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Modo: Corpus Pro

AMPARO. PROCEDE CONTRA LA NORMA EXPEDIDA POR UN CONGRESO LOCAL QUE ESTABLECE LA EXENCIÓN EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, IMPUGNADA POR LOS SUJETOS EXCLUIDOS POR CONSIDERARLA VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA. CONCEPTO DE VIOLACIÓN INOPERANTE. LO ES EL RELATIVO A LA INEQUIDAD DE LA EXENCIÓN OTORGADA POR UN CONGRESO LOCAL RESPECTO DEL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL, ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL CONCESIÓN DEL AMPARO.

Tipo de asunto: CONTRADICCIÓN DE TESIS 483/2009. · Registro digital (IUS): 22358
Órgano: Suprema Corte de Justicia de la Nación · Publicación: —
Promovente: ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO
Localización: Novena Época. Segunda Sala. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, , Pág. 725.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 483/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO, EL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO (ACTUAL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO), EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO Y EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO (ACTUAL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DE DICHO CIRCUITO).

MINISTRO PONENTE: SERGIO SALVADOR AGUIRRE ANGUIANO.

SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC-GREGOR POISOT.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer y resolver la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo General Plenario 5/2001, en virtud de que se refiere a la posible contradicción entre tesis sustentadas por Tribunales Colegiados de Circuito al resolver asuntos en materia administrativa, que es una de las materias de especialización de esta Segunda Sala.

SEGUNDO. El Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 56/2009, en sesión de dos de octubre de dos mil nueve, sostuvo:

"SEXTO. En cambio, es fundado el agravio que se analiza a continuación. En el fallo recurrido se estimó inoperante el primer concepto de violación en el que se afirmaba que resultaba inconstitucional el artículo 49, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, por establecer una exención en el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles a favor de los arrendatarios financieros, pues tal exención violentaba el principio de equidad imperante en materia tributaria. La inoperancia del primer concepto de violación se fincó en la circunstancia de que en caso de resultar fundados los argumentos de la quejosa, el amparo no podría concretarse virtud a que existe disposición constitucional que prohíbe la exención a los particulares (calidad que tiene la quejosa), situación que no era posible reparar mediante el juicio de amparo; lo que sustentó en las consideraciones torales siguientes: A) Que de lo previsto en el artículo 115, fracción IV, en sus diversos incisos, se advertía que: los Municipios tienen derecho a percibir las contribuciones que establezcan las legislaturas, entre otras, sobre la propiedad inmobiliaria, su traslación, así como las que tengan como base el cambio de valor de los inmuebles; la existencia de una prohibición respecto a que las leyes federales no limiten a los Estados para establecer las contribuciones sobre los conceptos que corresponden a los Municipios ni para que concedan exenciones en relación con los mismos; la diversa prohibición de que las leyes estatales no establezcan exenciones o subsidios respecto de las contribuciones antes apuntadas; y la regla de que sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, Estados o Municipios, con las salvedades señaladas que ahí se anotan. Interpretación que apoyó tanto en las razones que orientan a las jurisprudencias 5/2000(1) y 6/2000(2) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en la exposición de motivos de la iniciativa del Poder Ejecutivo en las reformas del artículo 115 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación en ejemplares del tres de febrero de mil novecientos ochenta, y del veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. B) Que el artículo 49, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Michoacán establece que no se pagará el impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando los arrendatarios financieros ejerzan la opción de compra en los términos del contrato. C) Que conforme a los artículos 3o., 4o. y 25 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, las arrendadoras financieras son organizaciones financieras constituidas en términos de las legislaciones mercantiles, autorizadas y reconocidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como auxiliares de crédito, facultadas para adquirir determinados bienes, conceder su uso o goce temporal, a plazo forzoso, a una persona física o moral, obligándose ésta a pagar como contraprestación, que se liquidará según se convenga, una cantidad en dinero determinada o determinable. Esto es, las arrendadoras se trata de personas jurídicas dotadas de existencia jurídica, susceptibles de ser titulares de derechos, facultades, obligaciones y responsabilidades jurídicas. D) Que la exención ‘a favor de las arrendadoras financieras’ prevista en el artículo 49, segundo párrafo, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado Michoacán, es contraria a la Constitución Federal, ‘pues los bienes de las organizaciones financieras beneficiadas por aquella exención, no gozan de la calidad de bienes públicos federales, estatales o municipales a que se refiere el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, con lo cual no sólo se impide que el Municipio recaude los ingresos provenientes de las operaciones que realicen dichas personas en relación con el traslado de inmuebles sino también se atenta contra «el régimen de libre administración hacendaria», en virtud de que al no tener libre disposición y aplicación de los recursos provenientes de las arrendadoras financieras para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía y autosuficiencia económica’. E) La exención en cuestión también vulnera lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, cuando en esta disposición constitucional se prohíbe que las leyes estatales establezcan exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna, respecto a las contribuciones previstas a favor de los Municipios, entre ellas, las relativas a la propiedad inmobiliaria y a su traslación; consideración que apoyó en la jurisprudencia 100/2001(3) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. F) Por tanto, se concluyó, el concepto de violación resultaba inoperante, ‘en la medida que el efecto de la declaración de inconstitucionalidad del artículo reclamado, no puede ser incluir a la quejosa en el supuesto de una exención que fue establecida por una autoridad que carece de competencia para otorgar la exención respectiva, pues como ya se dijo, equivaldría que a través de la concesión del amparo se ampliara la competencia de la autoridad respecto de la cual se pretende que sin tener facultades para otorgar la exención de mérito a los sujetos establecidos en la ley, todavía se agregue a otro (a la quejosa) en relación con la cual tampoco tiene atribuciones para exentar’. Conclusión que apoyó en la jurisprudencia 106/2008(4) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS RELATIVOS A LA FALTA DE INCLUSIÓN DEL QUEJOSO EN LA EXENCIÓN OTORGADA POR EL CONGRESO LOCAL EN CUANTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, AUN CUANDO SEA EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. Frente a la inoperancia del primer concepto de violación, la hoy recurrente sostiene que la determinación respectiva es ilegal, entre otras razones, porque: El error principal en que se incurre en la sentencia recurrida, es que se resuelve con base en consideraciones y jurisprudencias como si la solicitante del amparo hubiese invocado que la exención tildada generaba una transgresión a lo previsto en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, cuando en el particular sólo se combatió la exención, contenida en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, por estimarla violatoria a lo dispuesto en los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Federal, esto es, por contravenir el principio de equidad y la seguridad jurídica; sin que siquiera en la demanda de garantías se hubiera mencionado el artículo 115, fracción IV, constitucional, menos que la exención resultara violatoria a esta última disposición. De modo que la Juez a quo ‘... realizó un estudio indebido de los conceptos de violación planteados por la quejosa ...’. A través del primer concepto de violación, la pretensión de la quejosa es que se determine la inconstitucionalidad de la exención de mérito y, por ende, obtener la protección federal solicitada; cuestión que, por tanto, no genera la inoperancia de aquel concepto de violación, tanto más cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ya ha examinado y resuelto el fondo del tema en controversia en asuntos similares (que existe una exención, y que el quejoso la combate por estimarla inequitativa), como lo es el que motivó la emisión de la tesis CCLVII/2007. Por tanto, a través de la declaración de inoperancia del primer concepto de violación, se hace nugatorio el medio de control constitucional -juicio de amparo- con el que cuentan los gobernados, para combatir la expedición de leyes ante la eventualidad de que en ellas se establezcan impuestos inequitativos. Lo así aducido es fundado, por cuanto a que en el caso concreto no es ajustada a derecho la declaratoria de inoperancia, en la medida en que las consideraciones en que se sustentó no se ciñen a la pretensión aducida por la quejosa, según se explica a continuación: El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, según se prevé tanto en el artículo 103, fracción I, constitucional como en el artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo. En tratándose del juicio de amparo indirecto, la demanda relativa debe reunir ciertos requisitos, entre otros: expresar la ley o acto que de cada autoridad se reclame (fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo); y expresar los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime violentadas, así como el concepto o conceptos de violación, si el amparo se pide con fundamento en la fracción I del artículo 1o. de dicha ley (fracción V del mismo numeral 116). Las exigencias anteriores, entre otras, tienen como finalidad que el juzgador de amparo cuente con un mínimo de elementos que le permitan no sólo conocer y determinar cuál o cuáles son las pretensiones planteadas por la parte quejosa sino también establecer su alcance y así, en su momento, estar en condiciones de resolver las cuestiones efectivamente planteadas. De modo que uno de los elementos mínimos para estar en posibilidad de conocer, determinar y analizar las pretensiones de la parte quejosa, es que ésta exprese, por un lado, el o los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que se estimen violentadas; y, por otro, los motivos concretos del porqué, en opinión del solicitante del amparo, se violentan aquellos preceptos constitucionales. La obligación de expresar con precisión cada uno de los requisitos aludidos no es rígida, puesto que el legislador concedió al juzgador la facultad tanto de corregir la cita de preceptos constitucionales eventualmente incorrecta, como de analizar en su conjunto los conceptos de violación, todo ello ‘a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos’, según lo establece el artículo 79 de la Ley de Amparo. Conforme a esta última disposición, aunado a lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, conlleva a considerar que existe una vinculación directa entre la pretensión y la sentencia, pues el juzgador está obligado a resolver la cuestión efectivamente planteada, con la única limitante de que no tergiverse, modifique o alterare los hechos expuestos de la pretensión de la parte quejosa, ya que el hacerlo en esta última forma ya no estaría resolviendo la pretensión efectivamente planteada en la demanda de amparo sino una ajena a ella, lo que generaría una sentencia incongruente externa. Respecto a la llamada incongruencia externa de las sentencias es ilustrativa la tesis en materia común emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS.’ (se transcribe). La vinculación entre la pretensión y la sentencia en tratándose del juicio de amparo, específicamente en el que se controvierte la constitucionalidad de leyes, queda de manifiesto cuando en la sentencia respectiva debe hacerse el examen de la constitucionalidad o inconst

tucionalidad de la norma ordinaria en confrontación a un precepto de la Carta Magna, lo que implica que tal examen también debe sujetarse -por regla general- a las razones o argumentos específicos expuestos como conceptos de violación. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio contenido en la jurisprudencia 25/2000, que establece: ‘LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS.’ (se transcribe). Atento a las consideraciones hasta aquí expuestas, asiste razón a la disconforme cuando aduce que es ilegal la inoperancia del primer concepto de violación; virtud a que dicho motivo de queja se analizó en forma incorrecta. Así lo es, pues la lectura del primer concepto de violación -cuya transcripción no se hará por el momento, virtud a que se plasmará en líneas subsecuentes- pone de manifiesto que si bien la quejosa combatió la constitucionalidad de la exención contenida en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán (a favor de los arrendatarios financieros, mas no a favor de las arrendadoras financieras como incorrectamente se estimó en el fallo impugnado), también lo es que los motivos específicos en que fincó su pretensión no se relacionan con la eventual incompetencia constitucional de la Legislatura Local al establecer la exención tildada sino con una eventual infracción a los principios de equidad y seguridad jurídica. Además, la quejosa tampoco señaló como precepto constitucional violentado el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, puesto que expresó con claridad que su pretensión de que se declarara inconstitucional la exención precitada se fincaba por estimarla contraria a lo previsto en los numerales 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna; sin que haya elementos para concluir que la cita de estos últimos se trató de un error reparable en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo, ya que los motivos específicos de su pretensión se relacionan, precisamente, con la inobservancia del principio de equidad, mas no con la incompetencia constitucional del órgano legislativo al establecer la exención en comento. En esa tesitura, es claro que en la sentencia impugnada se cambiaron los hechos sustento de lo pretendido por la quejosa, lo que conlleva a determinar que el fallo constitucional impugnado denota una incongruencia en su aspecto externo y, por ende, sea contrario a lo dispuesto en los artículos 77, 78 y 79 de la Ley de Amparo. Al respecto son aplicables, en lo conducente, las razones contenidas en la jurisprudencia 33/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.’ (se transcribe). No es óbice que en la sentencia impugnada se analizara el contenido del artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, así como el alcance de dicho precepto a la luz de diversos criterios de la Suprema Corte de la Nación; toda vez que, se insiste, la quejosa no señaló dicho precepto como violentado, ni expresó motivos tendientes a evidenciar la transgresión del mismo. Circunstancia por la cual inaplicarían aquellos criterios del Máximo Tribunal Judicial del País. Tampoco incide la particularidad de que en la sentencia impugnada se hubiese invocado como sustento de la determinación de inoperancia, el criterio contenido en la jurisprudencia 106/2008 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS RELATIVOS A LA FALTA DE INCLUSIÓN DEL QUEJOSO EN LA EXENCIÓN OTORGADA POR EL CONGRESO LOCAL EN CUANTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, AUN CUANDO SEA EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’. Toda vez que dicho criterio tiene aplicación únicamente, para la hipótesis en que la parte quejosa aduce, como sustento de su pretensión, que una Legislatura Local carece de competencia constitucional para establecer, en una ley estatal, una exención del pago del impuesto sobre propiedad inmobiliaria en detrimento de la hacienda municipal y que, por ello, aquel proceder legislativo es violatorio de lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, solicitando -a pesar de ello- que a consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad se le coloque en el mismo plano de exención. En efecto, la precitada jurisprudencia 106/2008 aplica únicamente para el caso antes aludido, si se tiene en cuenta que aquélla surgió al fallarse la contradicción de tesis número 69/2007-SS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Primero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en cuya ejecutoria el Máximo Tribunal Judicial del País centró los temas de contradicción en dos puntos específicos, a saber: (se transcribe). Siendo que en relación a tales puntos de debate la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió: En cuanto al primer punto visible en el inciso a), que el quejoso puede combatir normas ordinarias no sólo cuando estime que son violatorias de las garantías insertas en los primeros veintinueve artículos constitucionales sino también cuando aduce una eventual invasión de esferas, como cuando hace valer una violación al artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. En cuanto al segundo punto de debate visible en el inciso b), que si se plantea que por incompetencia de la autoridad se establecen exenciones en las que no se encuentra comprendido el particular y que ello obliga a su beneficio, era de destacar que -contrariamente a tal razonamiento- la circunstancia de que conforme a la ley local, la autoridad no tenga competencia para establecer estas exenciones, no quiere decir con ello que el quejoso por dicho motivo al no estar comprendido en la exención deba otorgársele dicho beneficio. Así fue que conforme a las consideraciones insertas en la ejecutoria de la contradicción de tesis número 69/2007-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación emitió las jurisprudencias 105/2008 y 106/2008 en las que refrendó lo resuelto en los dos puntos de debate antes aludidos, jurisprudencias que, en su orden, disponen: ‘AMPARO. PROCEDE POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CUANDO EL PARTICULAR SE VEA AFECTADO EN SU ESFERA JURÍDICA POR ACTOS EMITIDOS POR UN NIVEL DE GOBIERNO FEDERAL O ESTATAL, QUE CORRESPONDEN EN EXCLUSIVA AL MUNICIPIO.’ (se transcribe). ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON LOS RELATIVOS A LA FALTA DE INCLUSIÓN DEL QUEJOSO EN LA EXENCIÓN OTORGADA POR EL CONGRESO LOCAL EN CUANTO AL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA, AUN CUANDO SEA EN CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.’ (se transcribe). Atento a lo antes reseñado, si la quejosa no sustentó la inconstitucionalidad de la exención contenida en la disposición ordinaria reclamada desde la óptica de que el órgano legislativo hubiera actuado en contravención a lo dispuesto en el artículo 115, fracción IV, de la Carta Magna, ni adujo que con base en tal pretensión solicitaba la aplicación de la exención a su favor, entonces no es factible jurídicamente que cobrara aplicación la jurisprudencia 106/2008 invocada como fundamento de la sentencia impugnada, pues dicha jurisprudencia está confeccionada para una hipótesis distinta a la del caso concreto. Habida cuenta que como la parte quejosa combatió la constitucionalidad de la norma ordinaria (segundo párrafo del artículo 49 de la Ley de Hacienda Municipal), desde la óptica de que la exención total ahí prescrita a favor de un determinado grupo de contribuyentes, distintos al en que ella se encuentra, resultaba contraria tanto al principio de equidad previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, como al diverso numeral 16 de la misma; lo así argumentado generaba no sólo la procedencia del juicio de amparo indirecto sino también que el concepto de violación sea operante, porque en el supuesto de que éste llegara a estimarse fundado, habría posibilidad jurídica de restituir a la quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, pues de estimarse inequitativa la norma reclamada los efectos de la concesión de amparo se traducirán en hacer extensivo a la agraviada el beneficio previsto en el precepto jurídico declarado inconstitucional, sin poder considerar lo contrario, o sea, estimar que es imposible que tenga efectos esa determinación, ya que ello impediría salvaguardar el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como acertadamente también lo aduce la aquí disconforme. Al respecto son aplicables las recientes jurisprudencias 94/2009 y 93/2009 sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emergieron al fallar, el pasado veinticuatro de junio de dos mil nueve, la contradicción de tesis número 61/2009-SS; jurisprudencias aquellas que, en el orden indicado, disponen: ‘AMPARO INDIRECTO Y DIRECTO EN QUE SE CUESTIONA UNA NORMA FISCAL QUE SE ESTIMA INEQUITATIVA PORQUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, RESPECTO DE LOS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. ANTE LA POSIBILIDAD JURÍDICA DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA, EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO ES PROCEDENTE Y EN EL DIRECTO EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN RELATIVO ES OPERANTE.’ (se transcribe). ‘NORMA FISCAL QUE OTORGA UN BENEFICIO SÓLO A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES, SIN INCLUIR A OTROS QUE JURÍDICAMENTE SON IGUALES. EL EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA SU INEQUIDAD, ES QUE SE INCLUYA AL QUEJOSO EN EL BENEFICIO.’ (se transcribe). Las jurisprudencias de mérito son de observancia obligatoria para este Tribunal Colegiado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, pues a pesar de que a la fecha no se han publicado formalmente en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, lo cierto es que este Tribunal Colegiado tuvo conocimiento de ellas desde el pasado siete de julio de dos mil nueve, a través de la comunicación electrónica que en tal data remitió el Máximo Tribunal Judicial del país, recepcionada -por este Tribunal Colegiado- en la dirección electrónica a las trece horas con treinta y nueve minutos; por tanto, al tener conocimiento de dichas jurisprudencias a través de una de las vías previstas en el artículo 195, fracción III, de la Ley de Amparo, su observancia es obligatoria. Sobre el particular son aplicables, en lo conducente, las razones que sustentan a la tesis LXXXVI/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: ‘JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO PUEDE EXIGIRSE SU APLICACIÓN A LOS TRIBUNALES, SINO A PARTIR DE SU PUBLICACIÓN EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA, O ANTES, SI DE ELLA TUVIERON CONOCIMIENTO POR OTRA DE LAS VÍAS PREVISTAS EN LA LEY DE AMPARO.’ (se transcribe). En esa tesitura, al resultar fundado el agravio examinado en este apartado y, por ende, evidenciar que la resolutora a quo procedió contra derecho al calificar de inoperante el primer concepto de violación, es innecesario analizar las diversas disconformidades encaminadas a evidenciar la ilegalidad de la calificación de inoperancia, pues a nada práctico conduciría emprender su examen si han resultado suficientes para tal propósito las ya analizadas. Por tanto, lo conducente es que conforme a lo previsto en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado reasuma jurisdicción a fin de examinar el apuntado motivo de queja, ya que éste no fue examinado en cuanto al fondo virtud a la inoperancia decretada en la sent

ncia recurrida. SÉPTIMO. Para efectos de lo anterior, precisa tener en cuenta que el primer concepto de violación esgrimido por la quejosa es del tenor siguiente: (se transcribe). OCTAVO. Es infundado el anterior concepto de violación. En él, la parte quejosa sostiene que la exención, prevista en el segundo párrafo del artículo 49 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán, relativa a que no se pagará el impuesto en las adquisiciones de inmuebles que hagan los arrendatarios financieros al ejercer la opción de compra en términos del contrato financiero, resulta inconstitucional por violentar los artículos 16 y 31, fracción IV, de la Carta Magna; al efecto aduce: • Que la ley reclamada prevé dos situaciones idénticas con efectos jurídicos diferentes, pues mientras a los arrendatarios financieros se les exime del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles cuando decidan ejercer la opción de compra conforme al contrato de arrendamiento financiero, a otros, por ejemplo, a quienes se adjudican un inmueble en un procedimiento laboral, se les obliga a pagar el impuesto de mérito. • Que cualquier trato discriminatorio que se realice en las normas del impuesto sobre adquisición de inmuebles entre los contribuyentes debe estar basado en el objeto del impuesto, es decir, en la adquisición de inmuebles, mas no atenderse a la calidad de los sujetos (arrendatarios financieros). • Que conforme al objeto del tributo (adquisición de inmuebles), un tratamiento diferente para los contribuyentes podría justificarse, razonable y objetivamente, si la exención se orientara atendiendo al destino del inmueble; pero como la exención reclamada se pondera la calidad o características personales de los sujetos (arrendatarios financieros), dicha exención no tiene una justificación real y objetiva. • Que ante esa falta de justificación real y objetiva, entonces la porción reclamada deviene inconstitucional, al resultar contraria a la garantía de seguridad jurídica (por falta de fundamentación y motivación) prevista en el artículo 16 de la Carta Magna y, por ende, ese trato diferenciado que se da a los contribuyentes del impuesto sobre adquisición de inmuebles infringe el principio de equidad establecido en el diverso numeral 31, fracción IV, constitucional. • Que, además, aun cuando es el objeto del impuesto el criterio que debería imperar para justificar una exención en el tributo en cuestión, tampoco sería justificable, objetiva y razonablemente, la exención controvertida atendiendo a razones personales de los sujetos (arrendatarios financieros), toda vez que las arrendadoras financieras sólo contratan con personas que cuentan con garantías suficientes para responder el incumplimiento eventual del contrato financiero. Lo así esgrimido es infundado; a efecto de explicar lo anterior, es pertinente tener en cuenta las disposiciones que regulan el impuesto sobre adquisición de inmuebles, a saber: (se transcriben). De dichas disposiciones se desprende que: i) En el artículo 38 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Michoacán se precisa que el objeto del impuesto sobre la adquisición de inmuebles es, precisamente, la adquisición de éstos, cuando se adquieran, entre otras formas, por todo acto por el que se transmita la propiedad, con las salvedades ahí precisadas (fracción I); ii) En el artículo 40, se estatuye que los sujetos del tributo son las personas físicas o morales que adquieran inmuebles ubicados en el Estado de Michoacán; el numeral 41 dispone a quiénes se les considera como responsables solidarios, entre otros, a los transmitentes, cuando el adquirente lo haya eludido; iii) El precepto 42 establece la base del tributo y las reducciones de la misma, en tanto el numeral 43 dispone el mecanismo para efectuar tal reducción; iiii) El artículo 44 prevé los valores que deben incluirse en los avalúos periciales; iiiii) Los numerales 45 al 48 estatuyen lo relativo a las declaraciones y pago del tributo, así como la obligación de pagar el mismo respecto de los inmuebles ubicados en el Estado, aun cuando el contrato se celebre fuera de él; y, finalmente, iiiiii) El artículo 49 establece las exenciones del tributo, entre ellas, la consignada a favor de los arrendatarios financieros cuando ejercen la opción de compra conforme al contrato de arrendamiento financiero, cuya constitucionalidad se controvirtió en la demanda de amparo. Como la exención tildada alude a la figura del arrendamiento financiero, es preciso conocer sus características para, así, estar en condiciones de analizar la constitucionalidad de la porción normativa cuestionada. El arrendamiento financiero surge a la vida jurídica en Norteamérica y es adoptada en nuestro país a principio de los años sesenta, después de una incipiente regulación del Ejecutivo Federal emitida en diversos criterios. Se introduce formalmente por primera ocasión en las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, publicadas en el Diario Oficial el diecinueve de noviembre de mil novecientos setenta y cuatro, en donde se da una definición de este tipo de contrato y se asimila su régimen fiscal al de la compraventa en abonos. De ahí que fue la literatura fiscal la que dio acogida a esta institución para, posteriormente, incorporarla a la Ley General de Instituciones de Crédito y, finalmente, regularla en la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, la cual, actualmente, se sistematiza en sus artículos 24 a 37-A. Con el

Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/22358-5a500e19/amparo-procede-contra-la-norma-expedida-por-un · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial

Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.

Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)

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