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Modo: Corpus Pro

RENTA. EL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO VIOLA EL PRINCIPIO DE SUBORDINACIÓN JERÁRQUICA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004).

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 197/2014. · Registro digital (IUS): 25468
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-02-13
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS P
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Pág. 1690.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 197/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SEGUNDA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, Y EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. MAYORÍA DE TRES VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES. AUSENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. DISIDENTE: MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIO: GABRIEL REGIS LÓPEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis.(1)

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima.(2)

TERCERO. A efecto de verificar si existe contradicción de criterios entre los Tribunales Colegiados contendientes, es menester destacar las consideraciones sustentadas en las ejecutorias respectivas.

I. Criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el recurso de revisión fiscal 144/2014.

"... En síntesis, indica la autoridad recurrente que la Sala realizó una indebida interpretación del artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues resolvió que exigir el señalamiento en los comprobantes fiscales por concepto de arrendamiento, del número de cuenta predial del inmueble de que se trate o en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal, es un mayor requisito para la procedencia de las deducciones, que lo dispuesto en los diversos 31, fracción III y 145, fracción III, de la ley del tributo en mención, en tanto que los dos últimos sólo señalan que las deducciones autorizadas deben estar amparadas con la documentación que reúna los requisitos fiscales relativos a la identidad y domicilio de quien los expida y que los contribuyentes deben expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas; por ende, contrario a lo afirmado por la Sala el señalamiento en cuestión sólo requiere cuestiones relativas al domicilio de quien expide los comprobantes, sin ir más allá, de lo que prevé la ley, pues incluso precisa la recurrente que los requisitos de tales documentos no se encuentran únicamente en los citados 31 y 145, sino también en los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, en tanto disponen los elementos de los que debe cerciorarse quien use comprobantes fiscales para efectos de deducción; cita en apoyo de sus conclusiones la tesis aislada citada con antelación.

"Lo que es infundado, pues fue correcta la interpretación que la Sala realizó del artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque al establecer que los comprobantes fiscales que se emitan por concepto de arrendamiento deben señalar el número de cuenta predial o el número de certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal; ello va más allá de lo previsto en la ley, porque implica mayores requisitos que los establecidos en la legislación a la que regula, sin que se encuentre acreditada en la ley ordinaria la justificación y medida del segmento reglamentario, ya que este requisito resulta exigible al emisor de los comprobantes, que no pueden incidir en la procedencia de la deducibilidad de dicho gasto, a favor de quien los utiliza.

"En principio, conviene invocar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 29/99, que es del tenor literal siguiente:

"‘FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN.’ (se transcribe)

"Dicho criterio establece los principios que rigen la potestad del Ejecutivo Federal para emitir reglamentos, el de reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma. El primero implica la prohibición al reglamento de abordar materias reservadas en exclusiva a las leyes del Congreso (relativas a la definición de los tipos penales, las causas de expropiación y la determinación de los elementos de los tributos), cuya justificación se encuentra en la necesidad de preservar los bienes jurídicos de mayor valía para los gobernados -tradicionalmente libertad personal y propiedad-.

"El segundo principio refiere a la exigencia en cuanto a que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida.

"Ahora bien, en la demanda de nulidad de origen, la actora hizo valer que fue ilegal que la autoridad liquidadora le rechazara las deducciones derivadas de gastos de arrendamiento, porque el precepto reglamentario en el que se fundó tal determinación, 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, iba más allá del contexto legal correspondiente, limitado por los artículos 31, fracción III y 145, fracción III, ambos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Sala Fiscal resolvió que ese argumento resultaba fundado, pues los últimos numerales en comento sólo señalan como requisito de las deducciones estar amparadas con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien las expida así como por lo que exigir que también señale el número de cuenta predial o el número del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal, si excede los límites de la ley.

"En contravención con ello, la autoridad recurrente sostiene que el señalamiento establecido en el reglamento en cuestión sólo requiere datos relativos al domicilio de quien expide los comprobantes, sin ir más allá de lo que prevé la ley, incluso precisa que los requisitos de tales documentos no se encuentran únicamente en los citados 31 y 145, sino también en los numerales 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

"Para dilucidar la cuestión efectivamente planteada, conviene tener presente en primer lugar que los artículos 145, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, efectivamente establecen los requisitos que deben contener los comprobantes fiscales, mientras que los diversos 31, fracción III, de la legislación citada y párrafo tercero, del numeral 29, del código en comento, establecen los elementos de procedencia de las deducciones, relacionados con los requisitos de los comprobantes fiscales.

"Para así estimarlo, se atiende al contenido de los preceptos legales cuestionados, a saber, 145, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (e incluso la fracción II, por las razones que en adelante se precisarán), 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que como se dijo, se encuentran relacionados con la obligación de expedir comprobantes fiscales: (se transcribe)

"El primero de ellos establece, entre otras, la obligación a cargo de quienes obtengan ingresos por arrendamiento, de expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas y además de llevar su contabilidad acorde con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"El segundo, hace alusión a los requisitos que, en adición a los establecidos en el diverso 29 del Código Tributario Federal, deben contener que necesariamente deben precisar, de identificador de emisor, del receptor, del servicio o bien que amparen y del propio documento.

"Por su parte, el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta dispone: (se transcribe)

"Así, el Ejecutivo Federal reglamentó la Ley del Impuesto sobre la Renta, en concreto, respecto de la obligación a cargo de los contribuyentes que tengan ingresos por arrendamiento, de expedir comprobantes por las contraprestaciones recibidas, y dispuso que, además de los requisitos ya analizados en los dos segmentos normativos reproducidos, dichos documentos, deberán señalar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal.

"Entonces, se tiene que, de conformidad con lo expuesto por la recurrente, en función de los numerales analizados, los requisitos que deben contener los comprobantes que están obligados a emitir los contribuyentes que obtienen ingresos por arrendamiento, por las contraprestaciones que reciban, son:

"1. Los descritos en el numeral 29; estar impresos por impresores autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, registrar el valor de actos o actividades; señalar si el pago se hace en una exhibición o en parcialidades; indicar el número de cada parcialidad; desglosar los impuestos que se trasladen por tasa de impuesto; cumplir con lo relativo a comprobantes digitales.

"2. Los previstos en el diverso 29-A, de identificación de quien lo expide, de quien lo recibe, de la mercancía o bien, que ampara y del propio recibo, en términos del artículos 29-A del Código Tributario Federal.

"3. El número de cuenta predial del inmueble de que se trate, o en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y firmarse por el contribuyente o su representante, conforme al numeral 189 del reglamento citado.

"Bajo ese contexto, se considera que el numeral 189 en estudio, más que desarrollar, complementar o pormenorizar la norma legal, en realidad la está rebasando, porque en la Ley del Impuesto sobre la Renta no se prevé tal requisito para la expedición de comprobantes fiscales a cargo de los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento, porque este requisito resulta exigible al emisor de los comprobantes, que no puede incidir en la procedencia de la deducibilidad de dicho gasto, a favor de quien los utiliza.

"Ello es así, porque el legislador ordinario impuso a esa clase de contribuyentes la carga fiscal de expedir comprobantes por las contraprestaciones que reciban, mismos que deberán reunir los requisitos enlistados en los anteriores artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación; empero, no se desprende de ninguno de ellos, la posibilidad de que se aluda a la identificación del inmueble por el que se concede el arrendamiento, que es lo que se pretende a través del señalamiento del número de cuenta predial o el número del certificado de participación inmobiliaria no amortizable.

"Al respecto, la autoridad recurrente precisó que el requisito en mérito sólo se refiere a datos del domicilio de quien expide los comprobantes, lo cual se estima incorrecto, pues la información a que alude el citado numeral 189, versa sobre el inmueble dado en arrendamiento, lo cual no aporta nada al domicilio del contribuyente emisor, porque no necesariamente deben coincidir ambos, ya que incluso, si por tal bien se obtiene un ingreso por arrendamiento, ello no implica que su uso y disfrute se han otorgado a un tercero, lo que hace evidente que dicho requisito no guarda relación alguna con el domicilio del arrendador.

"No es óbice a dicha conclusión, que la fracción V del numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación precise que se debe señalar la cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen los comprobantes fiscales, para considerar que, por ese motivo se pudiera exigir el señalamiento de la cuenta predial del inmueble arrendado, porque para atender a tal ordenamiento, bastaría con que en el documento se indicara como concepto de su emisión, el arrendamiento de inmuebles, al que incluso podrían añadirse la dirección correspondiente, pero la precisión de la cuenta predial no abona a la descripción que se exige en tal segmento normativo.

"Por otra parte, ese elemento tampoco se vincula con la obligación de los contribuyentes que obtienen ingresos por arrendamiento de llevar contabilidad, con arreglo a Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el análogo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque los lineamientos ahí contenidos tienden a precisar la naturaleza, características técnicas, contenido y formalidades a que se deberá sujetar esa clase de información, en la que necesariamente deberán reflejarse los comprobantes fiscales correspondientes, pero de ninguna manera evidencian la necesidad de que en éstos, deban contener el número de cuenta predial o del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal.

"Por ende, al no encontrarse acreditada en la ley ordinaria la justificación y medida del segmento reglamentario en estudio, debe concluirse, adverso a lo que sostiene la recurrente, que sí la excede, porque impone a los contribuyentes emisores de comprobantes fiscales que obtienen ingresos por arrendamiento, mayores requisitos que los establecidos en la legislación ordinaria, porque el analizado resulta exigible al emisor de los comprobantes, que no puede incidir en la procedencia de la deducibilidad de dicho gasto, a favor de quien los utiliza.

"Luego, contrario a lo que afirma la recurrente, la Sala no realizó una indebida interpretación del artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porque los únicos numerales que le imponen restricciones al derecho de deducción, son el 31, fracción III, de la citada ley y 29, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que establecen lo siguiente: (se transcriben)

"De conformidad con ello, quien pretenda beneficiarse con un comprobante fiscal a efecto de deducir o de acreditar el monto que ampare, tendrá que realizar lo siguiente:

"a) Corroborar que la deducción se encuentre amparada con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales, que como se tiene visto, se advierten de los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación.

"b) Cerciorarse de los datos de identificación del emisor y de que se hayan cumplido todos los elementos descritos en el numeral 29-A citado.

"Así lo determinó la Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia 2a./J.160/2005, que precisa: ‘COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN EXPIDEN SÓLO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR CIERTOS DATOS DE LOS QUE CONTIENEN.’ (se transcribe)

"Entonces, si los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, que establecen la procedencia de las deducciones en relación con los comprobantes fiscales, disponen que el usuario de tales documentos, a efecto de deducir el monto que amparen, sólo deben cerciorarse de dos datos en específico, a saber: a) los datos de identidad del emisor (nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes); b) los enlistados en el diverso 29-A citado, es inconcuso que la actora del juicio de nulidad, en principio, no estaba obligada a verificar que en los comprobantes en los que se sustentaba el gasto por arrendamiento, se contuviera el señalamiento del número de cuenta predial o del número del certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal, porque se trata una obligación impuesta sobre el emisor de comprobante, por lo que, como se ha visto, constituye un elemento que va más allá de lo que dispone la ley que reglamenta, lo que hace ilegal que la autoridad negara la procedencia de la deducción amparada con los procedimientos de fiscalización, con fundamento en la ausencia del número de cuenta predial señalado."

II. Criterio sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo directo administrativo 54/2008.

"... Puntualizado lo anterior, este tribunal estima infundados los argumentos, porque el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no excede lo dispuesto en el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues si bien tanto este dispositivo como el 145, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta no hacen referencia al requisito que exige el artículo combatido por su contraposición con la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal, referido a exigir que los comprobantes fiscales deben señalar además de los requisitos previstos en el primer artículo, el número de cuenta predial del inmueble de que se trate o, en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliario no amortizable y la firma del contribuyente o su representante.

"Lo cierto es que, como la fracción II del artículo 145 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece la obligación de los contribuyentes que obtienen ingresos de llevar su contabilidad acorde con los dispuesto tanto en la propia ley, como en su reglamento, al igual que el Código Fiscal de la Federación y su reglamento, es evidente que el Ejecutivo Federal no excedió su facultad reglamentaria al establecer en el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, un requisito adicional a los que consigna el diverso numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación, que consiste en consignar el número de cuenta predial del inmueble de que se trate.

"Es aplicable por analogía, la jurisprudencia en materia constitucional, administrativa, publicada en la Novena Época Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, tesis 1a./J. 119/2007, página 311, del siguiente contenido:

"‘RENTA. LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE REGULAN EL SISTEMA DE DEDUCCIÓN DENOMINADO COSTO DE LO VENDIDO, NO TRANSGREDEN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA AL REMITIR A NORMAS REGLAMENTARIAS EN CUANTO A LA PREVISIÓN DE CIERTOS REQUISITOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005).’ (se transcribe)

"Por tanto, como única instancia limitante de las disposiciones reglamentarias es que no excedan la ley, a la cual están subordinadas, éstas tienen un campo de acción relativamente amplio y pueden desarrollar el texto legal en cierta medida, precisando los requisitos no previstos en el ordenamiento jurídico, pues son necesarios para asegurar su cumplimiento de acuerdo con la voluntad legislativa, es evidente que si en la especie los requisitos complementarios a los exigidos por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, están comprendidos en el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en cuanto a exigir al contribuyente que mencione el número de cuenta predial del inmueble de que se trate, sin mayor reflexión se colige que este numeral no rebasa aquélla.

"Además, la exigencia del artículo tildado de inconstitucional, no puede en forma alguna exceder lo dispuesto en el numeral 29-A del Código Fiscal de la Federación, porque en la fracción V, de este dispositivo se establece como requisito de todo comprobante fiscal, que se especifiquen la cantidad y clase de mercancías, o descripción del servicio que amparen, lo que implica que como en la especie se trata de recibos de arrendamiento de bienes inmuebles, es necesario mencionar el número de cuenta predial, a fin de estar en posibilidad de identificar los datos relativos al bien inmueble que se otorguen en arrendamiento, sin que ello implique un exceso al principio de subordinación de la ley que caracteriza a la facultad reglamentaria.

"Tiene aplicación la jurisprudencia en materia constitucional, publicada en la Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, tesis P./J. 30/2007, página 1515, del siguiente contenido:

"‘FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS LÍMITES.’ (se transcribe)

"Asimismo, el numeral combatido de inconstitucional tampoco denota un exceso de lo acotado por el artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, cuenta habida que únicamente especifica uno de los requisitos del ordenamiento sustantivo, que consiste en exigir al contribuyente anote en los comprobantes fiscales que expide, el número de cuenta predial. Siendo así, evidentemente que ninguna trasgresión existe a la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni al Código Fiscal de la Federación, y por lo mismo, al artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, lejos de contrariar las disposiciones de la citada ley y código, de hecho las desarrolla, posibilitando su adecuada implementación y brindando seguridad jurídica a los gobernados, con lo que precisamente se cumplen los fines perseguidos con el ejercicio de la facultad reglamentaria.

"Por ende, se concluye, el concepto de violación relacionado con el tema de inconstitucionalidad de normas debe declararse fundado."

Del citado criterio derivó la tesis aislada número XXI.1o.P.A. 105 A, consultable en la página 2436 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, octubre de dos mil ocho, correspondiente a la Novena Época,(3) del rubro siguiente:

"RENTA. EL ARTÍCULO 189 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL EXIGIR PARA LA DEDUCIBILIDAD DE LOS RECIBOS DE ARRENDAMIENTO, REQUISITOS ADICIONALES A LOS SEÑALADOS EN EL NUMERAL 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO EXCEDE LO DISPUESTO EN EL PRECEPTO 145, FRACCIONES II Y III, DE LA CITADA LEY Y, POR TANTO, NO REBASA LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."

CUARTO. Con el propósito de determinar si existe la contradicción de los criterios precisados, es menester destacar que el Tribunal Pleno, al interpretar en la jurisprudencia P./J.72/2010, los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo abrogada, estableció que para que se actualice la contradicción de tesis basta que exista oposición respecto de un mismo punto de derecho, aunque no provenga de cuestiones fácticas exactamente iguales. El citado criterio es del rubro siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES."(4)

De la jurisprudencia invocada se pone de manifiesto que la existencia de la contradicción de tesis no depende de que las cuestiones fácticas sean exactamente iguales, ya que es suficiente que los criterios jurídicos sean opuestos, aunque debe ponderarse que esa variación o diferencia no debe incidir o ser determinante para el problema jurídico resuelto, esto es, debe tratarse de aspectos meramente secundarios o accidentales que, al final, en nada modifican la situación examinada por los órganos judiciales relativos, sino que tan sólo forman parte de la historia procesal del asunto de origen.

En tal virtud, si las cuestiones fácticas aun siendo parecidas influyen en las decisiones adoptadas por los órganos de amparo, ya sea porque se construyó el criterio jurídico partiendo de dichos elementos particulares o la legislación aplicable da una solución distinta a cada uno de ellos, es inconcuso que la contradicción de tesis no puede configurarse, en tanto no podría arribarse a un criterio único ni tampoco sería posible sustentar jurisprudencia por cada problema jurídico resuelto, pues esto conllevaría a una revisión de los juicios o recursos fallados por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que si bien las particularidades pueden dilucidarse al resolver la contradicción de tesis -mediante aclaraciones-, ello es viable cuando el criterio que prevalezca sea único y aplicable a los razonamientos contradictorios de los órganos participantes.

Sobre tales premisas, debe decirse que en la especie sí existe la contradicción de tesis denunciada, ya que de las ejecutorias transcritas se evidencia que los Tribunales Colegiados contendientes examinaron una misma cuestión jurídica, consistente en dilucidar si el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco,(5) excede lo dispuesto en el artículo 145, fracción III, de la citada legislación, en relación con el diverso 29-A del Código Fiscal de la Federación, y si por tal motivo, viola o no el principio de subordinación jerárquica que rige a la facultad reglamentaria prevista en el artículo 89, fracción I, constitucional.

Lo anterior es así, toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, al resolver el asunto del que se ha dado noticia, determinó que el citado artículo 189, al establecer que los comprobantes fiscales que se emitan por concepto de arrendamiento deben señalar el número de cuenta predial o el número de certificado de participación inmobiliaria no amortizable y la firma del contribuyente o de su representante legal; va más allá de lo previsto en la ley, pues sostuvo que exige mayores requisitos que los establecidos en la legislación que regula, sin que se encuentren acreditadas en la ley ordinaria su justificación y medida, por considerar que dicho requisito resulta exigible al emisor de los comprobantes y que, por tanto, no puede incidir en la procedencia de la deducibilidad del gasto relativo.

Además, el aludido órgano judicial señaló que el numeral citado más que desarrollar, complementar o pormenorizar la norma legal, en realidad la rebasa, porque en ésta no se prevén los requisitos que exige para la expedición de comprobantes fiscales a cargo de los contribuyentes que obtengan ingresos por arrendamiento, ni se encuentran previstos en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, habida cuenta que, sostuvo, aquéllos no aportan información en torno al domicilio del contribuyente emisor, porque no necesariamente debe coincidir con el del inmueble arrendado, así como que no es óbice lo establecido en la fracción V del citado artículo 29-A, en virtud de que para cumplir con lo dispuesto en esta porción normativa, bastaría con que en el documento se indicara como concepto de su emisión, el arrendamiento de inmuebles, incluso precisando la dirección correspondiente.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo directo referido, determinó que el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, no excede lo dispuesto en los artículos 145, fracción III, de la citada legislación y 29-A del Código Fiscal de la Federación, pues afirmó que si bien éstos no hacen referencia al requisito del número de cuenta predial del inmueble de que se trate, o en su caso, los datos de identificación del certificado de participación inmobiliario no amortizable y la firma del contribuyente o su representante; lo cierto es que, aclaró, la fracción II del propio numeral 145 establece la obligación de los contribuyentes que obtienen ingresos por concepto de arrendamiento, de llevar su contabilidad acorde con lo dispuesto tanto en dicha ley, como en su reglamento, al igual que la aludida codificación tributaria, por lo que concluyó que el Ejecutivo Federal no excedió su facultad reglamentaria al establecer el requisito adicional de mérito.

Asimismo, el mencionado Primer Tribunal Colegiado señaló que en la fracción V del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, se establece como requisito de todo comprobante fiscal, que se especifique la cantidad y clase de mercancías, o descripción del servicio que amparen, por lo que sostuvo que tratándose de recibos de arrendamiento de bienes inmuebles, es necesario mencionar el número de cuenta predial, a fin de estar en posibilidad de identificar los datos relativos al bien que se otorgue en arrendamiento, sin que ello implique un exceso al principio de subordinación de la ley que caracteriza a la facultad reglamentaria, sino que únicamente especifica uno de los requisitos del ordenamiento sustantivo, por lo que lejos de contrariar las disposiciones de la ley que reglamenta, las desarrolla, posibilitando su adecuada implementación y brindando seguridad jurídica a los gobernados.

De acuerdo con tales premisas, es patente que los Tribunales Colegiados examinaron un punto jurídico idéntico y emitieron criterios divergentes, pues se pronunciaron respecto de si el artículo 189 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil cinco, excede lo dispuesto en el artículo 145, fracción III, de la citada legislación, en relación con el diverso 29-A del Código Fiscal de la Federación, y al efecto arribaron a conclusiones diversas y opuestas, ya que el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región resolvió en sentido afirmativo la mencionada problemática, por estimar que el primer numeral establece requisitos adicionales que van más allá de lo previsto en la ley que reglamenta y que, por tanto, viola el principio de subordinación jerárquica; mientras que el otro órgano judicial sostuvo lo contrario, al señalar que no se actualiza la mencionada violación, por considerar que el Ejecutivo Federal no excedió su facultad reglamentaria al establecer el requisito adicional en el artículo 189 referido.

No representa obstáculo para la mencionada determinación, que los tribunales contendientes hayan sustentado su respectivo criterio al resolver un recurso de revisión fiscal y un amparo directo; pues tal situación no constituye un impedimento legal para que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupe de la denuncia de contradicción de criterios de que se trata, pues este tipo de asuntos tiene como finalidad superar la inseguridad jurídica derivada de posturas divergentes sostenidas sobre un mismo problema jurídico por órganos terminales del Poder Judicial de la Federación, y las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito tanto en amparo directo como en revisión fiscal tienen

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25468-255acaa0/renta-el-articulo-189-del-reglamento-de-la · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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