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Modo: Corpus Pro

EMBARGO PRECAUTORIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 144, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY ADUANERA. DEBE REALIZARSE CONFORME AL DIVERSO 152 DE LA MISMA LEY, EN RELACIÓN CON EL 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2014. · Registro digital (IUS): 25513
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: 2015-03-06
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA.
Localización: Décima Época. Segunda Sala. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II , Pág. 1294.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 297/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SÉPTIMO DEL PRIMER CIRCUITO Y SEGUNDO DEL CUARTO CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA. 12 DE NOVIEMBRE DE 2014. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS ALBERTO PÉREZ DAYÁN, JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS, MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS Y LUIS MARÍA AGUILAR MORALES; VOTÓ CON SALVEDAD MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS. PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ; EN SU AUSENCIA HIZO SUYO EL ASUNTO JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS. SECRETARIA: MIROSLAVA DE FÁTIMA ALCAYDE ESCALANTE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver sobre la presente contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 226, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos primero y tercero del Acuerdo General Plenario Número 5/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo del citado año, toda vez que se suscita entre Tribunales Colegiados de diferente circuito y respecto de asuntos del orden administrativo, materia de la especialidad y competencia de esta Sala.

Asimismo, resulta aplicable la tesis aislada del Pleno de este Alto Tribunal con datos de identificación siguientes:

"Registro: 2000331

"Décima Época

"Instancia: Pleno

"Tesis aislada

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Libro VI, Tomo 1, marzo de 2012

"Materia: común

"Tesis: P. I/2012 (10a.)

"Página: 9

"CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE DIFERENTE CIRCUITO. CORRESPONDE CONOCER DE ELLAS A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN XIII, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011). De los fines perseguidos por el Poder Reformador de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se creó a los Plenos de Circuito para resolver las contradicciones de tesis surgidas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a un mismo circuito, y si bien en el Texto Constitucional aprobado no se hace referencia expresa a la atribución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las contradicciones suscitadas entre Tribunales Colegiados pertenecientes a diferentes circuitos, debe estimarse que se está en presencia de una omisión legislativa que debe colmarse atendiendo a los fines de la reforma constitucional citada, así como a la naturaleza de las contradicciones de tesis cuya resolución se confirió a este Alto Tribunal, ya que uno de los fines de la reforma señalada fue proteger el principio de seguridad jurídica manteniendo a la Suprema Corte como órgano terminal en materia de interpretación del orden jurídico nacional, por lo que dada la limitada competencia de los Plenos de Circuito, de sostenerse que a este Máximo Tribunal no le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diverso circuito, se afectaría el principio de seguridad jurídica, ya que en tanto no se diera una divergencia de criterios al seno de un mismo circuito sobre la interpretación, por ejemplo, de preceptos constitucionales, de la Ley de Amparo o de diverso ordenamiento federal, podrían prevalecer indefinidamente en los diferentes circuitos criterios diversos sobre normas generales de trascendencia nacional. Incluso, para colmar la omisión en la que se incurrió, debe considerarse que en el artículo 107, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se confirió competencia expresa a este Alto Tribunal para conocer de contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de un mismo circuito, cuando éstos se encuentren especializados en diversa materia, de donde se deduce, por mayoría de razón, que también le corresponde resolver las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferentes circuitos, especializados o no en la misma materia, pues de lo contrario el sistema establecido en la referida reforma constitucional daría lugar a que al seno de un circuito, sin participación alguna de los Plenos de Circuito, la Suprema Corte pudiera establecer jurisprudencia sobre el alcance de una normativa de trascendencia nacional cuando los criterios contradictorios derivaran de Tribunales Colegiados con diferente especialización, y cuando la contradicción respectiva proviniera de Tribunales Colegiados de diferente circuito, especializados o no, la falta de certeza sobre la definición de la interpretación de normativa de esa índole permanecería hasta en tanto no se suscitara la contradicción entre los respectivos Plenos de Circuito. Por tanto, atendiendo a los fines de la indicada reforma constitucional, especialmente a la tutela del principio de seguridad jurídica que se pretende garantizar mediante la resolución de las contradicciones de tesis, se concluye que a este Alto Tribunal le corresponde conocer de las contradicciones de tesis entre Tribunales Colegiados de diferente circuito.

"Contradicción de tesis 259/2009. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 11 de octubre de 2011. Mayoría de diez votos. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Rosalía Argumosa López y Rafael Coello Cetina."

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, constitucional, así como 227, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, en razón de haber sido formulada por los Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, órgano jurisdiccional que emitió uno de los criterios en disputa.

TERCERO. Ahora, debe determinarse si existe la contradicción de criterios denunciada, ya que constituye un presupuesto necesario para estar en posibilidad de resolver cuál postura debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.

Para que exista contradicción de tesis se requiere que los Tribunales Colegiados, al resolver los asuntos materia de la denuncia, hayan:

1. Examinado hipótesis jurídicas esencialmente iguales; y,

2. Llegado a conclusiones encontradas respecto a la resolución de la controversia planteada.

Entonces, existe contradicción de tesis siempre y cuando se satisfagan los dos supuestos enunciados, sin que sea obstáculo a su existencia que los criterios jurídicos adoptados sobre un mismo punto de derecho no sean exactamente iguales en cuanto a las cuestiones fácticas que lo rodean. Esto es, que los criterios materia de la denuncia no provengan del examen de los mismos elementos de hecho.

En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de este Alto Tribunal, en la jurisprudencia que a continuación se cita:

"Registro: 164120

"Novena Época

"Instancia: Pleno

"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

"Tomo: XXXII, agosto de 2010

"Tesis: P./J. 72/2010

"Página: 7

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. EXISTE CUANDO LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADOPTAN EN SUS SENTENCIAS CRITERIOS JURÍDICOS DISCREPANTES SOBRE UN MISMO PUNTO DE DERECHO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LAS CUESTIONES FÁCTICAS QUE LO RODEAN NO SEAN EXACTAMENTE IGUALES. De los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197 y 197-A de la Ley de Amparo, se advierte que la existencia de la contradicción de criterios está condicionada a que las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito en las sentencias que pronuncien sostengan ‘tesis contradictorias’, entendiéndose por ‘tesis’ el criterio adoptado por el juzgador a través de argumentaciones lógico-jurídicas para justificar su decisión en una controversia, lo que determina que la contradicción de tesis se actualiza cuando dos o más órganos jurisdiccionales terminales adoptan criterios jurídicos discrepantes sobre un mismo punto de derecho, independientemente de que las cuestiones fácticas que lo rodean no sean exactamente iguales, pues la práctica judicial demuestra la dificultad de que existan dos o más asuntos idénticos, tanto en los problemas de derecho como en los de hecho, de ahí que considerar que la contradicción se actualiza únicamente cuando los asuntos son exactamente iguales constituye un criterio rigorista que impide resolver la discrepancia de criterios jurídicos, lo que conlleva a que el esfuerzo judicial se centre en detectar las diferencias entre los asuntos y no en solucionar la discrepancia. Además, las cuestiones fácticas que en ocasiones rodean el problema jurídico respecto del cual se sostienen criterios opuestos y, consecuentemente, se denuncian como contradictorios, generalmente son cuestiones secundarias o accidentales y, por tanto, no inciden en la naturaleza de los problemas jurídicos resueltos. Es por ello que este Alto Tribunal interrumpió la jurisprudencia P./J. 26/2001 de rubro: ‘CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.’, al resolver la contradicción de tesis 36/2007-PL, pues al establecer que la contradicción se actualiza siempre que ‘al resolver los negocios jurídicos se examinen cuestiones jurídicas esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios jurídicos discrepantes’ se impedía el estudio del tema jurídico materia de la contradicción con base en ‘diferencias’ fácticas que desde el punto de vista estrictamente jurídico no deberían obstaculizar el análisis de fondo de la contradicción planteada, lo que es contrario a la lógica del sistema de jurisprudencia establecido en la Ley de Amparo, pues al sujetarse su existencia al cumplimiento del indicado requisito disminuye el número de contradicciones que se resuelven en detrimento de la seguridad jurídica que debe salvaguardarse ante criterios jurídicos claramente opuestos. De lo anterior se sigue que la existencia de una contradicción de tesis deriva de la discrepancia de criterios jurídicos, es decir, de la oposición en la solución de temas jurídicos que se extraen de asuntos que pueden válidamente ser diferentes en sus cuestiones fácticas, lo cual es congruente con la finalidad establecida tanto en la Constitución General de la República como en la Ley de Amparo para las contradicciones de tesis, pues permite que cumplan el propósito para el que fueron creadas y que no se desvirtúe buscando las diferencias de detalle que impiden su resolución."

En esa línea de pensamiento, conviene insertar las consideraciones sostenidas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 420/2009, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo directo 81/2014.

CUARTO. Las posturas de los Tribunales Colegiados de Circuito son las siguientes:

I. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de tres de febrero de dos mil diez, el amparo directo DA. 420/2009, determinó lo siguiente:

"SEXTO. ... Por su parte, los artículos 144, fracción XXX, 150, 151 y 152 de la Ley Aduanera, vigentes al momento de los hechos ocurridos (veinte de agosto de dos mil siete), establecen: El primer artículo reproducido señala que la secretaría, además de las facultades conferidas por el Código Fiscal de la Federación y por otras leyes, tendrá la potestad de ordenar y practicar el embargo precautorio de las cantidades en efectivo, en cheques nacionales o extranjeros, órdenes de pago o cualquier otro documento por cobrar o una combinación de ellos, superiores al equivalente en la moneda o monedas de que se trate, a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, cuando se omita declararlas a las autoridades aduaneras, al entrar o salir del territorio nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 9o. de la Ley Aduanera. El segundo precepto legal reproducido establece la obligación de la autoridad de levantar el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando proceda a embargar precautoriamente mercancías, en los términos previstos por la ley de la materia. En el particular, con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías presentadas para su despacho. El tercero de los artículos citados prevé la facultad de la autoridad aduanera de embargar precautoriamente las mercancías y los medios de transporte utilizados, cuando ocurran los supuestos categóricamente en él precisados. Finalmente, el cuarto precepto legal reproducido dispone que con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho o del ejercicio de las facultades de comprobación en que proceda la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y no sea aplicable el artículo 151 de la Ley Aduanera, entonces, la autoridad aduanera procederá a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento establecido en el diverso 150 de dicha ley. En el último supuesto que prevé el primer párrafo del numeral 152 de la Ley Aduanera, es decir, sin sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 150 de la ley de la materia, por no estar en los supuestos de embargo precautorio que prevé el diverso 151 de la ley citada, la autoridad aduanera necesariamente dará a conocer mediante escrito o acta circunstanciada los hechos u omisiones que impliquen la omisión de contribuciones, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. También se prevé que las autoridades aduaneras emitirán resolución en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente integrado el expediente. Expuesto lo anterior, se considera que en el particular se actualizan los supuestos previstos en el segundo párrafo y siguientes del artículo 152 de la Ley Aduanera, esto es, se trata del procedimiento administrativo en materia aduanera instaurado con motivo del reconocimiento efectuado a la declaración de documentos y correspondencia realizada por la empresa de mensajería **********, bajo el formato **********, con número de folio **********, con fecha veinte de agosto de dos mil siete. En efecto, la autoridad aduanera, con motivo de la revisión señalada, procedió a levantar el ‘ACTA DE HECHOS Y DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN MATERIA ADUANERA’, en la que asentó que en una de las cuatro bolsas examinadas, contenía un sobre con un cheque por cobrar con un valor total de **********, siendo que ese documento no fue declarado por su remitente **********, por lo que, de conformidad con el artículo 144, fracción XXX, de la Ley Aduanera, la autoridad demandada procedió al embargo precautorio del cheque. Posteriormente, una vez que la empresa de mensajería y el remitente (parte actora) ofrecieron pruebas y formularon alegatos, como lo dispone el segundo párrafo y siguientes del numeral 152 de la Ley Aduanera, la autoridad demandada procedió a emitir la resolución impugnada, en la que resolvió, entre otras cuestiones, imponer a la remitente y a la parte actora **********, una multa por omitir declarar un cheque que excedía la cantidad permitida por ley para salir del territorio nacional, por lo que se actualizó la hipótesis legal prevista en la fracción XV del artículo 184 de la Ley Aduanera. En ese contexto, válidamente se concluye que no se advierte en la Ley Aduanera, que el procedimiento administrativo en materia aduanera sea una denominación que corresponda única y exclusivamente al procedimiento previsto en el artículo 152 de la citada ley, sobre todo porque la autoridad demandada no instruyó el procedimiento aduanero previsto en el artículo 150 de la Ley Aduanera, a través del acta de hechos levantada el veinte de agosto de dos mil siete, en razón de que el embargo precautorio del cheque encontrado y no declarado por el remitente, no se ubicó en los diversos supuestos que establece expresamente el numeral 151 de la citada ley, sino que el aseguramiento de ese documento se efectuó de conformidad con lo previsto en el diverso 144, fracción XXX, de la Ley Aduanera, por tanto, la autoridad demandada colmó los supuestos normativos que establece el segundo párrafo y siguientes del precepto legal 152 de la ley de la materia, para incoar el procedimiento administrativo aduanero con motivo del reconocimiento efectuado a la declaración de documentos y correspondencia realizada por la empresa de mensajería. Finalmente, cabe señalar que la autoridad aduanera, para iniciar el procedimiento administrativo de origen, únicamente ejerció sus facultades de revisión de mercancías, en términos del artículo 152 de la Ley Aduanera, y procedió al embargo precautorio del cheque no declarado, en términos del diverso 144, fracción XXX, de esa ley, sin que la autoridad demandada ejerciera las facultades previstas en los artículos 42 y 145, primer y segundo párrafos, fracción II, del Código Fiscal de la Federación. Consecuentemente, al resultar infundado el único concepto de violación que expone la quejosa, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada ..."

II. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de once de julio de dos mil catorce, el amparo directo 81/2014, sustentó lo siguiente:

"SEXTO. Análisis y solución del problema jurídico ...

"Como se adelantó, son infundados los conceptos de violación, toda vez que, contrario a lo argumentado por la quejosa, al haberse decretado el embargo precautorio de los cheques que se pretendían extraer del país, la autoridad fiscal se encontraba obligada a instruir el procedimiento administrativo en materia aduanera, establecido en los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera, y no el diverso señalado en el numeral 152 de ese ordenamiento y, por tanto, era innecesario que todas las actuaciones levantadas en ese procedimiento, incluyendo la resolución final, se fundamentaran en el referido arábigo 152, por lo que, en ese aspecto, la resolución determinante del crédito fiscal no se encuentra indebidamente fundada y motivada. En principio, es necesario acudir a lo que disponen los artículos 150, 151, 152 y 153 de la Ley Aduanera (vigentes en la época de los hechos), que establecen lo siguiente: (se transcriben). Aquí, es conveniente precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el doce de septiembre de dos mil doce, la contradicción de tesis 225/2012, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Décimo Quinto Circuito, interpretó el alcance de los artículos anteriormente reproducidos (con excepción de los párrafos segundo al quinto y séptimo del artículo 152, reformados el veintisiete de enero de dos mil doce), en esa ejecutoria, literalmente se argumentó lo siguiente: ‘De las disposiciones transcritas se advierten dos procedimientos: el previsto en los artículos 150 y 153, y el regulado en el artículo 152, todos de la Ley Aduanera. El primero de dichos procedimientos -procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA)- deberá sustanciarse cuando durante el reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o el ejercicio de facultades de comprobación, las autoridades aduaneras embarguen precautoriamente mercancías, por la comisión de las irregularidades a que se refiere el artículo 151 de la propia normatividad. Dicho procedimiento inicia con el levantamiento de un acta que deberá notificarse al contribuyente, en la que se deben hacer constar la identificación de la autoridad que practica la diligencia, los hechos y circunstancias que motivan el inicio del procedimiento, la descripción, naturaleza y demás características de las mercancías, la toma de muestras de las mercancías, en su caso, y otros elementos probatorios para dictar la resolución correspondiente. Asimismo, se deberá requerir al interesado para que designe dos testigos y señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento, salvo que se trate de pasajeros. En la propia acta deberá señalarse que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convengan y se deberá entregar al interesado copia del acta de inicio del procedimiento. Cuando el interesado presente pruebas que desvirtúen los supuestos por los cuales se embargaron precautoriamente las mercancías, la autoridad aduanera que levantó el acta dictará de inmediato la resolución y se devolverán las mercancías embargadas; en caso contrario, la resolución definitiva deberá dictarse en un plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, en la cual podrán determinar las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas, e imponer las sanciones que en su caso procedan. La sustanciación de este procedimiento está condicionada a que se trabe embargo precautorio para garantizar el interés fiscal, pues así deriva de lo dispuesto por los artículos 150, párrafo primero, y 152, párrafo primero, de la codificación aduanera que señalan, el primero de los citados preceptos, que las autoridades aduaneras «... levantarán el acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte o por elejercicio (sic) de las facultades de comprobación, embarguen precautoriamente mercancías en los términos previstos por esta ley.», y el segundo de ellos, que no habrá necesidad de sustanciar ese procedimiento cuando no se esté en el supuesto de embargo precautorio. Esta última conclusión se corrobora con lo determinado por esta Segunda Sala, al resolver, por unanimidad de votos, en sesión de seis de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, la contradicción de tesis 50/98, que examinó y fijó el alcance de los mismos numerales en su texto vigente en ese entonces, cuyo contenido, en lo esencial, no ha variado que, en su parte conducente, dice: «... el embargo precautorio llevado a cabo por las autoridades aduaneras, en los casos que en esa parte del artículo 150 se mencionan, vincula a aquellas autoridades a instaurar el procedimiento administrativo indicado, cuyo objeto específico es permitir a la parte afectada oponerse a la adopción de aquella medida, así como a los hechos y circunstancias que la motivaron. <La relación estrecha y sucesiva que existe entre el embargo precautorio (de las mercancías y de los medios de transportación) y el procedimiento administrativo en materia aduanera, se corrobora por la circunstancia de que, si durante la actuación de las autoridades aduaneras en un reconocimiento aduanero, en el segundo reconocimiento, en la verificación de mercancías en transporte o en el ejercicio de las facultades de comprobación, procede determinar contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones y no sea aplicable el artículo 151 de la propia ley (que prevé los supuestos en que se decreta el embargo precautorio), el artículo 152 de la Ley Aduanera establece que las autoridades aduaneras procederán a su determinación, sin necesidad de sustanciar el procedimiento administrativo mencionado. En cambio, la tramitación de este procedimiento es legalmente requerida cuando las autoridades aduaneras traban el embargo precautorio, lo que revela con claridad que su determinación (no obstante que se sustituya por otra garantía) es el supuesto que da lugar al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera.>. Por otra parte, el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera deberá seguirse cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho aduanero, o del ejercicio de sus facultades de comprobación, a través de cualquiera de los medios permitidos por la ley, las autoridades aduaneras detecten el incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras, o la comisión de infracciones, que impliquen la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, y no embarguen precautoriamente mercancías. En este caso, la autoridad aduanera, previamente a la determinación de las contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, deberá dar a conocer mediante escrito o acta circunstanciada, los hechos u omisiones que pudieran acarrear esas consecuencias, y le otorgará al interesado un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del escrito o acta, para ofrecer pruebas y formular alegatos. Una vez vencidos los plazos para el ofrecimiento de pruebas y alegatos y, en su caso, el desahogo de las diligencias necesarias, las autoridades aduaneras emitirán resolución dentro de un plazo máximo de cuatro meses. Lo hasta aquí expuesto permite establecer que, cuando las autoridades aduaneras al revisar el expediente formado con motivo de la internación temporal de un vehículo a regiones del país fuera de la franja fronteriza, adviertan la comisión de infracciones relacionadas con el destino de las mercancías a que se refiere el artículo 182 de la propia ley, sin que se decrete embargo precautorio, deberán sustanciar el procedimiento previsto en el artículo 152 de la Ley Aduanera, previamente a la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, en virtud de que esa revisión conlleva el ejercicio de facultades de comprobación, en términos del artículo 144, fracciones II, XVI y XXXII, de la propia normativa.» (lo resaltado es por parte de este tribunal). Esas y otras consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 131/2012 (10a.), de rubro y texto: «PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY ADUANERA. LAS AUTORIDADES ADUANERAS DEBEN SUSTANCIARLO ANTES DE IMPONER SANCIONES POR INFRACCIONES RELACIONADAS CON EL DESTINO DE LAS MERCANCÍAS, Y NO SE ESTÉ EN EL SUPUESTO DE DECRETAR EMBARGO PRECAUTORIO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2006). De los artículos 150 a 153 de la Ley Aduanera, deriva que el procedimiento previsto en el citado artículo 152 debe seguirse cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento, de la verificación de mercancías en transporte, de la revisión de los documentos presentados durante el despacho aduanero o del ejercicio de sus facultades de comprobación, a través de cualquiera de los medios permitidos por la ley, las autoridades aduaneras detecten el incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras, o la comisión de infracciones que impliquen la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, siempre que no se decrete embargo precautorio. En ese tenor, las autoridades aduaneras deben sustanciar el citado procedimiento antes de imponer sanciones, cuando al revisar el expediente formado con motivo de la internación temporal de un vehículo adviertan la comisión de infracciones relacionadas con el destino de las mercancías a que se refiere el artículo 182 de dicha ley, y no se esté en el supuesto de decretar embargo precautorio, en virtud de que esa revisión conlleva el ejercicio de facultades de comprobación en términos del artículo 144, fracciones II, XVI y XXXII, de la propia normativa.». Bajo ese contexto y de acuerdo con la interpretación realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se puede colegir válidamente que, en materia aduanera, el factor para determinar el tipo de procedimiento que se instruirá, cuando en ejercicio de sus funciones, las autoridades aduaneras detecten el incumplimiento de obligaciones fiscales o aduaneras, o la comisión de infracciones que impliquen la determinación de contribuciones omitidas, cuotas compensatorias y, en su caso, la imposición de sanciones, lo constituye la existencia o no de embargo precautorio, cuyo objeto específico es permitir a la parte afectada oponerse a la adopción de aquella medida, así como a los hechos y circunstancias que la motivaron. Por tanto, si la medida precautoria es decretada por la autoridad aduanera, entonces dará lugar al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera dispuesto por los artículos 150 y 153 de la Ley Aduanera, por el contrario, si no existe embargo precautorio, se deberá seguir el diverso establecido en el artículo 152 del ordenamiento en cita. Lo anterior, independientemente de que el embargo precautorio se haya efectuado por actualizarse alguna de las hipótesis del artículo 151 de la Ley Aduanera, o bien, con fundamento en

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/25513-ec60c29d/embargo-precautorio-previsto-en-el-articulo-144-fraccion · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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