JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 87 DE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL RELATIVA, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2002, ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL CÁLCULO DEL MONTO DIARIO DE LA PENSIÓN SE EFECTÚE CONFORME AL ARTÍCULO 86 DE LA MISMA LEY, POR DISPOSICIÓN DE SU ARTÍCULO DECIMOQUINTO TRANSITORIO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 46/2009. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente denuncia de contradicción de tesis, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución General de la República; 197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII y 25, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos segundo y cuarto del Acuerdo Plenario Número 5/2001, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud de que se trata de una contradicción de criterios en materia laboral cuya especialidad corresponde a esta Sala.
SEGUNDO. La denuncia de contradicción de tesis de que se trata proviene de parte legítima en términos de lo dispuesto por el artículo 197-A, párrafo primero, de la Ley de Amparo, toda vez que fue hecha por los Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que emitió uno de los criterios contradictorios.
TERCERO. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo directo AD. 535/2008, promovido por Olga Ramírez Aguilar, determinó negar el amparo apoyándose en las consideraciones siguientes:
"SEXTO. Cabe mencionar que la aquí quejosa, en el juicio contencioso administrativo impugnó la resolución contenida en el oficio CP/442/08, de quince de febrero de dos mil ocho, en la que el presidente del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, le otorgó un monto de pensión por jubilación inferior al que la ahora quejosa pretendía.
"Previamente al estudio de los conceptos de violación, resulta atingente relatar los antecedentes del presente asunto:
"1. Por escrito ingresado en la sede de la Primera Sala Regional del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, con residencia en Toluca de Lerdo, México, el doce de marzo de dos mil ocho, Olga Ramírez Aguilar, promovió juicio contencioso administrativo, contra el oficio CP/442/2008, de quince de febrero del año citado, emitido por el presidente de la Comisión de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.
"2. Mediante acuerdo de veinticinco de marzo posterior, la Sala antes relatada, admitió a trámite la demanda de nulidad promovida, la registró con el número de expediente 327/2008 y ordenó emplazar a las autoridades demandadas.
"3. Seguida la secuela del procedimiento, el veintiocho de abril de dos mil ocho, la Sala Regional del conocimiento dictó sentencia en la que determinó declarar la validez del acto administrativo impugnado.
"4. No conforme con la anterior resolución judicial, el cinco de mayo siguiente, la actora interpuso recurso de revisión, el que por razón de turno, tocó conocer a la primera sección de la Sala Superior de ese tribunal local administrativo, quien el seis del mismo mes y año, lo admitió a trámite y lo registró con el número 508/2008.
"5. Así, una vez agotadas las actuaciones procesales pertinentes, la sección de la Sala Superior antes mencionada, emitió resolución el veinticuatro de junio de la presente anualidad, en la que resolvió confirmar la sentencia recurrida dictada por la Sala Regional de mérito.
"6. Disconforme con la resolución antes relatada, la parte actora, Olga Ramírez Aguilar, promovió juicio de amparo en contra de aquélla, misma que en este fallo, se resuelve.
"En su único concepto de violación, aduce la parte promovente de este juicio constitucional, que alcanzó un derecho adquirido respecto a la pensión por jubilación, más años adicionales, que no puede ser modificado y que éste puede alcanzar como monto máximo los doce salarios mínimos, lo que se corrobora con la sentencia dictada en el juicio de amparo directo número 212/2008, tramitado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, ya que reunió los requisitos que prevé el precepto décimo quinto transitorio de la Ley de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos.
"El concepto de violación reseñado es infundado, por las razones que a continuación se expresan.
"Para mejor comprensión del asunto es menester transcribir la parte conducente de la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado respecto de la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, que señalan lo siguiente:
"‘(se transcribe)’
"También es necesario transcribir la parte conducente del dictamen de Comisiones de Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud, Asistencia y Bienestar Social, de la Legislatura Local, respecto de la iniciativa de la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno del Estado, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, que en lo que interesa señala:
"‘(se transcribe)’
"De la exposición de motivos transcrita y del dictamen respectivo, se advierte que el legislador local para la creación de la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, tomó en cuenta que la iniciativa propuesta mantenía la protección y beneficios básicos; asegurando y en su caso, mejorando las prestaciones actuales y futuras, en especial las pensiones; darles viabilidad financiera en el mediano y largo plazo; alcanzar la autosuficiencia financiera en los servicios médicos; mejorar y ampliar la calidad, cobertura e infraestructura de los servicios de salud, así como el hecho de que reconocía los derechos adquiridos de los servidores públicos activos, en términos de la anterior ley sin tocar ningún beneficio adquirido por los trabajadores activos, sino que por el contrario les participaba de los beneficios adicionales, cuando así conviniera a sus intereses, como el caso de la cuenta individual y las pensiones por muerte e invalidez prematura.
"Lo anterior se basa en el principio de solidaridad en la seguridad social, que consiste en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado en sí mismo considerado y en su calidad de patrón para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas (pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte; servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda barata) y proteger a quienes menos tienen, mediante una distribución equitativa de las cargas económicas, por lo que la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones inherentes a la seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones. Tampoco implica que los beneficios de los pensionados (renta vitalicia y asistencia médica) necesariamente deban cubrirse con las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo (sistema de reparto) y con la ayuda subsidiaria del Estado.
"Por lo anterior, el régimen de seguridad social que atiende al referido principio de solidaridad social, tiene como finalidad garantizar el otorgamiento de las prestaciones a que constitucionalmente tienen derecho todos los trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, en especial de los que obtienen menos ingresos, mediante una distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para ello.
"Apoya lo anterior por las razones que informa la jurisprudencia número P./J. 109/2008, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 8, Tomo XXVIII, octubre de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto:
"‘ISSSTE. CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (legislación vigente a partir del 1o. de abril de 2007).’ (se transcribe).
"Bajo esa perspectiva se analizarán los argumentos de la quejosa en cuanto a la retroactividad que alega en su beneficio del artículo 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos.
"Sobre el particular tema de la retroactividad, en la sentencia reclamada se destacó que la demandada no aplicó en perjuicio de la actora el artículo 14 constitucional, debido a que el numeral 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos (sic).
"La autoridad responsable a fin de avalar el criterio del a quo, transcribió el artículo 87 de la nueva ley, para establecer que para que se actualice el supuesto debe realizarse el cálculo de la pensión al amparo de los nuevos requisitos y no sólo en cuanto a los beneficios; más aun cuando los servidores públicos tienen la opción de acogerse a las nuevas disposiciones.
"Que por lo anterior el agravio expresado no era inoperante, debido a que la garantía de seguridad jurídica estatuida en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, consistente en que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, no se transgredía en virtud de que era improcedente aplicar los doce días de salario mínimo previstos en el artículo 87 de la nueva ley, para establecer el monto de la pensión, debido a que éste se había realizado conforme a la ley abrogada que en su artículo 62 disponía que el monto diario de las pensiones que se otorgara no podía ser superior al monto equivalente a diez veces el salario mínimo general para el área geográfica en la que se ubica la capital del Estado, y que para aplicar la nueva ley en cuanto a los doce días de salario mínimo, era necesario que el cálculo de la pensión se realizara conforme a la nueva legislación, y no sólo aplicar el monto máximo como lo pretendía la inconforme, que incluso la nueva ley no establecía como beneficio el pago de años adicionales.
"Agregó que en términos del artículo vigésimo (sic) de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, los servidores públicos tienen la opción de acogerse a los nuevos requisitos que establece dicha ley, para obtener su pensión cuando les sea conveniente, y no únicamente a los beneficios como el monto máximo estipulado en el artículo 87 de la mencionada ley.
"Dado que de lo resuelto por la autoridad responsable y lo alegado por la quejosa se centra al tema del fenómeno de la retroactividad de la ley en su aplicación, se hace necesario destacar que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha establecido la distinción entre la cuestión de retroactividad de las leyes y el problema de la aplicación retroactiva de éstas.
"Al respecto, se señala que el análisis de retroactividad de las leyes conlleva al estudio de los efectos que una precisa hipótesis jurídica tiene sobre situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por los gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, verificándose si la nueva norma desconoce tales situaciones o derechos. Es decir, ante un planteamiento de esa naturaleza el órgano de control de constitucionalidad se avoca a determinar si una disposición de observancia general obra sobre el pasado, desconociendo las mencionadas situaciones o derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un acto materialmente legislativo, a lo dispuesto en el artículo 14, párrafo primero, constitucional, en cuanto a que las leyes no deben ser retroactivas.
"Que a diferencia de lo anterior, el análisis sobre la aplicación retroactiva de una ley no implica el estudio de las consecuencias de ésta sobre lo sucedido en el pasado, sino verificar si la aplicación concreta que de una hipótesis normativa que realiza una autoridad, a través de un acto materialmente administrativo o jurisdiccional, se lleva a cabo dentro de su ámbito temporal de validez, es decir, sin afectar situaciones jurídicas concretas o derechos adquiridos por el gobernado con anterioridad a la entrada en vigor de la disposición aplicada. En este caso, entonces, el tribunal de amparo se limita a constatar si un específico acto de autoridad de efectos particulares respeta las situaciones jurídicas que se concretaron o los derechos que el quejoso adquirió antes de la entrada en vigor de la norma aplicada; para lo cual, será necesario analizar, respecto del peticionario de garantías, qué situaciones se concretaron y qué derechos adquirió con anterioridad a la vigencia del precepto aplicado, lo que permitirá concluir si el acto concreto obra sobre el pasado.
"Lo anterior conforme a la jurisprudencia número 2a./J. 87/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 415, Tomo XX, julio de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto:
"‘RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A SU APLICACIÓN RETROACTIVA.’ (se transcribe)
"Para definir el problema ya planteado, es menester transcribir los numerales 85, 86, (sic) 87 de la sección tercera del sistema solidario de reparto y los artículos transitorios décimo quinto y vigésimo, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, donde sustenta la quejosa su derecho al cálculo de la pensión que no debía exceder de doce días y no de diez como lo establecía la ley anterior.
"‘(se transcriben)’
"De lo anterior se desprende que el artículo 85 de la nueva ley en comento, establece el sistema solidario de reparto de pensiones, mientras que el numeral 86 del mismo ordenamiento legal señala el procedimiento que se tiene en cuenta para calcular el monto diario de las pensiones, y el ordinal 87 de la propia ley, dispone que la pensión del sistema solidario de reparto, no podrá ser superior al monto equivalente a doce veces el salario mínimo.
"Por su parte, el artículo décimo quinto transitorio del mismo ordenamiento legal, señala que lo dispuesto en el numeral 86 se aplicará hasta que el servidor público haya aportado con base a su sueldo sujeto a cotización cinco años, y que entre tanto, se tomará como base de cálculo para las pensiones, el sueldo base presupuestal, manteniendo el límite máximo en diez salarios mínimos.
"A su vez, el artículo vigésimo transitorio de la nueva ley, establece que los requisitos para obtener una pensión por jubilación, edad y tiempo de servicio, edad avanzada, muerte e inhabilitación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, y que se tiene la opción a acogerse a los nuevos requisitos cuando le sea conveniente, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia.
"Siendo así, si bien sobre el tema del cálculo de la pensión tanto la responsable y la quejosa, coinciden en que no se impugnó que se calculara el monto de su pensión aplicando lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, sino únicamente la aplicación retroactiva del artículo 87 de la nueva ley, por establecer como monto máximo de la pensión por jubilación doce días de salario mínimo, y no diez como se hacía en la ley abrogada, lo cierto es que la quejosa apoya su argumento en que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el juicio de amparo número 212/2008, promovido por Julia Corona Montes de Oca, sostuvo en esencia que esa quejosa había cotizado durante los cinco años anteriores de conformidad con la nueva ley y, por ende, debía aplicársele el beneficio que señala el artículo 87 referido (criterio que, como se verá enseguida, este tribunal no comparte; aunado a que ese criterio no es obligatorio para este órgano jurisdiccional, debido a que no constituye jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Pleno o de Sala).
"Ahora bien, no asiste razón a la quejosa, en la medida que, como lo precisó la autoridad responsable la aplicación del artículo vigésimo transitorio de la nueva ley, en cuanto a la opción de acogerse a los nuevos requisitos cuando les sea conveniente, se refiere a todas las exigencias que se tienen en cuenta para calcular el monto diario de la pensión por jubilación, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por permanencia, lo que otorga la oportunidad a los servidores públicos de que elijan dicha opción pero sometiéndose a las exigencias de la nueva ley.
"Lo anterior implica que entre los nuevos requisitos quedan comprendidos los términos en que se debe calcular el monto diario de la pensión previsto en el artículo 86 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, tal como lo destacó la autoridad responsable, puesto que los doce días de salario mínimo previstos en el artículo 87 de la nueva ley, se refieren a la pensión del sistema solidario cuyo monto se debe calcular conforme a lo previsto en el numeral antes invocado, pero la quejosa no alegó que se le aplique lo anterior, sino únicamente el aspecto destacado que le beneficia.
"De esta forma, la inaplicación de artículo 87 de la nueva ley, que establece que la pensión del sistema solidario de reparto, no podrá ser superior al monto equivalente a doce veces el salario mínimo, que alega en su beneficio la quejosa, no transgrede la garantía de retroactividad estatuida en el artículo 14 constitucional, porque el derecho adquirido a la pensión por jubilación en cuanto al monto, no se ve afectado por no tenerse en cuenta los doce días de salario mínimo, pues se reitera que ello está supeditado a que se efectúe el cálculo del monto diario de la pensión conforme a lo previsto en el artículo 86 de la nueva ley en comento, que es uno de los nuevos requisitos a que se tiene la opción de acogerse cuando le sean conveniente (sic) para establecer como monto de la pensión por jubilación doce días de salario mínimo.
"Por tanto, se concluye que opuestamente a lo que alega la quejosa, la autoridad responsable resolvió apegada a derecho que no era procedente la aplicación a favor de la actora inconforme, del nuevo régimen previsto en el artículo 87 de Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de México, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, de ahí lo infundado del concepto de violación analizado.
"Adicionalmente, el transitorio vigésimo se refiere a la aplicación en su beneficio de los requisitos para obtener la pensión, en tanto que el artículo 87 de la citada ley, que pretende se aplique a favor de la quejosa, no es un requisito, sino que únicamente fija el límite máximo del monto de la pensión jubilatoria, por tanto, no le es aplicable el transitorio.
"De aceptar el parecer de la quejosa, se iría en contra de los fundamentos de la nueva ley, destacados en la iniciativa y en el dictamen de la comisión correspondiente, esto es, darle viabilidad financiera al sistema de pensiones, alcanzar la autosuficiencia financiera en la prestación de los servicios médicos, mejorar el sistema de pensiones y ampliar la calidad, cobertura e infraestructura de los servicios de salud, respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, lo que no se lograría si se permitiera aplicar de manera combinada tanto los requisitos de la ley anterior ya derogada y la actual que prevé sistemas distintos en el cálculo del monto diario de la pensión, lo que provocaría un desbalance financiero, que es lo que pretende evitar la nueva ley. ..."
CUARTO. El Tribunal Colegiado Auxiliar con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por el tribunal mencionado anteriormente, al resolver el amparo directo AD. 477/2008, promovido por Epifanio Alcántara Barrera, determinó conceder el amparo solicitado apoyándose en las siguientes consideraciones:
"SEXTO. Es esencialmente fundado el concepto de violación que se formula.
"En la sentencia reclamada, la Sala responsable señaló que resultaba inoperante el agravio hecho valer por la parte recurrente, aquí quejosa, en contra de la sentencia de primera instancia, pues como en ésta se había determinado, no procedía la aplicación retroactiva de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos -‘ley vigente’ en lo sucesivo-, en cuanto al tope máximo de doce días de salario mínimo, pues la ley aplicable lo era la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, cuya vigencia feneció el treinta de junio de dos mil dos -‘ley abrogada’- hecho que no había sido controvertido por el actor-recurrente, y de acuerdo con la cual se había realizado el cálculo de su cuota de pensión por jubilación hasta un tope máximo de diez días de salario mínimo; por tanto, no procedía la adaptación de su pensión a aquélla ley para obtener el beneficio concedido por la misma (aumento del tope máximo a doce días de salario mínimo), porque no resultaba viable utilizar dos leyes para el mismo concepto, como tampoco aplicar sólo la vigente, pues no se le podrían contar los ‘años adicionales’ que preveía la ley anterior -como lo había apuntado la Sala de origen-, pues con ello se provocaría la aplicación retroactiva en su perjuicio, lo cual estaba vedado por el primer párrafo del artículo 14 constitucional.
"En contra de esta consideración, el quejoso sostiene que los derechos que adquirió conforme a la ‘ley abrogada’, no pueden ser desconocidos por una ley posterior, que sin embargo, ésta si puede ser aplicada de manera retroactiva, en la parte específica en que se contiene un beneficio en relación con la ley anterior, como se desprende a contrario sensu, de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional; de modo que si la ley conforme a la cual fue determinada su pensión, preveía que la cuota diaria de pensión no podía ser superior a diez días de salario mínimo, mientras que en la ‘ley vigente’ se extendió dicho monto máximo a doce días de salario mínimo, resulta válido que se recalcule su pensión, únicamente respecto de este aspecto, sin que deba someterse a los requisitos que prevé esta última, pues la aplicación retroactiva que solicita es únicamente respecto al monto máximo de la pensión, mas no a otros aspectos que le serían perjudiciales, pues ello lo prohíbe expresamente la disposición constitucional de referencia.
"Como se apuntó, los anteriores planteamientos de violación son esencialmente fundados.
"En primer término, conviene puntualizar que la litis a dilucidar en esta instancia constitucional estriba en definir si una pensión por jubilación determinada conforme a la ley vigente al momento en que se generó el derecho correspondiente, puede ser modificada o alterada con motivo de la expedición de una norma posterior que viene a ampliar los beneficios de aquélla -como se propone por el quejoso-, ello a la luz de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 14 constitucional interpretado ad contram, o bien, si esa pretendida aplicación retroactiva en beneficio del interesado, resulta improcedente como fue ponderado en el fallo reclamado.
"La disposición constitucional de referencia, dice lo siguiente:
"‘(se transcribe).’
"En relación con dicha disposición constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado el criterio consistente en que la redacción de ese precepto, permite colegir en contrario sentido, que está permitida la aplicación retroactiva de una ley cuando ésta sea en beneficio del gobernado. En ese mismo orden de ideas, también ha sentado precedente en que de esa norma constitucional no se deriva ninguna regla específica que dicte los supuestos en que la autoridad se encuentra obligada a hacerlo, ni una distinción a la luz de la materia de que se trate.
"A manera de ejemplo, conviene traer a colación el criterio contenido en la tesis de precedente 1a. CLXXIX/2006, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se apuntó lo anterior y se concluyó que en materia fiscal ‘por regla general.’, no procede la aplicación retroactiva en beneficio del gobernado. El rubro, texto y datos de localización de la tesis de mérito son los siguientes:
"‘APLICACIÓN RETROACTIVA EN BENEFICIO DEL GOBERNADO. CONFORME AL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO PROCEDE POR REGLA GENERAL EN MATERIA FISCAL.’ (se transcribe).
"En ese sentido, resulta claro que no existe en nuestro sistema legal una norma jurídica que indique cuándo puede establecerse la retroactividad de una ley, aun cuando el artículo 14 de la Constitución Federal estatuye la categórica prohibición de que se aplique una ley retroactivamente en perjuicio, razón por la cual para resolver el presente asunto debe partirse de los principios básicos que han servido de sustento a lo largo de las últimas décadas para determinar la aplicación temporal de las leyes, los cuales consisten en:
"Las leyes se dictan para actos futuros y, por lo mismo, la regla general es que no son aplicables a aquellos que estuvieron sometidos a leyes anteriores.
"La excepción a esa regla, es que una ley sí puede aplicarse a los hechos que se realizaron antes de su vigencia, cuando la nueva ley reporte un beneficio a favor del interesado.
"De conformidad con lo anterior, este tribunal considera que lo resuelto por la Sala responsable es incorrecto, pues si acorde con lo anterior, una norma sustantiva, como en la parte que interesa lo es la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, puede aplicarse a actos surgidos a la vida jurídica conforme a una legislación anterior que no preveía los mismos beneficios que la vigente, es evidente que, contrario a lo que ponderó dicha Sala, sí pueden coexistir los beneficios contenidos en la nueva Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, y los de la anterior ley, sin que para ello, tenga que sujetarse a la totalidad de los lineamientos de la nueva ley, para que sea factible obtener un beneficio contenido en la misma.
"Del estudio practicado tanto a la demanda de nulidad como al escrito de expresión de agravios, e incluso a la demanda de amparo, se advierte que la postura de la aquí quejosa no se ha hecho consistir en que se realice un nuevo cálculo de su pensión por jubilación, conforme a los requisitos de la nueva ley, sino que desde el momento en que ésta fue determinada, entró a su haber jurídico el derecho correspondiente, y que aun cuando ese cálculo se realizó de acuerdo a la anterior ley, ello no implica que para obtener el beneficio solicitado, deba satisfacer los requisitos de esa nueva ley, pues ella ya cumplió con los requisitos de la anterior ley, lo cual constituye un derecho que tiene adquirido. Esto es, su pretensión consistió en conservar los derechos que obtuvo conforme a la legislación anterior y adicionar a su haber jurídico el beneficio que contempla la ley vigente.
"Bajo esa premisa, y en concordancia con lo expuesto sobre el primer párrafo del artículo 14 constitucional, es evidente que contrario a lo considerado por la Sala responsable, sí pueden aplicarse en forma retroactiva los beneficios de la ley vigente, esto es, el tope máximo de doce días de salario mínimo, sin que exista obstáculo legal alguno de que coexista con el diverso beneficio de años adicionales, contenido en la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, ya que éste constituye un derecho adquirido, pues se reitera, en el caso la quejosa, ya tiene a su favor el derecho de una pensión por jubilación, calculada de acuerdo a la anterior legislación; siendo que sí puede acceder al beneficio otorgado en la nueva ley, ya que tal cuestión está permitida por la porción normativa constitucional antes señalada.
"Resulta necesario señalar que en el acto impugnado en el juicio contencioso, es el oficio CP/30404/2007, de treinta de noviembre de dos mil siete, en el cual se estableció lo siguiente:
"‘(se transcribe)’
"Los preceptos invocados en dicho acuerdo fueron el 67, 68, 71, 73 y 79 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente hasta el treinta de junio de dos mil dos, así como el artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, preceptos que a la letra dicen:
"‘(se transcriben).’
"Luego, el contenido del artículo 87 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, vigente a partir del uno de julio de dos mil dos, así como los artículos décimo quinto transitorio y vigésimo transitorio, de la citada ley, a la letra dicen:
"‘(se transcriben).’
"Los preceptos ahora vigentes, prevén que para obtener una pensión por jubilación, serán aquellos que marcaba la normatividad vigente al momento de su último ingreso al servicio público, teniendo la opción de acogerse a los nuevos requisitos cuando le sea conveniente, a excepción del incremento en la tasa de reemplazo como estímulo por per
Fuente y verificación: corpusiuris.mx/precedente/21603-ff10240b/jubilacion-de-los-servidores-publicos-del-estado-de · Corpus Iuris · texto íntegro conforme a la publicación oficial
Extracto de la sentencia. El texto íntegro está disponible en la fuente oficial y en la plataforma Corpus Iuris.
Fuente oficial: Ver esta sentencia en la SCJN (Semanario Judicial de la Federación)
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