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Modo: Corpus Pro

ASEGURAMIENTO DE LA CONTABILIDAD CUANDO EL CONTRIBUYENTE SE NIEGA A PROPORCIONAR LA QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. EL ARTÍCULO 145-A, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, ADICIONADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, NO VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2008-SS. · Registro digital (IUS): 21218
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL C
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, Noviembre de 2008, , Pág. 243.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 90/2008-SS. SUSCITADA ENTRE EL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO, EL SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y DÉCIMO SEGUNDO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

MINISTRO PONENTE: JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ SALAS.

SECRETARIO: ISRAEL FLORES RODRÍGUEZ.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, en virtud de que los criterios discrepantes provienen de asuntos resueltos en materia administrativa, cuya especialidad tiene atribuida esta Sala.

SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte legítima, en términos de lo previsto en el artículo 197-A de la Ley de Amparo, pues la formuló el Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, a través de su presidente, el que resolvió un asunto en el que se plasmó uno de los criterios que participan en esta contradicción.

TERCERO. Con el fin de analizar la posible existencia de la contradicción de tesis, conviene puntualizar los antecedentes de cada uno de los asuntos que resolvieron los Tribunales Colegiados de Circuito.

A) Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

1. Mediante oficio de veintiocho de septiembre de dos mil siete, el administrador de Auditoría Fiscal de Naucalpan, Estado de México, ordenó la visita domiciliaria en contra del quejoso pero al no localizarlo en su domicilio aseguró precautoriamente cuentas bancarias, contratos, cheques, cajas de valores, depósitos, dinero y fideicomisos.

2. El aseguramiento se realizó con fundamento en el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil siete que, en su parte conducente, dice:

"Artículo 145-A. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente cuando:

"I. El contribuyente se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio."

3. Contra el aseguramiento precautorio de bienes, el quejoso promovió juicio de amparo indirecto al estimar que el artículo 145-A, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, viola la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 constitucional.

El Juez Octavo de Distrito en el Estado de México concedió el amparo con base en las jurisprudencias temáticas del embargo precautorio.

4. El Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, al resolver el amparo en revisión ********** sostuvo:

"Son infundados los anteriores planteamientos de disenso, los cuales, dada su estrecha relación, se estudian en su conjunto, tal como lo permite el artículo 79 de la Ley de Amparo.

"Para justificar lo anterior, debe señalase que, en materia tributaria, como lo consideró el Juez de Distrito, a fin de establecer la existencia de una obligación fiscal debe atenderse a lo dispuesto por el numeral 6o. del código de la materia, que indica:

"‘Artículo 6o.’ (se transcribe).

"Del contenido del numeral transcrito, se advierte que la relación tributaria presenta las siguientes características:

"a) La existencia de la obligación fiscal;

"b) Que tal obligación sea determinada en cantidad líquida, ya sea por los contribuyentes o por la autoridad; y,

"c) Obligación del contribuyente de enterar la cantidad determinada y por el concepto relativo.

"Ahora, por regla general, en nuestro sistema tributario, corresponde al contribuyente realizar la determinación de su situación fiscal, por tanto, hasta que se encuentren presentes las características detalladas, puede la autoridad tributaria ejercer sus facultades coercitivas a fin de hacer efectivo el cumplimiento del tributo adeudado, esto es, una vez que ha fenecido el término otorgado al particular para ello y éste no realizó el pago correspondiente.

"Por tanto, resulta fuera del marco legal, la facultad que el precepto reclamado otorga a la autoridad hacendaria de que con el pretexto de garantizar el ejercicio de las facultades de comprobación, así como disuadir a los contribuyentes para que se opongan u obstaculicen el ejercicio de las mismas y de igual manera salvaguardar los intereses que eventualmente pueden verse afectados en perjuicio de la colectividad; se realice el secuestro precautorio de bienes atendiendo la conducta del contribuyente, aun cuando no exista determinada cantidad líquida y exigible en contra del mismo, pues como se vio, en términos de lo que el propio Código Fiscal de la Federación dispone, uno de los requisitos sine qua non para que surja la obligación fiscal, lo constituye precisamente la determinación del crédito fiscal, por tanto, si tal extremo no se ha satisfecho, no obstante lo señalado por la recurrente, no existen elementos o razones objetivas que justifiquen la medida cautelar consignada.

"Una posición contraria, facultaría a la autoridad a practicar, como en la especie sucedió, el secuestro de bienes (en el caso, de cuentas bancarias) en abstracto, sin tener certeza si existe o no una obligación en numerario en contra del contribuyente, o no obstante existiendo ésta, se impida la posibilidad de que sea el propio contribuyente quien determine la cantidad líquida de su obligación y utilice el plazo legal para efectuar el pago correspondiente.

"Considerar que la anterior circunstancia no controvierte la garantía tutelada por el artículo 16 constitucional, implicaría la tolerancia de que a un particular sin que medie una resolución en la que se determine la existencia de un crédito fiscal y firme, se impida el acceso, uso y disfrute de sus bienes, como si fuera deudor del fisco, con la consecuente posibilidad de que incumpla con las demás obligaciones a que se encuentre sujeto, pues lo cierto es que en la especie no existe ni siquiera una cantidad aproximada determinada en contra del contribuyente, para el caso de que el mismo efectivamente exista, por tanto, si el dispositivo legal la faculta para realizar un secuestro de bienes, resulta inconcuso que la cantidad hasta por la que se autorice la práctica del mismo, queda sujeta al arbitrio de la emisora, pues no existe parámetro alguno al que se pueda acudir a fin de sujetar la medida precautoria, lo que conlleva necesariamente a la ausencia de elementos objetivos que permitan a la responsable fundar y motivar la resolución respetando los principios establecidos por la Carta Magna en su numeral 16, pues hasta el momento en que la medida precautoria se ordena y ejecuta, se ignora en primer lugar, la existencia de la obligación fiscal y en segundo, el monto a que asciende el crédito del contribuyente.

"No se contrapone a lo anterior lo dicho por la recurrente en el sentido de que el precepto impugnado no deja en incertidumbre al contribuyente, pues dispone requisitos y condiciones que debe cubrir la autoridad para practicar un secuestro precautorio, pues tales requisitos obedecen a la conducta renuente del gobernado para que la autoridad tenga la posibilidad de ejercitar sus facultades de comprobación; ello, pues aun cumpliendo tales requisitos no se satisfacen las hipótesis previstas por el artículo 6o. del código de la materia, esto es, no hay certeza de la existencia de una obligación fiscal ni el monto a que la misma asciende.

"Tampoco se contrapone a lo anterior, la manifestación de la recurrente en el sentido de que no se requiere la existencia de un crédito fiscal para la práctica de un aseguramiento fiscal en contra del gobernado, al no tener como objetivo principal garantizar el interés fiscal, sino asegurar el ejercicio de las facultades de comprobación y el cumplimiento de una obligación del contribuyente consistente en permitir el ejercicio de tales facultades.

"Lo anterior, en razón de que al prever el artículo reclamado que procederá el aseguramiento de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste se oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio, con ello se permite a la autoridad fiscal decretar la medida de mérito afectando a su arbitrio y en forma desmedida el patrimonio de un gobernado, cuando aún no es considerado como deudor del fisco, esto es, cuando aún no se ha determinado el incumplimiento de alguna obligación fiscal, y se le impide continuar con el desarrollo normal de su actividad, ocasionándose con ese proceder perjuicios de difícil reparación al no poder cumplir con los compromisos propios de su negocio, ya que sus activos y pasivos se encontrarían bajo el control irrestricto de la autoridad fiscal, por lo que con independencia de que tal medida cautelar obedezca a la ‘conducta del contribuyente’, y se aduzca que no se impone para proteger el interés fiscal; ello no debe ser conducente para justificar la limitación del derecho de propiedad y disposición del bien o bienes del gobernado sobre los cuales se decretó el aseguramiento, pues la conducta del gobernado de obstaculizar la facultad de comprobación, no genera la certeza de que, por ese solo hecho, tiene a su cargo deudas con el fisco, para limitarlo de la disposición de sus bienes en aras de que, como lo reconoce expresamente la recurrente, se salvaguarden los intereses que eventualmente pueden verse afectados en perjuicio de la colectividad.

"En ese contexto, este tribunal considera que el artículo impugnado sí contraviene el artículo 16 constitucional al prever que procederá el aseguramiento de los bienes o de la negociación del contribuyente cuando éste obstaculice la iniciación o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales o no se pueda notificar su inicio por haber desaparecido o por ignorarse su domicilio, pues permite a la autoridad fiscal decretar la medida de mérito afectando a su arbitrio y en forma desmedida, si se quiere, el patrimonio de un gobernado, cuando aún no se ha determinado el incumplimiento de alguna obligación fiscal, sin que el deber que tiene de permitir a las autoridades fiscales que ejerzan sus facultades de comprobación permita la realización del aseguramiento de mérito, pues el incumplimiento de ésta, en todo caso sólo puede sugerir a la autoridad la posibilidad de que dicho gobernado tiene algún adeudo para con el fisco, pero no tener la certeza de que ello exista, ni a cuanto asciende, por lo que no se puede asegurar un bien, o como en el caso las cuentas bancarias de dicho contribuyente si no se tiene parámetro alguno para afectarlo en tal o cual medida a través de la citada medida cautelar."

B) Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

1. En la revisión de gabinete la autoridad fiscal requirió a la quejosa para que presentara diversos documentos contables. Toda vez que no logró desahogar completamente ese requerimiento, el diecinueve de abril de dos mil siete se decretó el aseguramiento precautorio de todas las cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos.

2. El aseguramiento precautorio se fundó en el artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, vigente en dos mil siete, que dice:

"Artículo 145-A. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente cuando:

"...

"III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado."

3. El quejoso promovió juicio de garantías contra el embargo de mérito, ya que estimó que viola el artículo 16 de la Constitución Federal. La Juez Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal otorgó el amparo con base en las jurisprudencias temáticas del embargo precautorio.

4. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** estableció:

"A efecto de resolver el agravio planteado es necesario precisar que el veintiocho de junio de dos mil seis se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó el artículo 145 y adicionó el 145-A del Código Fiscal de la Federación.

"El precepto 145 del citado código federal, en la parte que interesa, es del tenor literal siguiente:

"‘Artículo 145.’ (se transcribe).

"De la lectura de la norma transcrita se advierte que se faculta a la autoridad administrativa a practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento.

"Esto es, dicho precepto establece que se autoriza el embargo precautorio para garantizar el interés fiscal cuando haya sido determinado un crédito fiscal, sin que obste que sea o no exigible.

"Por su parte, el artículo 145-A, fracción III, del referido ordenamiento, establece lo siguiente:

"‘Artículo 145-A.’ (se transcribe).

"La citada norma revela que las autoridades fiscales están facultadas a asegurar los bienes o la negociación del contribuyente cuando se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que está obligado.

"Es decir, tal disposición tiene por finalidad garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales, ya que autoriza a emplear el aseguramiento en caso de que el contribuyente se niegue a entregar la documentación que demuestre que cumple con todas las disposiciones fiscales a que esté obligado.

"Lo anterior evidencia que el embargo precautorio establecido en el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación tiene por finalidad asegurar el interés fiscal, mientras que el aseguramiento previsto en el 145-A, fracción III, del propio ordenamiento, está relacionado con la conducta o actitud del contribuyente, esto es, se actualiza sólo si el contribuyente omite o se abstiene de desahogar el requerimiento que le formule la autoridad hacendaria.

"De ahí que se concluya que la Juez parte de una premisa inexacta, toda vez que atribuye al aseguramiento la finalidad del embargo precautorio que es proteger el interés fiscal, siendo que la medida cautelar que se examina busca garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales.

"Consecuentemente, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de los conceptos de violación cuyo estudio omitió la a quo.

"Al efecto, se debe precisar que únicamente en su primer concepto de violación la quejosa propuso argumentaciones tendentes a demostrar la inconstitucionalidad que atribuyó al artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación.

"Sus argumentos giran en torno a la idea central de que el concepto (sic) están encaminados a demostrar que el precepto reclamado es inconstitucional porque la medida cautelar que autoriza tiene por finalidad asegurar el interés fiscal respecto de obligaciones tributarias inexistentes ya que no se ha determinado crédito fiscal a cargo del particular.

"Pues bien, esa fue la razón que sostuvo la decisión de la Juez y se acaba de explicar que parte de una falsa premisa, resulta entonces que no existen otros conceptos de constitucionalidad que se deban examinar.

"Por tanto, en los siguientes apartados se estudiarán los vicios de ilegalidad que se atribuyen al acto de aplicación."

C) Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.

1. El veintidós de marzo de dos mil seis, el administrador local de Auditoría Fiscal de Puebla Sur solicitó a la quejosa informes, datos y documentos respecto al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y cinco, la cual se negó a proporcionarlos al estimar que habían caducado las facultades de comprobación. Ante la negativa se decretó el aseguramiento precautorio de cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, dinero y depósitos.

2. El aseguramiento precautorio se llevó a cabo con base en el artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, adicionado el veintiocho de junio de dos mil seis, que dice:

"Artículo 145-A. Las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente cuando:

"...

"III. El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado."

3. La quejosa promovió juicio de garantías, al igual que los otros asuntos, aduciendo que la referida disposición legal viola la garantía de seguridad jurídica. El Juez Segundo de Distrito en el Estado de Puebla concedió el amparo al estimar que se permite a la autoridad administrativa actuar de forma omnímoda.

4. El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión ********** dijo:

"Al referirse a la constitucionalidad del artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, con fundamento en el artículo 79 de la Ley de Amparo, se procede al análisis conjunto de ambos agravios.

"Como ya se adelantó, los agravios segundo y tercero son en parte fundados, pero insuficientes para modificar la sentencia recurrida.

"Al efecto, debe analizarse la redacción del 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el veintiocho de junio de dos mil seis, al que se refiere la jurisprudencia invocada por el a quo de rubro: ‘EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.’ el cual establecía lo siguiente:

"‘Artículo 145.’ (se transcribe).

"De la anterior transcripción se observa que el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el veintiocho de junio de dos mil seis, en lo atinente al caso que nos ocupa, establecía que las autoridades fiscales exigirían el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos señalados por la ley, mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y que podían practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, entre otros supuestos, cuando el contribuyente se negara a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se está obligado; asimismo, disponía que el embargo precautorio quedaría sin efectos si la autoridad no emitía, dentro de los plazos a que se refieren los artículos 46-A y 48 de este código en el caso de las fracciones II y III, y de dieciocho meses en el de la fracción I, resolución en la que determinara los créditos fiscales.

"Por su parte, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del veintinueve de junio de dos mil seis, dispone lo siguiente:

"‘Artículo 145.’ (se transcribe).

"Precepto que establece que las autoridades fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los plazos legales, mediante procedimiento administrativo de ejecución, y que podrán embargar precautoriamente los bienes o la negociación del contribuyente para asegurar el interés fiscal, cuando el crédito fiscal no sea exigible pero haya sido determinado por el contribuyente o por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación cuando a juicio de esta última exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento; dispone también que la autoridad requerirá al particular para que dentro del término de diez días desvirtúe el monto por el que se trabó el embargo, en cuyo caso, éste quedará sin efectos, pero si no lo desvirtúa, quedará firme; también indica que el embargo precautorio practicado antes de la exigibilidad del crédito, se convertirá en definitivo cuando el crédito se torne exigible y se aplicará el procedimiento administrativo de ejecución.

"Por su parte, el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación impugnado en el juicio de garantías (concretamente en su fracción III) establece:

"‘Artículo 145-A.’ (se transcribe).

"Para efectos del presente estudio, destaca lo expuesto en la fracción III y último párrafo del artículo transcrito, el cual establece que las autoridades fiscales podrán decretar el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente, entre otros supuestos, cuando el contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales a que esté obligado; asimismo y en relación con la fracción en cita, que el aseguramiento precautorio quedará sin efectos si la autoridad no emite dentro de los plazos a que se refieren los artículos 46-A y 48 del Código Fiscal de la Federación, resolución en la que determine créditos fiscales, pero si dentro de ese plazo determina alguno, dejará de surtir efectos el aseguramiento precautorio y se proseguirá el procedimiento administrativo de ejecución.

"Ahora bien, mediante el decreto de reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis y en vigor a partir del día veintinueve siguiente, tal como lo manifiesta la autoridad recurrente, se pretendió delimitar -en el nuevo texto del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación- el alcance del embargo precautorio en materia fiscal para destinarlo a asegurar el interés fiscal federal en relación con créditos fiscales que aún no sean exigibles pero hayan sido determinados por el contribuyente o por la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando a juicio de esta última exista peligro inminente de que el obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento, atendiendo a la declaración jurisprudencial de inconstitucionalidad del referido precepto conforme a su texto anterior, en tanto que permitía el embargo precautorio de bienes o la negociación del contribuyente aunque no existiese un crédito fiscal determinado, lo que implicaba un actuar omnímodo de la autoridad hacendaria, en cuanto a que no se conocía con certeza si existía un crédito fiscal a cargo del afectado y mucho menos el monto a garantizar mediante el embargo.

"Por otra parte, como lo refiere la recurrente, a través del artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación adicionado conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de junio de dos mil seis, se introdujo una nueva figura jurídica, consistente en el aseguramiento precautorio de bienes o la negociación del contribuyente, con la intención, según señala la autoridad recurrente y corrobora mediante la cita de la parte relativa del proceso legislativo correspondiente, no ya de asegurar el interés fiscal de la Federación puesto que no existiría en el caso un crédito fiscal determinado, sino de prevenir la conducta evasora del contribuyente, cuando, entre otras hipótesis, éste se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales.

"Así, la nueva redacción del artículo 145 del Código Fiscal de la Federación, sí persigue garantizar el interés fiscal de un crédito ya determinado, aunque no exigible, mediante la figura jurídica del embargo precautorio. Por su parte, en el artículo 145-A del mismo código, a través del aseguramiento precautorio, se pretende tutelar un aspecto distinto, consistente en el correcto ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales que se pueden ver obstaculizadas con las conductas del contribuyente descritas en las fracciones del mismo precepto.

"Empero, a pesar de que el aseguramiento constituye una figura jurídica distinta al embargo precautorio, debe destacarse que en ambos casos, al pertenecer al género de las medidas cautelares, se genera un acto de molestia al gobernado, tutelado por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por lo tanto, el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación, sí puede someterse al análisis de constitucionalidad planteado por el quejoso.

"En efecto, a través del aseguramiento a que se ha hecho referencia, se impide al contribuyente disponer libremente de sus bienes, consecuencias que se asemejan a las del embargo precautorio (con independencia de que sus justificaciones sean distintas); guardando ambas figuras jurídicas el vínculo que les impone el pertenecer al género de medidas cautelares.

"Ahora bien, sobre el análisis de constitucionalidad planteado en el juicio de garantías y en relación con el cual concedió el amparo solicitado el Juez de Distrito, debe señalarse que la violación al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se actualiza al no prever el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación, los elementos suficientes para regular el actuar de la autoridad hacendaria.

"En efecto, el precepto reclamado si bien establece diversos supuestos en los que la autoridad hacendaria ‘podrá’ realizar el aseguramiento de bienes, no exige el acreditamiento indiciario de que realmente se vea imposibilitado el desarrollo de las facultades de comprobación fiscal o bien, que se dilapidarán los bienes del contribuyente.

"Esto es, si bien el legislador previó diversos supuestos que facultan a la autoridad hacendaria a realizar el aseguramiento de referencia, no exigió que la conducta del contribuyente se encuentre acreditada por lo menos indiciariamente, lo que causa un estado de inseguridad jurídica a los gobernados al permitir la apreciación subjetiva de la autoridad para esgrimir como sustento de su proceder, alguna de las hipótesis previstas en el artículo analizado.

"Así, al no exigir el artículo reclamado elementos de prueba que puedan indiciariamente concluir de forma objetiva que existirá la imposibilidad de ejercer las facultades de comprobación o que se dilapidarán los bienes del contribuyente, se deja a la apreciación subjetiva de la autoridad el aseguramiento de los bienes o la negociación del contribuyente; lo que conculca el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Asimismo, el artículo 145-A del Código Fiscal de la Federación comparte el vicio de inconstitucionalidad antes decretado en relación con la anterior redacción del artículo 145 del mismo ordenamiento, en cuanto a que se permite a la autoridad que la medida cautelar se ejecute por un monto indefinido, lo que igualmente vulnera la seguridad jurídica de los gobernados.

"Ello, pues la norma reclamada no establece elemento alguno para limitar el monto del aseguramiento de bienes, permitiendo que la autoridad fije discrecionalmente el mismo.

"Además, que tanto el artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación en su redacción vigente hasta el veintiocho de junio de dos mil seis que contenía el vicio de inconstitucionalidad decretado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el actual artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, atienden a la conducta del contribuyente, al referir que se realizaría el embargo precautorio o el aseguramiento de bienes, cuando ‘El contribuyente se niegue a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, a que se está obligado’, por lo que resulta infundado lo expuesto por la recurrente en relación a que el aseguramiento de bienes constituye una consecuencia de la conducta del contribuyente que justifica su constitucionalidad, pues de igual forma en el embargo precautorio se preveía dicha conducta del gobernado.

"Tan es así, que el legislador señaló en el artículo segundo transitorio, fracción I, del decreto que reformó el artículo 145 y adicionó el diverso 145-A del Código Fiscal de la Federación, lo siguiente:

"‘Artículo segundo.’ (se transcribe).

"En ese sentido, debe señalarse que si bien el a quo incurrió en confusión al señalar que el artículo 145-A, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, persigue garantizar el interés fiscal, acertadamente determinó que la norma reclamada viola lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo efectivamente aplicable de forma temática, la jurisprudencia P./J. 17/95 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página veintisiete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Novena Época, correspondiente al mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que establece:

"‘EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.’ (se transcribe).

"Lo anterior, pues debe reiterarse que incluso el legislador estableció en el artículo segundo transitorio, fracción I, del decreto reclamado, la traslación en determinados casos del embargo precautorio a la figura jurídica del aseguramiento.

"En consecuencia, es infundado que el a quo haya procedido indebidamente al aplicar la jurisprudencia de rubro: ‘EMBARGO PRECAUTORIO. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LO PREVÉ VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN.’ y que el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21218-3c0d2226/aseguramiento-de-la-contabilidad-cuando-el-contribuyente-se · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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