que haya acontecido la muerte de alguno de los firmantes, y así, al carecer de fecha cierta, ese documento no resultó eficaz para demostrar la causa generadora de la posesión.
"Tal forma de resolver, por parte del tribunal de segunda instancia, resulta violatoria de las garantías de legalidad y debido proceso; ello, porque el hecho de que el contrato base de la acción de usucapión no sea de fecha cierta, con motivo de que no se haya celebrado o presentado ante fedatario público en razón de su oficio, inscrito en el Registro Público de la Propiedad, o demostrado que falleció alguno de los firmantes, en modo alguno implica que, por ese solo motivo, no pueda justificarse la causa generadora de la posesión invocada como sustento de la acción de usucapión.
"Ciertamente, un documento privado que carezca de fecha cierta no tiene por sí la validez o credibilidad plena necesaria, pero no menos verídico resulta que, en relación con su contenido tal circunstancia, no sólo puede advertirse porque se presentara ante un fedatario público o ante una autoridad a razón de su oficio, o bien, por la muerte de alguno de sus firmantes, sino que también puede evidenciarse de su enlace con diversos medios de convicción, que lleven en el ánimo del juzgador a tener por evidenciado el citado contenido del documento, particularmente, la fecha de su elaboración y lo ahí consignado.
"Lo anterior es así, porque el artículo 932 del abrogado, pero aplicable Código Civil para el Estado de México, anterior al vigente, establece que el que hubiere poseído bienes inmuebles por el tiempo y con las condiciones exigidas por el propio código para adquirirlos por usucapión, puede promover el juicio contra el que aparezca como propietario de esos bienes en el Registro Público, a fin de que se declare que la usucapión se ha consumado y que ha adquirido, por ende, la propiedad.
"Así, el diverso numeral 910 del citado código sustantivo dispone que la usucapión es un medio de adquirir la propiedad de los bienes mediante la posesión de los mismos, durante el tiempo y con las condiciones establecidas en el propio código.
"Al respecto, el artículo 911 del repetido Código Civil ordena que la posesión necesaria para usucapir, debe ser:
"I. En concepto de propietario;
"II. Pacífica;
"III. Continua; y,
"IV. Pública.
"El concepto de propietario lo define el precepto 805 del invocado código sustantivo, en cuanto prevé que el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijen las leyes y los Planes de Desarrollo Urbano Nacional, Estatal y Municipal o las parciales y especiales que se deriven de los mismos.
"Asimismo, el artículo 798 de dicho código dice que la posesión pacífica es la que se adquiere sin violencia.
"Igualmente, el numeral 798 del repetido código menciona que la posesión continua es la que no se ha interrumpido por alguno de los medios enumerados en el artículo 926.
"Del mismo modo, el dispositivo 800 de la citada legislación civil aduce que la posesión pública es la que se disfruta de manera que pueda ser conocida por todos, y que también lo es la que está inscrita en el Registro Público de la Propiedad.
"En orden con ello, el artículo 912 del referido código establece que los bienes inmuebles se adquieren por usucapión:
"I. En cinco años, cuando se poseen en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente;
"II. En cinco años, cuando los inmuebles hayan sido objeto de una inscripción de posesión;
"III. En diez años, cuando se poseen de mala fe, si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública; y,
"IV. Se aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las fracciones I y III, si se demuestra, por quien tenga interés jurídico en ello, que el poseedor de finca rústica no la ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que la ha poseído, o que por no haber hecho el poseedor de finca urbana las reparaciones necesarias ésta ha permanecido deshabitada la mayor parte del tiempo que ha estado en poder de aquél.
"En tal contexto, el accionante debió demostrar que el inmueble a usucapir se encuentra inscrito en el Registro Público a favor de persona alguna diversa a él, y que lo ha poseído por el tiempo y las condiciones exigidas por la ley.
"En ese sentido, el que promueve la usucapión, con fundamento en que ha poseído por cinco años el inmueble inscrito en el Registro Público de la Propiedad en favor de persona alguna, en concepto de propietario, con buena fe, pacífica, continua y públicamente, debe demostrar tales extremos en juicio.
"Por tanto, al respecto, debe destacarse que el artículo 801 del abrogado, pero aplicable Código Civil para el Estado de México, anterior al vigente, dispone que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la usucapión.
"En relación con tal dispositivo, el numeral 917 del aludido código sustantivo establece que pueden usucapir todos los que son capaces de adquirir la propiedad por cualquier otro título.
"Atento a ello, debe denotarse que el numeral 773 del referido Código Civil dispone que la posesión da al que la tiene, la presunción de propietario para todos los efectos legales. El que posee en virtud de un derecho personal, o de un derecho real distinto de la propiedad, no se presume propietario; pero si es poseedor de buena fe, tiene a su favor la presunción de haber obtenido la posesión del dueño de la cosa o derecho poseído.
"El precepto 781 del multicitado código prevé que es poseedor de buena fe el que entra en la posesión, en virtud de un título suficiente para darle derecho a poseer. También lo es el que ignora los vicios de su título que le impiden poseer con derecho, y que es poseedor de mala fe el que entra a la posesión sin título alguno para poseer; lo mismo que el que conoce los vicios de su título que le impiden poseer con derecho. Entendiéndose por título la causa generadora de la posesión.
"... Lo anterior implica que uno de los requisitos para que se haga operante la usucapión o prescripción adquisitiva, es que el bien a usucapir se posea con la calidad de propietario de la cosa, lo que implica que el actor, al ejercer la acción de usucapión, se encuentra obligado a revelar o invocar la causa generadora de su posesión y, además, a justificar plenamente ésta, o sea, resulta indispensable que revele y pruebe el hecho o acto jurídico que hace adquirir un derecho y que entronca con la causa o documento en que conste ese acto o hecho adquisitivo, que así otorgue a la actora la aptitud de ser dueña de la cosa; todo ello, sin duda para que se corrobore que la accionante tiene una posesión originaria del bien objeto de la litis, o sea, para verificar si se colma lo dispuesto en el artículo 801 del Código Civil para el Estado de México, que establece, como ya se vio, que sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño de la cosa poseída puede producir la usucapión, y así advertir que el origen de la posesión del actor no es derivado o precario, en cuyo caso la acción sería improcedente.
"Por ello, si como en la especie sucedió, la actora invocó como origen de su posesión el traslado de dominio concertado en el contrato privado de compraventa, que dijo había celebrado el catorce de junio de mil novecientos ochenta, con el demandado **********, entonces, debió justificar plenamente el contenido de dicho acto jurídico, a efecto de evidenciar la causa generadora de la posesión que dijo ejerciera en su carácter de propietaria; lo anterior en orden con la justificación del elemento de la acción de usucapión, consistente en que su posesión sea en concepto de propietario.
"En el entendido de que, tratándose de la acción de usucapión, el acto jurídico o hecho invocado como causa generadora de la posesión, en este caso, el contrato privado de compraventa que la actora dijo había celebrado respecto del inmueble objeto de la litis, en sí, es la fuente que genera la posesión en concepto de propietario del inmueble a usucapir en favor de la accionante, con las condiciones de ley; es decir, que tratándose de la usucapión, es la posesión con sus cualidades la que en un momento dado genera legalmente la propiedad de la cosa en favor del usucapista, ello en orden con el acto o hecho jurídico que constituya la causa generadora de la posesión originaria, la cual debe revelarse y probarse para justificar esa causa que se indique como generadora de la posesión y, en su caso, para evidenciar que dicha posesión tiene la calidad de originaria, apta para prescribir.
"En tal orden de ideas, se estima que la simple circunstancia de que el contrato base de la acción exhibido en el caso, no haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún funcionario público en razón de su oficio o que haya acontecido la muerte de alguno de sus firmantes, y que, por tales motivos precisos, no se generase certeza en cuanto a la fecha de su celebración, no implica, por sí, que el contrato base de la acción exhibido por la accionante resultara ineficaz para acreditar la causa generadora de la posesión, porque con independencia de que el contrato de compraventa básico carezca de las circunstancias antes anotadas, sí es susceptible de ser corroborado el contenido en cuanto a su autenticidad, incluso respecto a la fecha de su celebración, en su caso, con diversos elementos de prueba que lo perfeccionen en ese sentido, sin que sea idóneo exigir que para que se justifique la causa generadora de la posesión debiera ser de fecha cierta por haber sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, y presentado ante un fedatario público en razón de su oficio, o por haberse justificado la muerte de alguno de sus suscriptores, pues la figura jurídica de la certeza de la fecha del contrato básico, no puede ser considerado como un factor o elemento probatorio en orden con la causa generadora de la posesión, por un acto traslativo de dominio, dado que, como ya se vio, y se reitera, resulta factible que en ese caso se acredite la causa generadora de la posesión a través de un contrato privado de compraventa, que en principio pudiera no ser de fecha cierta, pero podría corroborarse o no su contenido en orden con su autenticidad, e incluso, en lo relativo a la fecha de celebración, con diversos medios de convicción, dado que bien puede presentarse un contrato privado carente de fecha cierta, porque no haya sido inscrito ante el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún funcionario que tenga fe pública, o fallecido alguno de sus firmantes, y sin embargo, puede corroborarse en cuanto a su autenticidad, e incluso fecha de celebración, a través de algún o algunos de los distintos medios probatorios que permite la ley.
"Por ello, se estima violatorio de las garantías individuales de legalidad y debido proceso de la quejosa que, en el caso concreto, la Sala responsable haya desestimado la acción de usucapión únicamente bajo el impropio e injusto argumento contrario a la legislación civil mexiquense, de que la accionante, en orden con la causa generadora de la posesión que invocó, exhibió un contrato privado de fecha incierta, porque según consideró, la actora no evidenciara con las pruebas que aportó que el acuerdo de voluntades haya sido inscrito en el Registro Público de la Propiedad, presentado ante algún fedatario público en razón de sus funciones, o se hubiese justificado el fallecimiento de alguno de sus suscriptores, sin que al efecto haya ponderado y analizado jurídicamente si el contrato de compraventa base de la acción quedó o no acreditado en relación con su contenido y su autenticidad, e incluso, en relación con la fecha de su celebración, con los demás medios probatorios que obran en el sumario de origen.
"Con base en todo lo anterior, es de estimarse incorrecto e ilegal considerar, como lo hiciera la Sala responsable, que en orden con la acción de usucapión y para acreditar la causa generadora de la posesión vinculada con un acto traslativo de dominio, resultara indispensable que se presentase un documento de fecha cierta, y que, en caso contrario, la acción resultare, por ese motivo, injustificada, pues ello implicaría limitar en ese supuesto el éxito del ejercicio de la acción de usucapión a la exhibición de un acto jurídico que contenga una ‘fecha cierta’, lo que lógica y jurídicamente no resulta sostenible, conforme al Código Civil para esta entidad.
"Así, es factible que el contrato privado traslativo de dominio exhibido como causa generadora de la posesión, aunque carezca de esa fecha cierta, por no ser de las cualidades apuntadas, puede ser corroborado y perfeccionado con diversos medios en cuanto a su autenticidad, e incluso respecto a la fecha de celebración, con otros medios probatorios, lo cual implica que la fecha cierta respecto de un documento que contiene un acto traslativo de dominio, invocado como causa generadora de la posesión de la acción de usucapión, no constituye un factor definitorio ni idóneo de prueba, pues se insiste en que la fecha de celebración del citado acto bien puede ser corroborada con un diverso elemento probatorio, con independencia de que el contrato tenga o no fecha cierta.
"Lo anterior es así, porque lo relevante para la procedencia de la acción de usucapión no es el dato del acreditamiento en sí de la certeza de la fecha del documento en que aquélla se funda, sino en la justificación idónea y legal de la autenticidad y veracidad del propio documento, ya que de esa manera es posible constatar si el acto ahí contenido, que sirve como causa generadora de la posesión, realmente se celebró y, de ser así, también corroborar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que en el propio documento se contienen.
"... procede conceder el amparo instado para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada, y acto seguido emita una nueva resolución, en la cual se abstenga de aplicar el criterio jurisprudencial que invocó, omita considerar que fuese injustificada la acción de usucapión con base en el único motivo de que el contrato exhibido por la actora no sea de fecha cierta, y así, al tomar en consideración los lineamientos jurídicos aquí anotados y lo ya ponderado, resuelva así conforme a derecho corresponda, con plenitud de jurisdicción, el recurso de apelación sometido ante su potestad, ello con base en la litis inicial del juicio de origen, según el alcance de los agravios expresados por la apelante aquí quejosa al efecto y, ante todo, previo exhaustivo y legal análisis de la totalidad de las pruebas legalmente aportadas al juicio natural ..."
Cabe precisar que, al resolver el ADC. 74/2010, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito manifestó, un argumento que no está contenido en las otras ejecutorias, como sigue:
"... los sustanciados argumentos resultan esencialmente fundados y bastantes para otorgar el amparo, teniéndose en cuenta al efecto, que la sentencia de segunda instancia aquí reclamada sustentó sus consideraciones medularmente en la aplicación de la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el registro IUS 169830 y el número 1a./J. 9/2008, puede consultarse en la página 315 del Volumen XXVII, abril de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en la Novena Época, cuyo texto es el siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA. EL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA QUE SE EXHIBE PARA ACREDITAR EL JUSTO TÍTULO O LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN, DEBE SER DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).’ (se transcribe).
"Conforme a lo establecido en la jurisprudencia antes transcrita, para que exista fecha cierta en un documento privado traslativo de dominio, se requiere que se actualicen tres hipótesis, a saber:
"a) Que se inscriba ante un Registro Público;
"b) Que se presente ante un fedatario público; o bien,
"c) Que muera alguno de sus firmantes.
"En tales condiciones, como lo hace valer el quejoso, los elementos determinados por nuestro Más Alto Tribunal, en cuanto a la acción de usucapión, no resultan del todo prácticos, porque las hipótesis mencionadas no se actualizan en la totalidad de los casos, de modo tal, que la tesis referida no puede ser aplicada en forma genérica o indiscriminada, sino que debe atenderse a la realidad jurídica que impera en cada caso, en particular, como en éste, en que, como lo destaca el promovente, en los referidos preceptos de la legislación civil aplicable, no se establece como requisito para la procedencia de la usucapión el que el justo título o documento constitutivo de la causa generadora de la posesión, fuese de fecha cierta, como lo estimó la autoridad responsable.
"Por consecuencia, le asiste razón al impetrante en cuanto a que la aplicación irrestricta del citado criterio jurisprudencial podría en sí resultar transgresora de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, por cuanto limita la valoración, por parte del juzgador, de las pruebas ofrecidas por las partes en aras de acreditar la procedencia de la usucapión mediante la posesión, con los requisitos exigidos por la ley, limitando con ello el derecho de acceso a la justicia mediante el análisis de los demás medios de prueba idóneos para la acreditación del hecho generador de la posesión de bienes inmuebles."
Finalmente, al resolver el ADC. 622/2010, hizo la precisión siguiente:
"... para la procedencia de la acción de prescripción positiva no es un requisito esencial el relativo a que se deba acreditar la legítima propiedad del causante de quien intenta dicha acción, pues lo único que se requiere, es que el actor revele la causa origen de su posesión y la acredite, debiendo tratarse de un acto jurídico que el accionante crea suficiente y bastante para transmitirle el dominio sobre el bien de que se trata ...
"Ello resulta en la satisfacción de la obligación legal a cargo del accionante, pues, como ya se dijo, éste no estaba en el deber procesal de acreditar que su causante fuese el legítimo propietario del inmueble, sino solamente que accedió a la posesión del mismo a travé
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25449-6fa4a607/prescripcion-adquisitiva-aunque-la-legislacion-aplicable-no-exija · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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